El delegado de la Condusef se ha limitado casi a dar exhortaciones dirigidas –a pregunta expresa de los periodistas de esta casa editorial- a quienes vieron esfumarse su dinero de las cuentas que tienen en Banamex. Eso demuestra el poco poder que tienen las instituciones creadas para defender a los ciudadanos (en su faceta de consumidores) aunque haya pruebas suficientes de que son víctimas del delito o de las empresas. Para colmo, no cuentan con la credibilidad de las autoridades, que condicionan a la demostración fehaciente del daño la posible recepción de la queja, no la solución de la misma, ya que eso es otra historia.
Por lo menos la casa matriz del banco aludido admitió que fue víctima de un ataque internacional a sus bases de datos y ojalá eso ayude a restituir el dinero de los afectados, la mayor parte de los cuáles parece concentrarse en Jojutla, quizá para demostrar el carácter cosmopolita de tan renombrada ciudad, cuna del que esto escribe.
Pero sí el caso no hubiera sido un fraude bancario, sino un fraude electoral, o un cobro elevado de algún servicio, o el reclamo por la falta de atención de alguna autoridad, el resultado habría sido el mismo: oídos sordos al principio, grave pérdida de tiempo, mucho enojo y sólo el consuelo de que hay esperanzas de arreglo.
Las instituciones carecen de contrapesos que las obliguen a actuar conforme a lo que dice la ley. Las condicionantes (la letra chiquita) está siempre a favor de quienes están detrás del escritorio y de quienes tienen un cargo público. Por supuesto, un esquema así revive el viejo dicho de que con dinero baila el perro. No hay otra forma
