“El Poder Judicial del Estado de Morelos fue reconocido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) por su colaboración brindada para la detención de objetivos prioritarios en el Estado de Morelos”, dice un comunicado de la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia emitido el pasado 16 de junio.

Agrega que ese jueves, “en el marco de la sesión de trabajo de la Mesa de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea a nombre del Poder Judicial en Morelos refrendó el compromiso de la institución de ser siempre coadyuvante con las autoridades investigadoras, para el restablecimiento del orden y la paz en el territorio”.

En otras palabras, la institución encargada de la persecución del delito y la que juzga a los presuntos delincuentes hoy se encuentran en inmejorables condiciones de colaboración, dejando atrás episodios de enemistad como aquellos que protagonizaron el entonces procurador Pedro Luis Benítez Vélez y el magistrado presidente Ricardo Rosas Pérez.

O más claro todavía: Jorge Gamboa Olea y Uriel Carmona son “amiguis”.

Lo anterior quedó demostrado en los hechos hace unos días, cuando en fin de semana la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) requería una orden de aprehensión urgente para detener a un presunto delincuente, pero resulta que al solicitar audiencia ante el Juez Penal en turno éste se encontraba en un convivio familiar y les mandó decir que “ora hasta el lunes”.

Eso provocó la ira de los fiscales (no sabemos si fue Uriel o Adriana Pineda, que para el caso es lo mismo), y una llamada al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia bastó no solamente para que mandaran a un juez a emitir la orden de aprehensión que se requería con urgencia, sino que le aplicaron una medida correctiva al juzgador.

En otros tiempos el desaguisado se habría manejado de manera interna en el Poder Judicial del Estado, pero el magistrado presidente quiso dar una lección a los jueces de quién manda ahora en el TSJ, así que ordenó que se emitiera un comunicado para informar que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, “por unanimidad de votos determinó SUSPENDER DE MANERA PRECAUTORIA a un Juez de Primera Instancia Especializado de Control del Segundo Distrito en el Estado de Morelos con sede en el municipio de Jojutla”.

“Este órgano colegiado advierte conductas probablemente susceptibles de responsabilidad administrativa por parte del Juzgador y ha ordenado iniciar procedimiento respectivo en contra del citado funcionario, que ante una solicitud urgente de orden de aprehensión y encontrándose en guardia, sin causa justificada omitió atender diligentemente tal solicitud con la celeridad del acto de investigación que revertía, conducta realizada por el servidor público que ocasiona una deficiencia en el procedimiento y un retraso a la Administración de Justicia, teniendo la obligación de cumplir con las diligencias del servicio que tiene encomendado como Juzgador”, agrega el boletín.

Hasta ahí todo parece indicar que esta nueva relación FGE-TSJ es favorable para la sociedad, pues recordamos con pesar aquellos tiempos en el sexenio de Marco Adame, cuando los imputados por diversos delitos salían libres porque el presidente del Tribunal y el procurador simplemente no se hablaban.

Luego, con Graco Ramírez los fiscales no tuvieron mala relación con las presidentas del TSJ en turno (Nadia Lara y Carmen Cuevas), pero tampoco existía una excelente colaboración. En este espacio hemos publicado que el entonces magistrado Jorge Gamboa Olea le propuso a Graco que lo ayudara a ser presidente del TSJ para “cerrar la pinza” contra la delincuencia con Alberto Capella en Seguridad Pública y Javier Pérez Durón (sobrino político de Graco) en la Fiscalía.

Por diferentes circunstancias no se dio la presidencia en aquel tiempo, pero hoy sí, aunque ya no esté Graco Ramírez en la gubernatura ni Capella en Seguridad Pública. Sólo Uriel y Adriana. 

Una comunicación permanente entre la institución que previene los delitos, la que persigue éstos y la que se encarga de aplicar la ley contra los delincuentes, tiene que redundar en beneficio de la sociedad.

Sin embargo, también se tiene el riesgo de que se cometan injusticias y que esta “inmejorable relación” entre las instituciones ya mencionadas, se convierta en colusión.

Les ponemos un ejemplo: Un periodista de la vieja guardia, Alejandro Figueroa Bernal, quien durante décadas ha venido editando un periódico con información del Poder Judicial, casi siempre con notas críticas que incomodan a los funcionarios.

Resulta que en su diario recorrido por los tribunales se encuentra con Leticia Castro Balcazar, la ex dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, (de quien ya nos hemos referido en un par de ocasiones en este espacio), y se hacen de palabras.

En cuestión de horas, la señora levanta una denuncia por amenazas en contra del señor Alejandro Figueroa, se la recibe el Ministerio Público y dicta medidas cautelares de protección. Así, al llegar al otro día a realizar su trabajo, el periodista se encuentra con un servidor público de la Fiscalía General del Estado esperándolo para notificarle que hay una orden de restricción para que no se acerque a la denunciante, es decir, que ya no puede entrar al Palacio de Justicia a realizar entrevistas como lo ha venido haciendo durante más de 20 años.

Y no sólo eso, el Poder Judicial del estado lo cita a una audiencia donde un Juez Penal le ratifica la medida precautoria y le advierte que si se acerca a la ex dirigente sindical será detenido por la Policía, pues hay un peritaje en materia de psicología que demuestra que la mujer está muy afectada porque en aquella ocasión que la encontró en su nuevo centro de trabajo le dijo que “se la iba a cargar la ch…”.

Así que ahora el periodista Alejandro Figueroa ya no puede entrar al Tribunal Superior de Justicia a realizar su labor de reporteo, so pena de ser detenido. 

Las mujeres que han sido víctimas de algún delito, nos podrán contar en cuanto tiempo les recibieron su denuncia, cuánto esperaron para que en la Fiscalía les hicieran un certificado de lesiones o un peritaje en materia de psicología, y el tiempo en que la Comisión Estatal de Seguridad Pública les concedió las medidas de protección, si es que se las concedió.

En este caso, resulta muy extraño que la señora Balcazar haya contado con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia para conseguir las imágenes de las cámaras de videovigilancia, y de la Fiscalía General para recibir la denuncia, integrar la carpeta de investigación y judicializarla.

Demasiada buena suerte para obtener la anhelada justicia pronta y expedita que quisiéramos todos los ciudadanos. Y demasiada coincidencia que el hoy acusado Alejandro Figueroa Bernal, sea el mismo que le inició una denuncia al entonces magistrado Jorge Gamboa Olea por haberlo agredido en las instalaciones de juicios orales hace varios años.

HASTA MAÑANA.