Maciel Calvo

Maciel Calvo

Sancionará Propaem contaminación del arroyo.

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem) investigará y sancionará a los responsables de la contaminación del arroyo que atraviesa el parque Chapultepec, declarado área natural protegida.

A través de un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) informó que en la reunión interinstitucional que fue realizada el pasado 9 de febrero, como parte del seguimiento de la queja 010/2018-2, iniciada en enero pasado, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) dio a conocer que todo indica que la contaminación del caudal provino de una descarga de aguas residuales de la plaza comercial Forum, la cual tiene una coloración azul y fue igual a la que tiñó las aguas del parque Chapultepec.

El organismo paramunicipal también informó a la CDHEM que durante las inspecciones para descubrir el origen de la contaminación, detectó que tres de las descargas domiciliarias conectadas a los colectores que se encuentran en el citado parque no cuentan con autorización de las autoridades municipales, y dos de ellas tienen fisuras en sus fosas sépticas.

Durante la reunión, en la que también participaron representantes de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), se tomaron cuatro acuerdos.

El principal es que la Propaem realizará las investigaciones necesarias para sancionar a los responsables de la contaminación por descargas en el área natural protegida del Parque Estatal Barranca Chapultepec.

Además, el SAPAC clausurará las descargas domiciliarias detectadas que no cuentan con el permiso correspondiente. Mientras tanto, la Ceagua reparará las fisuras detectadas en la bóveda que atraviesa la avenida Atlacomulco.

Por su parte, la SDS –con apoyo del SAPAC– recubrirá las fisuras detectadas en las paredes de la trotapista del parque.

El organismo defensor de los derechos humanos recalcó que el cumplimiento de los acuerdos  será  evaluado  en una reunión interinstitucional, convocada para el próximo 9 de marzo, y los avances serán socializados en tiempo y forma.

En torno a este asunto, cabe recordar que el pasado 16 de enero, una denuncia ciudadana que circuló a través de las redes sociales alertó del cambio de coloración de caudal y fue hasta entonces que intervinieron las autoridades para investigar el origen de la contaminación.

Fueron aportados por funcionarios y personal de al menos dos tribunales de otras entidades del país.

Empleados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) exigieron esclarecer el destino de los donativos que fueron aportados por altos funcionarios judiciales y personal de al menos dos tribunales de otras entidades del país para apoyar a los trabajadores que resultaron damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Un grupo de trabajadores del TSJ –quienes pidieron reservar su identidad ante posibles sanciones o la pérdida de su empleo por hacer pública la denuncia– detalló que para ayudar en la emergencia, secretarios de acuerdos, jueces y magistrados del TSJ y de dos tribunales de otros estados aportaron donativos económicos, los cuales serían distribuidos equitativamente entre los empleados judiciales que resultaron damnificados.

Para ello, la presidencia del TSJ ordenó un censo con el fin de cuantificar el número de empleados que sufrieron afectaciones a su patrimonio por el movimiento telúrico, que provocó daños en la mayor parte del territorio morelense.

Sin embargo, a cinco meses de la tragedia, los damnificados se quejaron, pues no sólo no llegó la ayuda emergente que pretendieron ofrecer los magistrados, jueces y secretarios de acuerdos, sino que hasta ahora ni los beneficiarios han recibido el apoyo económico ni se sabe el destino de los donativos.

“En octubre pasado, la presidenta del Tribunal, Carmen Cuevas López, solicitó un censo para distribuir entre los trabajadores dichos recursos. Pero pareciera que la actividad legislativa en el estado la ha distraído de un tema prioritario y humanitario como lo es la ayuda a los damnificados.

“Se tiene un estimado de que la cantidad recaudada supera el medio millón de pesos, mismos que han estado retenidos por más de cinco meses, cuando muchos de los trabajadores lo necesitan con urgencia”, dijo una de las personas que resultó damnificada.

Por tal razón, exigieron a Cuevas López una explicación del destino de los recursos recaudados y por qué permanecen retenidos aún, cinco meses después del sismo, pese a que la emergencia prevalece y los trabajadores afectados todavía enfrentan dificultades.

