Martes, 07 Agosto 2018 05:32

En manos de los transportistas

Ruteros y taxistas de varias regiones del estado cerraron el bulevar Cuauhnáhuac y los accesos al Paso Exprés; dicen que no quieren presentar la verificación anticontaminante, pero gente del sector señala que sólo quieren legalizar los permisos con que operan.

Transportistas de todo el estado desquiciaron por más de 10 horas el tránsito vehicular de la zona oriente de Cuernavaca y parte de Jiutepec, para exigir la regularización de permisos para operar de taxis y rutas que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) expidió desde el 2014.

Desde las 9:00 de la mañana, concesionarios de la Confederación de Transportistas del Estado de Morelos, provenientes de la zona sur, oriente y conurbada del estado, tomaron las instalaciones de la SMyT, ubicadas en la plaza Novum de Jiutepec y bloquearon el bulevar Cuauhnáhuac en ambos sentidos.

Los inconformes exigieron diálogo con el gobernador, a quien pidieron anular la verificación vehicular para el transporte público y detener el incremento de motototaxis, entre otras exigencias.

Sin embargo, de acuerdo a información recabada por La Unión de Morelos, la demanda principal de los transportistas fue la regularización de taxis y rutas que operan con permisos que expidieron autoridades de la SMyT desde el 2014 y hasta las campañas electorales.

Después de aproximadamente cuatro horas de protesta, el subsecretario de Gobierno Carlos Benítez Uriostegui fue quien accedió a dialogar con los transportistas.

Sin embargo, minutos antes de las cinco  de la tarde el diálogo se rompió y los concesionarios se movilizaron con algunas de sus unidades al Paso Exprés, a la altura del Seguro Social.

 Por algunos minutos bloquearon el libramiento y después se desplazaron a la avenida Plan de Ayala, que cerraron en ambos sentidos, al igual que los entronques a la autopista. 

Pese a la constante lluvia, los transportistas permanecieron en protesta hasta las 7:20 de la noche, cuando decidieron retirar sus bloqueos y amenazaron con regresar hoy a las 8:00 de la mañana.

Jesús Delgado Arizmendi, integrante de la "Confederación Democrática del Transporte Nueva Visión", admitió que su exigencia principal fue la regularización de sus unidades, que operan con permisos, aunque rechazó que los hayan obtenido a cambio de votos.

Afirmó que no detendrán sus protestas hasta que obtengan los títulos de concesión para sus unidades.

Ex funcionarios, detrás de las movilizaciones 

De acuerdo a concesionarios del transporte público en Cuernavaca, ex funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte están detrás de las protestas, pues fueron las responsables de expedir miles de permisos provisionales a taxis y rutas.

Por ejemplo, el ex director general de Transporte Noé Sandoval creó la "Confederación Democrática del Transporte Nueva Visión", cuyos integrantes ayer encabezaron las movilizaciones.

De acuerdo a información que líderes proporcionaron a La Unión de Morelos, tan sólo en los últimos meses se expidieron más de nueve mil concesiones, dos mil entre las regiones sur y oriente del estado y más de siete mil en la zona metropolitana.

 

 

 

 

 

 

 

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Se manifestaron por el aumento de la violencia en el estado, el asesinato del dirigente campesino Romualdo Ixpango Merino, y para demandar la liberación del joven acusado de matar a un presunto asaltante.

Miembros de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado protestaron este miércoles ante el Palacio de Gobierno y en la sede de los juzgados orales, por el aumento de la violencia en el estado, el asesinato del dirigente campesino Romualdo Ixpango Merino, y para demandar la liberación del joven señalado por homicidio tras haber enfrentado a asaltantes en la tienda “Go Mart”.

Los manifestantes lanzaron huevos a la fachada de la sede del Poder Ejecutivo, lo que se ha convertido en el sello de sus movilizaciones; con botargas y máscaras reclamaron por el nivel de inseguridad y los hechos violentos registrados recientemente en el estado. Luego de manifestarse en el zócalo de la ciudad, marcharon hasta las oficinas de los juzgados de justicia alternativa, donde creían que se celebraría la audiencia sobre el caso del joven “Manuel N”, quien fue señalado por homicidio calificado, después de que al repeler un asalto hirió a uno de los presuntos ladrones, que finalmente murió.

