Lo que ocurrió el pasado miércoles 26 de octubre en el Congreso Local nos hizo recordar a la Quincuagésima Tercera Legislatura, cuando los diputados se comportaban como auténticos delincuentes. Los legisladores eran citados en la oficina particular de un diputado y de ahí salían en camionetas tipo Van sin saber su destino. A veces se iban a la sede de la calle Cataluña, colonia Maravillas, y en alguna ocasión sesionaron en el Centro de Convenciones de Xochitepec.

Era cuando -en la oscuridad de la madrugada y sin presencia de medios de comunicación- se repartían millones de pesos, aprobaban concesiones de 20 años a la iniciativa privada y contratación de deuda pública, así como decretos que afectaban a grupos sociales.

Cuando llegaban manifestantes acudía la policía antimotines para que no molestaran a los diputados. En alguna ocasión los grupos inconformes los descubrieron sesionando en la sede de Cataluña, y ahí los estuvieron esperando hasta pasada la medianoche. “Se cansaron y se fueron, pero si no hubiera sido así, ya habíamos hecho un boquete en la barda para que los diputados salieran por la calle de abajo”, nos confió un extrabajador. Actuaban como delincuentes, pues.

La semana pasada por lo menos no cambiaron de sede, pero sí prohibieron la entrada a medios de comunicación y actuaron sin convocatoria previa. Ya pasaban las nueve de la noche cuando se dio la sorpresiva toma de protesta de Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, en sustitución de Gabriela Marín. Resultó muy chistoso que varios diputados salieron en las fotografías con tenis y playeras, como si los hubieran ido a sacar de sus casas.

Pero no solamente sería esa la sorpresa de la noche. Los diputados se quedaron a sesionar y en fast track aprobaron los presupuestos de egresos e ingresos para el 2023, mismos que todavía nadie ha visto, ni siquiera los funcionarios del Poder Ejecutivo.

El jueves al mediodía aparecieron en conferencia de prensa, muy orgullosos, el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso, y el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez, para informar que con el Presupuesto de Egresos 2023, aprobado por unanimidad de 15 diputadas y diputados del Congreso del estado por un monto de 34 mil 212 millones 305 mil 539 pesos, “los sectores prioritarios de Morelos recibirán un incremento sustancial de recursos económicos”.

El diputado Francisco Sánchez destacó que se trata de un Presupuesto eminentemente social, que no implicó recortes a la propuesta del Ejecutivo, pero admitieron que sí se eliminó la cláusula de libre transferencia de recursos y se reasignaron alrededor de 600 millones de pesos, apenas un 3% del proyecto gubernamental, en cumplimiento del artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo no ocultó su molestia por el “albazo” de los diputados, y acusó directamente a Rabindranath Salazar de haber operado todo a través de Miguel Lucia Espejo y Agustín Goicoechea.

En entrevista al término del acto oficial de inicio del operativo de seguridad para el puente vacacional de Día de Muertos, Blanco Bravo dijo que aún no conoce formalmente el documento o cómo quedó el presupuesto debido a que los diputados no dieron lectura a ningún dictamen, simplemente votaron y ya.

Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno y consejero jurídico de facto, también coincidió en que primero tienen que ver cómo quedó el documento para ver qué medidas legales se van a tomar.

Por lo pronto, ha trascendido que los diputados locales se autorizaron 101 millones de pesos más en su presupuesto del 2023 en comparación con el de este año, que fue de 433.5 millones. Dentro de los ajustes que los diputados hicieron al proyecto del Paquete Económico 2023 que aprobaron la noche del miércoles, se asignaron 534 millones 993 mil pesos.

La justificación que dio el presidente de la Mesa Directiva fue que dicho aumento no se aplicará en beneficio de cada legislador, sino que se usará para el pago de jubilaciones y pensiones de los trabajadores al servicio del Poder Legislativo. Eso está por verse.

Más allá de los números, la acción de los legisladores es un mensaje de venganza por parte de varios personajes de la actual legislatura y una advertencia de que con 15 votos pueden hacer prácticamente cualquier cosa. 

Es innegable que con la admisión de la diputada número 20, los 14 legisladores están avalando un crimen que no ha sido esclarecido.

Lo más indignante, es que, so pretexto de que tienen miedo de sufrir la misma suerte que Gabriela Marín, las diputadas y diputados de la actual legislatura están pidiendo protección personal. Es decir, que lo más seguro es que en pocos días (si no es que ya lo hicieron), con el dinero de nuestros impuestos, habrá policías que, en lugar de estar brindando seguridad a la población, estarán al servicio de los legisladores.

Decíamos que lo que hicieron el pasado miércoles nos hicieron recordar a aquellos diputados que actuaban como delincuentes. No estamos diciendo que estos lo sean, pero para allá van.

De hecho, el Código Penal para el Estado de Morelos en su artículo 273 dice que cometen el delito de Coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas.

Sin embargo, no se les puede aplicar a nuestros diputados porque la Constitución les otorga el fuero que impide cualquier acción legal contra ellos.

Así las cosas, en el panorama político en Morelos no se vislumbra nada bueno, máxime que a partir de este momento todo lo que se haga o deje de hacer, tiene connotaciones políticas y electorales.

Qué lástima que Morelos tenga que ser, otra vez, una especie de “ring” donde los actores políticos se van a dar con todo para demostrar quien tiene más fuerza, y como siempre los ciudadanos de a pie seremos los que suframos las consecuencias.

HASTA MAÑANA.