Sustituye a Antonio Mendoza Chávez, quien estuvo apenas diez meses en el cargo.

Cuernavaca, Morelos.- Este lunes, Adonaí Carreón Estrada tomó protesta como delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Morelos, en sustitución de Antonio Mendoza Chávez, quien estuvo apenas diez meses en el cargo.

La dependencia federal dio a conocer que realizó cambios en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Morelos y Quintana Roo.

En el caso de Morelos, fue designado Carreón Estrada, quien hasta hace unos días era titular de la delegación de la PGR en el estado de Chihuahua.

Adonaí Estrada es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa; maestro en Derecho Civil por la Universidad del Golfo de California, de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur; cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio Adversarial y un doctorado en Derechos Humanos y Justicia Penal, ambos grados por parte del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (Indepac).

Además de agente del Ministerio Público del fuero común y federal, fue secretario de Seguridad Pública y luego procurador de Baja California Sur durante la administración del otrora gobernador panista Marcos Covarrubias. Posteriormente se incorporó como coordinador regional de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Horas antes de que se oficializara la designación del nuevo delegado de la PGR en Morelos, un exagente policiaco y un elemento activo de la procuraduría federal fueron atacados a balazos por varios individuos cuando viajaban a bordo de una camioneta Suburban, sobre la calle Reforma de la colonia Lomas de Cuernavaca. El primero de ellos perdió la vida, mientras que el agente activo resultó ileso.

Paralizó mediante un amparo el proceso para elegir a su sustituto

Cuernavaca, Morelos.- Un juez de distrito paralizó la designación de un nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), tras conceder la suspensión provisional al magistrado de la Segunda Sala Orlando Aguilar Lozano, a quien el Congreso pretende relevar del cargo.

La semana pasada comenzó la pasarela de aspirantes a la magistratura ante los diputados integrantes de la Junta Política y Gobierno del Congreso de Morelos, luego de que el pasado mes de diciembre los diputados lanzaron la convocatoria para elegir al magistrado del TJA relevaría a Aguilar Lozano.

De acuerdo con el juicio de amparo 219/2018, promovido por el titular de la Segunda Sala del TJA, el Juzgado Segundo de Distrito le concedió la suspensión provisional para evitar que el Congreso concluya el proceso de designación y toma de protesta del nuevo magistrado.

“La suspensión se concede únicamente respecto a la etapa conclusiva relativa al procedimiento de selección para ocupar el cargo de magistrado para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esto es, para paralizar la emisión del (sic) declaratoria o nombramiento correspondiente de magistrados y, por ende, la expedición del nombramiento, pues no existe aún derecho afectado, sino expectativa de derecho a la designación correspondiente y, en esa tesitura, no podrán causar daños y perjuicios de difícil reparación a dichos terceros (los aspirantes)”,  dice la resolución del juez federal Carlos Anuar Jaimes Torres.

Esto significa que el proceso de selección podrá continuar, pero por el momento no se podrán concretar la designación y tomar protesta. En los próximos días, el juez federal deberá determinar si concede la suspensión definitiva.

Esta es la segunda ocasión en que el Congreso de Morelos intenta, sin éxito, relevar al magistrado, Orlando Aguilar Lozano, quien en 2012 fue ratificado para continuar en el cargo por ocho años más.

La primera vez fue en agosto de 2015, cuando la anterior legislatura designó magistrado del TJA al litigante Guillermo Arroyo Cruz, quien no tomó protesta al cargo debido a que Aguilar Lozano obtuvo una suspensión de un juez federal.

En septiembre de 2017 la justicia federal sobreseyó el juicio de amparo pero Aguilar Lozano no sólo se  mantuvo en el cargo sino que el Congreso invalidó la designación de Guillermo Arroyo y emitió una nueva convocatoria.

El magistrado de la Segunda Sala alega a su favor que, con la reciente reforma constitucional que extendió a 20 años el periodo de todos los magistrados del Poder Judicial local y elevó de 65 a 70 años la edad para el retiro forzoso, debe permanecer como magistrado hasta el 29 de octubre de 2019, cuando cumple la edad límite.