Gabriel Rivas Ríos, dirigente de la organización, lamentó el asesinato del dirigente campesino Romualdo Ixpango Merino, quien la semana pasada declaró –públicamente- el deseo de pobladores del municipio de Ayala de conformar autodefensas ante la delincuencia que enfrentan en esa zona, y cuyo cuerpo fue encontrado el martes en la comunidad de El Hospital, en Cuautla.

“El asesinato del compañero Ixpango es una lamentable noticia. Que estén asesinando a los luchadores sociales en Morelos ya habla de una total descomposición, aunado a la necesidad de autodefenderse de los pueblos porque el Mando Único no ha dado ningún resultado”, aseveró el dirigente.

Señaló que para la organización está claro que hay un aumento en delitos como feminicidios, desaparición de personas, extorsión y otros que agravan la situación del estado, a unos cuantos días del fin de sexenio.

Rivas Ríos destacó también que es una injusticia que el joven “Manuel” esté detenido y sujeto a proceso, “y que al otro detenido por participar en el asalto lo dejen en libertad; es injusto. Cualquier asaltante que llegue a un lugar no sólo va a robar, si alguien se opone va a lesionar o va a agredir a quien se oponga al asalto. Ha ocurrido y ya han matado a mucha gente en los asaltos y, en este caso, el joven tuvo la valentía de enfrentarse al asaltante y tocó la mala suerte de que lo hirió en un lugar donde perdió la vida… Yo no creo que haya matado con la intención de hacerlo, lo hizo para defenderse y evitar el asalto. Tan es así que a otro se le detiene y se entrega a la policía. Si no fuera así, él hubiera huido, pero esto no fue un asesinato”, argumentó.

Rivas Ríos destacó que el asesinato del dirigente Romualdo es similar a lo que ocurrió con su compañero Gustavo Salgado (cuyo nombre lleva la agrupación), porque es un líder social que exigió al gobierno, justicia. Por ello, van a reclamar que se esclarezca a fondo, “sin chivos expiatorios”.

 

 

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Integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares realizan protestas en varios estados, incluido Morelos.

Miembros de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares se manifestaron en la delegación en Morelos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y bloquearon de manera intermitente la avenida Universidad, en demanda de la liberación de recursos para proyectos productivos.

Señalaron que esta protesta se realizó este miércoles de manera simultánea por parte de la organización -con representación en 26 entidades del país- ya que la dirigencia nacional ha exigido una audiencia con el gobierno federal y no se ha abierto la puerta al diálogo.

Los inconformes dijeron que la central presentó en tiempo y forma proyectos de apoyo en varios estados por más de 30 millones de pesos, pero no se han liberado los recursos a tan sólo unos meses de que concluya esta administración.

Además, expusieron que en Morelos se adeudan apoyos para paquetes tecnológicos y fertilizantes del programa “Arráigate”, y otros que no se han cumplido.

Los paquetes de apoyo se debieron entregar desde hace semanas, porque ya la temporada de lluvias comenzó y no se han aplicado los abonos, de tal manera que ya no será útil cuando pretendan entregar los recursos.

Dijeron que permanecerán en las oficinas de la Sagarpa hasta que la dirigencia nacional les comunique que hay una respuesta desde las oficinas centrales de la secretaría. De lo contrario, continuarán con acciones de presión que podrían ir incrementando en cuanto al alcance, pues dijeron que para los productores la situación ya es desesperada.  

 

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La organización campesina exige al menos 12 millones de pesos de programas para productores; hay un fondo de 53 millones que no se ha ejecutado, afirman.

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) instaló un plantón en las oficinas de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en la entidad, para exigir la liberación inmediata de recursos por al menos 12 millones de pesos para productores de Morelos.

El dirigente de la agrupación en el estado, Omar Zambrano Hernández, advirtió que, además, hay un fondo de más de 53 millones de pesos que no han podido ejecutar las instancias locales y federales. El gobierno federal pone 43 millones y al local le corresponden alrededor de 10 millones 500 mil pesos de los que opera la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Morelos. Aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les dio de plazo hasta este viernes para ejecutar esos programas o, de lo contrario, ese dinero se perdería. “Si Hacienda recoge ese recurso, más de cinco mil productores de Morelos van a quedar descobijados, no podrán ser beneficiados con esos programas que ingresaron desde los meses de febrero y marzo. No es simple esto, pega sobre todo a pequeños productores. Vamos a exigir una explicación y que la Sagarpa también distribuya ese dinero”.

