Legisladores electos expresan apoyo a Salazar Solorio.

El gobernador electo de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que habrá coordinación con el gobierno federal y comentó que en el reciente encuentro, el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió honestidad y acabar con la corrupción.

Por otra parte, legisladores electos, locales y federales expresaron su respaldo a Rabindranath Salazar Solorio, quien recientemente fue nombrado coordinador en Morelos del siguiente gobierno de la república.

Este jueves, el también alcalde de Cuernavaca acudió a la ceremonia convocada por el Foro Morelense de Abogados para conmemorar su día. En entrevista comentó que los gobernadores electos sostuvieron una reunión con AMLO, en la que el clima fue cordial y se estableció el acuerdo de una relación de respeto de comunicación estrecha y coordinación. “Estuvimos todos, la verdad muy contentos de poder  asistir, porque creo que eso es lo que nos falta, esa comunicación con el (virtual) presidente y estuvo muy amena la plática”, abundó.

“Nos dijo que le cumpliéramos a la gente, que no caigamos en temas de corrupción y que seamos honestos con todos los ciudadanos”, expresó, además de comentar que pudo hacer uso de la palabra y aprovechó para llamar a los presidentes municipales electos a evitar el endeudamiento de los ayuntamientos.

Como se había anunciado, la reunión se realizó este miércoles en la Ciudad de México y ayer Blanco Bravo mencionó en entrevista que observó que el próximo presidente tiene la disposición -como lo dijo en campaña- de trabajar fuertemente con el próximo gobierno de Morelos con muchos proyectos.

El gobernador electo apuntó que se habrán de reunir con Rabindranath Salazar Solorio, quien fue designado el miércoles como coordinador del próximo gobierno federal en el estado, para dialogar sobre los referidos proyectos comunes. Y es que durante todo el proceso proselitista el abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia planteó la posibilidad de que, en el escenario de triunfo total como al final ocurrió, será posible “bajar” (gestionar) muchos recursos financieros de la Federación para la entidad.

En entrevista por separado, el delegado nacional del Partido Encuentro Social (PES) e integrante de la comisión de transición informó que el lunes pasado, enviaron un oficio para solicitar la reunión formal con la actual administración para iniciar formalmente el proceso de entrega recepción, pero siguen a la espera de la respuesta. “Estamos en espera de que este gobierno nos dé la respuesta para poder comenzar la transición y no esperar al último momento, con el fin de que todo se haga de manera transparente”, acotó.

Celebró que se haya dado a conocer la autorización de una auditoría, pero enfatizó que de todas formas, este equipo está haciendo una licitación para la contratación de tres empresas que habrán de hacer auditorías.

 

Legisladores electos expresan apoyo a Salazar Solorio

Por separado, los diputados federales electos del estado de Morelos por la coalición Juntos Haremos Historia (integrada por los partidos PT, PES y Morena), Alejandro Mojica Toledo, Alejandra Pani Barragán, Juanita Guerra Mena, Jorge Argüelles Victorero y José Guadalupe Ambrosio Gachuz, manifestaron su respaldo a Rabindranath Salazar Solorio, tras ser designado como coordinador estatal dentro del Proyecto Alternativo de Nación.

Cabe recordar que el cargo designado fue por parte del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de una estrategia de ahorro de recursos y la efectividad en la aplicación de los programas a favor de mexicanos.

 

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El delegado nacional del Partido Encuentro Social (PES), José Manuel Sanz Rivera, indicó que ya se solicitó de manera oficial la instalación de las mesas de trabajo con las comisiones para la transición del gobierno estatal.

Como integrante del equipo del gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, Sanz Rivera comentó que hasta ahora han recabado información que indica que los créditos (y deuda) heredada ascenderá a los 12 mil 326 millones de pesos.

Expuso que la revisión por parte de auditores dará un panorama más preciso del estado que guarda la administración, y de las condiciones en las que la nueva gestión recibirá el gobierno.

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Magistrado electoral conmina a alcaldes del Panal a resolver los conflictos por la vía legal y no con el cierre de vialidades.

Tras la jornada electoral, surgieron los primeros visos de impugnación por la distribución de regidurías en los cuatro ayuntamientos ganados por el Partido Nueva Alianza (Panal), cuyos ediles electos acudieron al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) para plantear su inconformidad.

Hasta la sede jurisdiccional llegaron los presidentes municipales electos -por el partido turquesa- de Totolapan, Omar Livera Chavarría; de Tlalnepantla, Rigoberto Espíndola González; de Ayala, Isaac Pimentel Mejía, y de Zacatepec, Oliva Ramírez Lamadrid, así como diversos candidatos a regidor.