 

La presidenta del órgano denunció la violación de preceptos constitucionales con la reforma constitucional aprobada en enero pasado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional promovida por la magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, contra la reforma legal aprobada el 19 de enero que extinguía a este órgano especializado.

Aun cuando hace cuatro días el Congreso de Morelos reculó en la intención de extinguir el TUJA, la titular del este tribunal ya había iniciado el proceso de impugnación ante el máximo tribunal del país para evitar lo que juristas y organizaciones civiles llamaron un “grave error técnico” que ponía en riesgo, no sólo la justicia especializada para adolescentes en conflicto con la ley, sino violaba preceptos constitucionales como el interés superior de los niños y adolescentes y el debido proceso.

De acuerdo con los estrados electrónicos, la presidencia del SCNJ dio trámite a la controversia constitucional 51/2018 y la turnó a un ministro instructor, para que se pronuncie sobre la admisión o no del medio de control constitucional y, en su caso, la implementación de medidas cautelares.

La controversia constitucional fue promovida por el TUJA por dos razones fundamentales: la primera, porque la reforma que pretendía la extinción del tribunal fue completamente unilateral al no haber sido consultada ni con los integrantes del órgano de justicia, ni con especialistas; y, la segunda, porque atentaba contra la Constitución federal y tratados internacionales que velan por una justicia especializada y protectora de los derechos humanos de los menores en conflicto con la ley.

Sala Regional revocó la multa impuesta al Partido Humanista.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) sí tiene facultades para iniciar de oficio Procesos Ordinarios Sancionadores (POS) y revocó la multa impuesta al Partido Humanista.

Al resolver el juicio electoral 2/2018, promovido por el Impepac, y el juicio de revisión constitucional 5/2018, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF declaró fundados los agravios expuestos por los quejosos contra la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) en el recurso apelación TEEM/RAP/79/2017-3.

En dicho recurso, el Partido Humanista (PH) se quejó de la multa que le fue impuesta por el Impepac por afiliar como militante a una persona sin su consentimiento. El TEE recalificó la falta de grave a mediana y redujo la sanción económica impuesta al partido por el Impepac, mediante el desahogo de un POS.

Adicionalmente, en su resolución, el TEE pidió al Consejo Estatal Electoral del Impepac “respetar las pretensiones de los ciudadanos y a no iniciar de oficio los POS cuando la legislación vigente aplicable no lo contempla”. 

En lo referente a la inconformidad del Impepac, la Sala Regional consideró que el órgano administrativo sí tiene la facultad para iniciar de oficio dichos procedimientos sancionadores, porque el instituto tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la norma electoral.

“Se estima fundado los agravios del Impepac, ello, en razón de que en términos de la normativa constitucional y legal, es un organismo público electoral que, entre otras atribuciones, cuenta con las de ser autoridad en la materia, contribuir al desarrollo de la vida democrática y consolidar el régimen de partidos políticos, situación que implica un deber de vigilancia respecto del cumplimiento de las normas que tutelan los principios del derechos lectoral.

“Así entonces, se estima que la facultad de iniciar un procedimiento administrativo sobre irregularidades o faltas, no necesariamente parte del supuesto de que se haya presentado una queja o denuncia. En ese sentido, se considera que el Impepac al iniciar de oficio un procedimiento sancionador por la presunta comisión de una falta, no sólo está ejerciendo en sus facultades, sino que además está obligado a realizar tal actividad como órgano administrativo garante de vigilar el apego a los principios rectores de la materia electoral”, se estimó en la resolución federal y ordenó dejar sin efecto la restricción impuesta por el TEE.

En cuanto al reclamo del Partido Humanista, la Sala Regional determinó revocar la resolución respecto de la recalificación de grave a mediana, de la sanción impuesta por el Impepac por la afiliación de una persona, sin que ésta lo haya consentido.

Para el TEPJF, el TEE no valoró la voluntad del instituto político para esclarecer y corregir la afiliación no autorizada, y la comprobación de que no hubo lucro o beneficio. Por lo tanto, el TEE deberá emitir una nueva resolución respecto a la individualización de la sanción, tomando en cuenta los argumentos expuestos por el instituto político.

