El impacto provocado por el asesinato de la diputada Gabriela Marín Sánchez seguramente modificará el precario equilibrio de intereses en el Congreso local, que está cimentado en volubles alianzas que apenas sirven para aprobar situaciones urgentes para evitar sanciones a los legisladores y para no dar un servicio a la sociedad morelense.

No hay ideologías ni espíritu de servir, sino sólo la consideración de que los recursos asignados al Congreso local y toda la capacidad de decisión que implica el cargo constituyen un patrimonio personal.

El sentido de las votaciones está condicionado a satisfacer intereses de grupo e incluso personales y no existe el concepto de honor que les impidiera cobrar sus elevados ingresos aunque no hayan realizado ninguna de sus tareas principales.

Para colmo, el Poder encargado de vigilar a los otros poderes ni siquiera rinde cuentas del uso de su elevado presupuesto, que para colmo aspiran a incrementar aún más en el próximo año.

Todos los que integran el Congreso local apenas están a tiempo de quitar de su currículum la deshonra de formar parte de la peor Legislatura de la historia, el humillante título ganado apenas en el primer año de labores.