En una breve reunión con el magistrado presidente del TEEM, Francisco Hurtado Delgado, los alcaldes expresaron su preocupación por una posible distribución inequitativa de las regidurías para la integración de los cabildos.

Hurtado Delgado explicó que será a través de los recursos de inconformidad que las instancias jurisdiccionales resolverán sus inquietudes, de acuerdo a cada caso específico y con el recurso de impugnación correspondiente, y no con la toma de carreteras ni con protestas es como se resolverán los reclamos.

Llamó a tener confianza en las instituciones y aseguró que el tribunal electoral local resolverá sus recursos con apego a la legalidad, transparencia y objetividad.

El magistrado pidió a los representantes populares electos que sean sus abogados quienes integren sus inconformidades de acuerdo al procedimiento electoral y a los medios de impugnación establecidos en la ley de la materia.

Hasta el momento, los consejos municipales y distritales no han remitido al TEEM ningún recurso de inconformidad, pero se espera que este fin de semana comiencen a llegar los primeros casos para su análisis y resolución, ya que por la ley vigente existen casos donde el ganador de la alcaldía no logra obtener regidores para su partido, o estos son pocos en comparación con los que harán oposición.

 

 

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Alfonso Miranda Gallegos tiene suspendidos sus derechos políticos, reitera el Impepac.

Una semana después de que Alfonso Miranda Gallegos fue electo por la ciudadanía como alcalde de Amacuzac, sus derechos político-electorales fueron suspendidos por determinación de la autoridad judicial, así lo confirmó la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba.

Al respecto, la consejera refirió que el pasado lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) notificó al Impepac la situación del alcalde electo, quien se encuentra preso en un penal de Durango imputado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

"Se nos avisó que el alcalde electo tiene suspendidos sus derechos políticos; no se le puede entregar la constancia de mayoría y no puede asumir el cargo en enero”, informó.

Refirió que ante tal situación, tendrá que asumir dicha responsabilidad el suplente del alcalde, Ramiro Iturbe Ibarra.

Miranda Gallegos fue detenido el pasado 7 de mayo en Amacuzac por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la SEIDO. A pesar de estar preso, Miranda Gallegos fue postulado por la coalición Juntos Haremos Historia y ganó la elección con más de tres mil 672 votos de una participación ciudadana de seis mil 407.

 

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Exhortan a los diputados locales en funciones a evitar “acciones que causen más repudio a la población por su desempeño”, así como a “manejarse con ética y honorabilidad”.

En un intento por frenar las reformas y nombramientos de última hora que pretenden llevar a cabo los integrantes de la actual Legislatura, de manera inédita, los cargos electos federales y locales hicieron un “respetuoso, pero enérgico llamado” a los diputados en funciones a fin de que eviten “acciones que causen más repudio a la población por su desempeño”.

Mediante un manifiesto y una carta a la opinión pública, quienes asumirán próximamente los cargos de alcaldes en 16 municipios, así como la totalidad de los diputados locales por elección directa y los senadores electos, hicieron un exhorto“al poder ejecutivo y legislativo a manejarse con ética y

Honorabilidad”.

La tarde del martes, los diputados de la bancada oficialista aprobaron la entrega del 4.7 por ciento del presupuesto total de la entidad al Poder Judicial, así como la reforma que deja en manos del Fiscal General del Estado (una plaza que estará ocupada los próximos diez años por Uriel Carmona Gándara, nombrado en esta administración) nombrar al titular de la Fiscalía Anticorrupción.  

También aprobaron la creación de dos plazas más de comisionado en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), en la cual anuncian que colocarán gente afín.

Además, los diputados salientes tienen programado aprobar en las próximas horas (antes de que concluya el actual y último periodo ordinario de sesiones) el nombramiento de dos personas cercanas a la administración estatal como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, y otras reformas que impondrán límites (hoy inexistentes) al próximo gobierno estatal, así como la aprobación de jubilaciones para funcionarios y gente allegada a la administración gubernamental.

Ante esto, los cargos electos (surgidos todos de la coalición Juntos Haremos Historia) manifestaron por escrito su apoyo al próximo gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y conminaron a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a  que rindan cuentas claras de sus administraciones y con estricto apego a la legalidad asuman sus respectivas responsabilidades, así como a frenar la ola de cambios y nombramientos de última hora.

