Los integrantes de la LIII Legislatura habrían engañado a la SCJN para evadir su responsabilidad, afirma el presidente de la Mesa Directiva.

Los integrantes de la LIII Legislatura habrían engañado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evadir su responsabilidad en más de 20 juicios, los que ahora deberán atender los actuales diputados para impedir su destitución.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que "de manera dolosa, la pasada legislatura señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México" ante la SCJN y no se estableció el domicilio oficial del Congreso del estado.

Explicó que el domicilio que se señaló ante la autoridad dejó de atenderse, por lo que la LIV Legislatura no se ha enterado de las notificaciones oficiales.

Para el legislador, dicho actuar por parte de los exlegisladores no sólo es una omisión, sino que se trata de una "venganza política". 

Sin embargo, Sotelo Martínez afirmó que atenderán de manera puntual cada uno de los requerimientos o sentencias que emita la SCJN en los 26 procesos legales que heredó la pasada legislatura, en su mayoría causados por controversias constitucionales que promovió el Poder Judicial en contra de decretos pensionarios. 

Citó uno de los juicios que la pasada legislatura no atendió, que es el radicado en el expediente 146/2017, y por el que debió responder la exvicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta. 

"Una vez más, los diputados de la pasada legislatura fueron omisos en atender los requerimientos formulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar cumplimiento a la sentencia dictada en la referida controversia constitucional, lo cual sólo evidencia, una vez más, las diversas irregularidades e incumplimientos por parte de estos entonces legisladores de atender no sólo las múltiples demandas y exigencias ciudadanas, sino también de hacer caso omiso a los requerimientos judiciales", declaró.

 

 

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El titular de la Ceagua dice que los Ayuntamientos no desazolvaron los canales.

Continuarán las intensas lluvias en los próximos días, alertaron autoridades estatales de Protección Civil (PC) y de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), al dar a conocer que la afectación registrada en viviendas de Jojutla y Tlaquiltenango la madrugada de este lunes, se debió a taponamientos de canales y coladeras, cuyo desazolve es responsabilidad de los ayuntamientos.

El titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado de Morelos (CEPCM) Javier Bermúdez Alarcón indicó por la mañana que en el recuento oficial se tiene registro de 150 viviendas afectadas en 15 colonias de Jojutla y tres más en Tlaquiltenango, debido a la torrencial lluvia de la noche del domingo.

La precipitación pluvial en Jojutla fue de 96.2 milímetros por lo que se clasifica como una lluvia torrencial, las “moderadas” son consideradas entre 25 y 50 milímetros, es decir la cantidad de líquido que cae por metro cuadrado en la superficie; en esa clasificación oficial de 50 a 75 milímetros se catalogan como “muy fuertes” y arriba de ese indicador se consideran “torrenciales”, que son las que se observan cuando se presenta un huracán en alguna zona del país.

Lo anterior fue explicado por el titular de la Ceagua Juan Carlos Valencia Vargas. En El Higuerón, una de las zonas afectadas, hubo más de 85 milímetros. Por lo tanto, la cantidad de lluvia que cayó en la zona fue muy importante y en poco tiempo.

Hizo notar que por las acciones de desazolve que se han hecho con anterioridad los ríos subieron su nivel, pero se mantuvieron dentro del cauce y no hubo desbordamientos.

A decir de dicho funcionario, lo que provocó la inundación fueron algunos canales, particularmente el que se conoce como “séptima toma” de esa zona que era agrícola, que eran de riego y donde había sembradíos de arroz y caña de azúcar y donde ahora se encuentra un conjunto habitacional.

Advirtió que desde el sismo se colapsó una barda perimetral de la zona habitacional y el material de ésta quedó en el referido canal, el cual no fue desazolvado como –dijo- se alertó al ayuntamiento.

Valencia Vargas aseveró que de igual manera en la zona limítrofe con Tlaquiltenango hay un canal que cruza la carretera en el que se observa creciente con las lluvias.

