Para tranquilizar a los representantes del sector privado, los legisladores aprobaron un exhorto que carece de sustancia porque los cambios ya habían sido publicados en el periódico oficial.

Empresarios se inconformaron ante el Congreso del estado por la desaparición de los fondos de Turismo y el de Competitividad y Promoción del Empleo. Afirmaron que impacta gravemente en proyectos turísticos e industriales y adelantaron que promoverán acciones legales para lograr que la reforma hacendaria no surta efectos.

Aunque el decreto de reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda, así como a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, entre otras normatividades, ya había sido publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", ayer integrantes del Consejo Coordinador Empresarial acudieron al recinto legislativo y reclamaron a los legisladores que aprobaron una iniciativa por la vía rápida y sin conocer sus efectos y muchos menos haber tomado en cuenta a los empresarios sobre la desaparición del Fitur y el Fidecom.

"Nosotros lo que asumimos es un tema de ignorancia, no se documentaron en estos temas en el Fidecom y en el Fitur y es algo grave para el desarrollo económico del estado", manifestó Jorge Mátar Vargas.

Los líderes de las distintas cámaras empresariales se dijeron traicionados por el gobierno estatal, pues con la eliminación de los fondos antes mencionados se pretende también redireccionar 18 millones de pesos que se recaudaron del pago que las empresas hacen del Impuesto sobre la Nómina y el Impuesto sobre el Hospedaje.

"Es dinero de los empresarios, es dinero que los empresarios estamos de acuerdo en aportar desde hace años que se crearon los fideicomisos y sí se acordó el destino que se le iba a dar y el destino que se le tendría que dar es el desarrollo económico. No están afectando a los que estamos acá, se está afectando al desarrollo económico del estado y se está tratando de redireccionar un recurso que es propio del sector empresarial a otros intereses", agregó el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Uribe García.

Sin embargo, los reclamantes fueron engañados por los diputados, que aprobaron un exhorto al Ejecutivo para que vetara las reformas, a pesar de que ayer mismo entraron en vigor.

Incluso, los legisladores en tribuna se dijeron arrepentidos por haber aprobado un dictamen sin haberlo leído y hasta hicieron un llamado al Ejecutivo que antes de que se publicara el decreto fuera revisado con el Consejo Coordinador Empresarial.

Al salir molestos del Congreso, los empresarios afirmaron que promoverán acciones legales para anular la reforma hacendaria.

 

 

 

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El Congreso del estado dejó sin efectos la convocatoria emitida el lunes pasado para designar a dos nuevos magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y en un periodo extraordinario de sesiones los diputados podrían retomar el proceso de designación de dichas posiciones.

A raíz de la suspensión que ordenó un juez federal a los nombramientos de dos magistrados en el TJA, los integrantes de la LIII Legislatura determinaron anular la convocatoria que emitieron el lunes pasado, pero han propuesto modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que pudieran aprobarse hoy sobre el tema de la reestructuración a este órgano y que los legisladores impulsaron desde diciembre del año pasado.

Además, los diputados pretenden aprobar hoy una reforma al artículo 147 de la Constitución Política del Estado, en materia del voto que tienen los 33 cabildos en la aprobación de reformas constitucionales.

Se ha informado de manera extraoficial que la sesión ordinaria que se suspendió ayer, pudiera ser reanudada hoy por la tarde y alargarla hasta la media noche para, finalmente, clausurar el periodo ordinario e instalar la Diputación Permanente.

También se informó de manera extraoficial, que los diputados iniciaron el proceso legal para liquidar a sus trabajadores de confianza a partir del 16 de julio, cuando iniciará un periodo de receso que terminará hasta el 3 de agosto.

 

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El Legislativo omite aprobar decretos de pensión para 21 trabajadores del Poder Judicial y tampoco asigna presupuesto suficiente para garantizar este derecho a los burócratas jubilados.

El líder de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES), Efraín Esaú Mondragón Corrales, confirmó que el Congreso local ha incurrido en doble desacato a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que no ha aprobado los decretos de pensión a favor de 21 trabajadores del Poder Judicial y tampoco ha asignado presupuesto suficiente para este órgano, a fin de garantizar el derecho de los burócratas jubilados.

El legislador local dijo que mientras sus homólogos pretenden convocar a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar nuevos nombramientos en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y en otros organismos públicos, 21 trabajadores jubilados del Poder Judicial siguen en espera de que se aprueben sus decretos pensionarios y se les empiece a pagar  lo que les corresponde por derecho desde hace más de un año.

Cuestionó, incluso, los decretos de jubilación a favor de funcionarios de alto nivel, que se aprobarán antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones (el próximo domingo), mientras que los diputados se han negado a aprobar las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial para no asignar más presupuesto.

