En su primera semana como presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea se ha dedicado a dos cosas: entrevistarse con funcionarios y trabajadores del Poder Judicial, y pagar facturas a quienes le otorgaron el voto para que pudiera llegar al lugar donde está, tras ocho años de buscarlo.

Primero se reunió con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y su secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, en un evento “privado” que sólo cubrió la oficina de comunicación social del propio tribunal. “Así lo pidieron ellos”, confió una fuente del Ejecutivo.

¿Por qué reunirse con el Ejecutivo sin medios de comunicación? ¿A qué le temían con haber invitado a los reporteros de la fuente? ¿No tenían para pagar su desayuno o temían que surgieran preguntas incómodas?

“El Gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo se mostró receptivo de los planteamientos realizados por el Magistrado Presidente y Magistrados del TSJ, encaminados al fortalecimiento  de la justicia en Morelos”, informó el TSJ a través de un comunicado oficial. Y no hay forma de rebatirlo porque el encuentro fue privado.

Un punto importante fue el número de magistrados que asistieron al desayuno en la azotea del Palacio de Justicia, adaptado como salón de fiestas a partir de la llegada de Jorge Gamboa Olea:

María del Carmen Aquino Celis, Guillermina Jiménez Serafín, Elda Flores León, Marta Sánchez Osorio, María Leticia Taboada Salgado, Francisco Hurtado Delgado, Andrés Hipólito Prieto, Carlos Iván Arenas Ángeles, Jaime Castera Morena, Rafael Brito Miranda, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Ángel Garduño González. 

Son 13 magistrados, es decir, dos más de los que asistieron a la misa con la que Gamboa inició su gestión al frente del Poder Judicial. Dos menos en la fracción disidente que encabeza (al menos hasta ahora), el magistrado Norberto Calderón.

En los siguientes días el nuevo presidente recibió a las organizaciones de abogados que dicen representar al gremio de litigantes:

El Consejo Estatal de Abogados que preside Ricardo Popoca González; Profesionistas y Asociaciones Unidas en Favor de la Sociedad que preside María Elena Galindo Galeana; Consejo Auténtico de Abogadas y Abogados de Morelos que preside Uriel Guadarrama Carreño; la Asociación de Jueces Jubilados que representa Antonio Salgado Sandoval; el Foro Morelense de Abogados que preside Pedro Martínez Bello; la Barra de Abogados que preside Cristhian Iván Velazco Alcocer y con la Organización de Abogados G100 que representa  Antonio Sorela Castillo. 

¿Y qué pasó con Miguel Ángel Rosete, dirigente de la sedicente auténtica (como la Sonora Santanera) Barra de Abogados del Estado de Morelos? Quizás es cuestión de agenda.

También se debe mencionar la reunión que sostuvo el magistrado presidente con un grupo de mujeres que reclaman que les devuelvan a sus hijos pues se consideran víctimas de la “violencia vicaria”, tan de moda en los últimos meses.

Y no podía faltar el desayuno con el Comité del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos (SUTSPJEM) que encabeza José Luis Páez Padilla, a cuyos agremiados convocó a redoblar esfuerzos en sus espacios de trabajo, a tratar con respeto a todos los funcionarios judiciales, a los abogados y cualquier ciudadano que se acerque a la institución, “se trata del mismo respeto que yo demandaré para todos ustedes”, les dijo.

Pero también hubo tiempo para comenzar con el “pago de facturas”. En este tema, reproduzco textualmente lo publicado por el avezado periodista Gerardo Suárez, quien en su columna Observador Político publicó lo siguiente:

En los últimos años, el Poder Judicial de Morelos se ha convertido literalmente en una bolsa de trabajo y algunos de los magistrados han incurrido en el delito de nepotismo y abuso de poder, contando con la complicidad del presidente en turno del Tribunal Superior de Justicia. Además, hay complicidad del sindicato al no denunciar estas prácticas ilícitas que no solo se mantienen sino que se amplían sin que nadie ponga orden y legalidad. Por esa razón, el Congreso a través de la ESAF podría hacer una revisión al personal y transparentar el estado del TSJ.