Apuntó que en lo que se refiere sólo a Sagarpa, hace dos meses adeudaban a productores de la UNTA más de 40 millones de pesos, pero todavía se adeudan 12 millones relacionados con proyectos de agricultura protegida y para jóvenes.

La apuesta de las autoridades, expuso, es el desgaste, pues pretenden dejar pasar el tiempo para que los campesinos se cansen y se acabe la administración y no se liberen los fondos.

“Nosotros decimos que qué bueno que ya se van, porque hicieron un mal trabajo, mal papel, sobre todo los gobiernos en turno y funcionarios de la Sagarpa que sólo trabajan para algunas personas, organizaciones filiales al PRI. Todos tenemos derecho a acceder a esos programas”.

Los manifestantes se concentraron en la glorieta de Buena Vista, junto a la estatua ecuestre de Emiliano Zapata. Posteriormente marcharon por la avenida Universidad hasta las oficinas de la delegación de la Sagarpa, cargando una cruz como “símbolo del viacrucis que los productores tienen que pasar para obtener recursos públicos de programas existentes”.

Al llegar a su destino, prendieron fuego a un muñeco hecho de tela y varas, que portaba ropa similar al uniforme de la dependencia, como muestra de su reprobación a la actuación que ha tenido la actual administración de la secretaría, la cual – expresaron- será dejada “en cenizas”, después de usar los recursos para apoyos a grupos cercanos a los servidores públicos en funciones.

 

 

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La Ley de Transporte permite revisar cada año el costo del pasaje del transporte colectivo.

El presidente de la agrupación Rutas Unidas del Transporte Público, Aurelio Carmona Sandoval, confirmó que pedirán un ajuste a la alza en la tarifa del servicio colectivo, una vez que tome protesta el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

Adelantó que se pedirá al próximo mandatario estatal se instalen mesas de trabajo para que en base a un estudio socioeconómico se pueda concretar un aumento al pasaje de las "rutas" en la zona metropolitana del estado.

"La ley nos permite cada año revisar la tarifa y, bueno, yo creo que no va a ser la excepción", declaró el líder transportista, a raíz de la reciente reforma que aprobó el Congreso del estado a la Ley del Transporte, que obliga a las autoridades a analizar aumento al pasaje.

Señaló que también plantearán en esas mesas de trabajo el problema de la seguridad, pues aseveró que durante las últimas semanas repuntó el número de asaltos que se cometen a bordo del transporte público.

Sostuvo que a diario se registran hasta 12 hechos con violencia, y el municipio con mayor incidencia es Temixco.

“Tenemos un conflicto ahí en Temixco. Hemos identificado que son cuatro individuos que están asaltando desde las seis de la mañana en el Puente del Pollo hacia Temixco y en un lugar identificado como Punta Diamante”, detalló.

De igual forma, plantearán a la próxima administración se concrete la regularización de las cerca de cuatro mil “rutas” que operan en la zona conurbada, ya que desde el gobierno de Marco Adame Castillo pagaron por la renovación de los títulos de concesión y a la fecha no se los han entregado. 

 

 

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Obligan a subsecretario de Gobierno a entablar diálogo en Hueyapan.

Cuautla.- Para protestar por los altos niveles de inseguridad, violencia, “cobro de piso” (extorsión) y demás situaciones que se viven constantemente en los municipios de la región oriente y en la zona de los Altos de Morelos, y tras no obtener respuesta de las autoridades estatales y municipales, los habitantes de municipios como Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahucan, Totolapan y Cuautla, entre otros, la mañana de ayer  bloquearon la carretera federal México-Cuautla a la altura de la estación de la Policía Federal, así como también la autopista Cuautla-Oaxtepec.

Los manifestantes acusaron al actual gobierno del incremento en los niveles de violencia en la entidad.

Por más de siete horas, permaneció el bloqueo, lo que afectó a transportistas, turistas y vecinos, que quedaron varados en la carretera sin poder moverse de ahí, pero los manifestantes aseguraban que dichas acciones se realizaron en bien de la población y no solo de unos cuántos. Añadieron que eran ciudadanos de distintos municipios de la zona oriente, que se encuentran cansados de la violencia, los secuestros, las extorsiones de la delincuencia organizada y el cobro “por derecho de piso” a comerciantes, concesionarios del transporte público, restauranteros, hoteleros y la población en general de la región.

