Aunque su prestigio esté por los suelos, jurídicamente no hay impedimento alguno para que Marguis Zoraida del Rayo Salcedo ocupe el lugar de la diputada Gabriela Marín Sánchez, asesinada el pasado cinco de octubre en la capital morelense. De esta manera, ese escaño volverá a la familia Yáñez, que lo conserva desde hace varias legislaturas y que ha sabido sacarle el mayor provecho posible.

Recordemos que Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, ex auxiliar en el Congreso de la legislatura pasada, y Mario Sergio Talavera Abarca, exdirector de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, fueron objeto de formulación de imputación por los delitos de Fraude Procesal en audiencia celebrada en la sala 4 de Ciudad Judicial Atlacholoaya, relacionada con la causa penal JC/695/2018.

Ante el juez, la fiscalía anticorrupción expuso datos y medios de prueba que ligan a Marguis Zoraida como beneficiaria de una pensión “irregular”, toda vez que fue apoyada por Sergio Talavera, siendo éste último quien expidió documentación falsa a favor de la mujer mencionada.

Sergio fue acusado de expedir una constancia laboral apócrifa a favor de Marguis, esto para sustentar “años de más” laborando para el estado, en tanto que la mujer fue acusada por beneficiarse al presentar dicha documentación ilegal.

Después de analizar la información y escuchar los alegatos expuestos, el juez dictaminó medidas cautelares para Marguis Zoraida, la primera es la prohibición de salir del país, ante la posibilidad de sustraerse de la justicia, y la segunda fue su obligación a firmar ante la UMECA una vez por mes. En agosto de 2019 fue declarada “sustraída de la acción de la justicia” al no asistir a una de las audiencias en las que estaba citada, pero compareció nuevamente y desde entonces no volvió a faltar.

Aquí cabe aclarar que el delito que le imputan no es grave. El artículo 300 del Código Penal para el Estado de Morelos señala que “al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error ante autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa”.

Desde la integración de la carpeta de investigación su defensa legal siempre ha estado a cargo del prestigiado abogado Gibran Haro Álvarez, (el mismo que hace dos semanas obtuvo la libertad de Anayeli Cabañas, ex coordinadora administrativa de SAPAC), y el pasado miércoles compareció ante el juez de la causa para hacer uso de una de las herramientas jurídicas de las que ofrece la ley: la suspensión condicional del proceso.

Es aquella salida alterna, que propone el mismo sistema, a fin de que la persona inculpada o imputada pueda terminar su proceso penal, cumpliendo con un plan de reparación del daño y una serie de condiciones. Una vez cumplido esto, concluirá la causa penal.

El objetivo de la suspensión condicional consiste en dar por terminado el proceso ordinario penal sin tener que llegar a un juicio oral y por ende sin que medie una sentencia, brindando la oportunidad al imputado de que cumpliendo con esta salida alterna se extinga la acción penal.

“La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquel, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes:

1. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años.
2. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido.

En el caso que nos ocupa, el delito se castiga con cinco años de prisión y la víctima, el Congreso del Estado, ya aceptó que la procesada devuelva lo que recibió indebidamente “en pagos”. Luego entonces, no hay nada oscuro ni ilegal en la acción del abogado, a quien por cierto han atacado en redes sociales por estar defendiendo a esta “delincuente”, sin reparar en que es un derecho constitucional que tiene cualquier persona y que hay otros casos en los que Gibran Haro Álvarez ha actuado como asesor jurídico sin cobrar un solo peso (Lesley Ayleen, asesinada y abandonada el 6 de junio del 2018 en Tepoztlán, presuntamente por su ex novio Jhonny Jeffrey, prófugo de la justicia).

Lo que ha ocurrido con “la curul número 20” es digno de una serie de Netflix o una novela de Televisa. Primero el rechazo a la candidatura de Julio por hacerse pasar por indígena; luego la llegada a la diputación de otro Yáñez (el tío José), con una salud tan desquebrajada que literalmente “estaba viviendo tiempo extra”, hasta que murió; el show de Roberto Yáñez para hacer creer (sin lograrlo) que es gay, con tal de acceder a la anhelada posición; luego la llegada de Gabriela Marín -también “indígena”- y su fatídica muerte a balazos.

El siguiente capítulo forzosamente tendrá que ser el de una mujer que ha admitido que cometió un delito, que su abogado ya lo resolvió jurídicamente, y que está en todo su derecho de tomar protesta como suplente de Gabriela Marín. Ni siquiera hay duda de que así debe ser, como en su momento ocurrió con Juan José Vázquez Yáñez, que llegó al cargo sin suplente.

Los diputados podrán retrasar la toma de protesta, pero finalmente la tendrán que admitir. La única forma de evitarlo, es que la Fiscalía presente pruebas irrefutables de que ella mandó matar a Gabriela, y eso francamente no creemos que ocurra.

Desgraciadamente, vemos pocas posibilidades de que Uriel Carmona logre resolver este asunto, si no ha podido esclarecer otros tantos en que hay autores materiales, pero intelectuales ni sus luces.

Ayer ya los hermanos Yáñez y la futura diputada emitieron un comunicado de prensa en el que informaron que ya acudieron a declarar voluntariamente ante la Fiscalía del Estado y obviamente no fueron detenidos.

“Sabemos que hay muchas interrogantes y cuestionamientos, lo anterior, debido al manejo tendencioso de la información que imprudentemente le dieron algunos reporteros con la finalidad de que la sociedad emita juicios sin sustento”, dice el documento.

Como siempre, los medios de comunicación somos los culpables de lo que hacen los políticos. Ya estamos acostumbrados.

HASTA EL LUNES.