Francisco Santillán pidió licencia definitiva; toma su lugar Ulises Vargas Estrada.

Aunque se preveía que los integrantes de la LIII Legislatura que acudieron a sesionar la noche de este sábado aprobarían por la "vía rápida" temas diversos y polémicos, al final no fue así, ya que después de aprobar puntos de trámite en el orden del día, decidieron suspender la sesión, para retomarla en las próximas horas.

La sesión  ordinaria del Pleno, iniciada pasadas las nueve de la noche, fue la continuación de la iniciada desde el pasado 12 de julio y que ha sido retomada por lo menos en dos ocasiones.

Al inicio, el diputado independiente (antes del Partido Nueva Alianza), Francisco Santillán Arredondo, pidió licencia definitiva. Inmediatamente rindió protesta su suplente, Ulises Vargas Estrada.

Posteriormente, los legisladores aprobaron con 21 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, la enajenación de un predio ubicado en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), en el municipio de Jiutepec, para otorgarlo a una empresa privada que se va a encargar de la comercialización de arroz producido por morelenses. También, y con el mismo fin, se enajenó un predio en el municipio de Jojutla que beneficiará a la Sociedad de Arroceros de la zona sur del estado de Morelos. 

De forma sorpresiva, los diputados también nombraron una nueva titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del estado, toda vez que Martha Patricia Bandera Flores renunció al cargo. En su lugar fue aprobada la designación de Aleyda Castro Díaz.

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Entregaron diputados el Premio Estatal de Abogados Antonio Díaz Soto y Gama.

En la sesión solemne que tuvo lugar ayer jueves en la sede del Congreso local, el magistrado federal David Jiménez González recibió el Premio Estatal de Abogados Antonio Díaz Soto y Gama en la categoría al mérito en el ejercicio en municipios en órganos constitucionales autónomos.

Jiménez González, ex alcalde de Cuernavaca, ex procurador, ex legislador federal y local en la Ciudad de México, entre otros cargos que ha ocupado a lo largo de su carrera, recibió el reconocimiento de manos de los legisladores.

Otros de los galardonados fueron, en la categoría de mérito académico, la maestra Marta Claudia Guadalupe Anguiano y Héctor Horacio Campero Villalpando. El mérito al ejercicio del derecho en el Poder Legislativo se reconoció a Nayeli Rebollosa Aguilar y Oswaldo Eduardo Aguilar Vieyra; el mérito del ejercicio del derecho en el Poder Ejecutivo fue para Rogelia Gómez Vargas, y el mérito al ejercicio en el Poder Judicial para Nancy Aguilar Tovar y Antonio Pérez Ascencio.

De igual modo, el mérito en el ejercicio de la postulancia y en las causas sociales, Ricardo Tapia Vega, y en el ejercicio público Elda Flores León y Manuel Díaz Carvajal.

 

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Legisladores locales llamaron a la prudencia y a la paciencia a los diputados electos, tras críticas.

Diputados locales llamaron a la prudencia y a la paciencia a los legisladores electos y los invitaron a una mesa de diálogo para que conozcan las acciones que han impulsado como integrantes de la LIII Legislatura.

Tras las críticas hechas por diputados electos de la coalición Juntos Haremos Historia, que conformaron un frente en contra de las decisiones que en los últimos días han tomado los diputados, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local Hortencia Figueroa Peralta les pidió paciencia y esperar a que inicie su periodo para hacer lo que crean necesario.

"Las decisiones que aquí hemos tomado, lejos de hundir a nuestro estado y a esta Legislatura, fortalecen el ejercicio democrático. La victoria obtenida debe ejercerse con orgullo, con dignidad, con pasión, con energía, con denuedo, haciendo a un lado el protagonismo y la soberbia", aseveró en su discurso ante tribuna, en el marco del Día del Abogado.

El diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Francisco Santillán Arredondo, también aprovechó la sesión solemne donde se entregó el Premio "Antonio Díaz Soto y Gama", para invitar a los diputados electos a una mesa de diálogo y conozcan lo que la LIII Legislatura ha hecho por el estado.

"Les pido dejar la comodidad de un escritorio y sus redes sociales y generar mesas de trabajo, donde se conozca lo que estamos haciendo y sus motivaciones. Ustedes, los ganadores, no tienen el monopolio del amor a Morelos, ni el monopolio a los buenos deseos. Nosotros también construimos y queremos construir un mejor escenario para nuestros hermanos morelenses", manifestó Santillán Arredondo.

