El decreto que crea dos nuevas plazas de comisionados cuestiona el desempeño de quienes actualmente ocupan ese cargo y plantea dudas sobre posibles delitos en los que pudieron haber incurrido.

Pese a omisiones y sospechas de presunta corrupción en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Congreso local impulsó y aprobó la reforma para crear dos nuevas plazas de comisionados en el órgano de transparencia sin antes esclarecer y denunciar si los actuales comisionados incurrieron o no en actos indebidos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la declaratoria de la reforma al artículo 23-A de la Constitución local, aprobada por el Congreso y por la afirmativa ficta de la mayoría de los integrantes del Constituyente (ayuntamientos), que incrementa de tres a cinco el número de comisionados del IMIPE y permite lanzar de inmediato la convocatoria para concretar las designaciones.

Pero en el decreto, que puede ser consultado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 13 de agosto, el Legislativo exhibió a sus antecesores, al señalar omisiones en la evaluación de los actuales comisionados Mireya Arteaga Dirzo, Dora Ivonne Rosales Sotelo y Víctor Manuel Díaz Vázquez, a quienes –además- se amplió su periodo a siete años en la reforma de 2015 en materia de transparencia y combate a la corrupción.

“De una revisión al expediente del Decreto número 2758 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5315 de fecha 11 de agosto de 2015 se advierte que no se giraron los oficios correspondientes a la Fiscalía General del Estado y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, con la finalidad de que informaran a este Congreso del Estado, si existe en el caso de la Fiscalía, alguna carpeta de investigación en la que figurara como parte algún consejero o comisionado y en al caso de la Entidad Superior, si existe alguna auditoría al Instituto o algún procedimiento administrativo en el que forme parte algún consejero o comisionado”, estableció el decreto.

Según los actuales diputados, por estas omisiones, sus predecesores ni siquiera supieron que el IMIPE enfrentaba una denuncia penal bajo el número de expediente SCOV/5237/2015, de fecha 15 de junio de 2015, y los propios comisionados omitieron informar al Congreso, pese a que era su deber.

“Aunado a lo anterior -continúa el documento- existen fuertes señalamientos en contra de ese Instituto encargado de tutelar el derecho de acceso a la información, y ahora al ser parte del Sistema Estatal Anticorrupción, y que irónicamente no sólo se contrata a familiares (cuñados), sino que éstos ocupan cargos a nivel de dirección, y sin contar con el perfil requerido para el puesto, tal es el caso del coordinador del Área de Socialización Héctor Martín Ramírez Hernández, así como el director del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas, Julio Jorge Méndez Álvarez; circunstancia que será motivo de investigación por parte de la autoridad correspondiente para determinar si en el presente caso existe la probable comisión del delito de nepotismo, y en consecuencia fincar a los responsables las sanciones a que haya lugar.”

“Otro aspecto a dilucidar es el que se refiere a los sueldos que tienen los comisionados del IMIPE, a la fecha perciben la nada despreciable cantidad de $76,950.00, para el caso del Comisionado (a) Presidente (a), mientras que para el Comisionado (a) Propietario (a) es de $73,900.00. Cuando en el ejercicio presupuestal de 2014 era de $59,950.00, es decir, hubo un aumento de $17,000.00”, y se incluyó en el decreto tabuladores de 2014 y 2015.

A pesar de estas circunstancias exhibidas en el decreto, el Congreso no informó si inició algún procedimiento para determinar la veracidad de esta información y si es procedente fincar alguna responsabilidad a los comisionados del IMIPE.

 

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Frustran intento de diputados por nombrar a incondicionales en el Tribunal de Justicia Administrativa.

El proceso para la designación de dos magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que inició el Congreso del estado el 9 de agosto pasado, fue suspendido nuevamente por orden del Juzgado Quinto de Distrito.

Apenas, la Junta Política y de Gobierno del Congreso local concluyó con el registro de aspirantes a una magistratura, en base a la convocatoria emitida el jueves pasado, y el abogado Jaime Castera Moreno fue notificado por el juzgado federal sobre la suspensión provisional para que la LIII Legislatura se abstenga de designar a los dos magistrados.

Jaime Castera Moreno, como aspirante a una magistratura del TJA, impugnó el proceso iniciado por el Poder Legislativo, al considerar que los diputados pretendían designar dichos cargos por la vía rápida y mediante actos violatorios de la ley.