Ambas instancias alertaron que en los próximos días continuarán las lluvias y las que se registran en septiembre “son la más peligrosas”, toda vez que para estas fechas el suelo ya está saturado, hay poca absorción y por ello se esperan escurrimientos que implican mayor riesgo de inundaciones o deslaves.

Precisó que en esta temporada los registros de precipitación han estado por arriba del promedio habitual y se espera el mismo panorama para este mes. “Tenemos un pronóstico de precipitaciones severas y las lluvias van a terminar hasta el mes de octubre”, apuntó.

Hay 160 puntos considerados por el gobierno estatal como zona de riesgo por inundación, donde están asentadas más de 16 mil personas.

 

 

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Ángel Colín López abandonó el recinto tras los cuestionamientos de los legisladores acerca de temas de seguridad y de reconstrucción; analizarán proceder legalmente en su contra.

Tras confrontarse con diputados por los cuestionamientos que le hicieron en temas de seguridad y reconstrucción, el secretario de Gobierno, Ángel Colín López abandonó la comparecencia a la que fue citado ayer ante el Pleno del Congreso del estado para resolver dudas sobre el sexto informe del gobernador Graco Ramírez.

El encargado de la política interna del estado argumentó “falta de condiciones” para seguir respondiendo a las preguntas de los legisladores, tomó sus cosas y se marchó del Congreso, en medio de rechiflas de los presentes en el salón de plenos y gritos de los diputados para exigirle respeto e incluso hasta lo llamaron “cobarde”.

La comparecencia del secretario de Gobierno inició alrededor de las 11 de la mañana. Colín López presentó un resumen de lo que consideró fueron los “logros” del gobierno estatal durante los últimos seis años en materia de seguridad, reinserción social, recursos naturales, atención a víctimas del delito y protección civil.

Posteriormente, en la ronda de preguntas, respuestas, réplicas y contrarréplicas, el funcionario se dedicó a contestar a medias y en muchas ocasiones a evadir las respuestas en temas sobre reconstrucción, atención a víctimas, seguridad y gobernabilidad.

Desde la primera pregunta que hizo la diputada Erika García Zaragoza –del Partido del Trabajo (PT)– sobre la instalación de la alarma sísmica en todo el estado como parte de las acciones en materia de protección civil, el secretario se negó a responder, al referir que no correspondía al informe, “por lo que no ha lugar” la pregunta.

Maricela Jiménez Armendáriz –del Partido Encuentro Social (PES)– lo cuestionó en dos ocasiones sobre el presupuesto con el que actualmente cuenta el fondo de atención a víctimas y Colín López trató de evadirla, incluso titubeó sobre los datos que proporcionaba y al final informó que dicho fondo cuenta con poco más de un millón de pesos, de un presupuesto anual de 32 millones.

La reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue tema recurrente en las preguntas de los diputados y el secretario se negó a responder sobre el gasto ejercido hasta el momento de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pues aseveró que es información que compete a la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, a los afectados del sismo se les han entregado el 95% de paquetes de materiales de construcción comprometidos, se han reconstruido 200 casas y 500 sólo iniciaron.

La priista Rosalina Mazari lo cuestionó acerca de las obras públicas que fueron inauguradas por el gobernador antes de julio, en un total de 38 giras, de las cuales la mayoría están inconclusas. Al respecto, Ángel Colín aseguró que la mayoría ya están terminadas, pero es información que tiene la Secretaría de Obras.

Ante señalamientos de parte del diputado de Morena Héctor Javier García Chávez sobre la situación de ingobernabilidad que vive el estado, por las fallas en materia de seguridad, el funcionario le recordó que fue perredista y que también trabaja en el actual gobierno.

Asimismo, ante tribuna, el funcionario estatal justificó la renuncia del comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, pues dijo estaba en su derecho de dejar el cargo “después de haber cumplido con su obligación”. Añadió asimismo que fueron motivos personales los que lo obligaron a irse, a unos días de comparecer ante el Congreso.

