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A pesar de los cambios internos que el país ha experimentado desde el 2000, la impunidad ha quedado intacta. Los gobiernos de la alternancia se han negado a tomar medidas efectivas para sancionar a los responsables por las violaciones masivas de las décadas de los setentas y ochentas, quedándose en la creación de instituciones que politizan.
Las violaciones de los derechos humanos más recientes incluyendo las múltiples desde el 2000, también han quedado en la impunidad, el sistema de justicia es ineficaz y utiliza las detenciones arbitrarias, la tortura y los maltratos para intentar resolver casos que no tienen las herramientas ni recursos necesarios para solucionar profesionalmente, la reforma constitucional reciente contiene asuntos contrarios a los derechos humanos entre los que destacan algunos de los delitos por los que sigue siendo obligatoria la prisión preventiva, los atentados contra la libertad de expresión son cada vez más frecuentes y constituyen un signo de autoritarismo gubernamental.
El secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y ex director del centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, asegura que desde hace varios años se inició el proceso con el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales y a esta política se le acompaña de un discurso que apela a la legalidad y al estado de derecho.
Cuando la realidad advierte que se aplica un derecho que hace lo que no debe, maltrata a quien debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, ignora a quienes debe dar mayor atención y sirve a quienes debe controlar, opera un derecho mafioso, donde se aplica la ley de forma discriminatoria, particularmente contra los pobres y quienes se enfrentan al estado, por tanto hoy no se puede hablar de la existencia de la legalidad plena o el estado de Derecho.
El Estado responde de forma represiva; cierra espacios de diálogo, utiliza la represión policiaca, descalifica a quienes se manifiestan y protestan, militariza la vida civil. La criminalización consiste en llevar los conflictos a sociales a la arena judicial, encarcelar a los dirigentes de los movimientos sociales y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos, es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar la inconformidad, señala el autor en esta publicación de 2008. En la que realiza un recuento de cómo actuaron los aparatos gubernamentales de los estados de Yucatán, San Luis Potosí, Chihuahua, Morelos, Chiapas y Querétaro en la década pasada.
Este miércoles se realizó en el Congreso del estado el foro contra la Criminalización de la Movilización Social en Morelos, con el apoyo de varios legisladores, entre ellos Juan Ángel Flores Bustamante; ahí el ex dirigente estatal y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que en el proceso para elegir a la dirigencia nacional, los perredistas deben revisar la vinculación de los gobiernos del sol azteca a las prácticas neoliberales en las entidades donde se están criminalizando las movilizaciones sociales, sobre todo aquellas que defienden los derechos de los campesinos sobre sus tierras y la insatisfecha demanda de generación de empleos.
NO MÁS PODER AL PODER
A raíz de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, en el país se han incrementado los actos gubernamentales y proyectos de Ley que buscan acotar el derecho a la protesta y la libre manifestación, de acuerdo con un informe presentado el miércoles 9 de abril de 2014 por organizaciones de la sociedad civil, previo a la marcha: “No más poder al poder”, El estudio “Control del Espacio Público” señala: “La protesta social y la criminalización de la misma va en aumento y se han agudizado las medidas para reprimirla. No sólo existen leyes que de manera expresa buscan estos fines, sino que además se adelanta un paquete de legislación local y federal que buscan criminalizar la manifestación pacífica”.
Las organizaciones participantes en el análisis fueron Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Prodh, CAUSA, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Propuesta Cívica, Serapaz y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
El diagnóstico de las organizaciones apunta al Presidente y al regreso del PRI al gobierno federal: “Desde la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la república, el 1 de diciembre de 2012, hemos observado en México un proceso sistemático de violaciones al derecho a la protesta y contra la libertad de expresión. La lista de agravios es larga y pueden constituir la configuración de un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas”.
El investigador Miguel Moguel, de Fundar, dio a conocer que el grupo de organizaciones presentó una carta a la CNDH para solicitar que ejerza sus facultades para promover una controversia constitucional en contra de la reforma al Código Penal federal en materia de terrorismo.