“Hoy nos corresponde cumplir a los que nos otorgaron esa confianza”, señalan en los documentos que hoy circulan y que incluyen el llamado a “que se abstengan de tomar decisiones que los terminen de hundir en el desprestigio que la sociedad les mostró en los pasados comicios”.

“Al poder judicial se le pide asumir su función real, con lo que la Ley mandata y no sea cómplice…” de los abusos que se señalan en el manifiesto y la carta abierta emitida como reacción al comportamiento de los legisladores salientes.

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“Morelos superó las expectativas, tuvo un comportamiento ejemplar”, manifestó el presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, al hacer un balance del proceso electoral.

En entrevista exclusiva, el representante del INE en la entidad destacó que no hubo incidentes y lo que ocurrió en esta contienda, con una participación de más del 67 por ciento de los electores, es digno de registrar.

“Muchos planteaban el descarrilamiento de la elección, manifestaban su preocupación de que no se completara la elección. Señalaban lo difícil que se estaba poniendo el ambiente; yo diez días antes de la jornada estaba preocupado, pero todo resultó positivamente”, expresó al recordar que había varios factores incluso se observaba en el horizonte la posibilidad de que los adversarios al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador se unieran (en este momento sabemos que ni así por el amplio porcentaje con el que ganó el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia); e Morelos había una tensión política muy fuerte con candidatos con mucha intención de ganar la elección aun cuando el candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo en encuestas mostraba llevar la delantera.

Otro de los elementos fue la carencia de recursos financieros por parte del organismo público local y aun cuando llegasen los fondos les quedó muy poco tiempo para organizar una elección operativamente correcta y adecuada.

En este rubro, reconoció que el INE tuvo que entrar a apoyar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), pues aportó a un secretario ejecutivo, personal jurídico, al menos tres personas; un experto en sistemas para el Programa de Resultados Electorales Preliminares; además tuvo que aportar a un experto en organización electoral, asesorías para capacitaciones, entre muchos otros elementos, lo que “se convirtió en un nubarrón para Morelos”, aceptó.

Aispuro Cárdenas hizo anotar en el recuento que también había otro factor que apuntaba a la complicación de la elección, que es la delincuencia organizada, sobre todo en el sur del estado, en la zona colindante con el estado de Guerrero: “es decir las investigaciones estaban mostrándonos que había delincuencia organizada mezclada con la política y con los procesos electorales y con las campañas, no me pronuncio más sobre lo que está haciendo la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales”.

En este sentido apuntó que hasta el domingo pasado se registraban 67 denuncias ante la Fepade en Morelos. Resaltó que en esta materia todas las autoridades federales y estatales de seguridad pública y el ejército “hicieron un espléndido trabajo”, y la delincuencia organizada no se manifestó y no hubo brotes de violencia.  

Por lo anterior, refirió se enfrentó un gran temor, por lo que hubo ciudadanos que desertaban o se negaban a ser funcionarios, porque tenían miedo por una impresión que se dispersó por todo el estado, pero al final se logró holgadamente este objetivo de identificar y capacitar a quienes recibieron y contaron los votos.

Aispuro Cárdenas, ya en la comodidad evidente, expresó en la entrevista otorgada en sus oficinas que hubo un éxito en la instalación de casillas y un interés en la elección sin precedentes.

Hizo énfasis en el compromiso de las y los ciudadanos que estaban en la fila del día de la jornada electoral y que aceptaron asumir el papel de funcionarios de casilla porque algunas personas no llegaron de último minuto. “Esa aceptación los llevó hasta las dos o tres de la mañana del siguiente día, pero sobre todo nos da cuenta y confirma que en México las y los ciudadanos se han apropiado ya de ese espacio que es la elección y son ellas y ellos quienes hacen las elecciones, no son las autoridades, funcionarios ni los partidos”.

El vocal ejecutivo, quien llegó recientemente a Morelos después de haber laborado en San Luis Potosí expresó: “para mí ha representado un desafío, un reto, es un estado que no conocía, pero me he quedado con un gran y buen sabor de boca, me quedo con una gran experiencia”.

 

Avanzamos en desmontar el mito del fraude electoral

Para Aispuro Cárdenas, es notorio el avance en erradicar la desconfianza de la población en los procesos electorales. “A mí me parece que estamos avanzando en desmontar el mito del fraude electoral, son tantas las personas que están en la casilla al término de la elección que no es posible que alguien esté a fuera de la casilla con un lápiz para borrar la boleta, no están esperando a ver a qué hora sale una urna para hacer un cambiadero y rellenarlo porque eso no tiene ya ningún sentido, hay muchas medidas de seguridad; pero creo que en estos años antes del proceso electoral siguiente tenemos que seguir en ese avance de desmontar en esta leyenda urbana”.