El Congreso del estado otorgó el premio estatal "Antonio Díaz Soto y Gama" a los abogados Marta Claudia Guadalupe Anguiano y a Héctor Horacio Cantero Villalpando, por el mérito en el ejercicio académico; mérito al ejercicio del derecho en el Poder Legislativo a Nayeli Rebollosa Aguilar y a Oswaldo Eduardo Aguilar Llera; mérito del ejercicio del derecho en el Poder Ejecutivo a Rogelia Gómez Vargas, mérito al ejercicio en el Poder Judicial a Nancy Aguilar Tovar y a Antonio Pérez Ascencio. El mérito en el ejercicio en municipios en órganos constitucionales autónomos y órganos autónomos se dio a David José del Carmen Jiménez González; a la postulancia y en las causas sociales a Ricardo Tapia Vega; y el ejercicio público a Elda Flores León y Manuel Díaz Carvajal.

Y en reconocimiento a la trayectoria legislativa al diputado Francisco Moreno Merino. 

 

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Aprueban algunos de los decretos que otorgan pensión a trabajadores del Poder Judicial.

Ante el riesgo de ser destituidos, los diputados locales ayer empezaron a cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y desahogaron parte de los decretos de pensión a favor de trabajadores del Poder Judicial.

Durante la sesión ordinaria de ayer, el Pleno del Congreso local aprobó 15 decretos que permanecieron en la congeladora por más de 10 meses, a causa de la controversia constitucional que promovió el Poder Ejecutivo y que por orden de la SCJN debió haber desahogado desde hace varios meses.

Sin embargo, siguen en lista de espera al menos seis decretos de pensión a favor de trabajadores jubilados que deberán aprobarse antes del domingo, cuando concluirá el último periodo ordinario de sesiones de la LIII Legislatura.

A esos decretos también se suman al menos 40 más solicitudes de jubilación de trabajadores del gobierno del estado, entre los que destacan las de los secretarios de despacho Jorge Michel Luna, de Hacienda; Beatriz Ramírez, de Educación; y de Salud, Patricia Mora González. Asimismo, la solicitud de Anahí Bahena, esposa del secretario de gobierno Ángel Colín López. 

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Realizan legisladores por la vía rápida cambios en materia hacendaria.

El Congreso del estado desapareció cuatro fondos estatales, entre los que destacan el Fondo Turismo Morelos y el de Competitividad y Promoción del Empleo, con lo que de forma automática eliminaron de la ley hacendaria el cobro de los impuestos sobre el Hospedaje y sobre la Nómina.

En el proceso de transición del gobierno estatal que encabezará Cuauhtémoc Blanco Bravo, en octubre próximo, los legisladores también extinguieron el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal y el Fondo del Fortalecimiento Municipal, que el mismo Congreso creó y de los que nunca se justificó el ejercicio de los recursos que manejaban.

Por si fuera poco, dentro de las modificaciones que en materia hacendaria aprobó el Poder Legislativo, también se eliminó el programa de Inversión Pública del estado. 

A propuesta del Poder Ejecutivo, los integrantes de la LIII Legislatura reformaron, por la vía rápida, los artículos 25, 48 y el 58 bis 9, 58 bis 10 de la Ley General de Hacienda, la fracción segunda de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable, así como diversas disposiciones de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018.

De acuerdo al Poder Ejecutivo, durante el transcurso del año 2018 se registraron varios gastos extraordinarios presupuestales que obligaron a reorientar recursos a otros rubros, como fue la ampliación presupuestal al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) por más de 80 millones de pesos y al Tribunal Electoral del Estado por siete millones.

Incluso, argumentó que el desastre natural registrado en septiembre del año pasado también obligó a realizar ajustes en el presupuesto para la reconstrucción de la entidad y con la finalidad de prever gastos extraordinarios en un futuro, se determinó desaparecer los organismos antes mencionados.

De acuerdo al dictamen que ayer aprobaron los legisladores con 21 votos a favor, el Fideicomiso Turismo Morelos disponía de 42.8 millones de pesos y el Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 160 millones; ambos tenían la finalidad la promoción del turismo y el empleo en el estado.