“Junto con la solicitud presentamos a la comisión un diagnóstico, pues vemos que bajo el argumento de combatir terrorismo, se mete la protesta y el derecho a la manifestación en el mismo concepto, y al final se criminaliza este derecho”, explicó.
El 8 de abril el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y la comisión presentaron impugnaciones en la Suprema Corte de Justicia en contra de un grupo de artículos del Código Único de Procedimientos Penales, por considerarlos violatorios de Derechos Humanos. Las disposiciones objetadas son todas aquellas que regulan las facultades de la policía en investigación y prevención de delitos, así como las detenciones en flagrancia.
“Los espacios públicos son para debatir los asuntos públicos. Las calles y plazas públicas son de los ciudadanos no del gobierno”, señaló Édgar Cortés, del IMDHD.
Durante la presentación del documento, realizado en las instalaciones del Centro Prodh, los representantes de las organizaciones dieron a conocer que la ONU ya ha solicitado información a los congresos de Quintana Roo y San Luis Potosí sobre las leyes que analizan para regular las manifestaciones.
Entre los intentos que las organizaciones observan para controlar el derecho a la manifestación en México están, por ejemplo, la llamada “Ley Sotomayor”, que pretende regular las marchas en el DF, así como las Leyes Secundarias de Telecomunicaciones que se discuten actualmente en el Senado, entre otras.
En redes sociales los grupos lanzaron la campaña #QueNoTeApaguen para difundir el estudio.
Además, presentaron tres exigencias: al Poder Legislativo federal y de los estados pidieron no impulsar leyes que limiten la libertad de manifestación; a las comisiones de derechos humanos nacional y estatales piden que impugnen cualquier ley que límite este derecho; y al presidente, los gobernadores y el jefe de Gobierno evitar el uso de la fuerza pública en contra de manifestaciones ciudadanas.
Los ejemplos sobre la aplicación de las leyes son incontables. Algunos de ellos son la detención de Ignacio del Valle Medina, líder de la rebelión civil de San Salvador Atenco (2001-2006), Estado de México, y de otros diez atenquenses; la detención de Alberto Patishtán, profesor indígena tzotzil encarcelado durante 13 años luego de un proceso penal (Patishtán fue indultado en 2013 por Enrique Peña Nieto); las detenciones de Jorge Mario González García, quien llevó a cabo una huelga de hambre de más de 50 días; y de Alejandro Piña Bautista, sentenciado a cinco años nueve meses de prisión, a raíz de la movilización estudiantil del pasado 2 de octubre. Estos procesos corresponden al gobierno de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, entre otros.
La injusticia es la base social de la rebelión cuando el gobierno se compromete a respetar los derechos, el pueblo a reconoce y honra tales esfuerzos; está dispuesto a sufrir antes que comprometerse con acciones de rebeldía contra el gobierno, debe restringir el uso de los aparatos represivos del Estado en contra de los “violadores” del derecho a partir de razones asociadas a movilizaciones sociales, es necesario mantener al gobierno bajo la crítica permanente y que los representantes sientan el peso de la responsabilidad que está a su cargo.
Cuando no sucede así, llega la era de la resistencia y la búsqueda del cambio, el hombre o gobierno que ha perdido la confianza de su pueblo carece del derecho de gobernarlo. El corolario es lógico: el derecho del pueblo a la rebelión, a deponer a un gobierno cuando éste haya dejado de gestionar los asuntos públicos de acuerdo con el interés de los ciudadanos.
El descontento y la protesta social en México, con sus acciones violentas, no surgen de la nada. Es una consecuente respuesta, ante la ausencia de mecanismos legales que permitan canalizar pacífica e institucionalmente los conflictos.
