El objeto de esta Ley es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Entre algunas de las características principales de esta Ley, destacan:

Se establecen límites al uso de dinero en efectivo, que rebasen las cuantías determinadas por la propia ley, en operaciones relacionadas con la adquisición de bienes, tales como:

• Operaciones vinculadas a la práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos.

• Comercialización de tarjetas de crédito o tarjetas de prepago.

• Emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero distinta a la realizada por entidades financieras.

• Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras.

• Prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes.

• Comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra-venta.

• Subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra-venta de dichos bienes.

• Comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.

• Prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.

• Prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores.

• Prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, como en compra-venta de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes; manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores.

La Ley obliga a las entidades financieras, intermediarios no financieros o prestadores de servicios de fe pública (quienes participan en determinadas transacciones económicas tales como fedatarios públicos, notarios y corredores públicos) a cumplir con obligaciones como: Verificar la identidad de clientes y usuarios a través de la solicitud de información sobre su actividad, ocupación o fuente de ingreso, además de informar a las autoridades federales sobre actividades inusuales, preocupantes o relevantes y conservar y proteger por un periodo de 5 años la documentación relacionada a dicha información. La finalidad es recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, desarticular las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar se financien con esos recursos.