Mientras tanto, el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal tenía recursos por más de 160 millones y el Fondo del Fortalecimiento Municipal más de 25 millones. Los recursos de estos organismos tenían como destino la realización de obra pública municipal y para la reconstrucción del estado, tras el sismo del año pasado.

 

 

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Viernes, 13 Julio 2018 05:22

Frenan entrega de magistraturas

Un juez federal ordena al Congreso suspender el nombramiento de dos plazas en el Tribunal de Justicia Administrativa hasta que se resuelva el juicio de amparo solicitado por un litigante que también busca ser magistrado.

Un juez de distrito frustró la intención del Congreso local de concretar la designación, por la vía exprés, de dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

El abogado y aspirante a magistrado Jaime Castera Toscano promovió un juicio de amparo, que fue radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, por los vicios en la convocatoria emitida con premura por los diputados.

El litigante básicamente impugnó que la convocatoria estuviese vigente por unas horas y se exigiera a los aspirantes una serie de documentos y un ensayo jurídico-científico, imposibles de presentar en los términos de la convocatoria exprés.

Ante ello, el juez segundo de distrito del Decimoctavo Circuito concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, para efecto de que el Congreso continúe con el desahogo del proceso establecido en la convocatoria emitida y cerrada el 9 de julio, pero se abstenga de concluirlo y hacer las designaciones.

“Así con fundamento en los artículos 128, 131, 138 fracción I y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados para estos efectos: Se continúe con el proceso de selección establecido en la convocatoria de 9 de julio de 2018 en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5610, por el cual se pretende elegir a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pero se abstengan las autoridades responsables de concluir el procedimiento, esto es, no emitan la declaratoria correspondiente al nombramiento y designación de magistrados a que refiere dicha convocatoria”, estableció el juzgador federal.

Esta no es la primera vez que el Congreso, por malos procedimientos legislativos e insistencia de nombrar juzgadores allegados a los legisladores, enfrenta este tipo de obstáculos. Después de ceder la jubilación como magistrado a Orlando Aguilar Lozano (para dejar la vacante) y revocar el nombramiento de Guillermo Arroyo Cruz como su sucesor, éste último promovió sendos recursos de amparo que impidieron a los diputados concretar la designación. 

 

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Plantean disminuir en un 70% el gasto del Poder Legislativo y reducir el número de comisiones.

Diputados locales electos adelantaron que impulsarán una reingeniería administrativa y financiera en el Congreso del estado, a partir del 1 de septiembre.

En rueda de prensa, la diputada por el VI distrito, Ariadna Barrera Vázquez, informó que disminuirán en un 70% el gasto del Poder Legislativo y se reducirá el número de comisiones.

Informó que tras la reunión con el virtual presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, se acordó impulsar un plan de acción a nivel nacional para reducir el gasto público y la burocracia, y el Congreso del estado no será la excepción.

Al respecto, adelantó que anularán todos los nombramientos que logren concretar los actuales legisladores y revisarán las reformas legales aprobadas en perjuicio de la ciudadanía.

Como diputados, dijo que impulsarán iniciativas para concretar la revocación de mandato y darán marcha atrás a la reelección, entre otras propuestas.

Por su lado, el diputado por el III distrito, José Casas González, informó que en la primera quincena de agosto podría definirse al coordinador del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que, a su vez, buscará concretar las acciones que anunció Ariadna Barrera, mediante la conformación de un frente en contra de lo realizado por la actual legislatura y el gobierno de Graco Ramírez.  

 

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Hoy por la mañana y con motivo del Día del Abogado, el Congreso local hará un reconocimiento a la larga trayectoria de David Jiménez González, quien fuera alcalde de Cuernavaca, diputado federal, senador de la república y asambleísta en la Ciudad de México, y actualmente es magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El homenajeado, quien ha sido parte de muchos de los momentos más importantes de la entidad, fue alcalde de Cuernavaca en el trienio 1973-1976. También presidente del comité directivo estatal del PRI en la entidad y procurador general de justicia.

Abogado de profesión, Jiménez González fue también delegado político en Azcapotzalco, en el gobierno de Manuel Camacho Solís, así como secretario general de Gobierno en Morelos y director general de Gobierno en la Ciudad de México, donde también fue subprocurador general de justicia.

En la capital del país fue presidente de la Asamblea Legislativa y de la Cámara de Diputados federal.

