Lunes, 06 Enero 2014 08:24

Una radiografía del Penal de Atlacholoaya

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A principios del 2010, el capitán retirado Eduardo Aponte Romo, quien ocupaba el cargo de director operativo de reclusorios, entregó al entonces secretario de Seguridad Pública, el general Gastón Menchaca Arias, un estudio muy completo sobre el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) Morelos, mejor conocido como el Penal de Atlacholoaya. Era prácticamente una radiografía del Reclusorio que, a escasos 13 años de creación, ya es considerado obsoleto e inseguro.

El documento, al que tuvo acceso este columnista, se fue junto con los demás documentos que se llevó el general Menchaca cuando fue despedido en 2011, y es evidente que el proyecto de seguridad del capitán Aponte (hijo del general Eduardo Aponte Cardoso) nunca fue puesto en marcha.
En dicho estudio se exponían cuáles eran los “puntos débiles” que debían ser reforzados en el Penal de Atlacholoaya, desde la plantilla del personal, los filtros de acceso, los grupos de autogobierno, hasta cuestiones prácticas como la existencia de escaleras dentro del Penal, áreas mal iluminadas, la falta de un circuito de seguridad al exterior de la fortaleza y la falta de control en la zona que conecta el Reclusorio con los juzgados.
Y el tiempo le ha ido dando la razón.
Cuando en el año 2000 se puso en funcionamiento el Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) en el municipio de Xochitepec, iniciado años antes por el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea, el moderno complejo de Atlacholoaya era considerado un modelo de penitenciaría a nivel Latinoamérica. Hoy, apenas a trece años de distancia, el Penal de Atlacholoaya alberga más de dos mil internos que se rigen por sus propias reglas: la violencia y la corrupción.
Los últimos dos gobiernos panistas han intentado de todo: evangelizar a los presos; traerles obras de teatro y ópera; integrarlos a programas provenientes de Estados Unidos; manejar todos los negocios a través de un patronato, etc.
Pero ninguna estrategia ha funcionado. El Penal de Atlacholoaya y también las cárceles distritales han venido recibiendo calificaciones reprobatorias en los últimos años por parte de organismos encargados de evaluar el desempeño de los sistemas penitenciarios.
En el estado de Morelos la política penitenciaria se ha regido según la persona a quien se encomiende dicha labor y las circunstancias de cada época.
Así, durante décadas “funcionó” el Penal de Atlacomulco, ubicado en lo que hoy es el Parque Ecológico Acapantzingo. En menos de 10 mil metros cuadrados convivían más de mil internos, revolviéndose primodelincuentes, procesados, sentenciados por todo tipo de delitos, y la división entre hombres y mujeres era una malla ciclónica. Cientos de historias se cuentan de lo que ocurría en el llamado “pueblito”, donde la droga se vendía de manera normal, se hacían jaripeos y hasta funcionaba un taller mecánico que reparaba vehículos particulares en cuyo interior se fugaron varios internos unos meses antes de que el vetusto reclusorio fuera cerrado para siempre.
Los más de mil internos fueron reubicados a finales de los noventas al “moderno” Centro Estatal de Readaptación Social de Atlacholoaya, gestionado por el gobernador Jorge Carrillo Olea, presumido como el más moderno de América Latina pero también considerada la obra donde más saqueo hubo. Con una Contraloría domesticada y sin una Ley de Información Pública que diera transparencia a los procesos de financiamiento, licitación y construcción del complejo penitenciario, sólo quienes estuvieron directamente involucrados saben cuánto se robó cada quien.
Aunque al principio el Cereso de Atlacholoaya resolvió con creces los problemas de hacinamiento, actualmente registra ya una considerable sobrepoblación. Como consecuencia de esa sobrepoblación, tiene también los típicos problemas de una cárcel: la corrupción propiciada por los ínfimos sueldos que recibe el personal de seguridad; la existencia de grupos de “autogobierno” y la introducción sistemática de objetos prohibidos, principalmente teléfonos celulares y todo tipo de drogas. Ya sea a través de un Patronato o de manera directa, en Atlacholoaya se mueven varios millones de pesos anuales en la venta de todo tipo de productos.