El diputado explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó aprobar la pensión por jubilación a favor de más de 40 burócratas del Judicial, de los cuales sólo 21 se han sido validados por el Pleno, el resto se encuentran detenidos sin ningún argumento, más que la negativa de autorizar presupuesto extraordinario al Poder Judicial para este año.

 

 

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Miércoles, 11 Julio 2018 05:59

Diputados, al borde de la destitución

La Suprema Corte amenaza con aplicarles los artículos 105 y 107 de la Constitución por incumplir al menos seis sentencias de amparo relacionadas con la jubilación de trabajadores del Poder Judicial, para cuyo pago debe dotar de presupuesto; la ley señala que se debe notificar la conducta al ministerio público federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amenaza a los diputados locales con aplicarles la destitución por incumplimiento de las sentencias asociadas a los decretos de jubilación y disposición de presupuesto para el pago de las pensiones de trabajadores en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Según los acuerdos publicados en estrados, pese a que se le ha dado tiempo al Congreso de Morelos para dar cumplimiento a diversas controversias constitucionales, vinculadas al tema de las pensiones de trabajadores jubilados del TSJ, ha incurrido en constante inobservancia en lo ordenado por el máximo tribunal del país.

“Visto el estado procesal del expediente, atento a que ha transcurrido el plazo que le fue otorgado al Poder Legislativo de Morelos, mediante proveído de 31 de mayo de 2018, y en razón de que con el escrito y anexos presentados por el delegado de la referida autoridad el 13 de junio del año en curso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, no se da cumplimiento al fallo dictado en este asunto”.

“Debe decirse que la sentencia fue notificada al Poder Legislativo del Estado de Morelos el 22 de enero de 2018, de conformidad con la constancia que obra en autos, además, mediante proveídos de 15 de enero, 20 de febrero y 31 de mayo de 2018, se le requirió a efecto de que informara sobre el cumplimiento a la ejecutoria, sin que éste se haya acreditado”.

“Se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y túrnese el asunto al ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, puntualizó la SCJN.

El artículo 105 establece que se aplicarán las acciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que a su vez indica que “cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido (la sentencia), procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito.

“Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En los listados recientes de la SCJN aparecen al menos seis acuerdos idénticos, en los que se advierte la contumacia de los diputados locales, quienes están obligados a etiquetar recursos para el pago de los decretos de jubilación de trabajadores en retiro del TSJ.

Cabe destacar que los diputados pretenden hacer nuevas designaciones de funcionarios de alto nivel, que incluyen dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que implicaría disparar el presupuesto de este órgano de 35 millones a casi 60 millones de pesos, sin contar que al magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano no ha recibido el pago de su jubilación porque los legisladores, en su prisa por vaciar y ocupar la vacante magistratura, por causa incierta no etiquetaron presupuesto para el pago.

Algunos trabajadores en retiro del TSJ cuestionaron que los diputados estén más concentrados en hacer designaciones que les beneficien, que atender el urgente tema de las jubilaciones de los trabajadores del Poder Judicial. 

 

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A una semana de que concluya el último periodo ordinario de sesiones de la LIII Legislatura, el Congreso del estado tiene pendiente por desahogar (como de urgente y obvia resolución) más de 100 decretos pensionarios, de los cuales 16 son a favor de trabajadores del Poder Judicial.

El jueves pasado se reanudó la sesión ordinaria que se suspendió desde el 7 de junio y en la que se abordarían 111 decretos para otorgar pensión a trabajadores del gobierno del estado. Sin embargo, por falta de diputados se volvió a posponer para la próxima semana.

Entre los decretos enlistados por la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social están nueve que tienen observaciones del Poder Ejecutivo por inconsistencias legales. Los legisladores solventaron las observaciones y pretenden volver a aprobarlos para garantizar el derecho del trabajador, antes de que concluya la legislatura. 

Por orden de un juez, el Congreso del estado debe desahogar 16 decretos pensionarios a favor de trabajadores del Poder Judicial. 

No obstante, también se encuentran en lista de espera, 61 decretos de trabajadores que colaboraron con los diputados, e incluso algunos que son familiares o allegados.

También está –entre otras- la solicitud de jubilación de la secretaria de Educación Beatriz Ramírez, que ayer se sumó a los pendientes de la Comisión del Trabajo.

No obstante, también hay jubilaciones pendientes por desahogar que son urgentes, como dos decretos de jubilación a favor de hijos de trabajadores que ya fallecieron.