En una segunda ronda de preguntas, Tania Valentina Rodríguez Ruiz le preguntó a Colín si estaba satisfecho con sus resultados en el gobierno, pues su rostro decía lo contrario, a lo que el secretario afirmó que está contento con lo hecho. 

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, cuestionó al secretario por el uso de recursos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) para la renta de patrullas, cuando pudieron comprarse, tema que generó discusión entre ambos legisladores. 

La diputada de Morena Keila Figueroa Evaristo pidió respeto al secretario de Gobierno y lamentó la situación de ingobernabilidad que vive el estado.

Finalmente, Ángel Colín subió a tribuna para responder a la diputada y volvió a dirigirse a Alfonso de Jesús Sotelo, a quien señaló que él sí ha cumplido con su obligación y destacó la ausencia del exedil de Jojutla en la contingencia a causa del sismo.

El presidente de la Mesa pidió respeto al funcionario; acto seguido Colín, determinó retirarse, ante supuesta falta de condiciones.

“Si con respeto entiendes que no puedo hablar con la verdad y dirigirme a lo que conocemos como realidad, lo lamento, presidente. Y si no hay condiciones, les contestaré por escrito. No hay ningún problema; seguimos atendiendo lo que ustedes determinen”, manifestó el secretario.

Por último, los diputados acordaron emitir un extrañamiento por el actuar del secretario de Gobierno y anunciaron que analizarán proceder legalmente en su contra.

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Legisladores de Morena se quejan de exclusión y anuncian el fin de la alianza con el PES y el PT.

El Congreso del estado se fracturó por la distribución de las comisiones legislativas. Los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se quejaron de haber sido excluidos, una vez más, de las negociaciones y acusaron a sus homólogos de ser autoritarios.

La tarde de ayer, los legisladores locales reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del estado para fusionar las comisiones legislativas y reducir su número de 31 a 27.

Sin embargo, la integración de dichos órganos legislativos provocó un pleito entre los diputados de Morena y el grupo G-14 que crearon los legisladores del Partido Encuentro Social (PES) y del Partido del Trabajo (PT) con las del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Humanista (PH), Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (Panal).

Los acuerdos sólo beneficiaron al G-14, que se distribuyó las presidencias de las principales comisiones.

El PT presidirá siete comisiones: Trabajo, Previsión y Seguridad Social, al igual que Desarrollo Económico, por Tania Valentina Rodríguez Ruiz; Gobernación y Gran Jurado, así como la de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, José Casas González; las de Salud y Desarrollo Agropecuario, José Luis Galindo Cortez, y Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, Erika García Zaragoza.

El PES encabezará cuatro comisiones: Justicia y Derechos Humanos y Atención a Víctimas, por Alfonso de Jesús Sotelo Martínez; Planeación, Desarrollo Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos, Maricela Jiménez Armendariz, y Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, Andrés Duque, quien también tendrá Desarrollo y Conflictos Agrarios.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública la tendrá la priista Rosalina Mazari Espín; y Puntos Constitucionales y Legislación, y Seguridad Pública y Protección Civil, Marcos Zapotitla, quien es de Morena, pero respalda al G-14.

Educación y Cultura, la diputada del Panal, Blanca Nieves Sánchez Arano; Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales, la panista Dalila Morales Sandoval, al igual que la de la Familia, y la de Ciencia e Innovación Tecnológica, Naida Díaz Roca, del PSD.

Mientras que Morena sólo presidirá cuatro comisiones: de Igualdad de Género, por Keila Figueroa Evaristo; Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, por Ariadna Barrera Vázquez; Diversidad Sexual, por Alejandra Flores Espinoza, y Ética Legislativa, Héctor Javier García Chávez. 

Ante la aprobación por mayoría de la integración de las comisiones, los morenistas utilizaron la tribuna para quejarse de que no fueron tomados en cuenta en la negociación y acusaron a la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez, de haber violado la ley y "comprado" a sus homólogos para lograr mayoría en la votación.

El diputado Héctor Javier García Chávez acusó a sus homólogos de autoritarios.

