Ayer, la regidora indígena de Tlalnepantla Elpidia Torres Ramírez denunció públicamente a su alcalde, al que acusó de someterla a violencia política de género.

Ángel Estrada Rubio quizá no espera tener una carrera política de larga duración, porque al incurrir en ese tipo de conductas se arriesga a ser incluido en el registro nacional de violentadores, lo que automáticamente lo hace inelegible para buscar un cargo de elección.

Lo mismo le pasará, si los procesos siguen su curso, a varios de los diputados locales que controlan el Congreso y que desde el ladrillo e el que se han subido ordenaron hostigar a varias de sus homólogas.

Apostar por la tardanza de la ley parece ser el único camino de quienes agreden a diversas mujeres que desempeñan un cargo de elección, pero es una defensa muy débil, que más pronto que tarde se verá inadecuada.