La semana pasada hubo tres acontecimientos que no tienen relación entre sí pero que tuvieron como común denominador que las protagonistas fueron mujeres, y que los hechos fueron el resultado de decisiones externas (quizás y sólo quizás) influenciadas por cuestiones políticas. Hablamos de la designación de Adriana Pineda Fernández como presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA); de Graciela Quiñones Bahena como directora de la Facultad de Derecho de la UAEM, y la detención de la ex regidora de Cuernavaca, Anayeli Rodríguez, acusada de Ejercicio Abusivo de Funciones Públicas.

Vamos por partes:

En el primer caso, el Pleno del Congreso del estado de Morelos aprobó este jueves el nombramiento de la magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes que dejó vacante la magistrada Ana Virinia Pérez y que cubrió temporalmente el magistrado José Luis Jaimes Olmos.

En votación secreta mediante urna, la responsabilidad recayó en Adriana Pineda Fernández, quien obtuvo 14 de los 16 votos de los diputados presentes. La nueva funcionaria ocupará el cargo por 14 años contados a partir del jueves que tomó protesta ante la LV Legislatura Local.

En este espacio lo hemos dicho reiteradamente: Adriana Pineda Fernández es una destacada profesionista del Derecho que viene desde abajo, que se ha preparado académicamente y que ha sabido librar los vaivenes de la política, sosteniéndose en cargos importantes en los últimos tres sexenios.

Sin embargo, desde el principio advertimos que si se inscribió en el proceso de selección era porque ya se había “apalabrado” con quienes deciden en este estado, luego entonces el examen de conocimientos y la entrevista con los legisladores fue pura simulación, además de que la nueva magistrada carece del requisito de ser especialista en la materia de justicia para adolescentes.

Y lo seguimos sosteniendo: la persona ideal era el doctor en Derecho Jaimes Olmos; impulsor de los juicios orales en Morelos; juez especializado en Adolescentes desde hace 14 años; magistrado suplente en el TUJA algunos meses y con una trayectoria intachable. La magistratura suplente no la ganó por decisión de los diputados, sino por la orden de un tribunal federal en un juicio de amparo que le dijo a los legisladores que no pueden darle el cargo a quien ellos quieran, sino a la persona que se lo merezca en base a sus calificaciones. ¿Lo volverá a hacer? ¿Estará Adriana Pineda mucho menos tiempo de los 14 años para los que fue elegida? Lo sabremos pronto.

En el segundo caso, ese mismo jueves, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, eligió como nueva directora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a Graciela Quiñones Bahena, con 90 votos; Michelle Onofre Díaz obtuvo 29 sufragios a favor y Gloria Rosario Vergara Salinas 13 votos. En esta elección se registraron cinco abstenciones y cuatro votos nulos. 

“Nadie sabe para quién trabaja”, dice el refrán y en este caso se actualiza perfectamente. En febrero de 2019, cuando la docente, Carlota Olivia de las Casas Vega, de esa facultad, interpuso un amparo ante la justicia federal alegando la falta de implementación de prácticas y normas para lograr la igualdad para las mujeres, y con ello evitar la discriminación de género en la elección de la titular de dicha facultad.

Se hizo una votación en la Facultad de Derecho resultando ganadoras las tres primeras, quienes integraron la terna de donde el Consejo Universitario eligió a la hoy directora. Olivia de las Casas, quien inició la lucha legal por las mujeres, quedó fuera. 

No ponemos en duda la preparación académica de Graciela Quiñones, y estaríamos cometiendo una injusticia si nos referimos a cada mujer como “la esposa de” o “la hija de”, sin embargo, aquelles estudiantes que votaron por otra candidata diferente a Graciela, hoy piensan que de nada sirve que se les consulte, si la última palabra siempre la tendrán los poco más de cien consejeros que integran el máximo órgano de la UAEM. 

Y finalmente tenemos otro hecho que también ocurrió el jueves pasado y que involucra también a una mujer, destacada profesionista y persona intachable, pero en este caso en una situación bastante lamentable para ella.

Nos referimos a Anayeli Rodríguez Gutiérrez, a quien conocimos hace unos 25 años en la Redacción de La Unión de Morelos, a donde llegó a hacer sus prácticas y después se quedó a trabajar en la fuente policiaca. Posteriormente anduvo en otros medios de comunicación y fue contratada como responsable de comunicación social de diversas dependencias, principalmente en el rubro de la educación.

Todo iba bien para ella, hasta que una amiga la invitó a participar en política, la más sucia de todas las actividades. Así, de buenas a primeras, Anayeli se vio convertida en regidora de Cuernavaca por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, cargo que desempeñó del primero de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021, en el Cabildo que encabezó Antonio Villalobos Adán.

No tuvo un desempeño brillante pero tampoco nunca la vimos en escándalos. Es de las pocas personas que luego de haber ocupado una regiduría no intentan buscar la diputación. Anayeli regresó a la administración pública hasta la semana pasada, cuando su abogado le dijo que debía comparecer en calidad de imputada ante un Juzgado Penal en Atlacholoaya, por el delito de Peculado y Ejercicio Ilícito del Servicio Público.

Confiada, fue a la primera audiencia de formulación de imputación y la citaron para una nueva audiencia. Ahí estuvo presente, consiente de que “el que nada debe nada teme”, y sobre todo porque no eran delitos graves, de ahí que el peor escenario sería tener que ir a firmar cada semana al Juzgado.

Sin embargo, el juez Eddie Sandoval Lomé, “se sacó de la manga” que no se acreditaban los delitos antes mencionados, pero que en cambió sí se actualizaba el supuesto de uno que se llama “Ejercicio Abusivo del Servicio Público”, mismo que está dentro del catálogo de delitos graves y que aplica forzosamente la prisión preventiva.

Así, entre lágrimas, Anayeli fue conducida del Juzgado al Penal de Atlacholoaya, donde deberá permanecer en lo que se agotan todas las etapas del juicio y se comprueba que ella jamás tomó dinero ajeno.

La responsabilidad penal le resulta por el simple hecho de que por ser regidora de Servicios Públicos, automáticamente es también integrante de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, que fue la que no reportó al Instituto de Crédito los descuentos que le hacían a los trabajadores. Por increíble que parezca, el juez exoneró al ex director general y a la ex directora administrativa, pero a la ex regidora la declaró bajo proceso penal con prisión preventiva.

En su afán de “no permitir la impunidad” el juez Sandoval Lomé ordenó el encarcelamiento de Antonio Villalobos, cuya situación económica sí cambió radicalmente en tres años, pero también se llevó a una persona inocente como es Anayeli Rodríguez, quien pagó muy caro el haber incursionado brevemente en la política.

HASTA MAÑANA.