Pero aclaró que por otra parte se necesita dar pasos firmes en torno a la actuación de los partidos políticos con respecto a este tema, deben dejarse de los hábitos perniciosos de querer coaccionar el voto, como se brincan los candados o se tuerce la ley. Advirtió que tienen que dejar de ver como un talento o virtud el buscar obtener resultados no ganados en las urnas de forma democrática.

Desde esta óptica los propios partidos y sus líderes han coadyuvado en que la ciudadanía no confíe en las instituciones, y deben aportar en la reconstrucción de esta relación positiva de participación y sentido de pertenencia.

 

Se plantea la necesidad de una gran reforma electoral

Al preguntar los pros y contras sobre las elecciones concurrentes y la viabilidad de centralizar las elecciones, Aispuro Cárdenas planteó que es un hecho que la casilla única que queda, porque no es justo que el ciudadano tenga que ir a votar a diferente lugar, tener dos registros, dobles marcas, y demás.

Pero consideró que el legislativo deberá revisar cómo diseño el esquema de votación, porque el poner las seis urnas y otros aspectos operativos muy complejos como el hecho de que no se puede levantar actas hasta acabar el escrutinio de las seis elecciones, y los ciudadanos que actúan como funcionarios de casilla no son profesionales con representantes de partidos políticos que sí lo son –“más profesionales en molestar y en presionar”-, se hace indispensable la modificación.

Mencionó que también se tiene que comenzar por aplicar la tecnología, como por ejemplo en el uso de casillas o voto por vía electrónica. Uno de los casos en los que se podría empezar es el de las casillas especiales. De modo que en esas mesas receptoras de voto no se limite el número de boletas a 750 por casilla, porque el tiempo no es suficiente para tender a más de esa cantidad de personas. Es factible, pero sin restar medidas de seguridad y confianza.

En cuanto a la limitación o retraso de los recursos del Ejecutivo estatal al Impepac, dijo que desconoce las condiciones internas que tenía el gobierno estatal y el Congreso local, pero aseveró: “lo que sí sé es que era responsabilidad del ejecutivo y del Congreso allegar de recursos al organismo público local electoral y al tribunal y en eso sí falló. Por qué, no lo sé, no voy a especular, pero no debe volver a suceder. Eso debe ser resuelto por el Legislativo.

La autonomía de los organismos electorales no puede depender de otro poder, y por ello consideró necesario diseñar mecanismos que garanticen esa autonomía financiera. Lo cual deberá ser parte de una gran reforma que viene.

“Estamos en el umbral de un gran debate político que tiene que intervenir la sociedad”, expresó al exponer que no se podría expresar una sola alternativa de centralización o un sentido contrario de la organización de las elecciones.

La reforma deberá además abordar aspectos tales como el sancionar de manera más fuerte a quienes actúan de manera perniciosa, una legislación que deje de castigar a los pobres que en condiciones de pobreza acepta unos cuantos centavos a cambio de un voto y que castigue o se enfoque a eliminar a quienes operan en ese esquema de compra de conciencias con sufragios.

“No sé cuál será la salida, pero creo que debemos dejar de considerar que las elecciones son caras y que por tanto la democracia es cara, es más cara la violencia en calle, la guerrilla, es más cara la confrontación entre ciudadanos y las guerras civiles”, concluyó.

 

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El Legislativo omite aprobar decretos de pensión para 21 trabajadores del Poder Judicial y tampoco asigna presupuesto suficiente para garantizar este derecho a los burócratas jubilados.

El líder de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES), Efraín Esaú Mondragón Corrales, confirmó que el Congreso local ha incurrido en doble desacato a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que no ha aprobado los decretos de pensión a favor de 21 trabajadores del Poder Judicial y tampoco ha asignado presupuesto suficiente para este órgano, a fin de garantizar el derecho de los burócratas jubilados.

El legislador local dijo que mientras sus homólogos pretenden convocar a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar nuevos nombramientos en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y en otros organismos públicos, 21 trabajadores jubilados del Poder Judicial siguen en espera de que se aprueben sus decretos pensionarios y se les empiece a pagar  lo que les corresponde por derecho desde hace más de un año.

Cuestionó, incluso, los decretos de jubilación a favor de funcionarios de alto nivel, que se aprobarán antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones (el próximo domingo), mientras que los diputados se han negado a aprobar las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial para no asignar más presupuesto.