El abogado planteó en su juicio de garantías vicios de origen desde la elaboración de la convocatoria por parte de la Junta Política y de Gobierno del Legislativo, hasta la corta temporalidad para cubrir una serie de requisitos y los escasos días que le quedan a la actual legislatura para llevar a cabo un análisis profundo y objetivo de la trayectoria, los antecedentes profesionales y una evaluación del desempeño de los aspirantes a ocupar una magistratura en el TJA.

En julio pasado, la asociación de Abogados Unidos por México impugnó la convocatoria que entonces emitió el Congreso local para concretar los mismos nombramientos, y obtuvo la suspensión de la justicia federal, por lo que los diputados determinaron dejar sin efectos el proceso.

El pasado 12 de julio, el juez segundo de distrito concedió a Castera Moreno una primera suspensión contra la convocatoria emitida por el Congreso el 9 de julio, lo cual frustró el intento de la legislatura en ocaso de realizar una designación rápida en el TJA.

Los diputados locales pretendían concretar los nombramientos de los magistrados en un periodo extraordinario de sesiones, para lo cual abrieron un periodo de registro de aspirantes desde el lunes pasado y hasta las tres de la tarde de ayer. 

Aunque de manera oficial no se informó sobre la participación de abogados para ocupar dichos cargos, se dio a conocer que al menos 15 aspirantes se registraron, y entre los nombres se encontraba el de Roberto Soto Castor, esposo de la diputada Hortencia Figueroa Peralta.

 

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Los legisladores electos no han sido convocados a iniciar el proceso de entrega-recepción, asegura.

La LIV Legislatura creará una “comisión investigadora” en contra de los diputados salientes ante presuntos actos ilegales cometidos durante los últimos tres años en el manejo de los recursos financieros y, en las últimas semanas, por la aprobación de jubilaciones "mañosas".

El diputado electo Héctor Javier García Chávez -designado como coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- informó que a partir del 1 de septiembre se instalará una comisión especial que investigue a los integrantes de la LIII Legislatura, pues dijo que se ha señalado la violación reiterada de la ley por parte de los actuales diputados para jubilar a familiares, amigos y personas allegadas en las últimas semanas.

"No nos interesa que sea quien sea, si son esposas de los diputados, relaciones sentimentales con alguno, cuñada, algún tipo de parentesco, tendrán que estar perfectamente bien fundamentadas", subrayó.

Además, refirió que tienen información extraoficial de que los legisladores dejarán sin recursos financieros al Congreso del estado, pese a que aún faltan cinco meses para que concluya el año fiscal.

Por tal razón, el diputado electo aseguró que procederán legalmente en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, de comprobarse que cometieron actos ilegales.

"Yo conozco extraoficialmente que nos van a dejar un recurso líquido de dos millones de pesos. Nosotros no vamos a ser tapadera de nadie; inmediatamente, bajo las observaciones que tengamos y los fundamentos irregulares, de irregularidades, vamos a proceder de manera inmediata", aseveró. 

Héctor Javier García refirió que hasta el momento no han sido convocados a iniciar el proceso de entrega-recepción, por lo que se presume que será un cierre de Legislatura opaco, de ahí la determinación de integrar una comisión investigadora.

"No hemos recibido ninguna llamada, ninguna comunicación, ni siquiera mandado señales de humo de que tengan la disponibilidad de entrar a un proceso más exhaustivo en el proceso de entrega-recepción. No vemos voluntad de poder entregar cuentas claras", agregó.

 

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Insisten en que habrá afectaciones graves a la promoción turística del estado a raíz de la cancelación de los fideicomisos de apoyo al rubro.

Directivos de organizaciones empresariales afirmaron que se mantendrán en la lucha para lograr que se reactiven los fondos de Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecom), a pesar de la inconformidad de los diputados locales.

Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acudieron ayer a la sede del Congreso local, ubicada en la colonia Amatitlán, para insistir en que se revierta la reforma hacendaria que aprobaron los legisladores en julio pasado.

Ángel Adame Jiménez, presidente del CCE, afirmó que no se trata de ningún pleito con los diputados, y aseveró que existen elementos legales para insistir en su exigencia, por lo que promovieron ocho juicios de amparo hasta esta semana y se prevé que el número de recursos jurídicos aumente.

