Cuando decimos que el programa de Seguro para Periodistas, que anunció recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, cayó “como anillo al dedo”, no nos referimos exclusivamente a los patrones que podrán dormir tranquilos sin la presión de sus trabajadores que exigen el cumplimiento de sus obligaciones laborales, sino también al hecho de que la puesta en marcha recayó en el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, el morelense Rabindranath Salazar Solorio, y este decidió que la primera reunión fuera con periodistas de la entidad que pretende gobernar en el 2024.

Vamos por partes. Primero nos referiremos al proyecto anunciado por el mandatario nacional en su conferencia matutina el pasado 7 de junio, según el cual, existirán hasta cinco seguros que podrán disponer los profesionales de la información “freelance”.

El primero consiste en un seguro médico de “enfermedades y maternidad”, que incluye “atención médica, farmacéutica y hospitalaria sin restricciones para el asegurado y sus beneficiarios legales, pero sujeto a tiempos de espera”, además del acceso a un “pago de incapacidades por enfermedad”, como una baja médica.

Quienes trabajan por cuenta propia no tenían otra forma de acceder a los servicios públicos sanitarios y debían costearse un seguro médico privado que suponía gran parte de su sueldo. Además, no podían acceder a los derechos básicos de baja por maternidad o enfermedad.

Otro de los seguros que menciona la propuesta es el seguro de riesgos laborales. Sobre este punto, el documento refiere a una asistencia hospitalaria, además de reconocer la “incapacidad por accidente de trabajo y enfermedad de trabajo. Y en su caso, pensión”.

Podrán acogerse también a un seguro de “invalidez y vida”, como cualquier otro profesional contratado en México; tendrán acceso a guarderías y prestaciones sociales; y cotizarán en su seguro de retiro o de jubilación.

Algunos (como el periódico El País) comparan este programa con el que pretendía regular a las trabajadoras domésticas, implementado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que sigue quedando a voluntad del patrón o la patrona asegurar a sus empleadas. Pero en este caso, el mecanismo para acceder a los seguros será diferente. Serán los mismos trabajadores de la información los que lo soliciten ante un comité designado por el gobierno, compuesto por periodistas encargados de elaborar un censo y revisar los requisitos. Los responsables serán: Enrique Galván, Fernanda Tapia, José Reveles, Nancy Flores y Rubén Villalpando.

El grupo se reunirá cada seis meses, y de manera extraordinaria, para definir los criterios de incorporación y seleccionará a los beneficiarios a partir de la entrega de solicitudes individuales. Estas inscripciones deben incluir: la CURP (Clave Única de Registro de Población); número de Seguridad Social; el RFC (Registro Federal de Contribuyentes), además de su e.firma (una herramienta que debe solicitar ante la Secretaría de Administración Tributaria, SAT); documentos que comprueben haber trabajado en el último año en un medio de comunicación (radio, televisión, prensa escrita o plataforma especializada en periodismo); evidencias que acrediten su trabajo como “freelance” en los últimos 12 meses; y una carta firmada que garantice su autoría.
La propuesta ha generado todo tipo de reacciones.

“El tema de los periodistas se sigue abordando como un asunto donde somos objeto de protección y no sujetos de derecho, lo cual es lamentable, porque ese derecho debería garantizarse, generando mecanismos para que todas las empresas mediáticas asuman sus responsabilidades”, dijo Patricia Monreal, integrante del colectivo Ni Uno Más Michoacán.

Añade que con esta propuesta el Estado mexicano suplanta las obligaciones de los patrones, pues en lugar de propiciar que éstos cumplan sus deberes laborales, se genera una ruta libre para que evadan sus responsabilidades, a la vez que se pasa por alto el ejercicio de los derechos de los trabajadores de los medios.

Lo anterior “es muy riesgoso, porque ya lo hemos visto con otros programas federales, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde el gobierno asume el pago para que jóvenes becarios aprendan el oficio, pero muchos medios hacen uso de este esquema para evitar pagar salarios, y ahora se les da esta otra posibilidad”. 

“El apoyo gubernamental no implica censura”, ataja el periodista Daniel Lizárraga, quien inició su actividad reporteril en Morelos. “Después de todo, se trata de dinero público y ello no implica un compromiso aún más serio y profesional con la gente para entregar información de mejor calidad. A ellos hay que entregarles cuentas. La tarea que sigue no será nada fácil. Ahora viene una etapa complicada para aterrizar el programa”, agrega.

José Luis Castillejos Ambrocio, presidente de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C., considera que el programa es una propuesta alentadora para unos seis mil comunicadores que desempeñan el ejercicio periodístico desde la orfandad en materia de seguridad social, beneficio que les es negado por muchas empresas que incumplen sus obligaciones en esa materia.
No obstante, añade, la posición oficial es paradójica, pues por un lado se acosa a algunos periodistas y empresas que no son afines a los intereses presidenciales, y del otro se les da un paliativo en momentos en que la prensa está arrinconada bajo el letal clima de riesgo por el crimen organizado.

Hasta ahí el análisis de los pros y contras del pretendido programa. Ahora analicemos las “casualidades” que favorecieron al subsecretario Rabindranath (quien contó con el apoyo de su jefe, Alejandro Encinas) para recibir en la dependencia en que labora a una cincuentena de periodistas morelenses, el pasado 9 de junio.

En la mañana sostuvo un desayuno con los directivos de los principales medios de comunicación de Morelos, y más tarde encabezó el foro denominado “Libertad de Expresión y el Desarrollo Democrático”, en el que dejó que cada quien se expresara. Como siempre, hubo de todo.

Tal como se esperaba, aquello se convirtió en una pasarela o salutación que sirvió para que el oriundo de Tejalpa volviera a ver a comunicadores que hacía años que no saludaba. ¿Cómo llegaron todos hasta el edificio de Bucareli?, bueno, pues los directores en sus respectivos vehículos, y los reporteros a bordo de una camioneta Van contratada por una ex diputada local del partido Morena.

No decimos que haya sido un acto anticipado de campaña, tampoco que haya sido ilegal, sólo insistimos en la casualidad de que el presidente haya anunciado un programa en beneficio de los periodistas y que éste haya sido encomendado al subsecretario Rabindranath, con tan buen tino que en lugar de iniciar por orden alfabético, comenzó por su tierra natal, donde un mes antes “se destapó” como aspirante a la gubernatura.

Suponemos que este evento fue avalado por sus jefes, desde Alejandro Encinas, hasta Adán Augusto López Hernández, en cuyo caso estaríamos ante un “espaldarazo” del gobierno federal a favor del contador público.

HASTA MAÑANA