Algunas personas consideran que ni siquiera se debió haber denunciado por lo insignificante del detrimento al erario estatal, pero otras tantas consideran que no es la cantidad, sino el hecho de sentar un precedente para que no haya impunidad. Nos referimos a la denuncia contra Graco Ramírez por haberse otorgado un préstamo por 600 mil pesos para la adquisición de una camioneta de lujo, sin tener derecho a ello.

Como lo hemos venido informando en este espacio, el 18 de septiembre de 2018 el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado, liberó el cheque número 0020860 por la cantidad de 600 mil pesos con el que el todavía gobernador adquirió el vehículo marca CHEVROLET, Línea TRAVERSE LT MOTOR 3.6L, PIEL, 7 PASAJEROS, Modelo 2018, CLASE 1NC56-B, Color Cuarzo Metálico.

El Instituto de Crédito presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Juan Salazar Núñez, pero ¿Qué creen? El Ministerio Público adscrito a esa Fiscalía consideró que no había delito qué perseguir y emitió un auto de no ejercicio de la acción penal en favor de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.

Contra esa determinación, el gobierno del estado interpuso el recurso correspondiente para que un Juez de Control revisara el veredicto de la Fiscalía Anticorrupción, resolviendo que sí existían elementos para acreditar un delito. Contra esa resolución, el exmandatario promovió amparo que recayó en el Juzgado séptimo de Distrito en el estado de Morelos.

El pasado 25 de febrero el juez federal celebró la audiencia constitucional y en esa misma fecha procedió a dictar sentencia, en la que sobreseyó el juicio de amparo solicitado por Ramírez Garrido. Contra esa resolución, los abogados del exgobernador interpusieron el recurso de revisión, mismo que se resolvió hace unos días con el siguiente veredicto: La justicia de la Unión no ampara ni protege a Graco Luis Ramírez Garrido Abreu en contra de la resolución dictada por el juez especializado de Control del único Distrito Judicial del Estado de Morelos.

¿Qué significa esto? Por principio de cuentas es un duro golpe para el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, pues los magistrados de Circuito le están diciendo que se equivocó al exonerar al exgobernador Graco Ramírez. Lo que ellos no saben es que Juan Salazar fue empleado del hoy acusado.

En segundo término, estamos ante la posibilidad real de que -por lo menos en un caso- el ex gobernador Graco Ramírez tenga que comparecer a un juzgado penal como ya lo han hecho varios de sus colaboradores.

En su sentencia (cuya versión testada puede ser obtenida en la página del Poder Judicial Federal), los magistrados Alfredo Cid García, Juan José Franco Luna y la magistrada María Guadalupe Saucedo Zavala (ponente), aportan varios criterios que podrían ser tomados en cuenta por el juez de origen.

Por ejemplo, Graco Ramírez alega que el juzgador no debió desestimar las afirmaciones del Ministerio Público en el sentido de que del curso de la investigación, “se desprende que no existe perjuicio al patrimonio de la denunciante, esto porque de la denuncia y de las documentales aportadas, deriva que el crédito no solo se encuentra al corriente en los pagos, sino que, además, existe como garantía prendaria la factura del vehículo y un pagaré firmado por el quejoso que incluyó a priori los intereses del crédito otorgado”.

La magistrada Saucedo Zavala revira: “Cierto, el tipo penal que se trata, no exige que se demuestre la existencia de un perjuicio para nadie, solo establece que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, el servidor público, indebidamente efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público”.

“Bajo este tenor, no le asiste razón al quejoso en cuanto a que opuesto a lo manifestado por el Juez de Control las conductas que le atribuyen no actualiza ninguna de las hipótesis que regula el artículo 276 del Código Penal para el Estado de Morelos, pues opuesto a lo que pretende el peticionario de amparo, la interpretación del Juez de Control sobre dicho precepto no es errónea, dado que de su contenido se observa que no establece como elementos del delito en cuestión que tenga que haberse causado un daño, sino que el autor de la ley únicamente consideró el beneficio indebido recibo por el servidor público”, aduce en la sentencia dictada dentro del expediente 170/2022.

Sí, le están imputando el delito de ejercicio abusivo del servicio público, el mismo que tiene tras las rejas a Antonio Villalobos y a Sergio Beltrán Toto.

EL MANIFIESTO DE LOS 23 ALCALDES

Un total de 23 alcaldes firmaron un documento en el que hacen un llamado “a los actores políticos, líderes de opinión, partidos políticos, poderes del Estado y organizaciones del entorno político nacional y estatal, a mantener su activismo en los cauces que abonen y fortalezcan la cultura política democrática y asumir con responsabilidad el compromiso a que nos debemos en favor de la gobernabilidad”.

Anuncian la conformación de un frente común “para rechazar la intromisión de intereses creados que le apuestan a la desestabilización de las autoridades municipales constitucionalmente reconocidos”.

Y agregan:

“Condenamos enérgicamente los intentos de extorsión por parte de actores de la vida pública, que siguiendo a intereses oscuros pretenden generar desinformación y emiten amenazas como medida para chantajear y pretender presionar a los presidentes municipales para intervenir de forma ilegal en las decisiones de planeación, gestión presupuestal y ejecución del gasto público, funciones todas que son estratégicas para el desarrollo de los municipios y en donde se cristalizan los compromisos que como presidentes municipales hemos asumido con los morelenses”.

No es difícil adivinar a qué “actores de la vida pública” se refieren. Baste decir que en la lista de firmantes no vienen los alcaldes de Yecapixtla ni de Yautepec.

Los que no tuvieron miedo y sí pasaron a firmar son: David Demesa Barragán, Tepoztlán; Sergio Livera Chavarría, Totolapan; Celso Nieto Estrada, Coatlán del Río; Rodrigo Arredondo López, Tepoztlán; Humberto Leónides Segura, Coatetelco; Emigdio Capistrán Velázquez, Temoac; Francisco León y Velez Arriaga, Miacatlán; Jorge Toledo Bustamante, Mazatepec; José Luis Maya Torres, Zacatepec; Ángel Domínguez, Jantetelco; Guillermina Rendón, Hueyapan; Brenda Guerra Valaguez, Jonacatepec; Isaac Pimentel Mejía, Ayala; Rosbelia Benítez Bello, Tetecala; Daniel Domínguez Ocampo, Zacualpan, Jesús Juan Rogel Sotelo, Tepalcingo; Gonzalo Flores Zúñiga, Xochitepec; Rafael Vargas Muñoz, Huitzilac; Ángel Estrada Rubio, Tlalnepantla; Luis Antonio Martínez Álvarez, Tetela del Volcán; Alma Delia Reyes Linares, Atlatlahucan; Sergio Alba Esquivel, Emiliano Zapata y Jesús Iturbe Aranda, Amacuzac.

HASTA EL LUNES.