También respondió a los cuestionamientos de la diputada Hortencia Figueroa, por el uso que dieron a su presupuesto para emprender una campaña en contra del Poder Legislativo y no en promoción turística. "Si se trata de ver por el bien del estado, ellos hubieran revisado todo lo que se gastan en las campañas políticas y buscar ¿por qué no? que esa parte se redireccione al turismo, y ¿por qué no? al desarrollo social del mismo", aseveró.

Los empresarios señalaron que habrá afectaciones graves a la promoción turística del estado, a raíz de la cancelación de los fondos económicos antes citados, y por tal razón también insistieron en conocer qué hizo el gobierno del estado con 18 millones de pesos que se tenían de los fideicomisos.

"… La semana pasada hubo una reunión, en la cual el único estado que no pudo presentarse y participar fuimos (nosotros). A la diputada se le olvida que los empresarios hemos tenido que invertir por muchos años para promover el estado", aseveró Arturo Contreras Montaño, presidente de Tesoros de México.

De acuerdo a los empresarios, hasta la fecha ningún diputado los ha buscado para tener un acercamiento a raíz de la campaña que iniciaron la semana pasada con la colocación de espectaculares en la autopista México-Cuernavaca y con el apoyo de transportistas, también, en "rutas".

 

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El TEEM desecha las impugnaciones de los varones que al amparo de la paridad de género, buscaban sustituir a las mujeres que ocuparán ese cargo.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) confirmó el acuerdo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), por el que se validó la integración del Congreso del estado y que estará representado por 14 mujeres.

En sesión del Pleno del TEEM, los magistrados declararon infundados los agravios promovidos por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Humanista (PH) y Partido Encuentro Social (PES), en los juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano y recursos de inconformidad.

De acuerdo a la resolución del Tribunal Electoral, en la designación de las diputaciones por la vía de la representación proporcional y de mayoría relativa, sí se cumplió con los principios de paridad y de representación.

"...la integración del Congreso del Estado queda conformada por un mayor número de mujeres no es razonable pensar que ello deriva de una práctica discriminatoria hacia los miembros del género masculino, porque éstos se encuentran en una situación de hecho en la que han disfrutado a plenitud del ejercicio de sus derechos políticos, al menos por razón de género, y no existen elementos en el caso para llegar a una conclusión distinta", señala la resolución, en cuanto al principio de paridad.

Por lo anterior, se validaron los cargos de la priista Rosalina Mazari Espín y de la panista Dalila Morales Sandoval, de la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, la perredista Rosalinda Rodríguez Tinoco; Blanca Nieves Sánchez Arano, de Nueva Alianza; de Movimiento Ciudadano, Ana Cristina Guevara Ramírez; Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, del Humanista, y Melissa Torres Sandoval, del Social Demócrata.

En el caso último de la diputación de Melissa Torres, el PES promovió un juicio al señalar que incumplió con los requisitos de elegibilidad, al no acreditar los tres años de residencia en Morelos.

Sin embargo, el pleno del TEEM desechó el recurso, toda vez que el PES no presentó pruebas suficientes sobre esa situación.

Durante la sesión las diputadas electas por la vía plurinominal estuvieron presentes y se manifestaron con pancartas que decían "Mujeres al Congreso".

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Viernes, 10 Agosto 2018 05:26

Buscan instalar comité anticorrupción

El Congreso local pretende que sus cinco integrantes rindan protesta antes de que concluya la actual legislatura.

Diputados locales pretenden tomar protesta a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) antes de que concluya la LIII Legislatura.

El pasado 7 de agosto, el Congreso del estado fue notificado de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Circuito, por la que se sobreseyó el juicio de amparo 667/2017, promovido por los ex integrantes del Comité de Participación, cuyos nombramientos quedaron sin efecto el 7 de abril del 2017 por determinación de los actuales diputados.

Ante tal resolución judicial, los integrantes de la Comisión de Selección del SEA ya se encuentran en condiciones de designar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, proceso detenido desde el 22 de enero pasado, en espera de la resolución del amparo que promovieron los ex comisionados.

De acuerdo a información proporcionada desde el SEA, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) han presionado a la Comisión de Selección para que se concreten los nombramientos del Comité de Participación Ciudadana, con la intención de que sea la LIII Legislatura la que tome protesta  a los cinco nuevos funcionarios, en un periodo extraordinario de sesiones al que convocarán los diputados locales en los próximos días.

Los integrantes del citado comité durarían en el cargo cinco años, sin oportunidad a reelegirse. 

