Ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside Rosario Piedra Ibarra dio a conocer que se ha emitido una recomendación al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social para que reubique a 59 internas del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16, localizado en el poblado de Michapa, municipio de Coatlán del Río, Morelos, mismas que habían sido remitidas a un área considerada como “la cárcel dentro de la cárcel”.

A partir de dos quejas presentadas por mujeres privadas de la libertad, en diciembre de 2022 la CNDH inició una investigación por lo que solicitó información a las autoridades penitenciarias y llevó a cabo visitas de supervisión a ese sitio en las que se entrevistó a las 59 mujeres, acreditando violaciones a sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad personal, a la reinserción social; así como a la igualdad y a la no discriminación.

Personal de la CNDH revisó los expedientes técnicos-jurídicos de las 59 víctimas en los que observó la falta de Actas de Sesión de Comité Técnico que sustentaran su reubicación al Módulo A, a pesar de que llevaban más de un mes en esa área. Además, oficialmente estaban registradas en otro módulo distinto, lo que evidencia desorganización, falta de control y riesgo para la operatividad cotidiana del propio CEFERESO 16.

Al solicitar la razón y motivación jurídica, así como el acta del Comité Técnico en la que sesionó y aprobó la reubicación, las autoridades carcelarias solo indicaron que ésta se fundamentó en los artículos 5 y 31 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) -aplicables sólo para clasificación de internas mas no para su reubicación-, argumentando factores como sobrepoblación y hacinamiento y que dichos movimientos habían sido aprobados en la sesión extraordinaria del Comité Técnico del penal, efectuada el 21 de diciembre de 2022, de la cual no fue remitida ninguna constancia y/o documental, por lo que se infiere que se trató de un acto discrecional y sin justificación.

“Lo anterior ocasionó que un grupo importante de las mujeres transferidas presentara problemas de salud, tanto físicos como psicológicos, que derivaron en múltiples solicitudes de atención médica por autoagresiones e intentos suicidas, mismas que estaban asociadas con la reubicación, la falta de interacción con sus redes de apoyo y por conflictos con personal del CEFERESO 16; además de que, en su mayoría, las víctimas desarrollaron trastornos como estrés, ansiedad, depresión, ira y/o incertidumbre”, informó la CNDH.

A pesar de tener conocimiento de 22 reportes de autoagresiones e intentos suicidas, las personas servidoras públicas del penal solamente activaron, en una ocasión, el protocolo para salvaguardar la integridad de las personas, incumpliendo lo estipulado en el artículo 20 de la LNEP al no vigilar o custodiar adecuadamente a la población penitenciaria del Módulo A y evitar cualquier incidente o contingencia que pusiera en riesgo su integridad física.

De igual forma, los visitadores adjuntos de la CNDH constataron que el citado Módulo carecía de atención médica e insuficiencia de actividades laborales, educativas y deportivas, situación que transgrede los ejes de reinserción social y, por último, dichas irregularidades demostraron que el personal del CEFERESO 16 no contemplaron en sus actuaciones la perspectiva de género, el enfoque interseccional y multidimensional, incurriendo así en un acto infundado y discriminatorio que implicó el menoscabo de sus derechos humanos.

“En consideración de lo anterior, esta Comisión Nacional solicita al OADPRS otorgar las 59 personas víctimas la atención médica, psicológica y/o psiquiátrica que requieran, por parte de personal profesional especializado y de forma continua, e instruir al personal de Seguridad y Custodia del CEFERESO 16 o al área que se estime óptima para vigilar a las mujeres privadas de la libertad que sean reubicadas, a fin de advertir el impacto psicoemocional que les cause el cambio y atenderlas sin demora, evitando poner en riesgo su integridad personal.

Asimismo, se solicita garantizar que los actos de autoridad penitenciaria estén debidamente fundados y motivados, a fin de dar certeza jurídica, específicamente cuando se lleve a cabo una reubicación al interior del establecimiento; revisar los expedientes técnicos–jurídicos de las víctimas para detectar las inconsistencias en su integración y subsanarlas, así como analizar las actividades que se ofrecen en el CEFERESO 16 con el propósito de subsanar las deficiencias que impiden alcanzar los ejes de la reinserción social, trabajo, capacitación para el mismo, educación y deporte.

En colaboración con las dependencias del Sector Salud a nivel federal y estatal, también deberá proporcionar en ese CEFERESO 16 campañas de atención a la salud mental con el enfoque específico de prevención del suicidio y/o autoagresiones, además de proponer la adición de un apartado al Protocolo para la Detección e Intervención de la Conducta y Riesgo Suicida en Personas Privadas de la Libertad en Centros Penitenciarios Federales, orientado a mujeres privadas de la libertad, en el que se incluya la atención que debe brindárseles en razón a sus necesidades particulares, con enfoque de género, interseccional y especializado.

Por último, deberá impartir un curso de capacitación en materia de derechos humanos de mujeres privadas de la libertad, igualdad y no discriminación, así como enfoque de género, a las personas servidoras públicas del CEFERESO 16, preferentemente a las áreas de Seguridad y Custodia, Técnica y Jurídica, en particular a las personas servidoras públicas señaladas como responsables en la Recomendación; así como colaborar ampliamente con las autoridades investigadoras en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente por los hechos señalados.

Lo anterior está muy bien, pero no olvidemos que detrás de esa mole de concreto están las mujeres más peligrosas de este país, y la historia de cada una de ellas bien podría servir de inspiración para los guionistas de películas o series de acción y drama.

Ahí estuvo La reina del Sur, la esposa de El Mencho, La Lety de Cancún, la Jefa de Morelos y Esperanza, quien acaba de ser sentenciada a 26 años de prisión al aceptar que mató por encargo a dos israelíes que también eran delincuentes, en la Plaza Artz de la Ciudad de México, en julio del 2019. Igualmente, Bethzabee, acusada de ser la autora intelectual de la llamada “Masacre de Las Brisas”.

La gestión de Rosario Piedra Ibarra se ha caracterizado por su “institucionalidad” hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la indiferencia hacia las luchas sociales que enarboló su señora madre, doña Rosario Ibarra de Piedra.

Así que no descartemos que entre esas 59 mujeres estén algunas realmente peligrosas y con bastante dinero para pedir a través de sus abogados la intervención de la Comisión a fin de recuperar canonjías.

HASTA EL LUNES.