Cuernavaca, Morelos.- El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) impugnó la restricción que fue impuesta por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) para iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario Sancionador (POS).

El órgano electoral administrativo promovió el juicio electoral SCM-JE-2/2018 ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para inconformarse con la resolución del TEE, en el recurso de apelación TEEM/RAP/79/2017-3, con respecto a la facultad del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de iniciar de oficio los procedimientos ordinarios sancionadores.

En el recurso de apelación, el Partido Humanista se quejó de la multa que le fue impuesta por el Impepac por afiliar como militante a una persona sin su consentimiento. El TEE recalificó la falta de grave a mediana y redujo la sanción económica impuesta por el Impepac al partido, mediante el desahogo de un POS.

Adicionalmente, en su resolución, el TEE pidió al Consejo Estatal Electoral del Impepac “respetar las pretensiones de los ciudadanos y a no iniciar de oficio los POS cuando la legislación vigente aplicable no lo contempla”. 

En respuesta a esta restricción, la representación del órgano administrativo electoral recurrió la resolución ante el TEPJF.

Piden saber si habrá de publicarse o se derogará o abrogará.

Cuernavaca, Morelos.- Un grupo de magistrados y consejeros de la Judicatura llamó al Congreso del estado a definir si habrá promulgación de la reforma constitucional que modifica la estructura y la operatividad del Poder Judicial, o si optará por una abrogación o derogación.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carlos Iván Arenas Ángeles expresó que la reforma permanece en el limbo, tras haber sido emitida la declaratoria constitucional por el Poder Legislativo, pero congelada para su promulgación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Explicó que la inconformidad de un grupo de magistrados y consejeros con la reforma legislativa tiene sustento en la discusión que existe en el Senado de la República respecto de la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal, que propone no sólo mantener sino fortalecer los Consejos de la Judicatura y ampliar su integración.

Arenas Ángeles dijo que en el ámbito local, el Congreso decidió extinguir el Consejo de la Judicatura para sustituirlo por órganos administrativos, mientras que en el ámbito federal se planteó la modificación al artículo 116, fracción III, para fortificar a los consejos estatales y establecer que su integración será desde cinco hasta siete miembros.

Detalló que, en contraste con lo que hizo el Congreso de Morelos, la iniciativa de reforma en debate en el Senado surgió del análisis y consenso previo entre especialistas, académicos, organizaciones civiles y representantes de los tres Poderes del Estado, en el marco de los foros denominados “Diálogos por la Justicia Cotidiana”.

Por lo tanto, los diputados morelenses no sólo legislaron de manera inadecuada la restructuración del Poder Judicial estatal, sino que ignoraron y pasaron por encima de todo un proceso de debate y consenso realizado en el ámbito federal.

Lamentó que haya silencio en torno a la reforma constitucional local y se mantenga incierta su promulgación, luego de las inconformidades manifestadas por un grupo de magistrados y consejeros y la titular del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virinia Pérez Güemes, por la extinción de este órgano para convertirse en sólo una sala del Tribunal Superior de Justicia, la desaparición del Consejo de la Judicatura, entre otros temas.

Afirmó que la propuesta impulsada por este grupo es que el Congreso del estado opte por la derogación o abrogación de la reforma constitucional para que el debate regrese al Congreso y se recule o, en su caso, de inmediato se promulgue para que puedan presentarse los juicios de amparo y las controversias constitucionales con el fin de impugnar dicha reforma ante la justicia federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Más de 140 organizaciones y ciudadanos se constituyeron en el colectivo “Diálogos y Libre Reflexión”.

Cuernavaca, Morelos.- El colectivo de organizaciones civiles “Diálogos y Libre Reflexión” pedirá a los próximos candidatos de todos los partidos políticos que, como mínimo, se comprometan a reincorporar a la Constitución local la figura de revocación de mandato y que firmen su compromiso, con la advertencia de que el incumplimiento ameritará el reclamo de la sociedad.