LOS PAPISTAS DEL PAPA
En ocasiones la criminalización de las movilizaciones sociales, genera espacios para el surgimiento de estructuras que en la confusión que se genera con la ausencia del cumplimiento del estado de derecho se atribuyen el “cumplimiento del mismo” en beneficio propio, el gobierno panista generó vacíos que fueron ocupados por quienes se mostraron como sus incondicionales, aún cuando complicaron los temas que aseguraron solucionar.
En los últimos ocho años son más los proyectos de desarrollo de infraestructura que se frustraron que los que se realizaron, el enfrentamiento entre “líderes” del PRI y del PAN, pulverizó la posibilidad de desarrollar algunas obras que pretendían atender reclamos sociales aun insatisfechos, entre los que destacan la posibilidad de descongestionar la avenida Plan de Ayala.
El alcalde priista de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, y el director general del Centro SCT Morelos, Fidel Giménez Valdés, se enfrentaron en un conflicto que involucró un movimiento social representado por Francisco Valverde, quien colocó anuncios de rechazo al proyecto en los comercios de la transitada avenida.
Uno de los motivos del enfrentamiento fue el sindicato al que se adjudicaría la obra, presupuestada en 600 millones de pesos.
La primera etapa estuvo asignada desde el Congreso federal con cerca de 200 millones en 2010, en 2011 se re direccionaron a otro proyecto carretero en otra entidad.
El conflicto laboral, según datos de quienes participaron, era porque el alcalde priista intentó adjudicarlo a la CTM, en tanto que el representante federal panista impulsó a Nuevo Grupo Sindical.
El gobierno de Marco Adame Castillo simpatizó con la propuesta federal, el proyecto se frustró y un importante número de los negocios cuyos dueños apoyaron el “No al segundo piso”, ya cerraron sus puertas, y durante las horas pico en los días de clases, esa avenida se bloquea por las largas filas de rutas que intentan transitar con el 10% del pasaje, disputándose los dos carriles con los taxis y los vehículos particulares.
Este es uno de los muchos ejemplos de los conflictos sindicales, otro es el de la hoy obra suspendida por una orden del Poder Judicial federal de la ampliación La Pera-Cuautla, cuando se inició en 2011, cuando todavía era gobierno Acción Nacional.
La corrupción al interior de las dirigencias sindicales fue expuesta públicamente en enero de 1989, cuando se consignó a Salvador Barragán Camacho, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y se exhibió en todos los medios de comunicación “el equipaje” con el que pretendió evadir la acción de la justicia. En la cajuela del vehículo de lujo que utilizaba contenía un importante número de joyas y dólares.
La institucionalización de la corrupción sindical dio como resultado 24 años después la consignación de Elba Esther Gordillo y la “revelación” del nivel de vida que con recursos de sus agremiados sostenía “la maestra”.
En algún momento al inicio de sus gestiones los dirigentes sindicales le juran lealtad a quien desde el poder impulsó su arribo a la dirigencia, al concluir el sexenio se van por la libre.
Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Coordinación de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detuvieron el 12 de agosto a Mirna García López, ex secretaria general de la Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de fraude y enriquecimiento ilícito.
Desde mayo la PGR abrió una averiguación previa contra la ex dirigente, consecuencia de los resultados de la auditoría al área de Finanzas, el Comité Ejecutivo Seccional, la Caja de Ahorro y Crédito, el Fondo de Ahorro para la Jubilación y el seguro de autos para los trabajadores, sin darse a conocer hasta el momento si existen montos por supuestos desvíos de recursos para particulares.
Fue acusada por robo agravado por 124 millones de pesos, en cheques que continúo firmando luego de que dejó la representación gremial. Fue dirigente en el ocaso de la etapa de “la maestra”.
En Morelos, Bulmaro Hernández Juárez creció bajo el impulso del primer gobierno estatal panista de Sergio Estrada Cajigal, se “consolidó” durante el sexenio de Marco Adame y hoy es la organización más cercana al actual secretario del Trabajo en la entidad, José de Jesús Pérez.