En la lista final de aspirantes a ocupar dichos cargos figuran Hugo Bello Ocampo (ex comisionado), María Juana Damiana Herrera Mota, Alejandro Enríquez Hermida, Rodolfo de la Mora de la Mora, Arnulfo Bretón García, Benjamín Romero Rigel, Eva Penélope Picazo Hernández, Diana Recio Téllez, Roberto Coránguez Esquivel, Eleael Acevedo Velázquez, Miguel Ángel Flores Mendoza, Esmirna Salinas Muñoz, Ariel Homero López Rivera, Gabino Olais Reyes, Edgar López Betanzos y Rodrigo Rojas Morgado. 

 

 

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El historial laboral de Ana Cristina Guevara Ramírez no coincide con los años contabilizados al servicio del Estado para alcanzar la jubilación con el 50% de su último salario como servidora pública.

Ana Cristina Guevara Ramírez en unas semanas tomará protesta como diputada plurinominal por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), pero -al igual que en el caso de la exdirectora de recursos humanos del Poder Legislativo, Karina Arteaga Gutiérrez- hay dudas sobre cómo la futura legisladora consiguió que el Congreso la jubilara con el 50% de su último salario como servidora pública, cuando su historial laboral no empata con los años computados al servicio del estado para alcanzar el beneficio y pone en juicio la documentación aportada para conseguir la pensión.

El 14 de septiembre de 2016 fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto de jubilación de Guevara Ramírez, quien presentó ante la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso varias constancias que acreditaban que comenzó a laborar en el Ayuntamiento de Puente de Ixtla el 15 de enero de 1995, justo el día que cumplió sus 15 años.

A esa edad, inexplicablemente, Ana Cristina simultáneamente laboraba en el ayuntamiento de la región sur y cursaba la preparatoria en el centro educativo Loyola de Cuernavaca (generación 1995-1998).

Supuestamente comenzó como auxiliar administrativo en el área de recursos de la comuna ixtleca y luego como auxiliar del área de servicios generales del ayuntamiento.  Al concluir la prepa, también de manera simultánea, trabajaba en el ayuntamiento mientras estudiaba la licenciatura de derecho en el Centro de Estudios Superiores de Morelos (generación 1998-2003).

Según los documentos, la futura legisladora trabajó en Puente Ixtla del 15 de enero de 1995 al 31 agosto de 2003, es decir 9 años con 8 meses y 16 días, pero en su historial laboral oficial presentado tanto en el Congreso local como en el Gobierno de Morelos, nunca mencionó que fue empleada de ese ayuntamiento.

Pero  al  contrastar su currículum vitae (que puede consultarse en el repositorio de transparencia) y los datos del decreto de jubilación, resulta extraordinario que en este periodo Ana Cristina no sólo trabajaba en el ayuntamiento ixtleco y estudiaba al mismo tiempo, sino que también realizaba pasantías en los despachos jurídicos Despacho Jurídico Bahena & Maxinez Asociados (1998-2002), Despacho Jurídico Villanueva y Asociados, Pasante en Materia Mercantil (2000-2001) y Despacho Jurídico Martha Alquicira (2001).

Pero otro dato que literalmente no cuadra, es que la cuasi legisladora aseguró en su historial laboral, disponible en página web del Gobierno de Morelos, que entre el 2002 y el 2003 laboró en el área jurídica del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Morelense del Sistema Estatal DIF. Es decir, que en este periodo trabajó simultáneamente en Puente de Ixtla y la dependencia estatal.

De manera intermitente, entre 2003 y 2016 colaboró en el Ayuntamiento de Cuernavaca como asistente de la Regiduría de Derechos Humanos; fue asesora de control de información y coordinadora de gestión de la Secretaría de Gobierno, y coordinadora de planeación para el Desarrollo de la Secretaría de Finanzas; además fungió como secretaria particular del ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, así como auxiliar y asesora de la fracción parlamentaria de Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano).

Su último cargo fue como auxiliar adscrita a la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, el cual ocupó del 1 de marzo al 12 de abril de 2016.

Según el decreto de jubilación de Ana Cristina acreditó haber laborado al servicio del Estado 18 años, 5 meses y 28 días, de los cuales la mitad los habría laborado en el Ayuntamiento de Ixtla en circunstancias inverosímiles.

De acuerdo con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para que un trabajador pueda jubilarse, debió al menos haber laborado al servicio del estado por lo menos 18 años y obtener una pensión al 50% de su último salario.