Y decíamos que las condiciones de los reos varían ligeramente dependiendo de la persona que esté encargada del sistema penitenciario, porque en Morelos hemos tenidos responsables de reinserción social con estilos muy diferentes. Carlos Villavicencio de la Rosa, hoy jubilado de la Procuraduría de Justicia, mantuvo en relativa calma al Penal de Atlacomulco durante varios años. Jesús Torres Quiroz era un militar que quiso tomar el control del viejo Penal pero los internos le enseñaron que quienes mandaban ahí eran ellos, así que duró poco tiempo.
Bernardo Rocha Reyes es un idealista de la readaptación penitenciaria. Fue subsecretario de Readaptación Social a la mitad del gobierno de Sergio Estrada Cajigal. Abogado de profesión y cristiano por convicción, Bernardo consideraba que al interno (prohibió durante su administración que se les llamara reos) debe de proveérsele de todo aquello que permita su desarrollo físico, intelectual y espiritual. Hizo la pista “Ana Guevara” en el interior del Penal y trajo obras de teatro, ópera y literatura. Rompió record en internos graduados como licenciados en Derecho que después asumirían su propia defensa.
Antonio Aragón Zamora, de tendencia ultraderechista, introdujo el programa “Ave Fenix” como método para readaptar internos, con la característica de que el curso incluía una especie de adoctrinamiento hacia la religión católica. Fracasó cuando se descubrió que varios peligrosos delincuentes obtuvieron su libertad mediante este programa.
La manzana de la discordia siempre han sido los negocios al interior del Penal. Antonio Tallabs Ortega siempre ha presumido que cuando fue subsecretario de Readaptación Social no había crisis económica en el Penal de Atlacholoaya. Lo que no dice es que en este tiempo era su oficina la que manejaba todos los negocios, incluyendo criaderos de mojarras, chivos, y todo tipo de animales que eran comercializados sin mayores ganancias para los internos.
Luego el negocio quedó en manos del ingeniero Hermosillo, padre del futbolista Carlos Hermosillo, a quien le encomendaron crear un Patronato de la Industria Penitenciaria, pero también fracasó porque la corrupción terminó por imponerse.
El sistema Penitenciario ha sido llevado de un lado para otro dentro del organigrama del gobierno estatal. Durante años dependió de la Secretaría de Gobierno, luego pasó a Seguridad Pública, volvió a la Secretaría de Gobierno y los últimos dos años del gobierno de Marco Adame fue nuevamente facultad de la Secretaría de Seguridad Pública.
Los abogados Daniel Montero Zendejas, Sara Olivia Parra Téllez, Jorge Toledo Bustamante, Luis Hernández Sabás y Santiago Romero Sedano han pasado por esa oficina.
Ya con Graco Ramírez como gobernador, el Gobierno puso en la Subsecretaría de Reinserción Social a la psicóloga Angélica Sanvicente, quien se enfrentó con su superior, la secretaria de Seguridad Pública Alicia Vázquez Luna. Graco primero la defendió, pero terminó por despedirla y poner en su lugar al ex Juez Jesús Valencia Valencia, quien ocupa el cargo más alto en materia penitenciaria, pero, nuevamente, como parte del organigrama de la Secretaría de Gobierno que encabeza Jorge Messeguer.
El grave problema tiene que ver con los grupos de la delincuencia organizada que se disputan el suministro de drogas al interior del Penal. El CPS, Los Rojos, Los Guerreros Unidos, La Empresa y hasta La Familia Michoacana ha pretendido imponer su ley. Luis Navarro Castañeda, recién designado director del Penal de Atlacholoaya, pagó caro el no haber accedido a las pretensiones de uno de estos grupos y su cuerpo fue encontrado sin cabeza el 29 de mayo de 2010.
En los últimos meses se han encontrado varias narcomantas que hacen referencia al Penal de Atlacholoaya. Son abiertas amenazas de “volar cabezas” porque uno de los grupos considera que se le está dando “manga ancha” a sus contrincantes.
Lo cierto es que, con priístas, panistas o perredistas en el gobierno, al interior del Penal de Atlacholoaya rige la ley del más fuerte. Siempre hay alguien que se encarga de recolectar las cuotas que pagan los recién llegados para no hacer “fajina” ni ser golpeados; hay quien autoriza la entrada de alcohol y drogas; y quien controla el llamado “Motel Atlacholoaya”, donde cualquier interno puede tener sexo con una prostituta si tiene mil pesos en la mano. Trescientos son para la dama (que puede ser interna o externa) y el resto se reparte entre los encargados del área de visita íntima.
HASTA MAÑANA  

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.

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