Desde su nacimiento en 2003 bajo el nombre de Auditoría Superior Gubernamental, que luego mutó a Auditoría Superior de Fiscalización y finalmente quedó como Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, este órgano dependiente del Congreso Local nunca ha cumplido cabalmente con los objetivos para los que fue creado; por el contrario, es una “manzana de la discordia” que todo el tiempo está en medio de la disputa entre grupos políticos, pero además, es una “manzana” que está totalmente podrida por los niveles de corrupción que prevalecen.

Exalcaldes y contadores con los que hemos platicado nos confirman que una ley no escrita entre Ayuntamientos y Congreso siempre ha sido que la documentación de las cuentas públicas municipales deba ir acompañada de una cuota en efectivo para el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso y otra para el titular del órgano fiscalizador.

El primer titular de la entonces Auditoría Superior Gubernamental, Gerardo Casamata Gómez, tenía una forma de operar muy conocida. Le filtraba a sus amigos periodistas el resultado de aquellas revisiones donde se habían encontrado irregularidades, de tal forma que estos pudieran publicar la típica nota de “Investiga la ASF al Ayuntamiento de…” a pesar de que esos resultados no eran definitivos, sino para aclaraciones y comprobaciones.

Luis Manuel González Velázquez, mejor conocido como “el chueco” y priísta de hueso colorado, asumió el cargo el 12 de junio de 2012. Realizó una auditoría al gobierno de Graco Ramírez en la que encontró irregularidades en el uso del primer préstamo autorizado por el Congreso. Pero para ese momento el PRD y partidos aliados tenían el control del Poder Legislativo, y ante la imposibilidad de poderlo quitar porque su nombramiento era hasta el 2015, tuvieron una gran idea: desaparecer la institución.

Así, el 11 de diciembre de 2014, el Pleno del Congreso aprobó el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para crear la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, misma que una vez aprobada por el Constituyente Permanente, la Diputación Permanente del Congreso realizó el cómputo y declaratoria en sesión de fecha 21 de enero de 2015, entrando en vigor en esa misma fecha.

La justificación fue que se requería un nuevo órgano dotándolo de una nueva estructura con autonomía técnica y de gestión, “que permita la profesionalización, eficiencia y consolidación de la institución responsable del control, vigilancia, fiscalización y auditoría de los recursos públicos”, decía el decreto en el que también se establecía la instauración de una “Comisión Calificadora” conformada por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios. En realidad, sólo sirvió para dar chamba a familiares de diputados.

Por mayoría de votos fue designado como titular el perredista Vicente Loredo Méndez, quien emitió que “no encontró” ninguna irregularidad a la auditoría hecha al gobierno de Graco Ramírez. Tras su salida por renuncia voluntaria, la ESAF quedó a cargo de América López Rodríguez, quien intentó revisar las cuentas de la Fiscalía General y de inmediato recibió la “amable visita” de unos elementos de la Fiscalía Anticorrupción para aclararle que ella no puede andar hurgando en la documentación de ninguno de los fiscales.

Desde que llegaron los nuevos diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura la ESAF ha sido objeto de constante acoso. Y no es para menos.  Hay cuatro legisladores que hasta el año pasado eran alcaldes: Agustín Alonso, de Yautepec; Francisco Sánchez Salinas, Yecapixtla; Luz Dary Quevedo, Tetecala y Alberto Sánchez, Xochitepec. No tener un aliado en la ESAF es muy peligroso.

Por eso es que han tratado de quitar a América López, a quien ofrecieron una “salida digna” o aplicarle la misma fórmula que a Sergio Beltrán Toto y los ex regidores de Cuernavaca, es decir, una reclasificación del delito que le imputan por otro que sí contemple prisión preventiva oficiosa.

En forma paralela, y pensando que ya se vería muy evidente si volvieran a desaparecer la institución, decidieron emitir un decreto que únicamente adicionara un capítulo a la Ley Orgánica que permitiera la remoción del titular de la ESAF.

Así, “se sacaron de la manga” un mamotreto al que le pusieron el nombre de “iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el título Décimo Segundo de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado en materia de Remoción del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos”, firmándolo los 15 diputados que controlan el Congreso desde hace unos meses.

Pasándose por el arco del triunfo la sagrada irretroactividad de la ley, las y los legisladores por todos conocidos, aprobaron un procedimiento creado ex profeso para quitar a América López y “en fast track” lo presentaron a la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias para su análisis y dictamen correspondiente, obteniendo un resolutivo favorable, votándolo en esa misma sesión y estableciendo en los puntos transitorios que “el presente decreto entrará en vigor EN EL MOMENTO DE SU APROBACIÓN”.

El documento en cuestión establece en su artículo 138 que “es facultad del Congreso del Estado la remoción del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos” (…podrá ser removido exclusivamente por las causas graves que la ley señale con la misma votación requerida para su nombramiento o por las causas conforme los procedimientos establecidos en el titulo séptimo de esta constitución).

El artículo 139 dice que “La responsabilidad del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos tendrá lugar con motivo de las faltas cometidas en el desempeño de sus funciones lo que podrá ser concomitante con las demás responsabilidades previstas en el artículo 74 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos”.

Pero lo más importante viene en el artículo 143, en el que dice que “la Comisión calificadora podrá decretar como medida precautoria, al inicio del procedimiento y hasta antes de que se dicte la resolución definitiva, la suspensión provisional del cargo de la persona sujeta al procedimiento”.

Era todo lo que necesitaban. Todavía no terminaban de firmar el decreto en comento cuando ya se estaba iniciando la queja LV/2do./CC/PR/001/2022 en contra de América López Rodríguez por supuestas irregularidades en su desempeño. A las 14:42 horas del 15 de diciembre del 2022 fue depositado en la oficialía de partes de la ESAF el citatorio firmado por el director jurídico del Congreso, Armando Díaz Manzanarez, en el que le informaba a la titular que tenía que comparecer a las 11 horas del día siguiente, para responder lo que a su derecho conviniera en el expediente ya mencionado.

Sin embargo, ese mismo día el Congreso del Estado emitió un comunicado informando que los integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos, determinaron tomar protesta a un encargado de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), en sustitución de América López Rodríguez, “quien fue suspendida provisionalmente del cargo”.

De esa manera tan atropellada y sucia, rayando en la inconstitucionalidad (lo que seguramente será determinado por un Juez de Distrito, previa solicitud de amparo de la afectada), fue impuesto al frente de la asediada institución, el contador público José Blas Cuevas Díaz, de quien todos saben que es incondicional del polémico Jorge Michel Luna, quien fuera secretario de Hacienda de Graco Ramírez Garrido Abreu.

HASTA MAÑANA.