Recuerden ustedes que ahí militaban los detractores más belicosos del gobernador Graco Ramírez. Con respecto a dicha reunión me comentó Cipriano Sotelo Salgado, presidente fundador de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado: “El procurador tiene 31 jefes”. Le explico, gentil lector. Uno de esos patrones lo es definitivamente el gobernador, pero el resto quienes integran el Poder Legislativo. Así las cosas, aquel 8 de julio de 2013 los rijosos legisladores quisieron demostrar dos cosas: por un lado que también eran los “jefes” de Dorantes Salgado porque ellos lo habían elegido, y por el otro enviar una señal al titular del Poder Ejecutivo en el sentido de que por lo menos en los ámbitos ministeriales “también nuestros chicharrones truenan”. Y cualquier decisión importante de la institución puede y debe ser escudriñada por los ínclitos diputados.

2.- Encabezados por el panista Javier Bolaños y el priista Matías Nazario Morales, los del “G-13” amenazaron a Rodrigo Dorantes de la siguiente forma: “Si en 30 días no tiene consignadas las carpetas de investigación o averiguaciones previas vinculadas a diferentes delitos cometidos por ex servidores públicos, aténgase a las consecuencias”. Y recibieron de Rodrigo la siguiente respuesta: “En 30 días habré de dar cuenta sobre el estado que guarda cada uno de los casos; y se judicializarán los expedientes que, una vez concluidos, procedan conforme a derecho”. Es decir: hubo presión por parte del “G-13” contra el procurador, pero éste procedió según lo mandataba la ley. Finalmente ¿qué ocurrió? Nada, porque meses después Dorantes declaró lacónicamente que muchos de los expedientes estaban incompletos. Etcétera, etcétera. Por aquellos días se presumía que mediante la creación de la Fiscalía General en lugar de la Procuraduría, dotada de autonomía técnica y financiera, dejaría de existir la presión política y el protagonismo de 30 jefes adicionales del titular de la dependencia. Desde luego, lo anterior nunca ocurrió.

3.- Muchas veces me he referido a la existencia de 31 jefes por encima del procurador, hoy denominado fiscal general de Morelos. Así ha sucedido desde 1998 a la fecha. A partir de José Castillo Pombo (electo por el Congreso local al comienzo del mini régimen de Jorge Morales Barud) todos sus sucesores padecieron la politización y partidización de la función del Ministerio Público tal como lo observamos el 8 de julio de 2013. Y ahí vienen de nuevo. Sin embargo, los diputados de la LIII legislatura morelense no tienen prisa en nombrar al relevo definitivo de Rodrigo Dorantes, cuya renuncia fue admitida por el Congreso el 6 de agosto pasado. Como encargado del despacho fue nombrado Javier Pérez Durón, integrado a la terna de candidatos enviada al multicitado cuerpo colegiado por el titular del Poder Ejecutivo hace casi dos meses. A los diputados no les importa si Pérez Durón sigue estando en la indefinición para ejecutar determinados actos jurídicos que solo podrían ser convalidados con el nombramiento oficial de fiscal general. Infortunadamente para la sociedad morelense hoy tampoco habrá elección. Los miembros de la LIII legislatura están enviando así una señal al Ejecutivo: “Aquí mandamos nosotros, nuestros tiempos no son los suyos y también someteremos al siguiente fiscal general”. Gachos. Estaremos atentos y después diremos.

4.- Cambiemos de frecuencia. El tema de las carencias en el campo y las afectaciones por el pulgón amarillo será abordado por los legisladores locales en su sesión de hoy, luego de que en días pasados un grupo de campesinos abarrotó el salón de plenos en demanda de mayor presupuesto para 2016 y un salvavidas de 150 millones de pesos para lo que resta del año, y de que por separado la Comisión de Desarrollo Agropecuario encabezada por el perredista Anacleto Pedraza, junto con el aliancista Julio Espín, recibieron a dirigentes de diversas organizaciones que pedían también respaldo gubernamental a través de programas y recursos económicos. A estas muestras de inconformidad de los campesinos se sumó la toma de dependencias del sector como Sagarpa y Sedatu, que contribuyen a tener una visión más clara sobre el nivel de inconformidad existente en el agro y que puede detonar en mayores protestas. Veremos qué tanto se comprometen los legisladores con el tema y la capacidad de respuesta del secretario de Desarrollo Agropecuario, Pedro Pimentel Rivas.

5.- De último momento, en una sesión efectuada tres días antes de que feneciera su poder y con el objetivo de satisfacer a sus intereses particulares, los diputados de la legislatura LII sorprendieron al rechazar la aprobación de la iniciativa gubernamental por la que se autorizaría al Ejecutivo a firmar un contrato con la cementera Cruz Azul para operar ocho plantas revalorizadoras de basura. Sin embargo, esa negativa de los legisladores está muy lejos de haber puesto punto final al tema, que sigue siendo atendido con esmero por las autoridades estatales a través del secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras, quien esta semana le dio un tour por una de esas plantas a un grupo de alcaldes electos, entre ellos la de Temixco, Gisela Mota, y el de Jiutepec, José Manuel Agüero. Y tan vivo está el asunto que por estos días causa revuelo en Hidalgo, donde la prensa da cuenta de la inconformidad del Frente de Comunidades contra la Incineración de la Industria Cementera, que a través de sus dirigentes, Jorge Tadeo y Refugio Choreño, acusa a la cooperativa Cruz Azul de haber firmado un contrato secreto con el gobierno morelense para llevar basura de aquí y quemarla en aquella entidad, lo que causaría, dicen, un severo impacto en la salud de quienes habitan en el corredor Tula-Tepeji.

6.- La Comisión de Gobernación y Gran Jurado, presidida por el diputado Julio Espín Navarrete, citó a comparecer al mediodía de ayer al alcalde de Jantetelco, Romualdo Fuentes Galicia y a su tesorero. Al evento acudieron puntuales varios miembros de la Comisión, como el petista Edwin Brito, el panista José Manuel Tablas y Jaime Álvarez, de Movimiento Ciudadano. Esperaban preguntarle detalles sobre una serie de anomalías de las que son acusados, como la falta de pago de la nómina municipal y, sobre todo, la falsificación de firmas de regidores para aprobar obras pagadas con el presupuesto del ayuntamiento. Pero, ¡oh sorpresa!, el munícipe no pudo acudir al encuentro y remitió un justificante médico, o sea que lo salvó una providencial enfermedad o quizás una diabólica mentira, porque los diputados, malpensados que son, dudaron de la veracidad del argumento del alcalde. De cualquier forma, con todo y que tienen una agenda muy apretada, reagendaron su cita y deberá visitar la capital la próxima semana… Se avecina una nueva escalada de turbulencia a partir de la inminente estructuración del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, escenario que será aprovechado para el golpeteo dirigido hacia el titular del Poder Ejecutivo. Más de un detractor de Graco querrá ganar reflectores. A ver.