La abogada Naybi Ríos Sandoval lo dijo con todas sus letras: los funcionarios de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en Morelos son omnipotentes e impunes. La protección de su jefe, Juan Salazar Núñez, les permite hacer cuanto se les antoje no solamente en su trabajo, sino también en cuanto a conductas personales.

En conferencia de prensa ofrecida el pasado martes en Los Arcos, la ex agente del Ministerio Público (“para que la cuña apriete debe ser del mismo palo”, dice el refrán) dio varios ejemplos de algo que nosotros hemos señalado en varias ocasiones: que la Fiscalía Anticorrupción es la principal generadora de corrupción en el estado, y que el titular Juan Salazar Núñez a cada caso le da un tratamiento diferente según sus intereses políticos y económicos, ya sea de él o de quien lo manda.

El primer caso, y quizás el de mayor gravedad, es el que ya abordamos en este espacio el pasado lunes, y que tiene que ver con el encarcelamiento de un ex funcionario de Movilidad y Transportes en el sexenio de Graco Ramírez, de nombre Noé Sandoval, quien, tras obtener su libertad, denunció a servidores públicos de la FECC.

La querella refiere que un agente del ministerio público le mandó decir a Noé Sandoval que se integraban varias denuncias en su contra, pero podían no ejercer la acción penal en su contra a cambio del pago de tres millones de pesos.

Entre los servidores públicos denunciados, una de ellas depuso en contra de Núñez Urquiza, tras acogerse a un criterio de oportunidad que le ofreció Guadalupe Flores Servín, entonces Vicefiscal Anticorrupción.

La servidora pública dijo que Urquiza le mandó pedir a Noé Sandoval el pago millonario, pero este se negó, por lo que fue detenido y privado de su libertad por más de 45 días en prisión hasta que obtuvo su libertad en un juicio de amparo.

Pero no conforme, el Vicefiscal Anticorrupción ordenó iniciar otras 22 carpetas de investigación en contra de Noé Sandoval para retenerlo en la cárcel. Ninguna prosperó porque su abogado defensor, Juan Gabriel Vargas Téllez demostró que todas eran falsas.

A más de dos años de la denuncia, el pasado viernes 19 de mayo del presente, Juan Gabriel Vargas pidió la intervención de un juez para conocer el criterio de oportunidad que se le dio a la única testigo que habla de la red de corrupción en la Fiscalía Anticorrupción, “cuando los criterios de oportunidad no se vendían, como ahora”.

A la audiencia compareció el fiscal Ignacio Zeus Gutiérrez quien declaró ante el Juez, Natanael Subdías que en la carpeta de investigación no existía ningún criterio de oportunidad.

Pero Vargas Téllez se comprometió ante el Juez para demostrar la falsedad con que se conduce la Fiscalía Anticorrupción, especialmente Ignacio Zeus Gutiérrez, y solicitó una audiencia para presentar una prueba sustraída del expediente.

Después de varios intentos en los que no se llevó a cabo la audiencia por una cosa o por otra, el lunes pasado se desahogó y, el juez ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles hechos constitutivos de delitos del fuero federal cometidos por Zeus Gutiérrez y por Edgar Núñez Urquiza.

“Los fiscales de Anticorrupción se mandan solos. A un abogado litigante que no asiste a una audiencia lo revocan y le tienen por abandonado el asunto. Si un asesor jurídico o un agente del MP ordinario no acude, hay una sanción y le levantan un acta ante el órgano interno de control, lo mismo que un juez, pero ¿Qué pasa si no acude un fiscal Anticorrupción? No pasa absolutamente nada”, dijo la litigante.

Denunció que no hay equidad en el manejo de las carpetas de investigación que lleva la Fiscalía Anticorrupción, pues mientras que algunos expedientes llevan años en las gavetas de sus oficinas, otros son judicializados en un mes, según la línea que les marque su jefe, Juan Salazar Núñez.

El caso más evidente es el de la perito de la Fiscalía General del Estado, Yumaira Reyes, acusada de cuatro delitos en el desempeño de su trabajo, y que recientemente fue exonerada por una juez. En un mes le integraron su expediente y lo judicializaron.

Por otra parte, Naybi Ríos denunció que la Fiscalía Anticorrupción puede llegar a cualquier agencia del Ministerio Público del Fuero Común y sustraer carpetas de investigación bajo el argumento de estar investigando actos de corrupción. “Hay una persecución en contra de agentes del MP de la Fiscalía General del Estado”, puntualizó.

Puso como ejemplo un incidente ocurrido recientemente en la región oriente, donde un grupo de agentes adscritos a la FECC fuertemente armados, acudió a una agencia del MP de la FGE y trataron de llevarse un expediente, lo que fue impedido por el fiscal regional y estuvo a punto de darse un enfrentamiento, lo que fue grabado por el reportero Paco Cedeño.

Finalmente, expuso la situación personal del vicefiscal Edgar Núñez Urquiza, quien está denunciado por su ex pareja por violencia familiar, por fraude procesal y tráfico de influencias, ya que estando embarazada descubre la infidelidad del funcionario y se inicia una discusión, tras la cual éste la golpea y la arroja al suelo. Los ayudantes del vicefiscal fueron los que llevaron a la señora al hospital mientras él se golpeaba con un sartén para aparentar que había sido una pelea con su pareja.

Finalmente, la valiente abogada señaló que hay temor por parte de los jueces por el riesgo de que les fabriquen un delito como represalia por resoluciones que dejan en evidencia las malas investigaciones de los fiscales.

Ojalá que no lleguemos al extremo de lo que ocurrió en Veracruz, donde la jueza Angélica Sánchez fue detenida después de que dejó en libertad a un presunto delincuente conocido como ‘Compa Playa’, quien es acusado del homicidio del líder cañero Juan Carlos Molina y de ser uno de los principales generadores de violencia.

La familia y abogados de Sánchez indicaron que la detención fue realizada de manera arbitraria y que ella fue obligada a disparar un arma, con la cual la buscan inculpar de un delito. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la funcionaria judicial fue dejada en libertad “con las reservas”, pero se seguirán las investigaciones para determinar si estuvo o no involucrada en la agresión a elementos de la Secretaría y además se informó a la Fiscalía General de la República por presuntos hechos que son de su competencia.

HASTA MAÑANA.