Ante tales señalamientos, la diputada Rodríguez Ruiz afirmó que los diputados de Morena son quienes se han excluido de las reuniones de la junta, pues se les ha convocado a todas para tomar acuerdos.

Tras haber sido ignorados en sus quejas, los diputados de Morena abandonaron el Pleno y, en rueda de prensa, anunciaron que la coalición Juntos Haremos Historia se terminó.

Incluso, pidieron a la ciudadanía observar el trabajo del resto de los legisladores que se impusieron ante Morena, a pesar de ser la primera minoría. 

 

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Deberán quedar conformadas este jueves.

Diputados locales deberán integrar hoy las comisiones legislativas para poder desahogar las comparecencias de 15 secretarios de despacho, a quienes citaron a partir de mañana para que aclaren dudas del sexto Informe de Gobierno que entregó el gobernador Graco Ramírez.

Hasta la tarde de ayer, los diputados no habían definido la integración de todas las comisiones, ya que se pretende disminuir el número de órganos a través de su fusión. 

Para ello, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, adelantó que se reformaría la Ley Orgánica del Congreso del estado antes de votar la composición de cada una de las comisiones.

Sin embargo, también se planteó que permanezca el número de órganos, que son 31 en total, y modificar la ley posteriormente para generar economía parlamentaria.

Es que para que los diputados puedan desahogar la agenda legislativa y, principalmente, escuchar en comparecencia a los secretarios de despacho, como parte del análisis del último informe de Graco Ramírez, deberán integrarse las comisiones, que son los órganos encargados de atender el trabajo legislativo. 

En dichas negociaciones no participó la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, por lo que la distribución de las principales comisiones se concretará entre las fuerzas políticas que representan la minoría en el Congreso, encabezadas por el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT).

 

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El presidente de la Confederación, Ricardo Esponda Gaxiola, lamenta que exdiputados se hayan ido sin asumir responsabilidades por sus excesos.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo Esponda Gaxiola, se pronunció por que haya castigo para los integrantes de la LIII Legislatura que fueron responsables de un presunto mal uso de los recursos financieros del Congreso del estado.

En entrevista, el empresario dijo que es lamentable que los exdiputados hayan dejado sus cargos sin asumir ninguna responsabilidad por la deuda que heredaron a la LIV Legislatura por más de 65 millones de pesos y el saqueo que cometieron en el Congreso del estado.

“Es una vergüenza, una burla y no sabemos dónde están… Habrá que ir a Cancún; otros están en otros lados, pero no es posible que esos que se denominan representantes del pueblo, ahora resulta que entreguen estas cuentas, no solamente económicas: entregaron cuentas pésimas en su labor legislativa”, sostuvo.

El presidente de la Coparmex manifestó su respaldo a los actuales diputados para que investiguen a fondo los excesos cometidos por sus antecesores y se castigue a los responsables.

“Si esto sucedió en el Legislativo, ¿qué va a pasar en el Ejecutivo? Se van en unos días. Este clamor popular de que se haga justicia, de que se haga rendición de cuentas, que haya claridad y transparencia, cada vez tiene mayor vigencia”, sostuvo.

El jueves  pasado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, convocó a organizaciones civiles, de abogados y contadores a sumarse al Congreso del estado para impulsar una investigación a la LIII Legislatura y proceder penal y administrativamente por el saqueo cometido por sus antecesores.

 

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Keila Celene Figueroa afirma que buscarán presidir algunas de las comisiones más importantes en el Legislativo.

La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Celene Figueroa Evaristo, aseguró que no hay fractura en el Congreso del estado, pese a que las fuerzas con minoría de diputados lograron imponerse en la distribución de los órganos de control.

La diputada sostuvo que la elección de las presidencias de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno se lograron por el consenso de la mayoría de los diputados y, finalmente, quienes encabezan estos órganos son diputados que emanaron de la coalición "Juntos Haremos Historia".

Las presidencias de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno fueron designadas a los diputados Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, del Partido Encuentro Social (PES), y a Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo (PT). Mientras que a Morena sólo le correspondió una secretaría en la Mesa y una vocalía en la Junta.