Entrevistado brevemente por La Unión de Morelos, David Jiménez González señaló que su padre fue general revolucionario zapatista y su madre maestra de Nuevo León.

Egresado de la UNAM, tiene el grado de doctor en Derecho summa cum laude por la Universidad Panamericana y ha sido catedrático en la UNAM, la UAEM y la Universidad Anáhuac.

La ceremonia en el Congreso ha sido anunciada para las 10 de la mañana de hoy, en una sesión solemne en las instalaciones del Poder Legislativo.

 

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Miércoles, 11 Julio 2018 05:00

Llamados a auditar las finanzas del Congreso

Integrantes de la actual Legislatura comenzaron un movimiento para pedir que se realice una auditoría independiente al Congreso del estado, que abarque desde la gestión de Francisco Moreno Merino hasta la administración actual.

Partidos políticos a través de sus diputados locales, indicaron que recelan de que la auditoría especial ordenada ayer por el Pleno del Congreso, la realice la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) pues desconfían de la honestidad de su titular. Por eso mismo, el diputado Javier Estrada, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, sugirió que se haga mediante un despacho externo de contadores especialistas en la materia, para obtener un resultado más confiable, propuesta que este día presentará de manera formal, por escrito.

Indicaron que la sociedad merece conocer el destino de los cuantiosos recursos del Congreso que se han ejercido con opacidad y agregaron que la inconformidad es compartida por varios partidos políticos con representación legislativa.

“Los recursos son públicos y por lo tanto debe transparentarse su uso y la única manera es una revisión detallada de las finanzas”, indicaron los inconformes, que confían en que su petición logre sustento y se ordene la revisión independiente para obtener resultados confiables.

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Cambios en la Ley Orgánica de la FGE dan mayor autonomía a esa institución y más facultades a su titular.

La tarde de ayer, el Congreso otorgó a Uriel Carmona (titular de la Fiscalía General) la facultad de designar al fiscal especializado en el Combate a la Corrupción. Además otorgó al Poder Judicial el 4.7 por ciento del presupuesto total y creo dos plazas más de comisionados en el IMIPE, entre otras reformas aprobadas en medio de la crítica de partidos y autoridades electas.  

En la sesión de ayer -a cinco días de que finalice el último periodo ordinario de sesiones- los legisladores que conforman la mayoría saliente ampliaron las facultades del Fiscal General del Estado, quien ahora tendrá bajo su responsabilidad el Centro de Control y Confianza (C3), el Centro de Justicia para las Mujeres y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y a la Familia.

De la reforma a la Ley orgánica de la Fiscalía destaca el hecho de que el fiscal general Uriel Carmona Gándara será quien designe al titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que durará siete años en el cargo y que contará con un presupuesto mínimo del cinco por ciento del total asignado a la Fiscalía General.

Los legisladores argumentaron que esas modificaciones se aprobaron para proteger a dichas instituciones "de intereses políticos y de los cambios de administración que cada seis años se dan".

En la misma sesión, los diputados reformaron el artículo 23-A de la Constitución Política del Estado, y dispusieron incrementar de tres a cinco el número de comisionados que integran el IMIPE.

En la lectura del dictamen, la diputada Edith Beltrán Carrillo, aclaró que para evitar problemas jurídicos se estableció dejar intactos los nombramientos de los actuales comisionados y sólo nombrar a dos más, mediante convocatoria que se emitirá una vez que se publique la reforma en el periódico oficial "Tierra y Libertad".

 

Logra Poder Judicial autonomía financiera 

Después de seis años y al final de la administración actual, los diputados finamente emitieron la declaratoria de validez constitucional para garantizar al Poder Judicial la autonomía financiera. 

La reforma constitucional que autoriza la asignación del 4.7 por ciento del presupuesto del gobierno del estado al Poder Judicial se aprobó desde el 2012, por la LI Legislatura, pero estuvo congelada por seis años. 

 

 

Aprueban auditorías especiales

Para justificar transparencia, los legisladores ordenaron a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) que aplicará auditorías especiales al Congreso del estado y al Poder Ejecutivo, en las cuentas públicas 2012 y hasta el 2018.

Los legisladores de oposición se pronunciaron porque las auditorías no las realice la ESAF,  sino un órgano externo y que se conozcan de forma inmediata los resultados.

 

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