Panóptico Rojo
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Estándares

En el mes de julio que acaba de concluir, se publicó una guía destinada a los jueces de América Latina para garantizar el derecho a la libertad de expresión, cuya autora es Silvia Chocarro, experta en dicho tema, según dio a conocer la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La publicación incluye aspectos como la violencia contra los periodistas, el acceso a la información y los retos de Internet; también define las limitaciones legítimas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

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El organismo internacional informó al respecto que el objetivo es garantizar el derecho a la libertad de expresión y acabar con la impunidad de los ataques contra periodistas en Latinoamérica. La guía se titula “Estándares internacionales de libertad de expresión. Guía básica para operadores de justicia en América Latina”, publicada por el Center for International Media Assistance (CIMA) con el apoyo de la oficina del Relator Especial para Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la UNESCO.

En el documento se hace referencia a que sólo en el año 2016, 36 periodistas fueron asesinados en la región latinoamericana, según datos de la RELE; 192 en los últimos diez años, según la UNESCO. Más del 90 por ciento de los casos sigue sin resolverse, lo que hace de la impunidad el mayor enemigo de la violencia contra quienes ejercen el periodismo. Además, las violaciones del derecho a la libertad de expresión incluyen casos de espionaje, sentencias penales por difamación y desacato, restricciones de acceso a la información pública, limitaciones en nombre de la seguridad nacional o cierre de páginas web por contenidos de terceros.

Al respecto, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, señala que “una de las formas de acabar con estas violaciones es garantizar que se imparta justicia. Para ello, es fundamental conocer bien los estándares internacionales e interamericanos y, sobre todo, aplicarlos (…) esta guía es una herramienta fundamental para los operadores de justicia”.

El manual forma parte de una iniciativa más amplia destinada a formar a jueces y juezas de América Latina. Lidia Brito, directora de la oficina de la UNESCO en Montevideo, desde donde se coordina el proyecto, explica que comenzaron en el año 2014, con un curso en línea para jueces mexicanos, en colaboración el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Y agrega: “El éxito fue tal que extendimos la convocatoria a toda la región. Actualmente, ya han participado más de 5.000 personas y las escuelas judiciales latinoamericanas se han comprometido a incluir la cuestión de la libertad de expresión en sus currículos”.

Se hace énfasis en que cuatro años después faltaba una pieza: una guía básica que pudiera complementar los cursos en línea, pero que también sirviera de introducción a otros operadores de justicia. El director de CIMA, Mark Nelson, explica que su organización se dedica a hacer estudios que contribuyan al fortalecimiento de medios de comunicación libres, plurales e independientes, y por ello no hubo duda en apoyar la iniciativa: “Teníamos claro que hacía falta una guía básica de referencia para quienes imparten justicia en casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión”.

En el prólogo de la guía se lee que es “el intento de hacer algo que nos parecía imposible, pero que hemos osado intentar: traducir de manera concisa y clara más de 70 años de jurisprudencia internacional en materia de libertad de expresión, y delinear una hoja de ruta para operadores judiciales de forma que puedan tomar decisiones que estén en línea con los estándares internacionales”.

Sobre el tema de la seguridad de periodistas, la ONU ha indicado que el ambiente de medios de comunicación, tanto en línea como fuera de ella, debe ser uno en el cual “los periodistas, trabajadores de los medios y productores de medios sociales pueden trabajar con seguridad e independencia, sin el temor de ser amenazados o incluso asesinados”.

Además, donde los ataques, intimidaciones, acosos, secuestros, encarcelamientos arbitrarios y amenazas son la excepción y no la norma. Los periodistas, editores, propietarios de medios e intermediarios en línea no deben ser objeto de coerción o manipulación política o económica, y deben ser especialmente protegidos de las amenazas a su propia seguridad  y la de sus familias.

La ONU califica la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación como un asunto urgente, al enfatizar que más de 600 han sido asesinados en los últimos diez años; de igual modo y al hacer un comparativo al respecto, se refiere que cada semana un periodista pierde la vida por llevar noticias e información al público. 

Silvia Chocarro, la autora de “Estándares internacionales de libertad de expresión. Guía básica para operadores de justicia en América Latina”, texto sobre el que comentamos este domingo, confía en que la guía contribuya a garantizar que “todas las personas podamos expresarnos sin miedo a represalias y tengamos acceso a la información que necesitamos para tomar decisiones sobre nuestra sociedad y nuestro futuro”. Coincidimos.

 

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Margarita Rebollo

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