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Miércoles, 04 Julio 2018 05:45

Sólo el Congreso puede destituir a alcaldes

La Corte anula destitución de tres alcaldes acusados de incumplir laudos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las órdenes de destitución contra los presidentes municipales de Cuernavaca, Jojutla y Temoac, e invalidó sólo para estos tres casos concretos, la aplicación de la Fracción II de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, que faculta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) castigar, hasta con la deposición, a quienes incumplan sus laudos.   

Al resolver las controversias constitucionales 121/2017, 173/2016 y 67/2016, el pleno de la SCJN declaró la invalidez de la norma impugnada, porque cuando fue expedida no cumplió con el requisito del refrendo del secretario del ramo, adicionalmente al secretario de Gobierno, que exigía la legislación del estado de Morelos.

De acuerdo con las sentencias, la norma impugnada fue expedida en agosto de 2000 y en el análisis del proceso legislativo se estimó que no cumplió con el requisito de validez exigido por los artículos 76 de la Constitución local y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal.

En ese entonces, la ley  establecía que los decretos que expidiera o promulgara el Ejecutivo para que fueran obligatorios, requerían del refrendo del secretario general de gobierno, del procurador general de justicia y ─en su caso─ del secretario o secretarios a cuya dependencia competía el asunto, “no obstante ello, el impugnado no aparece refrendado por el secretario encargado del ramo, que entonces lo era el Secretario de Desarrollo Económico, además del refrendo del Secretario de Gobierno”.

En consecuencia, se declaró la invalidez de la Fracción II de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, pero únicamente aplicable para los casos concretos de los alcaldes de Cuernavaca, Cuauhtémoc Bravo; Edith Cornejo Barreto del municipio de Temoac; y Alfonso de Jesús Martínez Sotelo de Jojutla, así como revocó las tres órdenes de destitución emitidas por el TECA en su contra.

Las sentencias del pleno de la SCJN tuvieron como antecedentes las resoluciones emitidas también por sus salas, quienes han resuelto al menos 20 controversias constitucionales promovidas por ayuntamientos en contra de las destituciones de ediles e, incluso, de cabildos completos.

El criterio adoptado en salas, es que la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil no contraviene el artículo 115 de la Constitución federal, pues si bien faculta al TECA sancionar hasta con la destitución a los funcionarios que incumplan sus resoluciones, no establece que incluya a los miembros de los cabildos, quienes pueden ser destituidos únicamente por el Congreso (por ser representantes de elección popular) bajo los procedimientos previstos en la ley.

En estos casos ha declarado la validez de la norma impugnada y revocado las órdenes de deposición del TECA, razón por la cual varios ediles y regidores se han mantenido en su cargo, ante la imposibilidad o la negativa de pagar los laudos.

 

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Representante legal asegura que desde el año 2012, a más de 300 descendientes de revolucionarios se les ha negado el beneficio.

Ayer, los integrantes del llamado Frente Zapatista de la República protestaron ante Palacio de Gobierno para exigir el pago de lo que –aseguran- por derecho les corresponde a más de 300 descendientes de los revolucionarios, a los que se les ha negado desde el año 2012, cuando se emitió un decreto por el Congreso del estado para apoyarlos en necesidades básicas como salud, alimentos y seguridad social.

Arturo Castañeda Paredes, representante del Frente, informó que ayer presentaron un escrito en la oficina de Palacio de Gobierno en el que se pide el pago de las pensiones a los descendientes de zapatistas antes de que concluya la presente administración.

Aunado a lo anterior, Castañeda Paredes dijo que recientemente se nombró a nuevos encargados de la comisión creada para atender a los descendientes de revolucionarios, lo que les hace pensar que es una acción para retrasar aún más el cumplimiento de la pensión y dejar ese pendiente a la próxima administración, con el riesgo de que tampoco le dé seguimiento.

"...no sólo se trata de un recurso que tengamos que recibir, sino la dignificación de los revolucionarios que participaron al lado del general Emiliano Zapata", agregó el representante del Frente Zapatista.

 

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La parálisis la provocaron legisladores que incumplen los acuerdos de sesionar cada 15 días en el proceso electoral; la actitud de los incumplidos deja sin resolver asuntos sociales urgentes, como los decretos pensionatorios.

El Congreso del estado enfrenta una parálisis legislativa a causa de proceso electoral. Ayer, la sesión que se tenía programada a las 9 de la mañana se suspendió por falta de quórum.

A pesar que por acuerdo de la Junta Política y de Gobierno se estableció que los legisladores sesionarían una vez cada 15 días, ayer sólo siete diputados llegaron al Salón de Plenos a la hora que les fue citado por acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos.

La presidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, pidió que se hiciera el pase de lista a las 9:03 de la mañana y al no haber mayoría de diputados para la sesión, dio cinco minutos más de tolerancia en los que tampoco se logró quórum y a las 9:08 suspendió la asamblea.

