Por ello, la Procuraduría de Justicia o la Consejería Jurídica, pilares de la estructura legal de un gobierno, deben estar en manos de profesionales probados. Lo que sucede en Guerrero es un ejemplo del cumplimiento de cuotas de los partidos a sus candidatos ganadores.

Alberto López Rosas, oriundo de Acapulco, regidor, diputado local, legislador federal, presidente municipal del puerto, fue aceptado propuesto por el PRD a Ángel Aguirre Rivero para que fuese el procurador general de justicia. Tanto el hijo del célebre líder de colonos, “El Rey Lopitos” como otros secretarios de despacho, vienen del partido del sol azteca, con presencia innegable en el vecino y querido estado. Político por herencia y luchador social también por el legado paterno, Alberto logró lo que seguramente en sus sueños de lucha, su padre, Jesús López Cisneros, deseó.

Quizá la Secretaría General de Gobierno, la de Desarrollo Social, encajarían más en el perfil de López Rosas, pero no la procuraduría, porque una cosa es ser licenciado en derecho, llenar el requisito legal, y otra conocer los intrincados laberintos de la procuración y la administración de justicia. El conocimiento básico que cualquier egresado de las escuelas de leyes que jamás ha litigado, sido ministerio público o juez, que con éxito o no camina en la administración pública y la política, es distinto a la vocación y la carrera en áreas públicas de la justicia. Alberto López llegó ignorante a una posición fundamental para el buen desarrollo de la administración de Ángel Aguirre.

Como se encuentran las cosas ya no es que el gobernador Aguirre eche culpas al PRD o a la coalición que lo hizo ganar a su pariente Manuel Añorve Baños. La suerte del ex procurador López Rosas va de la mano con la de Ángel Aguirre, a pesar que se conozcan sus diferencias en formación partidista, incluso han sido más sus diferencias en el camino que coincidencias. Cuando el asunto de Aguas Blancas, que costó el cargo a Rubén Figueroa Alcocer, hijo del viejo Rubén, Alberto López fue de los más duros con esa administración junto con el ex “Toro sin Corral” (o como le apodaban en sus tiempos de guerrero) Félix Salgado Macedonio. Aguirre trabajaba cerca de Figueroa que pudo negociar en “el centro” (el entonces presidente Ernesto Zedillo es su compadre de grado) a su sucesor. Así fue gobernador interino más de tres años, cerca de cuatro.

A Rubén chico lo sacaron del gobierno además de su estilo bronco (herencia paterna), abusivos funcionarios de su gobierno en el rubro policíaco que no eximía al que era su procurador. A Ángel Aguirre, su primer procurador, el que le recomendó o impuso el PRD, pudiera machacar los clavos de su féretro político por el grave caso de los jóvenes asesinados normalistas de Ayotzinapa.

En cualquier lugar del país es complicado encontrar abogados que funcionen con posibilidades en procuradurías o consejerías jurídicas. Traemos el caso porque Morelos está cerca de elegir gobernador y 33 presidentes municipales, instancias que requieren de abogados profesionales, experimentados y probados, que atiendan lo legal. El próximo gobernador, quien sea, no puede colocar en la procuraduría o en la consejería a un partidario, a su amigo abogado, ni al recomendado de su partido. Es una decisión que merece el análisis individual y de grupo, que no se mida en los terrenos del sacrificio si no funciona o del aplauso si sale bueno, más bien en el funcionamiento de áreas que –es el caso de la Consejería Jurídica, normalmente de bajo perfil—con la menor falla generan una complicación de Estado, como sucede en Guerrero.

A López Rosas la PGR ha pedido al Poder Judicial Federal le conceda una orden de aprehensión, igual contra más de una decena de funcionarios de la PGJ de Guerrero. Está inscrito en la terna del PRD para elegir candidato en Acapulco. Se ha metido en un problema serio porque era responsable de los policías ministeriales, que a criterio de la PGR, mataron a los dos muchachos de la Normal de Ayotzinapa.

Viene de inmediato el evento a la llegada del gobernador Marco Adame con la herencia del Caso Tamoanchán. Adame nombró consejero jurídico a un abogado reconocido y morelense por añadidura, Pedro Luis Benítez Vélez, algo que seguramente no cayó bien en las filas panistas y se sintió de inmediato. Sin embargo, la orden de la justicia federal de pagar más de 110 millones de pesos a los presuntos dueños de Tamoanchán, la presión mediática (pagada sin problemas por los que se embolsarían mucho dinero), y la inmediatez de la orden, colocaba en desventaja al gobierno local. El consejero dijo que no pasaría nada, que se irían al amparo. No cayó bien al interior, incluso ya el Congreso aprobaba el monto de lo que se pagaría. No, decía el consejero. El amparo. Estaba tranquilo, en tanto los nervios corrían de una dependencia a otra y seguramente esperaban la falla del cuautlense para echarlo. Al final, no era de un grupo ni de otro, solamente un abogado con buenas cuentas.

Ganó el gobierno., No pagó la millonada, al contrario recuperó otra extensión del terreno y una suma de dinero de la parte contraria. No hubo mucho ruido, porque finalmente era la obligación del consejero jurídico, para eso le pagaban y no era del equipo. Adame seguramente apreció el hecho y lo tuvo ahí, para luego enviarlo en la terna para procurador, Benítez ahí sigue, en una posición complicada, con la escalada de violencia que cometen al fuero común, en una entidad donde suceden muchos ilícitos del fuero federal, una plaza en disputa por los grandes grupos.

No sabemos si existan recompensas internas para los funcionarios que cumplen, como sucede en otros países. Finalmente, la obligación de aquel consejero jurídico era litigar un asunto que durante varios gobiernos, cuando menos cuatro, nunca le prestaron atención, gastaron y siempre fueron en desventaja. ¿Qué necesitaba el gobierno? Un abogado—abogado.

Para fortuna de Benítez ha sido un procurador cuidadoso, que conoce los límites de su dependencia, que no ha tenido bajas humanas y transita como una especie de fiscal independiente aunque el Ejecutivo ordene. Se ha dado una sana distancia respetada por el gobernador y entendida por su subalterno. No sabemos si son amigos luego de casi seis años. Pero lo que queda claro, es que Adame supo decidir y colocó a un abogado probado y no se dejó llevar por la amistad, el partido, los grupos de poder ni por pasiones. Fue razonable y tiene resultados. En unos meses deja el cargo, tranquilo.

Mientras, en nuestro vecino Guerrero, recién llegado, Ángel Aguirre Rivero debe estarse lamentando –no de mentada sino de lamento— el haber cedido a la presión del PRD para colocar de procurador a un político con blasones y nulo conocimiento de las leyes. Así son las cosas, en este momento que Aguirre puede ser un gobernador efímero que no complete un sexenio, aunque sea mandatario por segunda vez.