El viernes 11 de agosto en las nuevas oficinas de la Fiscalía General del Estado, en Temixco, sucedió un altercado del que varias personas fueron testigos, y que en los últimos meses son cada vez más frecuentes.

Una mujer, visiblemente molesta, le gritó a una agente del Ministerio Público:

—Si me pasa algo, tú vas a ser la responsable porque sólo tú sabías de esta denuncia— le dijo, con el rostro desencajado y lágrimas de impotencia.

La servidora pública es Paula Mateos Montes, hoy fiscal de Robos pero que hasta hace unas semanas se desempeñaba como coordinadora de Delitos Diversos del área Metropolitana.

A decir de la víctima, ese día acudió a darle seguimiento a las denuncias que ha interpuesto con anterioridad por los delitos de violencia familiar, lesiones, amenazas y violencia cibernética, en contra de su ex pareja Carlos André Navarro Garza, y todavía no abandonaba las instalaciones de la Fiscalía cuando recibió una llamada de su hermana para decirle que el denunciado ya estaba amenazándola por haber ido al Ministerio Público nuevamente.

Eso provocó la ira de Nadia N., quien admite que sí le gritó a Paula Mateos Montes (lo que incluso provocó que le advirtieran que podrían remitirla a los separos por alteración del orden), pero su indignación tiene motivos, pues esa fiscal se ha dedicado a favorecer a su victimario, desde el principio.

Recordó que, en diciembre pasado, Carlos André fue detenido por rociar gasolina a la casa de sus padres y amenazar con prenderle fuego. “Fue detenido y trasladado al penal donde estuvo tres días y cuando tenían que presentarse mis padres a la audiencia la licenciada Paula no los notificó y un juez lo dejó salir”, relata la víctima.

En lugar de dejar de molestarla, al abandonar la cárcel el hombre se volvió más violento, y no deja de amenazarla por Whatsapp, además de que se ha dedicado a subir material íntimo de ella a las redes sociales, lo que se conoce como acoso digital (Ley Olimpia).

De acuerdo a las fotos de pantalla que ella presentó como prueba de las amenazas, resaltan frases como “tú has visto como me piden permiso para matar a alguien, tú has visto como he decidido quién vive y quién muere, y sabes que, ¿tú de que pinches privilegios gozas pinche vieja ojeta”; “ya me cansé de seguir rogándote es mejor si dejas de existir maldita traidora”, “yo en la cárcel pero tú bien muerta, perra”.

Estamos pues, frente a un feminicidio más que anunciado.

Nadia ha tenido “medidas de protección” tanto de la Policía Estatal como de la Municipal, pero —de acuerdo a los documentos emitidos por el Ministerio Público—, esas acciones se limitan a recorridos periódicos en su domicilio, y que un comandante le dé su número de teléfono celular para que le hable cuando se encuentre en peligro.

Y lo peor de todo es que este tipo de casos se repiten por cientos, quizás miles, a lo largo de todo el territorio estatal, por lo que se entiende que no haya una vigilancia permanente en la casa de cada una de las mujeres amenazadas por sus victimarios.

Sin embargo, el caso de Nadia tiene un ingrediente más: la sospecha de que la encargada de investigar a los presuntos responsables de violencia contra las mujeres, esté favoreciendo a los victimarios, quizás —no lo podemos asegurar— por un beneficio económico.

Es por ello que, a las denuncias ya existentes en la Fiscalía del Estado contra el susodicho Carlos André Navarro Garza, se suma una nueva, pero ahora en contra de la agente del Ministerio Público Paula Mateos Montes, en la que Nadia dejó asentado que “si algo me llega a pasar queda como responsable Carlos André Navarro Garza y su familia, así como la lic. Paula, quien fuera coordinadora de Delitos Diversos”, según consta en la carpeta de investigación SC01/8911/1223 de la propia Fiscalía.

Ojalá que el departamento de Asuntos Internos, el Órgano de Control Interno, la Fiscalía Anticorrupción o el propio encargado de despacho de la FGE, Carlos Andrés Montes Tello, tomen cartas en el asunto e investiguen esta denuncia.

De acuerdo con Impunidad Cero, en el 2016 la Fiscalía de Morelos contaba con alrededor de 14 fiscales o agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, la cifra disminuyó para el 2018 a 11, y aunque volvió a incrementar posteriormente, para el 2020 era de aproximadamente 13, todavía por debajo de lo que tenía en 2016.

Igualmente, identificó que para el 2020 cada fiscal o agente del Ministerio Público morelense promediaba una carga de trabajo anual de 165.3 casos, más que la cifra nacional de 135.9 casos.

De los agentes de la Policía de Investigación Criminal ya ni hablamos. Existe un déficit enorme pues cada vez son más los agentes que piden su jubilación, y los que son asignados a la escolta personal de funcionarios públicos.

Con respecto al presupuesto per cápita ejercido por dicha institución, detectó para 2020 un promedio de 389.6 millones de pesos, apenas 9.1 millones por encima de la media nacional.

Por su parte, World Justice Project identificó a Morelos en la posición 31 de 32 estados en el Índice de Estado de Derecho 2021-2022. El puntaje disminuyó desde 2018, cuando tenía una calificación de 0.37 sobre 1, siendo éste el idóneo; hasta 0.35 para 2021-2022.

De los factores que se consideraron para dicha calificación, los puntajes más bajos para este periodo de tiempo correspondieron a “justicia penal”, “orden y seguridad”, “ausencia de corrupción” y “justicia civil”.

Desde el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México de la Universidad Nacional Autónoma de México, un equipo de investigadores revisó la eficiencia de las fiscalías de la región Centro del país en la atención a la desaparición de mujeres. Alvaro Martos, integrante del Observatorio, resaltó que, si bien las fiscalías parecían rebasadas en términos de sus capacidades y recursos, en Morelos destacó una falta de voluntad para avanzar en las investigaciones a comparación de los otros estados de la zona.

El análisis realizado desde el Observatorio, indicó el investigador, dan luz sobre una Fiscalía con acciones deficientes que se ha traducido a la par en una tasa “muy baja” de judicialización de casos y posteriormente, emisión de sentencias, lo cual a su vez reproduce patrones y dinámicas de impunidad.

A todo eso se tendrá que enfrentar el nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia… cuando llegue.

HASTA MAÑANA.