Existe una denuncia que confirma que existen “papistas” que “aseguran interpretar las intenciones de un gobierno”. La dan a conocer transportistas de la construcción de la región de Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Zapata, Puente de Ixtla, Jojutla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Amacuzac y Yautepec, quienes señalan a Ben Hur Hernández Bringas, Valentín Chávez González, Reyes Serrano y Andrés Tufiño, del llamado Nuevo Grupo Sindical, como responsables de amenazas en su contra porque pretenden quitarles el contrato colectivo para realizar el reencarpetamiento de la autopista Cuernavaca-Acapulco que, aseguran, pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Acarreos de la República Mexicana de la CTM que dirige Filiberto González López con la empresa Coconal y que está registrado conforme a derecho en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Señalan que decidieron ingresar a la CTM por la explotación a que los sometieron en NGS, donde les cobran por los trabajos que hacen en las obras y les pagan cuando quieren un 20% menos de lo que ellos cobran y al último además les descuentan otro 5% de cuotas.
Ahora ellos administran el contrato colectivo y cobran directamente a la empresa constructora lo que les corresponde por el acarreo de materiales.
Por ello, los dirigentes de NGS y el Sindicato Libertad los amenazan para que no regresen y le cedan el contrato o los van a ir a bloquear y a golpear con el grupo de sicarios de Hugo Bello Valenzo.
El 4 de octubre de 2011 asegura Bulmaro en un periódico que Nuevo Grupo Sindical junto con el Sindicato Libertad se quedaron con el contrato de la autopista La Pera-Cuautla después de someter a los cetemistas. El enfrentamiento significó incluso la pérdida de varios vehículos de la CTM que fueron incendiados.
La página de internet del nuevo grupo sindical ngs.org.mx ofrece en su portal como organizaciones sindicales asociadas al sindicato “libertad”.
El dirigente de esa organización fue relacionado con el homicidio de la líder sindical del estado de México Ruth Uribe en 2012 por contratos colectivos del transporte y aparentemente pesa en su contra una orden de aprehensión. Un empleado de esa organización fue detenido en 2013 en Orizaba, Veracruz, cuando se encontraba extorsionando a un grupo de 233 ejidatarios de esa localidad. Pertenece a una de las 11 bandas delictivas definidas por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal como grupos de choque, dedicados a invadir compañías para extorsionar a los patrones y obligarlos a firmar un contrato colectivo que los señale a ellos como los titulares y específicamente señalan a esa organización como la responsable de la muerte de un trabajador el pasado 8 de marzo de 2014 en la empresa Llano de la Torre. También en marzo de este año lesionó a dos camioneros materialistas e incendió sus oficinas en Ixtepec, Oaxaca.
Tienen miedo de que cumplan sus amenazas y responsabilizan a esas organizaciones de cualquier acto de violencia, bloqueo o cierre que suceda en los trabajos de reencarpetamiento de la autopista Cuernavaca-Acapulco, de cualquier daño que atente en contra de la integridad física de los trabajadores del transporte que realizan esa obra. Pidieron reservar sus nombres por obvias razones.
El miércoles se presentó en los pasillos del Palacio Legislativo, Nancy Montesinos Olivar, una de las huelguistas de hambre señaló que se integraron al Sinatrec, porque ahí establecieron el compromiso de conseguirles un trabajo en el que el salario mínimo sería de 250 pesos, la propuesta que recibieron de NGS fue de un salario de 75 pesos.
El miércoles durante la entrega de reconocimientos a jóvenes, y al convocar a un diálogo con esa generación, Graco Ramírez Garrido Abreu externó un concepto que debe ser revisado por sus colaboradores de la Secretaría del Trabajo, incluido en titular de la dependencia, dijo: “Gobierno que no escucha no corrige, no tiene visión de lo que se quiere… en los retos políticos para la competencia democrática, lo que fue válido ayer no es válido hoy, porque hoy hay personas en la lozanía (sic) que tienen otro horizonte, otra perspectiva, otra forma de manifestarse".
