La legislación que prohíbe las llamadas “terapias de conversión” ya está vigente y está en proceso la elaboración de los protocolos de denuncia y para la aplicación del marco en lo relativo a sanciones que van hasta los cinco años de cárcel. 

Isidro Añorve Sánchez, activista de la comunidad de la diversidad, explicó que varias organizaciones civiles acordaron con la Fiscalía General del Estado la realización y aplicación de los lineamientos para que se aplique la normatividad y que a las víctimas denunciantes no se les revictimice.

El también director de atención a la diversidad en Cuernavaca comentó que muchas veces hay familiares que desconocen que es un delito llevar a una persona LGBTTTI a esas “terapias”. “El artículo vigente es claro, al señalar como responsable a cualquier persona que promueva, haga o ejecute terapias de conversión en contra de otras”, sin importar si se trata de padres o madres, hijos, médicos, psicólogos, trabajadores de esos centros de internamientos, entre otros afirmó.