El diputado explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó aprobar la pensión por jubilación a favor de más de 40 burócratas del Judicial, de los cuales sólo 21 se han sido validados por el Pleno, el resto se encuentran detenidos sin ningún argumento, más que la negativa de autorizar presupuesto extraordinario al Poder Judicial para este año.

 

 

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La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, confirmó que Alfonso Miranda Gallegos tiene suspendidos sus derechos político-electorales.

Al respecto, refirió que la autoridad judicial notificó al Instituto Nacional Electoral (INE) que el ex diputado local, preso por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, no tiene salvaguardados sus derechos políticos.

En tanto se resuelve dicha situación legal, será el suplente de Miranda Gallegos quien tome protesta del cargo como presidente municipal de Amacuzac.

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Este miércoles, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) realizó la entrega de constancias a 153 regidores designados como integrantes de los 33 cabildos.

En presencia de los representantes de los partidos políticos, la consejera presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba, hizo un llamado a los regidores a trabajar sin atender a diferencias políticas.

León Trueba también refirió que los 33 cabildos están integrados de manera plural, a raíz de los resultados de la elección del 1 de julio, por lo que invitó a los regidores a trabajar para garantizar la paz en los municipios.

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Hay apelación contra auto de formal prisión.

La defensa legal de Alfonso Miranda Gallegos, alcalde electo de Amacuzac preso en un penal federal, acusado de delincuencia organizada, espera que la próxima semana un tribunal unitario resuelva la apelación contra el auto de formal prisión dictado por un juez federal y pueda obtener su libertad.

Cristian Fragoso Velázquez, abogado de Miranda Gallegos, dijo que por licencia del magistrado del Segundo Tribunal Unitario, se canceló la audiencia prevista para este martes y se reprogramó para el 17 de julio, para desahogar el recurso de apelación promovido contra el auto de formal prisión (cuyo expediente se tramita con el anterior sistema de justicia penal), que le fue dictado por el juez segundo de distrito del Decimoctavo Circuito.

Confió en que la resolución será a favor de Miranda Gallegos, ya que en el expediente penal no existen elementos suficientes para mantenerlo en prisión, ni que lo vinculen a actividades ilícitas, como supuestamente sostiene la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Dentro del expediente no hay una sola llamada, no hay una sola fotografía, tampoco hay un solo testigo que refiera que en algún momento él se haya reunido o haya pertenecido de manera directa a este grupo delincuencial”, dijo en alusión al cártel de “Los Rojos”, liderado por Santiago Mazari Hernández, sobrino de Alfonso Miranda.

Explicó que pidió al tribunal unitario un análisis exhaustivo del expediente e identificar posibles “tintes políticos” relacionados con su aprehensión y traslado a una prisión federal, ya que en el expediente de la SEIDO no hay elementos de prueba que lo vinculen a un acto criminal.

Dijo que Miranda Gallegos se encuentra confiado en que pronto recuperará su libertad y agradeció el apoyo de los ciudadanos para obtener nuevamente el triunfo como alcalde electo de Amacuzac, pese al “linchamiento mediático”.

Agregó que la audiencia para desahogar la apelación se realizará el próximo martes y, posteriormente, en un plazo de 10 días hábiles el Segundo Tribunal Unitaria emitirá su fallo. Si es a favor, Miranda Gallegos obtendría su libertad a la brevedad. En caso contrario, la defensa recurriría al juicio de amparo indirecto.

El abogado destacó que aun cuando su representado siga en prisión en la víspera del 1 de enero de 2019, fecha en que toman protesta los alcaldes, entraría en funciones el suplente hasta que Miranda Gallegos agote los medios de defensa y no sea condenado.

Previo a la rueda de prensa ofrecida por el letrado, un grupo de seguidores de Miranda Gallegos realizó una marcha en el centro de Cuernavaca para exigir su libertad.

El pasado 6 de mayo, elementos de la División de Investigación de la Policía Federal realizaron un operativo simultáneo en Tecámac, Estado de México, y Amacuzac, Morelos, que derivó en la detención de Miranda Gallegos y Sergio Sánchez Landa, alias “El Telúrico”, quienes son identificados como presuntos colaboradores cercanos de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, y líder del cártel de “Los Rojos”, con fuerte presencia en Guerrero y Morelos.

Miranda Gallegos, según la PGR, intentó sin éxito ocultarse de la autoridad federal, al hacerse pasar como operador de una línea de transporte en el Estado de México.  

 

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