En las últimas semanas, tras la aprobación por los diputados de varios decretos de “jubilaciones doradas” de secretarios de despacho y familiares de altos funcionarios del gobierno de Morelos, organizaciones civiles y empresariales han reprochado la actuación de los legisladores y la carga que tendrá el erario.

Incluso, organizaciones como el Foro Morelense de Abogados han puesto en duda la autenticidad de la documentación presentada por algunas personas al Congreso para alcanzar la jubilación, pues como en el caso de Ana Cristina, no hay evidencias de que hayan laborado el tiempo necesario para obtener una pensión.  

 

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Entró en vigor al publicarse el decreto que le otorga el pago del 95 por ciento de su último salario; inconsistencias ponen en duda su supuesta antigüedad laboral.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la “pensión dorada” de Karina Arteaga Gutiérrez, otrora directora de Recursos Humanos del Congreso local y cuyo decreto de jubilación presenta presuntas irregularidades, al no cumplir la ahora ex funcionaria con la antigüedad para obtener como pensión el 95% de su último salario y al existir dudas sobre la autenticidad de sus constancias laborales.

Una revisión al decreto pensionario 3400, publicado este miércoles en el órgano oficial de difusión y al currículum vitae de Arteaga Gutiérrez, hace visibles varias inconsistencias que ponen en duda que la ex funcionaria haya laborado “a la fecha de su solicitud 27 años, 1 mes, 27 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido”.

Según el decreto, durante su trayectoria pública Karina Arteaga ocupó nueve cargos en administraciones municipales en el extinto Instituto Estatal Electoral y el Congreso de Morelos. El primero de ellos, cuando apenas había cumplido 16 años de edad y ya atendía asuntos financieros del Ayuntamiento de Tepalcingo.

Nació en Cuernavaca en agosto de 1973 (según su hoja laboral que puede consultarse en el repositorio de transparencia) y actualmente tiene 45 años.  Siendo una adolescente, el 10 de septiembre de 1989 ingresó como auxiliar contable a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepalcingo, donde laboró hasta el 31 de mayo de 1997.

En esta temporada no sólo laboró en el municipio ubicado en la región oriente de Morelos sino que paralelamente estudió la Licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siendo egresada de la generación 1991-1996; y laboró o realizó su servicio social en la Contraloría General del Estado entre septiembre de 1995 y febrero de 1996, pues en un currículum vitae aseguró que desempeñó el cargo de auxiliar auditor (aunque este empleo no fue contemplado en el decreto).

Al culminar su labor como funcionaria de Tepalcingo, de inmediato se incorporó también como auxiliar en la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, donde laboró del 1 de junio de 1997 al 30 de septiembre de 2003, es decir 6 años con 3 meses.

Pero es en este periodo donde se nota la primera inconsistencia en el cómputo de años trabajados al servicio del estado.  Al revisar el formato electrónico de dos diferentes currículos vitae de Arteaga Gutiérrez, uno del Congreso y otro del órgano electoral, se advierte que durante estos seis años no laboró en el ayuntamiento  de Atlatlahucan sino en dos empresas del rubro farmacéutico establecidas en la Ciudad Industrial de Cuernavaca  (Civac) en el municipio de Jiutepec.

De acuerdo con la hoja laboral de la ex directora de Recursos Humanos del Congreso, ella trabajó en el consorcio Inter MG S.A. de C.V.  de marzo de 1997 a mayo 2001 como analista contable y en la empresa Investigación Farmacéutica S.A. de C.V. de agosto de 2001 a julio a 2003 como asistente de gerencia.

El 1 de octubre de 2003 y hasta el 15 de marzo de 2004 ingresó como auxiliar contable en la bancada parlamentaria del partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano y del que es militante) y del 15 de marzo al 23 de noviembre de 2004 laboró como coordinadora administrativa del grupo parlamentario del partido que sigue liderado por Jaime Álvarez Cisneros, ex diputado y otrora operador político de la actual administración.

El 1 de diciembre de ese año, Karina Ortega fue designada brevemente como consejera electoral en el extinto Instituto Estatal Electoral, cargo que ocupó por poco más de 8 meses (del 1 de diciembre de 2004 al 12 de agosto de 2005).

Fue hasta el 1 de noviembre de 2006 cuando Karina Arteaga se reincorporó nuevamente, pese a su experiencia obtenida y los cargos ocupados, como auxiliar contable de la Tesorería Municipal de Atlatlahuacan hasta el 30 de septiembre de 2008.