“Si queremos ser representantes de ellos, tenemos que entenderlos en primer lugar. No podemos representarlos si no tenemos el conocimiento de lo que quieren, para qué lo quieren y cómo lo quieren”.
LOS BAJOS SALARIOS, UN PROBLEMA GLOBAL
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera logró colocarse a la vanguardia del proceso electoral 2018, al provocar la reacción del gobierno federal en torno a la necesidad de incrementar y revisar el salario mínimo vigente, ese debate sobre uno de los temas por los cuales, los gobiernos privilegian la criminalización de las movilizaciones sociales, se elevan los índices delincuenciales y se sigue perdiendo la confianza en los gobernantes, es un tema global que ya impactó el ánimo social de la economía más poderosa del planeta la de Estados Unidos.
El objetivo de cualquier gobierno no es lograr o no que se paguen salarios decorosos, es generar las condiciones para que mediante las actividades productivas, la sociedad sea capaz de provocar una calidad de vida aceptable en la mayoría de los integrantes, el estado así se convierte en regulador y no en administrador del reparto equitativo de la riqueza.
Morelos ha volcado sus expectativas económicas en la apertura indiscriminada de franquicias para generar empleos, lo que sucede en una ciudad de Estados Unidos, deben observarlo las autoridades laborales y económicas de la entidad y actuar en consecuencia.
Los gobiernos panistas condujeron las políticas educativas desde la perspectiva de las organizaciones de padres de familia, los secretarios Ramón Tallabs y José Luis Rodríguez dirigieron la UNPF en la entidad. Así propiciaron la apertura indiscriminada y desordenada de empresas dedicadas a la educación superior, y casi concluyen con un centenar de éstas.
Al inicio de la semana se anunció el cierre de una universidad y se reconoce la difícil situación que enfrentan siete más, que son casi el 10% de las existentes.
Una de las causas no reconocidas por los empresarios es que abrieron instalaciones duplicando y multiplicando carreras saturadas en el mercado laboral.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, reconoce que los egresados están emigrando de la entidad porque aquí no hay fuentes de empleo para ellos, especialistas financieros advierten que el futuro de la educación superior está en las carreras vinculadas a las ingenierías en todas sus especialidades, las cuales requieren de inversiones iniciales que no pueden realizar la mayoría de los empresarios de este sector.
En Nueva York, trabajadores de restaurantes de comida rápida realizaron paros laborales como parte de una campaña nacional para lograr que cadenas como McDonald's, Taco Bell y Wendy's paguen mejores salarios.
Son fuentes de trabajo con bajos salarios y perspectivas limitadas. Piden aumentos a 15 dólares por hora y el derecho a afiliarse a un sindicato. A esos inconformes se les considera una minoría de la industria.
El sueldo mínimo a nivel federal es de 7.25 dólares por hora, que es lo que ganan muchos trabajadores del ramo, que asciende a 15 mil dólares anuales para los empleados permanentes.
La medida de reclamo tiene lugar en momentos en que la Casa Blanca, algunos legisladores y economistas promueven un aumento en el salario mínimo federal, que fue aumentado por última vez en el 2009. Pero la mayoría de las propuestas buscan un aumento bastante más modesto. El presidente Barack Obama quiere aumentarlo a nueve dólares por hora.
El secretario del trabajo Thomas Pérez dijo, en una entrevista, que comparaba las protestas por demandas de los manifestantes con la marcha sobre Washington en 1963, que exigía un salario mínimo nacional a fin de darles a los trabajadores mejores condiciones de vida.
Sin satisfacer las necesidades mínimas de la población a través de la generación de espacios para integrar a todos a la economía formal con los compromisos y derechos correspondientes, la democracia seguirá sujeta al hambre y la pobreza, base de las movilizaciones sociales que los gobiernos criminalizan para justificar su incapacidad.