"No es que nos haya importado o no, esto es de trabajo, de pláticas, de consensos. Aquí, como marca la ley, las dos terceras partes del Congreso decidieron, aunque nosotros no logramos tener más diputados estamos logrando unidad, no es que no nos haya importado, sí nos importa y estamos trabajando para ello", aseveró.

Mencionó que buscarán presidir comisiones como es la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Puntos Constitucionales y Legislación, entre otras que consideran de mayor relevancia.

Adelantó que impulsarán la creación de un nuevo órgano que será la Comisión Investigadora de la Reconstrucción, ya que no se ha cumplido a los damnificados del sismo del 19 de septiembre que se quedaron sin casa, y tampoco se tiene claridad en qué se ejercieron los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y que se administraron en el órgano desconcentrado "Unidos por Morelos".

 

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En conferencia de prensa, los actuales legisladores informaron de la magnitud del saqueo; dejaron la nueva sede sin mobiliario y se llevaron los autos de uso oficial.

Aseguran que sus antecesores se repartieron en los últimos días 46 millones de pesos.

Los integrantes de la LIII Legislatura aprovecharon hasta el último día de su gestión para saquear al Congreso del estado. El viernes 31 de agosto se repartieron 46 millones de pesos, se llevaron los vehículos y dejaron el recinto legislativo sin muebles.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que en las cuentas bancarias del Congreso del estado sólo encontraron dos mil pesos y deudas que ascienden a 65 millones de pesos.

Asimismo, refirió que no tienen muebles para ocupar las oficinas, ni tampoco vehículos para realizar las labores legislativas.

Al respecto, dijo que lo que sí encontraron fue un contrato de compraventa firmado por la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en funciones de vicepresidenta de la Mesa Directiva, por el que vendió un vehículo tipo Jetta, modelo 2013, propiedad del Congreso, a su compañero de bancada Javier Montes Rosales, por un monto de 50 mil pesos. Sotelo Martínez mencionó que se presume que hay más contratos de ese tipo.

Aseguró que dicha información la obtuvieron de una investigación que han hecho por cuenta propia, ya que los exdiputados se han negado a entregar la documentación correspondiente a la situación administrativa y financiera del Poder Legislativo.

Refirió que ayer sostuvieron un encuentro con la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en la que les informó que no tenía la documentación requerida y que será hasta el 12 de septiembre cuando estará en condiciones de cumplir.

El presidente de la Mesa Directiva sostuvo que se presume la intención de los exlegisladores de retrasar el proceso de entrega-recepción, para que la LIV Legislatura no pueda actuar legalmente en su contra ante la comisión de un posible delito o falta administrativa.

Sin embargo, Alfonso de Jesús Sotelo subrayó que procederán penal y administrativamente en contra de los exdiputados, de confirmarse que cometieron delitos por el presunto mal uso de los recursos públicos. 

Para ello, indicó que convocarán a las asociaciones de abogados y contadores para que apoyen al Congreso del estado en una investigación a fondo de la gestión de la LIII Legislatura y que haya un deslinde de responsabilidades.

 

Anularán diputados nombramientos hechos fuera de la ley

Por otro lado, el presidente de la Mesa Directiva informó que en la próxima sesión ordinaria procederán a la anulación de los nombramientos que aprobó la LIII Legislatura sin estar apegados a derecho.

Para ello, refirió que cuentan con el apoyo de asociaciones de abogados que han pedido a la LIV Legislatura ayudar en contra de los abusos cometidos por sus antecesores.

A dos días de irse, los exdiputados nombraron a dos comisionados en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y a los titulares de los órganos de control en la Fiscalía General (FGE) y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

 

 

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La expresidenta de la mesa directiva no cumplió el martes pasado con la entrega de la información sobre la situación financiera y administrativa en la que la anterior legislatura dejó al Congreso local.

Integrantes de la LIV Legislatura establecieron como plazo este jueves para que los exdiputados entreguen información respecto a la situación financiera y administrativa en la que dejaron el Congreso del estado.

La diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, presidenta de la Mesa Directiva, confirmó que fracasó el primer encuentro para llevar a cabo el proceso de entrega-recepción, que se tuvo el martes pasado, ya que los exlegisladores no cumplieron con la entrega de la documentación requerida.

Informó que se acordó un nuevo encuentro para hoy "como un acto de buena voluntad" y la exvicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, pueda cumplir con su obligación.

Sánchez Arano explicó que la información requerida a la LIII Legislatura tiene que ver con el presupuesto que tiene el Congreso del estado para lo que resta del 2018, las deudas con proveedores y con los trabajadores, los problemas jurídicos y el estado estructural del edificio legislativo.

"Todo lo que implica la parte de las finanzas que es elemental, las condiciones del edificio. Sabemos que tiene que haber por ahí los contratos, la obra con la constructora que es la responsable de todo esto. Desconocemos el expediente técnico, las etapas que lo conforman y a partir de eso tendremos elementos y dejar a un lado la especulación", declaró.

Afirmó que una vez que tengan toda la información requerida a los ex diputados se impulsará una auditoría especial y, de confirmarse irregularidades, aseguró que se procederá legalmente. 

"Eso (el retraso de la información) da pie a una mala lectura, pero no podemos llegar a la confrontación porque eso no construye y no da buenos resultados", agregó.

Por su lado, se confirmó que hoy, a las nueve de la mañana, los integrantes de la Mesa Directiva se reunirán con exlegisladores para concretar el acta de entrega-recepción, conforme a lo que la ley en la materia determina. 

 

 

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Plantean crear una comisión por diputado, para que existan sólo 20 que atiendan los distintos temas.

Diputados locales reducirían a 20 el número de comisiones legislativas, mediante una fusión de las que actualmente existen, supuestamente para generar un ahorro en el gasto del Congreso del estado.

En un plazo de 30 días, los diputados locales deberán ponerse de acuerdo en la integración de cada una de las comisiones. De acuerdo a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, se hará una fusión de los 27 órganos que actualmente existen para el desahogo de la agenda legislativa.

Explicó que se busca crear una comisión por diputado para que existan sólo 20 que atiendan los distintos temas.

La coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT) dijo que con la reducción de comisiones también se logrará una disminución de la nómina, pues no habrá necesidad de contratar a un gran número de asesores por diputado.

Hasta el momento, cada fuerza política ha hecho sus propuestas de las comisiones que pretenden presidir, a fin de que se integren antes de que concluya el mes de septiembre. 

En tanto, diputados locales no pueden usar de manera total la sede del Poder Legislativo, ubicada en la colonia Amatitlán de Cuernavaca, ya que la empresa que la construyó, "Ago Operadores, S. A. de C.V., no la ha entregado de manera total, ya que el gobierno del estado no ha pagado la totalidad de los 472 millones de pesos que costó la obra, confirmó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

El diputado informó  que ya tuvo el primer acercamiento con representantes de la empresa y le confirmaron que el Poder Ejecutivo no ha liquidado lo acordado en el contrato.

Además, explicó que al no estar liquidado el proyecto, la empresa determinó no entregar la obra en su totalidad, lo que significa que los legisladores no podrán usar todas las oficinas construidas para la operatividad del Congreso local.

 

Sin concretar, proceso de entrega-recepción

Mientras tanto, el proceso de entrega-recepción no ha podido iniciar de manera formal para que los diputados conozcan el estado en que los integrantes de la LIII Legislatura dejaron el Congreso del estado.

Ayer, el presidente de la Mesa Directiva tuvo un primer encuentro con la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en la que se les informó de la documentación que recibirán. Sin embargo, será hasta mañana cuando se firme el acta de entrega y recepción.

Esta mañana, los coordinadores de los grupos parlamentarios se reunirán en sesión de la Junta Política y de Gobierno en la que se les informará sobre el citado proceso y de la información que recibirán en materia administrativa y financiera, sobre el estado en el que se encuentra el Poder Legislativo. 

 

 

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