Los diputados que llegaron fueron las perredistas Silvia Irra Marín y Hortencia Figueroa; Norma Alicia Popoca Sotelo y Héctor Hernández Castillo; del Partido Social Demócrata (PSD), Julio Yáñez Moreno y Manuel Nava Amores; así como Jesús Escamilla Casarrubias, del Partido Humanista (PH).

La vice coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN), Norma Alicia Popoca, confirmó que los legisladores faltistas no presentaron ninguna justificación, aunque también admitió que será muy difícil que reciban alguna sanción por no cumplir con su obligación.

Incluso, dijo que para evitar más suspensiones de las sesiones, se establecerá que los trabajos del Congreso local se reanuden posterior a las elecciones del próximo 1 de julio.

Aseguró que para entonces se reforzará el trabajo legislativo, previo al cierre del periodo ordinario de sesiones (el 15 de julio) y desahogar pendientes urgentes como la aprobación de decretos pensionarios a favor de trabajadores del Poder Judicial, que llevan varios meses esperando a que se les garantice ese derecho. Hay que recordar que LIII Legislatura concluirá el próximo 31 de agosto. 

 

 

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La representación sindical ya interpuso la queja contra el director jurídico ante la presidencia de la Mesa Directiva.

El líder sindical de los trabajadores del Congreso del estado aseguró que sus representados padecen de abusos, restricciones y acoso por parte del director Jurídico, Humberto Serrano Guevara, quien les ha prohibido el uso de celular y moverse de sus oficinas en horario de trabajo. Incluso, son vigilados mediante cámaras de vídeo en las nuevas instalaciones del Poder Legislativo.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Jesús Román Salgado, confirmó que ya intervino ante la presidencia de la Mesa Directiva por lo que consideró son violaciones claras a los derechos de los trabajadores.

Informó que la semana pasada, luego del cambio de oficinas a la nueva sede, recibió quejas de los empleados de las áreas administrativas sobre abusos por parte del director jurídico, quien hasta les habría restringido su derecho a ir al baño.

"Obviamente sabemos que debe haber orden, pero abusos y acoso laboral no lo vamos a permitir. Ya tomé cartas en el asunto comentándole a la presidenta, a la diputada  Hortencia (Figueroa Peralta) que por supuesto ella no dio ninguna indicación ni sabía lo que estaba pasando", aseveró el líder sindical.

Román Salgado dijo que este martes se reunirán con la presidenta de la Mesa Directiva para atender las quejas de los trabajadores y evitar más abusos.

De acuerdo al líder del Sindicato de trabajadores, la diputada perredista no sabía sobre lo que sucede en el Congreso local, pues (las quejas) empezaron con el cambio de las áreas administrativas al nuevo edificio que se ubica en la colonia Amatitlán de Cuernavaca.

"Confiamos en que la diputada Hortencia tome cartas en el asunto y le diga al licenciado Serrano que no genere incertidumbre con los trabajadores", agregó.

 

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Los diputados del Congreso del Estado de Morelos, se pronuncian para que las 32 legislaturas locales se solidaricen con la Secretaria de Marina-Armada de México con relación a los hechos ocurridos en Cd. Guzmán Jalisco del pasado 5 de junio del año en curso, en donde miembros relacionados al llamado Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), agreden de manera cobarde, dolosa e irresponsable a un grupo de marinos mexicanos a quienes tratan de manera soez, primitiva e imprudente, en el marco de una supuesta manifestación pacífica en el lugar y día referidos. 

Los diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, sus distintas fracciones desaprueban dichos hechos, excitando a las demás legislaturas a pronunciarse bajo los siguientes términos: 

1.- A favor de la paz entre los mexicanos;
2.- Al respeto hacia las instituciones;
3.- Particularmente se solidarizan con el alto mando de la Armada de México por su responsable decisión de no incurrir en provocaciones; 
4.- Piden el esclarecimiento de los hechos y la consignación e identificación de los responsables ante las autoridades civiles conducentes y; 
5.- Reconocer públicamente el acto de gallardía y prudencia de los marinos afectados. 

Esta legislatura en voz de la Presidenta en funciones, la Diputada Hortencia Figueroa Peralta, accede a la petición del Dip. Francisco Moreno Merino como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PARA QUE LOS HECHOS NO SEAN OLVIDADOS Y SÍ SEVERAMENTE CASTIGADOS. 

MÉXICO NO ESTA EN MOMENTO DE LUCHAS FRATICIDAS, EL ESTADO MEXICANO Y SUS INSTITUCIONES DEBEN SER RESPETADAS A CABALIDAD.

ATENTAMENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

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