A la diputada Tania Valentina Rodríguez se le podrá tachar de muchas cosas, pero nadie puede negar que es la más inquieta de la Quincuagésima Quinta Legislatura. El pasado 27 de abril se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, el catálogo de 22 términos que definen la violencia política mismo que fue impulsado a través de una iniciativa presentada por la diputada petista a finales del año pasado.

Como bien sabemos, la violencia política por condición de género es un tipo de violencia que ha logrado un mayor auge en problemas que enfrenta las mujeres en los procesos electorales de carácter local o federal, restringiéndoles el acceso a participar, o discriminándolas por el simple hecho de ser mujeres.

Lamentablemente en México no existe un protocolo jurídico referente a la violencia política contra las mujeres, que como bien sabemos, debe de comprender todas aquellas acciones y omisiones incluida la tolerancia que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

En su iniciativa, Tania Valentina Rodríguez Ruiz explica que “el camino para eliminar la violencia en contra de las mujeres en el estado de Morelos y en el país, ha sido como un largo peregrinar por el desierto; cargado de indiferencia, de miedos, amenazas y obstáculos que formaron una barrera basada en actitudes, sentimientos y costumbres patriarcales, que solo gracias al trabajo tenaz de miles de mujeres, poco a poco se están derribando”.

Recordó que fue apenas hace 12 años que se publicó en Morelos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “y es cierto que en el papel, es decir que en la legislación, han ocurrido cambios importantes y trascendentes para las mujeres, pero en los hechos nos encontramos lejos de la eliminación del flagelo de la violencia sobre las mujeres”.

Y exhibe datos duros: a doce años de esta primigenia legislación, al mes de febrero de 2020, Morelos y Veracruz, tenían las tasas más altas de feminicidios por cada 100 mil habitantes, ambas con 3.8 mujeres asesinadas, y por si esto no fuera suficiente, desde el año 2015, se mantiene en la entidad, la Alerta por Violencia de Género (AVG) en ocho municipalidades, “y al menos desde mi óptica, la luz se ve lejana al final del túnel”, dijo Tania Valentina al presentar su iniciativa.

Ayer, acompañada de políticas y feministas como Verónica Torres, ex síndica del municipio de Puente de Ixtla; Austria Vique, feminista; Diana Trujillo, ex candidata y líder magisterial; Ixkandeox Mendoza, activista a favor de los derechos humanos; Luisa Fernanda Gómez, integrante de Marea Verde, festejó que su propuesta ya es una realidad al haberse publicado en el periódico oficial del estado, lo que la convierte en obligatorio para cumplirse.

Y es que el catálogo en mención, establece que la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Aclara que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

Como podrá observarse, no deja a nadie afuera, ni siquiera a los medios de comunicación que pretendan exhibir la ignorancia de una diputada al amparo de la libertad de expresión.

Expone, que se considerará una violación a esta ley, “divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género”.

Asimismo, “limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; y obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley.

“Con ello se pretende que nuestros compañeros hombres que se dedican a la política dejen de obstruirnos, queremos competir por los cargos públicos en igualdad de condiciones. Segundo, que los partidos políticos ya no hagan trampas y coloquen a personas que no representan al género, queremos procesos internos con reglas claras y piso parejo; y finalmente, que nuestros compañeros dejen de agredirnos quitándonos dietas, equipos de asesores, papelería, cuando nuestros señalamientos no les gustan, o porque votamos de manera diferente a la que ellos quisieran”, comentó la legisladora en conferencia de prensa.

Es decir, que los violentadores son –por principio de cuentas- sus mismos compañeros legisladores.

De hecho, Tania Valentina vaticinó que ninguno de los integrantes del grupo G-11 podrá ser candidato a un cargo de elección popular, ya que una de las sanciones es quedar “fichado” como violentador de mujeres e inhabilitado para participar en futuras elecciones, y sus compañeros de Legislatura “se pusieron de a pechito” para aplicarles la nueva disposición.

HASTA MAÑANA.