Como algunos otros hechos ocurridos a nivel de la Cámara local, es un hecho sin precedentes el que los mismos legisladores decidieran, apoyados en los empleados, clausurar la mayoría de las oficinas a fin de impedir su funcionamiento, exigiendo a las instancias correspondientes cumplir con el pago de salarios.

Y no obstante que el argumento es la insuficiencia presupuestal, por acumulación de pasivos heredados desde la anterior legislatura, lo que desde el exterior se aprecia es que más bien es una acción de castigo por por la resistencia a la reforma y la amenaza de los demás de iniciar un proceso legal contra esos cambios de carácter electoral.

Se tiene que llegar a un razonamiento entre las dos partes, porque en efecto con la negativa al cumplimiento de pago de nómina, se viola la ley en la materia y además se agreden derechos humanos, y en ello hacía énfasis ayer el abogado laboralista Juan Juárez Rivas.

El señor fue a ofrecer sus servicios legales a los afectados y de paso aprovechó la presencia de reporteros para recordar que la Constitución General de la República contempla al salario como sagrado en su Artículo 123 y que además hay violación a los derechos humanos y a tratados internacionales firmados por México como en el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Muy específicamente en relación a lo anterior hay delitos que perseguir y de entrada entró en conversación con algunos afectados que llevarán a asamblea la propuesta de aceptar la asesoría, para que comenzando la semana se inicie una demanda laboral, porque en efecto son muchas las familias que se quedaron sin sustento por la decisión que no parece muy acertada.

No es la primera ocasión que el Congreso enfrenta conflictos internos significativos, hace unos meses también fueron tomadas sus instalaciones como negativa a aceptar reformas al Instituto de Crédito, que debieron ser modificadas para poder alcanzar acuerdos y liberar el recinto.

Pero en esta ocasión han sido una tercera parte de los legisladores los que decidieron acompañar a sus empleados en una protesta que genera precedentes y que de paso paraliza los trabajos legislativos, porque la sede no está en condiciones de operar normalmente.

Ayer ya se hablaba de un posible arreglo, que tendría que ser necesariamente el pago salarial.

Algunos diputados del bloque inconforme señalaban que los pasivos se siguen acumulando y que hasta donde ellos saben, hace buen rato que se dejaron de cubrir rentas de instalaciones complementarias al recito legislativo, como en el caso del edificio Rex, que es una sede alterna.

Pero los problemas financieros se vienen arrastrando desde finales del año pasado. A decir de esos legisladores, aún no se cubre al 100 por ciento el pago de aguinaldo a decenas de empleados y en el caso de los sindicalizados está pendiente la entrega de fondos por concepto de despensas, porque ahora se les da en efectivo, no en especie como antes.

Dadas las condiciones en este momento, ayer se dio la orden de que los trabajadores sindicalizados se tomaran el día y se presentaran el lunes, con la esperanza de que cambien los escenarios a fin de que puedan desarrollar las labores cotidianas.

Mucho se ha hablado respecto a un gran déficit económico, sin embargo no hay una explicación razonable respecto a sus causas. Unos lo atribuyen a sobregiro en los gastos, otros a deudas heredadas y a excesos de varios miembros de la legislatura.

Por ello se sigue insistiendo en la aplicación de una auditoría a fin de transparentar el caso y de llamar a cuentas a quienes contribuyeron al desfalco, pero tampoco en eso hay acuerdos y coincidencias porque la propuesta de un lado es la revisión a partir de la intervención de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que es una instancia interna, de ahí que la otra parte venga sugiriendo la contratación de un despacho contable externo a fin de que el resultado sea creíble.

Estamos casi seguros de que por lo menos la última propuesta jamás prosperará, sería tanto como exponerse a muchos riesgos, porque sí se encontrarían por lo menos cuatro o cinco responsables de buena parte del quebranto y tampoco van a llegar a tal grado.

Como en muchos otros casos más o menos parecidos, lo que más les conviene es resolver las diferencias y encontrar coincidencias para evitar mayores contratiempos, porque políticamente se vienen pegando a sí mismos, el desgaste de imagen es evidente, además con todo lo anterior sólo se alimenta la ingobernabilidad y la inestabilidad política, económica y social hacia el exterior.

Diferencias entre componentes de una legislatura siempre han existido, sobre todo a nivel de posicionamiento en tribuna. Ahí son válidas todas las expresiones y la oposición está obligada a mostrar actitudes críticas, pero de ahí a que se llegue a lo que estamos presenciando es ya otro cantar.

Además, los legisladores suelen incluso rasgarse las vestiduras en reuniones cerradas, en las que se desarrollan los preparativos de los temas a tratar en cada una de las sesiones ordinarias. En esta misma legislatura se han dado casos de agresiones físicas entre “compañeros” de curul, pero a puerta cerrada, sólo que ahora se incluyó a la base trabajadora en el cobro de facturas y ajuste de cuentas entre ellos, y eso es lo cuestionable.

La mayoría de los 30 diputados locales aspira a otro cargo de representación popular en las elecciones del 2018, todo esto los desacredita, requieren mostrar al electorado un comportamiento de mayor civilidad y compromiso con el pueblo, pero se debe dar el ejemplo en casa, y pegarle a sus mismos colaboradores no es lo más prudente, por eso tendrán que resolver sus diferencias de inmediato.