Los manifestantes exigieron la presencia del gobernador o del secretario de Gobierno Ángel Colín, con el objetivo de que les precisaran alguna solución a sus peticiones.

Ante la falta de respuesta y en un clima más tenso, en dicho bloqueo dos vehículos particulares pertenecientes a los manifestantes fueron incendiados en la zona, motivo que causó que el malestar se intensificara, por lo que a la llegada del subsecretario de Gobierno exigieron la reposición íntegra de los vehículos, así como también que los funcionarios del gobierno estatal se trasladaran con los manifestantes a la comunidad de Hueyapan, para continuar con las negociaciones.

Los funcionarios estatales fueron subidos a un vehículo del transporte público de la comunidad de Hueyapan para ser trasladados hasta aquel lugar y esperar la llegada de funcionarios del gobierno federal para atender todas y cada una de las exigencias no solo de los habitantes de dicha comunidad, sino de todos los municipios de la región oriente y Altos de Morelos.

 

 

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El dirigente de la Confederación de la Alianza de Transportistas lo atribuye al incremento en los combustibles, aunque asegura que con los vecinos de Xoxocotla, que ayer cerraron una carretera, están dispuestos a negociar.

El presidente de la Confederación de la Alianza de Transportistas, Enrique Ramos Cepeda, afirmó que los aumentos al pasaje en el transporte federal son consecuencia del alza en los precios del combustible y de la competencia desleal.

En entrevista, el líder transportista, que pertenece al Grupo Pullman de Morelos, explicó que los costos del pasaje están liberados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que las empresas determinan los porcentajes de incrementos, de acuerdo a los costos de los insumos.

Sin embargo, dijo que existe la disposición de la empresa para llegar a un acuerdo con los pobladores de Xoxocotla, ya que ayer llevaron a cabo bloqueos carreteros para exigir una reducción al pasaje, que en los últimos días ha tenido un incremento mayor a un 18%.

Ramos Cepeda explicó que el alza al pasaje se realizará de manera paulatina en todo el estado, pues el combustible continuamente está al alza.

Reiteró que la medida está justificada y no busca afectar a la economía de los usuarios.

"Las circunstancias económicas verdaderamente son apremiantes, entonces, esta decisión que tomó la directiva de hacer este ajuste de la tarifa estuvo planteándose desde hace dos meses. Se buscó la manera de evitar hasta donde fuera posible, con algunas prerrogativas que buscábamos, pero no se dio y se tuvo que hace el ajuste", agregó Ramos Zepeda. 

 

 

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Cerraron la avenida Morelos al menos dos horas, pero sus reclamos no fueron atendidos por ninguna autoridad.

Trabajadores jubilados del Ayuntamiento de Cuernavaca y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) realizaron la mañana de ayer un bloqueo en la avenida Morelos, a la altura del organismo operador de agua.

El cierre motivó severos congestionamientos viales en las calles aledañas a la zona de la protesta, no obstante, los manifestantes explicaron que tuvieron que realizar esa medida para obligar a las autoridades municipales a recibirlos.

Juan Juárez Rivas, representante legal de los trabajadores, explicó que la semana pasada estuvieron en plantón permanente en la Plaza de Armas de Cuernavaca, incluso, algunos trabajadores decidieron ponerse en huelga de hambre, pero físicamente (por su edad) estaban impedidos para realizar esas acciones y ahora realizan bloqueos. Pese a todas esas acciones y de tener la razón legal para exigir el pago de sus pensiones y jubilaciones, las autoridades municipales no han respondido.

Se mantuvieron en bloqueo por al menos dos horas y pese haber provocado problemas viales, no fueron atendidos por ninguna autoridad, por lo que aseguraron que seguirán en lucha hasta tener una respuesta positiva, pues a pesar de ser, en su mayoría, personas de la tercera edad, tienen familia que aún depende de sus salarios.

 

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Pese a continuar por segundo día con las manifestaciones, no fueron atendidos por el gobierno municipal; hoy retomarán sus labores.