Días después, el 14 octubre de 2008 fue designada titular de la Unidad de Evaluación de la entonces Auditoría Superior de Fiscalización, donde laboró hasta el 30 de junio de 2015.

Del 23 de septiembre al 27 de octubre de 2015 se desempeñó como subdirectora de recursos humanos del Congreso y del 28 de octubre de 2015 al 14 de mayo de 2018 ocupó su último cargo como directora de recursos humanos del Poder Legislativo.

Conforme al recuento de las fechas estipuladas en el decreto, la ex funcionaria tendría 26 años 11 meses y un día de servicio, y no los más de 27 años para obtener una pensión al 95% de su último salario como lo establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

A ello se suma que durante seis años no habría laborado en el municipio de Atlatlahuacan sino en la iniciativa privada y cuyo tiempo se tendría que restar a los años laborados al servicio del estado, así como el porcentaje de la pensión. Además, de investigarse si las constancias laborales expedidas por los ayuntamientos y dependencias gubernamentales son o no auténticas.

Hasta el momento no hay un cifra confirmada del último salario de la ex funcionaria, pues en la última nómina del Congreso disponible en internet –que data de 2016- dice que el salario mensual, sin incluir compensaciones, es de 15 mil pesos menos deducciones. Al aprobarse el decreto, se estimaba que la remuneración de Karina Arteaga oscilaba entre los 30 mil y 40 mil pesos.

Karina Arteaga Gutiérrez by uniondemorelos on Scribd

 

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Reiteran que su objetivo es revertir reformas realizadas por los actuales legisladores.

Los diputados electos por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dieron a conocer que avanzan en la agenda legislativa y aseguraron que cumplirán con una gestión austera, eliminarán la compra de vehículos, no habrá guardias personales e, incluso, revisan los costos de operación de la nueva sede. El próximo coordinador de la bancada, Héctor Javier García Chávez, aseguró que la relación con el gobernador electo será de respeto y coordinación.

Este lunes, el dirigente estatal del partido, Gerardo Albarrán Cruz, aseguró que los legisladores electos están unidos y su nuevo coordinador será García Chávez, luego de un proceso democrático de elección interna.

Albarrán Cruz refirió que la agenda será congruente con las líneas generales que impulsa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para dar cauce al Proyecto Alternativo de Nación.

Además, aseguró que buscarán revertir algunas de las reformas que aprobaron los actuales diputados, pues consideran que van en contra de los intereses del Estado y que se hicieron para beneficio de un grupo que ha estado en el poder.

Anotó que ejercerán la mayoría con responsabilidad y que buscarán siempre los consensos, junto con los legisladores emanados de la Coalición Juntos Haremos Historia.

El futuro coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del estado señaló que no tiene nexo alguno con el actual titular del Ejecutivo local.  Advirtió que de manera permanente en la Legislatura se mantendrá la convicción del combate directo a la corrupción. “No vamos a permitir que se desvíen recursos públicos. Iniciaremos procedimientos administrativos si se encuentran desviaciones y anomalías. No vamos a tener cortapisas de absolutamente nada. Morena no va a ser tapadera de nadie en las observaciones de la actual legislatura, ni cómplice en la LIV Legislatura. El mensaje de la ciudadanía fue muy contundente, nos dio el apoyo para tener una mayoría y le vamos a responder con la justicia social, administrativa y penal”.

Dijo que será fundamental revisar el sistema anticorrupción, para empezar, por los titulares de las instancias que están al frente, pues consideró que en esos encargos deben ser nombradas por el Congreso personas de probada honradez.

Reiteró que renunciarán al fuero, en seguimiento a la lógica nacional, y se aplicarán las sanciones correspondientes e, incluso, juicio político.

De igual manera, los diputados electos morenistas expusieron que hay una relación de respeto y coordinación con el gobernador electo y con el presidente electo por la coalición "Juntos Haremos Historia".

Entre las reformas que preocupan a la futura bancada de Morena destacan la modificación de la votación del Constituyente para reformas a la Carta Magna, la relativa a facultades de la Fiscalía General del Estado, la reforma al Sistema Estatal Anticorrupción y el asunto de la deuda pública, así como las jubilaciones y pensiones “doradas".

De la misma manera, adelantaron que en la agenda, uno de los puntos primordiales serán las formas de participación ciudadana, como la revocación de mandato (que prometió a nivel nacional AMLO); el referéndum y el plebiscito.