Más de 140 organizaciones y ciudadanos se constituyeron en este colectivo con el propósito de generar un debate plural en torno al desarrollo del proceso electoral y los proyectos de los próximos candidatos, así como generar propuestas ciudadanas que incidan en las políticas públicas.

El médico y vocero de “Diálogos y Libre Reflexión”, Álvaro Vázquez Morales, señaló que por encima de las diferencias ideológicas o políticas, quienes se sumaron a este colectivo coincidieron en que era necesario generar una agenda que ayude a generar propuestas que incidan y ayuden a resolver los grandes problemas que enfrenta la sociedad morelense.

“Si logramos definir eso, tal vez estemos en posibilidades y así lo haremos después de la veda (electoral), convocar a los candidatos, escucharlos y que nos escuchen. Y yendo más allá, a que se comprometan, y se comprometan a través –quizá– de alguna figura jurídica”, detalló.

Explicó que existe expectación no sólo por conocer los proyectos de los aspirantes a un cargo de representación popular, sino por saber cómo, cada uno de ellos, enfrentará y resolverá los problemas de inseguridad, desempleo, pobreza, desigualdad, corrupción, violación constante de la ley y muchos otros pendientes en la agenda ciudadana.

Por ello, dijo, las organizaciones integrantes del colectivo se reunirán cada ocho días para debatir y definir una agenda común, que luego será planteada a los candidatos. Sin embargo, adelantó que hay una propuesta que ha sido apoyada por todas las agrupaciones y que está debidamente apuntalada: pedir a los aspirantes que se comprometan a reincorporar a la Constitución local y la Ley de Participación Ciudadana la figura de revocación de mandato.

“¿Qué es lo que queremos pedir inicialmente? Que se comprometan a la revocación de mandato… No puede seguir ningún gobernante gobernando sin ese compromiso; no pueden nada más decirlo en campaña para entusiasmar el voto y luego olvidarlo”, subrayó.

Las organizaciones, que coincidieron en que la revocación de mandato debe revivir como figura de participación ciudadana, señalaron que sólo así los representantes populares cumplirán con lo que prometen en las contiendas y, en caso contrario, existirá un mecanismo de sanción que la sociedad podrá usar para combatir la irresponsabilidad, la ilegalidad y la impunidad.

La afectada promovió una denuncia ante la FGE.

Cuernavaca, Morelos.- La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (FCAP) llamó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a investigar la violencia política ejercida en contra de la síndica municipal de Cuernavaca, Denisse Arizmendi, y demostrar que no habrá impunidad.

El presidente de la FCAP, Alejandro Smith Vázquez, indicó que los ataques sufridos –la semana pasada– por la funcionaria municipal (a quien en mantas se le acusó de salir con un hombre casado) no sólo invaden su esfera privada, sino que atentan contra su dignidad y sus derechos humanos.

Reprobó que, en vísperas del inicio de las campañas electorales, se dé este tipo de ataques “que pueden ser calificados de misóginos, de retrógradas, y que de una u otra manera no sólo lesionan los derechos de la síndica, sino los derechos de todas las mujeres”.

Smith Vázquez lamentó que haya personas que se atreven a ejercer la violencia política, sobre todo cuando “las cuestiones personales no debieron inmiscuirse en cuestiones políticas. Esto es un acto vil, un acto infame, pero además es un acto que lesiona y vulnera la participación de las mujeres en la política, que de por sí es escasa, y que la sociedad ha luchado para que haya mayor participación”.

Luego de que la afectada promovió una denuncia ante la FGE y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Alejandro Smith consideró que la autoridad está obligada a investigar y llevar a la justicia a quienes perpetraron “tan vil agresión”, para no dar lugar a la impunidad ni a la repetición de acto.

“Es una gran oportunidad para la autoridad para demostrar su capacidad, su imparcialidad y capacidad de servicio a la sociedad. Hay que revisar, como sociedad civil, que el no avance de estos casos, la no manifestación ante situaciones graves en donde la autoridad es la primera que debe resolver, pues también es un signo de alerta y un hecho que debe ser analizado por la sociedad a la hora de tomar decisiones”, sostuvo.

Página 1 de 392
logo

Elecciones

Jornada electoral y día de votación.

© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.