Puente de Ixtla.- Por segundo día consecutivo, los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Puente de Ixtla tomaron la presidencia, en demanda del pago de la primera quincena de julio y otras prestaciones pendientes que suman un millón y medio de pesos. Sin embargo, tres horas después y ante la indiferencia de las autoridades municipales, bloquearon la avenida principal, sin tener respuesta.
Los sindicalizados comentaron que el gobierno municipal que encabeza Dulce Medina Quintanilla se ha mostrado insensible a las manifestaciones del gremio que demanda el pago salarial y de la deuda de diversos conceptos que suman un millón y medio de pesos, por lo que determinaron que este jueves regresarán a su área laboral y procederán de acuerdo con lo que establece la ley.
Gabriel Bahena Santos, secretario de Trabajos y Conflictos de Sindicato, reiteró que ha sido la base trabajadora la que ha determinado las acciones de protesta a seguir a fin de tener repuesta por parte de las autoridades; no obstante, ayer dejaron claro que no hay negociación y simplemente no se cumple el pago de la nómina.
A las nueve de la mañana, los trabajadores, con pancartas en mano, tomaron el Ayuntamiento en protesta, sin tener ninguna respuesta, y tres horas después procedieron a bloquear la avenida México, acceso principal a la cabecera municipal, en espera de la presencia de las autoridades, pero no tuvieron éxito.
Alrededor de las 15:30 horas, ante la indiferencia de las autoridades, el grupo de trabajadores liberó la avenida, lo que restableció la circulación.
Bahena Santos confirmó que hoy los trabajadores activos regresarán a su área laboral y procederán de acuerdo con la ley para exigir el pago del salario pendiente y los demás conceptos pendientes, a fin de que la autoridad sea notificada y responda a través de la vía legal.
A la manifestación se sumaron elementos de Tránsito y Protección Civil que tampoco han recibido el pago de la primera quincena de julio.

 

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Para tranquilizar a los representantes del sector privado, los legisladores aprobaron un exhorto que carece de sustancia porque los cambios ya habían sido publicados en el periódico oficial.

Empresarios se inconformaron ante el Congreso del estado por la desaparición de los fondos de Turismo y el de Competitividad y Promoción del Empleo. Afirmaron que impacta gravemente en proyectos turísticos e industriales y adelantaron que promoverán acciones legales para lograr que la reforma hacendaria no surta efectos.

Aunque el decreto de reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda, así como a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, entre otras normatividades, ya había sido publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", ayer integrantes del Consejo Coordinador Empresarial acudieron al recinto legislativo y reclamaron a los legisladores que aprobaron una iniciativa por la vía rápida y sin conocer sus efectos y muchos menos haber tomado en cuenta a los empresarios sobre la desaparición del Fitur y el Fidecom.

"Nosotros lo que asumimos es un tema de ignorancia, no se documentaron en estos temas en el Fidecom y en el Fitur y es algo grave para el desarrollo económico del estado", manifestó Jorge Mátar Vargas.

Los líderes de las distintas cámaras empresariales se dijeron traicionados por el gobierno estatal, pues con la eliminación de los fondos antes mencionados se pretende también redireccionar 18 millones de pesos que se recaudaron del pago que las empresas hacen del Impuesto sobre la Nómina y el Impuesto sobre el Hospedaje.

"Es dinero de los empresarios, es dinero que los empresarios estamos de acuerdo en aportar desde hace años que se crearon los fideicomisos y sí se acordó el destino que se le iba a dar y el destino que se le tendría que dar es el desarrollo económico. No están afectando a los que estamos acá, se está afectando al desarrollo económico del estado y se está tratando de redireccionar un recurso que es propio del sector empresarial a otros intereses", agregó el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Uribe García.

Sin embargo, los reclamantes fueron engañados por los diputados, que aprobaron un exhorto al Ejecutivo para que vetara las reformas, a pesar de que ayer mismo entraron en vigor.

Incluso, los legisladores en tribuna se dijeron arrepentidos por haber aprobado un dictamen sin haberlo leído y hasta hicieron un llamado al Ejecutivo que antes de que se publicara el decreto fuera revisado con el Consejo Coordinador Empresarial.

Al salir molestos del Congreso, los empresarios afirmaron que promoverán acciones legales para anular la reforma hacendaria.

 

 

 

Publicado en Política
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