Refirió que será la próxima semana cuando inicie el proceso de entrega-recepción en el Congreso local, pues aún no han sido notificados por los actuales legisladores sobre el inicio de las mesas de trabajo conforme a la ley.

Por su parte, la diputada electa Ariadna Barrera Vázquez dijo que hay unidad en la próxima bancada, no obstante la ausencia de José Casas González, diputado electo de Morena, y quien también buscaba la coordinación parlamentaria de Morena.

Barrera Vázquez comentó que el legislador electo tuvo otra actividad y que el acuerdo fue respetar la decisión de la mayoría, en un proceso democrático, pues obtuvo más votos.

Agregó que no se trata de un "cheque en blanco" y que habrá de atender la voz de todos los legisladores y las diputadas de Morena.

Adelantó que de ser necesario, propondrán auditorías externas para garantizar que se cumpla uno de los compromisos que hizo la coalición en campaña, de tolerancia cero a la corrupción.

Afirmó que se presume enriquecimiento ilícito por parte de los actuales diputados, derivado de un mal ejercicio de los recursos, de ahí que iniciarán una revisión de, al menos, la última cuenta pública. 

"Estaremos bien atentos a lo que van a estar entregando, hacer un cruce; definitivamente no está tan difícil, al azar, el último año para que den rápido los resultados", aseveró.

Incluso, Barrera Vázquez dijo que analizarán la utilidad de la nueva sede del Congreso local, ya que consideran que es un edificio ostentoso y que pudiera ser de mayor beneficio para la sociedad que para 20 diputados.

Finalmente, añadió que la prioridad en este momento es el presupuesto, y refirió que los sueldos muy elevados se van a eliminar, de manera acorde con la línea de gobiernos austeros, como lo anunció López Obrador.

También se van a revisar costos de manutención del nuevo edificio y, de ser procedente, se mudaría, además de que renunciarán a guardias y compras de vehículos, entre otros gastos innecesarios.

Este mismo lunes, los diputados electos de Morena anunciaron que comenzarán los encuentros con diversos grupos sociales para enriquecer dicha agenda.

Este martes se reunirán con el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo para dialogar sobre temas que son considerados como ejes, como el presupuesto del 2019, entre otros que serán dialogados con el equipo del futuro titular del Ejecutivo “para trabajar de manera consistente y unificada”.

En entrevista, el líder estatal de Morena, Gerardo Albarrán Cruz, informó que hasta la mañana del lunes, Rabindranath Salazar Solorio continúa como coordinador en Morelos del próximo gobierno federal.

Así lo indicó ante las versiones que han circulado en el sentido de que ese puesto será ocupado por el hasta ahora líder nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores Cervantes.

Salazar Solorio sigue coordinando los trabajos para poner en marcha los nuevos programas y reestructuración que ha anunciado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

 

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Hay plazo de dos días hábiles para que cesen las funciones de la edilesa suplente.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) dio un nuevo plazo al Cabildo de Tetela del Volcán para la restitución en el cargo como presidenta municipal de Ana Bertha Haro Sánchez, con la advertencia de que aplicará nuevas medidas de apremio.

La alcaldesa informó al TEEM que el Cabildo se niega a reincorporarla a sus funciones, pese a que así lo ordenó el tribunal el pasado 25 de julio, en la resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales TEEM/JCD/350/2018-1.

Al analizar el caso, el órgano jurisdiccional advirtió que el Cabildo fue omiso en dar cumplimiento a la sentencia, por lo que emitió un nuevo acuerdo plenario y dio al Ayuntamiento un plazo de dos días hábiles para que cesen las funciones de la alcaldesa suplente, Amalia Hernández Alonso, y retome su cargo Haro Alonso como presidente municipal propietaria.

De lo contario, apercibió al Cabildo con aplicar una amonestación pública y dar vista al Congreso para que se tomen las acciones legales correspondientes y, en caso de reincidencia, la aplicación de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir su sentencia.

Haro Sánchez presentó su licencia definitiva al cargo de presidenta municipal para contender como candidata a diputada federal por el Distrito V por la alianza “Todos por México”, pero al perder la elección, solicitó al Cabildo su reincorporación al cargo.

La presidente municipal suplente y el Cabildo rechazaron la petición y Ana Bertha Haro impugnó la negativa ante el TEEM. 

 

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