Lunes, 13 Enero 2014 09:17

¿Hilario Montaño será “El moles” de la actual administración?

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A estas alturas no creo que haya nadie que crea la versión de que Jorge Carrillo Olea dejó de ser gobernador por las marchas que encabezaba un grupo de ciudadanos (algunos de los cuales ocupan altos cargos en el actual gobierno estatal); está clarísimo que su salida se debió a diversos factores, el principal de ellos una venganza política del entonces presidente Ernesto Zedillo.

Pero lo que sí a nadie le queda duda es que la caída del general retirado comenzó con la muerte de Jorge Nava Avilés, apodado “El Moles”, un presunto delincuente que se murió horas después de ser detenido por la Policía Preventiva Estatal y cuyo cuerpo fue tirado en la carretera federal Cuernavaca-Acapulco a la altura de Iguala, a principios de 1997.

Algunos hablan de casualidad, otros de que ya había una especie de espionaje de las autoridades federales hacia el gobierno morelense. El hecho irrefutable es que cuando el comandante Armando Martínez Salgado se disponía a tirar el cadáver de “El Moles”, apareció una patrulla de la Policía Federal de Caminos.

Y que las cosas pudieron haber tenido otro desenlace de no ser porque, quien sabe de dónde, apareció un fotógrafo que tomó aquellas gráficas que dieron la vuelta al mundo, donde se muestra a Martínez Salgado con sombrero y camisa a rayas, junto a sus elementos, ya en calidad de detenidos.

A partir de ese momento comenzó algo muy parecido a lo que está aconteciendo actualmente con Hilario, el interno del Penal de Atlacholoaya que apareció muerto en el área de Ingresos del Penal de Atlacholoaya: el deslinde de responsabilidades.

En aquella ocasión las investigaciones abarcaron hasta la Policía Preventiva Estatal, específicamente el comandante Enrique Flores Reyna que fue quien hizo la detención de “El Moles” tras varios días de estar buscando al sujeto que se dedicaba a asaltar autobuses de la Estrella Roja a la altura de La Joya.

Ya detenido (y por supuesto sometido a base de golpes como se acostumbraba), fue entregado a la Policía Ministerial de Jiutepec, a cargo de un comandante de apellido Reybal, que a su vez le propinó otra golpiza y lo entregó a su jefe, el comandante Armando Martínez Salgado, subdirector de la Policía Judicial.

Martínez Salgado le informó de la detención al subprocurador Rafael Borrego y éste al máximo jefe, el procurador Carlos Peredo Merlo. Debemos mencionar que en ese tiempo el director de la PJ era Jesús Miyazawa Alvarez, pero a él lo tenían prácticamente en calidad de reliquia. Ostentaba el título de “el mejor policía de México” que le había dado unilateralmente el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea, pero sus hazañas databan de los sesentas y setentas, de tal manera que en ese momento sólo firmaba como director, pero quien hacía y deshacía era el comandante Martínez Salgado, que encabezaba el grupo antisecuestros.

Como ya es costumbre cuando se muere un detenido, nadie sabe, nadie supo. Todos dicen haberse enterado “de oídas” pero nadie asume la responsabilidad.

En aquel caso, como ya lo habíamos advertido, “había línea” para afectar el gobierno de Jorge Carrillo Olea, así que Martínez Salgado y sus policías fueron llevados de inmediato a la PGR, y desde ahí comenzaron a llamar a los involucrados. Funcionario que llegaba a declarar, funcionario que se quedaba en calidad de detenido.

Un amigo, Federico Mayorga, quien formó parte del equipo que defendió a Jesús Miyazawa, me llevó hasta los juzgados de Almoloya. Gracias a él puedo decir que me tocó ver con mis propios ojos cómo el que llegó a ser el hombre más poderoso del gobierno de Carrillo Olea, el procurador Carlos Peredo Merlo (quien ponía y quitaba jueces y magistrados) en ese momento declaraba en calidad de detenido. Nunca olvidaré esa imagen.

A Miyazawa le convino admitir que su margen de maniobra al interior de la PJ era prácticamente nula. Firmaba todo, pero el operador era Armando Martínez. Por eso salió libre esa misma noche.

A final de cuentas todos quedaron en libertad tarde o temprano, menos Armando Martínez Salgado, a quien reconocieron algunas víctimas de secuestros como el que encabezaba las negociaciones y recogía el dinero. A ciencia cierta no sabemos si siga o no en el Penal de Alta Seguridad de Almoloya, pues aunque fue sentenciado a más de 40 años de prisión, hay recursos para salir antes.

Contamos todo lo anterior porque en el reciente caso del interno Hilario Montaño Montes, quien se había fugado junto con otros tres el pasado dos de enero y fue recapturado el día 4 para después aparecer muerto en el interior del penal, existen algunas similitudes que merecen ser analizadas.