LA FAMILIA AQUINO.- El Nepotismo en México es una actividad que va creciendo de manera alarmante y va en contra de los principios de legalidad, honradez, parcialidad e igualdad de oportunidades a nivel laboral, debido a que muchas veces los puestos vacantes en el sector público son utilizados por familiares de los funcionarios públicos, y en Morelos el Tribunal Superior de Justicia es un ejemplo de lo que no debe ocurrir en ninguna institución pública.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas en México en su Artículo 63 bis, estipula claramente: “Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.

Y un ejemplo que cae como anillo al dedo es el de la Magistrada María del Carmen Aquino Celis, quien tal parece desde que llegó a laborar al Tribunal Superior de Justicia en abril del año de 1997, ha logrado hacer buenas relaciones lo que bien pudo permitirle hacer las gestiones correspondientes ante las autoridades del TSJ para incorporar a varios integrantes de su familia directa como en su momento lo denunciaron algunos magistrados. Aunque tampoco se duda que otros de sus familiares en efecto, sí llegaron por méritos propios a ocupar los cargos que actualmente ostentan.

Aquino Celis logró el máximo cargo en el TSJ de Morelos en agosto del 2010 cuando fue nombrada magistrada.  Actualmente,  los togados perciben como es su caso un salario de 97 mil pesos mensuales más sus prestaciones; y algunos de sus parientes como la juez Rosa María Aquino Roblero, percibe un salario de 48 mil 540;  Erika Aquino Villagómez, oficial judicial B, 10 mil 646; Lloviznah Aquino Díaz, secretario de Acuerdos, 21 mil 181; Concepción de María Aquino Suárez, secretaria de acuerdos, 21 mil 181; María del Carmen Aquino Suárez, secretario de acuerdos 21 mil 181; Inai Aquino Díaz, actuario 11 mil 964; José Herrera Aquino, juez con un salario de 48 mil 540; Juan Manuel Jiménez Aquino, juez 48 mil 540; Juan Carlos Isaac Jiménez Aquino, secretario del segundo control y juicios, 21 mil 181; María del Carmen Jiménez Aquino, Oficial judicial B, 10 mil 055; y Miriam Nayeli Ventura Aquino, 4 mil 547 Oficial judicial B.

¿ORDEN O COMPLICIDAD EN EL TSJ? Pero qué dice la Ley al respecto. Bien, el artículo 16 de la Ley General de responsabilidades Administrativas estipula que los servidores públicos deberán observar el código de ética que haya sido emitido por las Secretarías o los órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad.

Además, la citada Ley General define en sus numerales del 52 al 64 cuáles son las faltas consideradas como graves y entre las que destacan las siguientes conductas: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto y tráfico.

En su toma de protesta, como magistrado presidente del Poder Judicial en Morelos, Jorge Gamboa Olea a principios del mes de mayo, se comprometió ante las altas cifras de impunidad registradas en el TSJ a volverse competitivo y a tener una justicia digna, transparente y cercana a la gente.

Por lo tanto, debe evitar caer en omisión y hacer caso omiso a los actos de nepotismo y corrupción que salpica y ensucia al Poder Judicial que hoy representa y al cual, ya le echaron el ojo los diputados integrantes de la Legislatura LV que han visto excesos justamente hoy cuando están demandando el doble de recursos económicos tras asegurar que no les alcanza el dinero y por ello, de los 500 millones de pesos están solicitando en su autonomía financiera que ya ganaron, alrededor de mil millones de pesos.

Por otra parte, ya comenzó “la venganza de Gamboa”, de quien daremos nombres en una siguiente entrega, para confirmar que el nuevo presidente del TSJ aplica aquel refrán mexicano que dice: “A Dios rezando y con el mazo dando”.

HASTA MAÑANA.