Mediante un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Morelos dio a conocer que atendiendo a los principios de legalidad y seguridad jurídica, pero principalmente al control horizontal que existe en un juicio, considera oportuno precisar que son las partes las que tienen encomendada la obligación de la argumentación, por lo que el Poder Judicial del Estado de Morelos "reafirma su compromiso de continuar con su labor de garantizar el acceso a una justicia igualitaria".

Señaló que a partir de lo anterior es importante explicar que los criterios de oportunidad son una figura jurídica contemplada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y consiste en la posibilidad de que el Ministerio Público se abstenga de ejercer la acción “en los supuestos y condiciones que fije la ley”.

Es por ello que acorde al sistema de justicia penal que nos rige, el juzgador se encuentra obligado a resolver únicamente con base en lo que las partes le exponen y aportan en audiencia pública.

En ese sentido y por cuanto a lo ocurrido recientemente con la imputada de nombre Anayeli “N”, a quien el juzgador determinó negarle la procedencia de dicho criterio de oportunidad, en este caso en específico, la información proporcionada por la fiscalía no cumplió con lo señalado por la ley para su procedencia, ya que el agente del Ministerio Público pretendió justificar su petición basado únicamente en el dicho de la imputada, es decir, sin estar soportado con algún medio de prueba que la hiciera eficaz.

El juzgador consideró que se trataba de una información subjetiva, ya que la fiscalía no le dio sustento alguno a su petición, por lo que no encuadra en la norma penal citada con antelación, lo que dio paso a que el juzgador le negara el criterio de oportunidad a la imputada Anayeli “N”.

Por último, el TSJ anotó que "mantiene su compromiso de avanzar en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, a partir de acciones concretas en pro de garantizar los derechos para todas y todos".