Tal como ocurrió con “El Moles”, nadie quiere asumir su responsabilidad. En un primer momento, hasta se manejó la versión de que Hilario había muerto en el penal, pero por los golpes recibidos por los policías ministeriales que lo capturaron en su casa de Jojutla.

Esa versión se antojaba inverosímil desde el principio. ¿Para qué golpearlo si ya estaba detenido?

Lo que es innegable es que la muerte de Hilario Montaño es el desenlace de una serie de errores en el sistema penitenciario del Estado de Morelos y que abarca desde los custodios que directamente tenían bajo su responsabilidad la vigilancia de la zona donde ocurrió el homicidio, y de ahí en orden ascendente hasta llegar al secretario de gobierno, Jorge Messeguer.

No decimos que el ingeniero sea el responsable de la muerte de Hilario, pero si cuando el elemento de hasta abajo hace una buena acción ésta se la adjudica su superior, y éste hace lo propio con su jefe hasta que es el secretario de gobierno quien lo anuncia como obra suya, lo justo es que también cuando se cometen errores admita cada quien su responsabilidad.

Y es que no es solamente la muerte del interno, es también la fuga de los cuatro reos en las primeras horas del 2014.

Ha sido una cadena de errores que no debe culminar con la destitución del director del Penal. De hecho, el cese fulminante del director puede considerarse el más grave de los errores porque, al ser sustituido por alguien sin experiencia en materia penitenciaria, la seguridad se relajó aún más y permitió el homicidio ya por todos conocido.

Y políticamente hablando el error más grave fue la designación de Jesús Valencia Valencia como responsable del sistema penitenciario en Morelos. Al abogado michoacano se le reconoce como experto en derecho, como juzgador, como consejero de la Judicatura, e incluso como funcionario honesto salvo prueba en contrario, pero no como conocedor del sistema carcelario.

A su debido tiempo y en persona le advertimos al “tocayo y paisano” que se estaba metiendo en terrenos desconocidos y peligrosos. Nos contestó que era un reto que había decidido aceptar.

Su principal problema es que, al no tener experiencia en el ramo, tampoco tiene equipo de confianza, de tal forma que su primer círculo de colaboradores lo ha tenido que conformar con gente que ya estaba y con otros que llegaron recomendados por amigos o superiores.

El propio Valencia admitió que desde días antes recibieron llamadas anónimas advirtiendo sobre una posible fuga, razón por la cual el funcionario solicitó el apoyo del Ejército Mexicano. Pero lo que Valencia no sabía es que, más que cuidar afuera, lo que debía hacer era “sondear” entre los propios internos y custodios en dónde se estaba fraguando la huida.

Conozco ex funcionarios del Penal de Atlacholoaya que siguen manteniendo su “servicio de inteligencia” al interior del Penal. Internos y custodios les siguen informando de todo lo que ocurre dentro de esas instalaciones. A eso se debe que cuando se da un motín o un homicidio dentro del penal, a veces se enteran primero los medios de comunicación que el propio coordinador.

A Valencia “lo chamaquearon” con la fuga de los internos, y ahora lo vuelven a hacer con el homicidio de Hilario. Hubo dinero tanto para lo uno como para lo otro, y a Valencia no le tocó nada más que la pena de admitir la vergonzosa fuga ante los medios de comunicación y tratar de justificarlo diciendo que el Penal de Atlacholoaya no es de máxima seguridad.

Y si Valencia no tiene experiencia en materia penitenciaria, su jefe Jorge Messeguer mucho menos. Pareciera que resultó peor el remedio que la enfermedad cuando el Congreso Local aceptó devolver a la Secretaría de Gobierno un área que el gobierno de Marco Adame le endilgó a la Secretaría de Seguridad Pública en la recta final de su administración.

Se dice hasta el cansancio que se ha hecho en un año de gobierno perredista lo que no se hizo en 12 años de gobiernos panistas, pero no se admite también que se han fugado más reos en un año  que en los 12 últimos.

Y si a Angélica Sanvicente la corrieron por las primeras fugas, lo más lógico sería que a Jesús Valencia le dieran las gracias por la fuga y por el homicidio de Hilario.

Pero lo van a aguantar por una sencilla razón: correrlo sería admitir que hubo incapacidad, y si lo hacen el cambio afectaría también la imagen de su jefe inmediato, el secretario de Gobierno y próximo candidato a presidente municipal de Cuernavaca, Jorge Messeguer Guillén.

Por eso van a aplicar la máxima de que “el hilo se rompe por lo más delgado”, y de eso deben estar conscientes quienes decidan aceptar el cargo de director del Penal de Atlacholoya. Habrá cuantos cambios de director sean necesarios, e incluso podrían ir a la cárcel, antes de aceptar que la falla está más arriba.

Otro punto importante: en el Penal de Atlacholoaya se genera una maleta cada semana por concepto de venta de canonjías, negocios lícitos e ilícitos que funcionan al interior del centro penitenciario. ¿Quién es actualmente el destinatario de esa maleta?

HASTA MAÑANA 

Jesús Castillo

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