Añade lo que podría interesarnos actualmente a los morelenses frente a un clima de incertidumbre, retrocesos y conflictos derivados de la alternancia en el poder y del supuesto cambio democrático: “La reforma institucional que el desarrollo exige -y constituye el objeto de la política- es un proceso difícil porque supone cambios en los actores, en las relaciones de poder y en los modelos mentales; es decir, un proceso de aprendizaje social normalmente tensionado porque, aunque se traduzca en beneficios para el conjunto de la sociedad, está lleno de incertidumbres y esfuerzos costosos para los ganadores y de sacrificios inevitables para los perdedores”.

Y cuestiona los procesos reformistas, así como las conductas desleales de las oposiciones dentro de los sistemas parlamentarios, en cuyo cajón de los recuerdos yacen las buenas intenciones por superar la problemática social: “La simple reforma legislativa no garantiza el arraigo del cambio institucional, si no va acompañada de un cambio en las actitudes, valores y competencias sociales capaz de insertar en la cultura política las nuevas reglas”. Hasta aquí las reflexiones del ideólogo catalán.

El proceso democrático, por lo tanto, crea ganadores y perdedores temporales en la medida en que determina quién habrá de ejercer el gobierno durante cierto periodo y quiénes permanecerán en la oposición. Sin embargo, en lo que va del gobierno de Marco Adame Castillo no hemos percibido a una oposición leal al régimen democrático, estableciendo compromisos para coadyuvar con el proceso político, elecciones y actividad legislativa sin condicionar su participación al cumplimiento de otras cuestiones más allá de la garantía de las libertades civiles necesarias para el desarrollo de un proceso político democrático razonablemente justo.

A la oposición tampoco se le ha notado voluntad para unirse a fuerzas ideológicas diferentes, e incluso distantes, pero comprometidas a conservar el orden democrático, la gobernabilidad y diseñar proyectos comunes de beneficio general, aún si ello implica distanciarse de grupos afines ideológicamente, pero contrarios a la democracia.

El escenario político de Morelos empieza a envilecerse y complicarse porque, a pesar de la apertura del gobernador y el secretario de Gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez, no existe en las oposiciones un legítimo ambiente de tolerancia e interés hacia la búsqueda de acuerdos.

A pesar de que las oposiciones proyectan deslealtad con el proceso democrático, los morelenses llevamos años esperando sus resultados desde un ámbito impregnado por la disputa del poder y el dinero. Esa esfera es el Congreso local. Lo paradójico es que la sociedad confió a los diputados la legislación que se prorroga y la concordia pendiente. La entidad no ha avanzado en temas torales, aunque en los diversos procesos legislativos se hayan despilfarrado los recursos públicos.

Un ejemplo lo tenemos en la Reforma del Estado, que también se conoce como Mesa para la Gobernabilidad. El tema empezó a debatirse durante la administración de Jorge Carrillo Olea, quien el 8 de enero de 1996 presentó a la XLVI Legislatura un documento donde proponía su conducción en manos del Congreso local. La propuesta era positiva, pero a 14 años de la iniciativa no se ha conseguido nada que beneficie realmente el desarrollo político de Morelos, ni su convivencia social.

Ayer empezó otro capítulo en la existencia de la Mesa para la Reforma del Estado, con Teodoro Lavín León como secretario técnico (propuesto por el grupo parlamentario del PRI). Abundan los temas a tratar, en su mayoría provenientes desde hace varios lustros: reformas a la Ley de Participación Ciudadana; reformas a la Ley Orgánica Municipal para; reformas al Código Electoral; reformas administrativa y hacendaria; reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (en tiempos de negociación política para la designación de magistrados); reformas en materia de derechos humanos, medio ambiente, cultura y salud. Esperemos para ver y después diremos.