Hay un dicho que reza: “La Justicia tarda, pero llega”, y esto se puede aplicar perfectamente a la resolución que dictó este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto al presupuesto aprobado por los quince diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura a finales del año pasado.

Casi seis meses después, el máximo tribunal del país suspendió el recurso del Fondo de Infraestructura Regional Municipal, creado por estas diputadas y estos diputados, muy parecido a aquel fideicomiso mediante el cual la 53 Legislatura desvío cientos de millones de pesos durante el sexenio de Graco Ramírez.

Los ministros determinaron conceder la suspensión provisional sobre el fondo destinado a obras, que concentra el grueso del gasto en los municipios de Cuernavaca, Yautepec y Yecapixtla, estos dos últimos en manos de familiares de los diputados que controlan el Congreso local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón al Ejecutivo en la controversia constitucional que éste presentó en contra del paquete económico 2023, porque consideró que no es equitativa la distribución del presupuesto para obra pública a los municipios, ya que sólo se beneficiaron los ayuntamientos donde tienen sus intereses los actuales diputados.

Aquí debemos de dejar en claro que no tienen la culpa los habitantes de las comunidades donde se dejen de hacer obras con motivo de esta suspensión concedida por el máximo tribunal del país, pues ellos son afectados colaterales por actos que realizaron sus representantes populares en el congreso local con miras a las elecciones del año que viene.

Fue este grupo de diputadas y diputados de los partidos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y algunos de Morena, quienes etiquetaron alrededor de 534 millones de pesos para supuestas obras, pero da la casualidad de que más del 60 por ciento están ubicadas en el municipio de Yautepec, donde el padre del diputado Agustín Alonso es presidente municipal, en tanto que en Yecapixtla gobierna desde hace varios trienios la familia Sánchez Zavala, a la que pertenece Francisco, actual presidente de la Mesa Directiva.

En sus argumentos legales presentados ante la Corte, la Consejería Jurídica del Gobierno estatal dejó en claro que no están en contra de que se asignen recursos para obras públicas, sino de que estas se dirijan a determinados municipios donde hay un interés económico y político de quienes crearon este fondo.

Y es que ¿quién cree usted que elegirá a las empresas constructoras que se van a encargar de estas obras? Y ¿quién vigilará que los recursos se ejerzan correctamente? Se supone que corresponde a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, órgano que depende del Poder Legislativo, pero que los propios legisladores tienen a la titular con un pie en la cárcel y al actual encargado peor que a un empleado.

¿Ahora entiende —estimado lector— de dónde sale el dinero para tantos festejos (el día de la madre, el día del maestro y hasta el día del estudiante) con rifa de motocicletas, electrodomésticos y cantantes de primer nivel?

Existe otro caso en el que también la justicia se tardó demasiado, pero parece que finalmente ha llegado. Se trata de las denuncias en contra de ex consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), por hechos que ocurrieron hace más de cuatro años.

La Fiscalía Anticorrupción imputó por Ejercicio Abusivo de Funciones y Ejercicio Ilícito del Servicio Público a Víctor Manuel Díaz Vázquez, ex comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) por presuntamente apropiarse de un vehículo del organismo de forma irregular.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción relacionada con la causa penal JC/1003/2021, el 31 de mayo de 2019 estando Dora Ivonne Rosales como presidenta del IMIPE, en sesión de pleno, los ex comisionados aprobaron la baja y enajenación de dos vehículos.

Los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público señalan que, una servidora pública adquirió uno de los autos, de marca Volkswagen, tipo Jetta, modelo 2012 cuyo valor era de 74 mil 700 pesos, sin embargo, se pactó la compra en 20 mil pesos, esto de acuerdo al contrato de compra-venta que fue aprobado en la sesión de pleno.

Por su parte, Víctor Manuel Díaz Vázquez adquirió bajo las mismas condiciones el otro coche Jetta, pero utilizó para ello como “prestanombres” a un empleado de la institución. El trabajador dijo en su declaración, que el ex comisionado le ofreció incorporarlo laboralmente en el IMIPE con el cargo de notificador, sin embargo, al integrarse al instituto, sólo daba servicio de chofer particular al exfuncionario.

Incluso, Víctor Manuel le solicitó su firma en varias hojas en blanco, para simular que era el ahora testigo quien compraba el carro Jetta, pero en realidad está en posesión del ex comisionado.

Un informe de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) aportado por la Fiscalía Anticorrupción establece que actualmente los vehículos se encuentran activos y que uno de ellos está a nombre de Mireya, y el otro a nombre del ex empleado.

“Con esto, se evidencia que los exconsejeros permitieron que el empleado notificador desviara sus funciones al realizar servicios distintos a su encargo laboral, de tal manera que se considera un daño patrimonial al IMIPE por 439 mil 450 pesos por salarios pagados. También se acredita un daño patrimonial al IMIPE por 149 mil 400 pesos que corresponde al monto por el que se beneficiaron los exconsejeros, ya que el valor de los carros era de 74 mil 700 pesos cada uno”, informó la FECC.

La audiencia de formulación de imputación se realizó este día 18 de mayo de 2023 en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya; y a solicitud de la agente del Ministerio Público, la Jueza impuso como medidas cautelares para los imputados, firma periódica ante la UMECA, además dio 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso.

Desde nuestro particular punto de vista, este caso está “sostenido con pinzas” y un buen abogado penalista puede echar abajo los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, además de que los ex funcionarios imputados pueden llevar su proceso en libertad.

HASTA EL LUNES.