El presidente Andrés Manuel López Obrador no usa goma en su lapicero: nunca se equivoca. Pero quizás en algunos años, cuando le pregunten si cambiaría alguna de las frases que utilizó en su sexenio, admita que fue aventurado decir que “tendremos un sistema de Salud como el de Dinamarca”.

La desaparición del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) confirma lo que diversos expertos le dijeron al presidente en la transición del 2018: reemplazar el Seguro Popular (SP) sin un plan concreto y con presupuesto para ofrecer servicios de salud a la población sin derechohabiencia era un error garrafal.

Con todo y sus problemas, el Seguro Popular —creado por los gobiernos panistas— junto con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, brindaba cobertura de salud básica y para padecimientos graves —a través de transferencias de recursos a las secretarías de salud estatales— a aproximadamente la mitad de la población sin otra cobertura de salud.

Pero la alternativa de este gobierno fue mucho peor. Con el pretexto de que no era seguro ni popular, tiraron a la basura años de avance y reemplazaron el SP por el Insabi, dirigido por alguien sin ninguna experiencia, sin planeación, sin los recursos financieros ni humanos requeridos para ofrecer servicios de salud.

Ahora, a unos meses de que termine el sexenio, al gobierno de AMLO se le ocurre poner en marcha un nuevo programa que consiste en cargarle toda la responsabilidad a una institución que ya existía.

Hablamos del programa IMSS—Bienestar, que en la narrativa del presidente es la panacea para que los servicios de salud lleguen a toda la población de manera gratuita y en forma eficiente, incluyendo a quienes no están formalmente inscritos en el padrón de derechohabientes.

Los gobiernos de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, firmaron un convenio de transferencia de recursos para brindar una atención médica universal, gratuita y de calidad a la población sin seguridad social, a través de IMSS-Bienestar.

“Con estos seis estados, ya suman un total de 18 que han firmado el acuerdo de federalización. Lo anterior, para garantizar el acceso a una salud médica gratuita y digna. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los avances respecto a la federalización de recursos garantizarán a todas las y los mexicanos acceder al derecho a la salud”, publicó recientemente la Presidencia de la República.

Con este acuerdo, el IMSS-Bienestar quedará a cargo de: Personal sanitario, Infraestructura médica, Equipamiento, Fármacos e insumos de 71 hospitales, 16 unidades de especialidad y mil seis clínicas.

¿Tiene usted idea de cuánto dinero implica esto? Son cantidades inimaginables.

Un funcionario del IMSS nos confiaba recientemente que hay una doble actitud de los gobernadores y las gobernadoras. Por un lado se dicen a favor de este proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero por el otro están haciendo todo lo posible por retrasar el proceso de federalización de los servicios de Salud.

Un claro ejemplo de esta “doble cara” es lo que ocurre en el vecino estado de Puebla. En su visita del director general del IMSS, Zoé Robledo, el gobernador Sergio Salomón Céspedes se dijo convencido de que sea esa institución la que se encargue de los hospitales que pertenecen todavía al gobierno estatal y que la entrega recepción se concrete lo antes posible.

Sin embargo, unos días después, en su tradicional conferencia de prensa, el panorama que mostró a los reporteros poblanos que le preguntaron sobre si ya estaba todo para entregar la infraestructura al IMSS, fue totalmente diferente:

“En eso estamos, han sido mesas de trabajo muy intensas. Son más de ocho mesas de trabajo, permanentes, paralelas, que van trabajando a este ritmo para poder dar buenas noticias”, contestó.

Recordemos que el actual gobernador de Puebla tiene escasos meses de haber sustituido a su progenitor político, Miguel Barbosa (QPD), pero que le queda escasamente un año en el gobierno.

El otro problema que se avecina es la situación laboral de los trabajadores que hoy pertenecen a los servicios de Salud de los gobiernos estatales.

En la ciudad de México ya comienza a haber protestas.

“La transición de los Servicios de Salud de la Ciudad de México al esquema IMSS-Bienestar ha generado gran inconformidad entre el personal de salud, ya que advierten que este programa afecta las garantías laborales de al menos 6 mil trabajadores del sector”, publicó recientemente el periódico La Prensa.

A pesar de que las autoridades del gobierno capitalino informaron que, desde la segunda quincena de junio del presente año, cuando se firmó el convenio por el cual inicia la incorporación de los servicios de salud capitalinos al IMSS-Bienestar se llevaron a cabo más de 35 asambleas en cada hospital para informar al personal sanitario, los trabajadores advierten que en estas asambleas no fueron escuchadas sus demandas ni sus inquietudes.

“Informaron a LA PRENSA que las autoridades solo se concretaron a informar sobre la transición, e incluso advirtieron a los trabajadores, que aquellos que no aceptarán el cambio se quedarían sin ninguna opción laboral, toda vez, que Sedesa como tal, ya no estará a cargo de ninguna contratación, funciones que absorbe el IMSS-Bienestar”, dice la nota.

El personal de salud señaló que este proceso se ha hecho al vapor y se diseñó “sobre las rodillas”, para tratar de cubrir el gran fracaso de lo que fue el INSABI, por lo que expresaron su temor que lejos de resolver los graves problemas que enfrenta hoy en día el sector salud, se empeoren las condiciones de trabajo y de prestación de los servicios, que ya de por sí están saturados.

Y si así está la capital del país, imagínense como están los 32 estados de la República.

HASTA MAÑANA.