Después del niño ahogado, el delicado tema del Paso Exprés Cuernavaca toma el rumbo legal, todo parece indicar que se litigará en los tribunales y para tal efecto, ya en instancias como la Procuraduría General de la República (PGR), se han interpuesto las denuncias respectivas, por las omisiones y presuntos actos de corrupción, desde la licitación de la obra, hasta la ausencia de cumplimiento en el desarrollo de la misma.

Como en cualquier otro tema de relevancia, éste ha cobrado resonancia a otros niveles; como se veía venir, lo menos que procedía era la destitución del delegado en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, pero dadas las circunstancias, se tendría que llegar mucho más allá, es decir que el ahora ex funcionario federal pague corporalmente las faltas aberrantes que se aprecian, apenas iniciadas las primeras observaciones.

Claro, en un cabal estado de derecho, la ley estaría llegando incluso a otros niveles de autoridad, incluyendo al secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, pero francamente, ateniéndonos a toda clase de antecedentes respecto a sucesos en ocasiones mucho más graves, se puede esperar cualquier cosa y de entrada la intención de la Federación es comenzar a apaciguar los ánimos con la entrega de Ezeta, pero desde luego que no es suficiente.

Pero por lo que mencionaba uno de los funcionarios de la construcción de la autopista Siglo XXI, en este asunto no sólo tiene que ver la SCT, ya que por tratarse de un derrumbe relacionado con el paso de agua pluvial, tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como la Estatal del Agua (Ceagua) tienen injerencia directa, porque es en esas esferas en las que existen los antecedentes relacionados con los permisos.

Incluso, la sugerencia sobre el caso es que a fin de evitar cualquier otro percance similar en el futuro, lo más prudente es que SCT, Conagua y Ceagua se sienten a revisar el proyecto para ver si existen otros puntos críticos y actuar antes de que se den las desgracias, porque seguramente que a lo largo del trayecto existen muchos pasos y redes de agua tanto potable como pluviales e incluso conductos de redes eléctricas que suelen cruzar internamente en este tipo de vialidades.

Ahora pues los morelenses debemos estar observando el rumbo que toman las acciones de las autoridades competentes en la materia para generar medidas de prevención y lo menos que se espera, es que se corrijan tantos desperfectos, ya que en verdad se entregó un trabajo de segunda o de tercera, que no corresponde a lo que se ha dicho.

Así como suele aplicarse la ley en este país, no podemos descartar que todo quede en la remoción del delegado y que una vez que se tranquilicen más las aguas, no pase nada; lo cual sería una grosería y ofensa, no únicamente para los difuntos, sino para nuestra sociedad en general.

Ha sido desde el Congreso de la Unión y del Senado de la República, a través de diputados federales y senadores morelenses, que se ejerció presión superior, en mucho dependemos de que se le siga dando curso a las denuncias para que verdaderamente se actúe en contra de los que tienen presuntas responsabilidades en lo anterior, pero si bajan la guardia, se le apostará al olvido.

Desafortunadamente son momentos poco apropiados, porque esos legisladores y senadores andan ya en trabajos de precampaña electoral, por aspiraciones a cargos de elección en la entidad, como la gubernatura, y pudieran descuidar el tema. Lamentablemente como pueblo estamos muy desunidos, y se antoja imposible generar un frente popular para obligar a ejecutar la ley, así que estamos en manos de los representantes populares, como Javier Bolaños Aguilar o Rabindranath Salazar Solorio, para que el caso no venga quedando en el olvido.

COLÍN, GONZÁLEZ OTERO, ¿IMPUNIDAD?

Pero en otro tema, igualmente relacionado con la corrupción y el abuso de “servidores públicos”, ahora se comienza a propalar la versión, desde algunas esferas de gobierno estatal, de que es muy probable que los ex presidentes municipales de Temixco y de Cuautla, Miguel Ángel Colín Nava y Jesús González Otero, respectivamente, no puedan ser castigados como compete, que porque faltan elementos de prueba en lo que corresponde al destino de sumas millonarias desviadas por ellos cuando ejercieron el cargo.

El argumento sería que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se niega a proporcionar información respecto a quiénes fueron los beneficiados de esas sumas, porque estaría violando el secreto bancario, y por lo pronto en la Procuraduría General de la República (PGR) se requieren de estos datos, a fin de ir contra los que se beneficiaron indebidamente con fondos del erario público.

Ambos cometieron un robo abierto a las arcas públicas, tanto estatales como federales, pero por lo que se ve, es la Federación la que empuja hacia una sanción a partir de la presunción de peculado, dado que en buena medida, se trata de dinero de programas de la Federación.  Colín Nava dio por entregadas obras de las que jamás se colocó la primera piedra. Sólo la difunta ex alcaldesa Gisela Mota Ocampo, siendo diputada federal, gestionó más de 200 millones de pesos para diversas obras, dinero que puso en manos del entonces presidente municipal, pero que no ejerció. En lo que se refiere a González Otero es más o menos lo mismo.

El ex edil cuautlense ha sido detenido por segunda ocasión, el ex de Temixco sólo estuvo en prisión unas horas y fue liberado; pero lo que se viene anticipando es que las defensas legales de éstos pudieran lograr encarcelar al primero y evitar que el otro sea puesto tras las rejas, precisamente por insuficiencia de elementos que prueben su responsabilidad en la extracción ilícita de recursos públicos.

Sólo eso faltaba, que por candados en lo que toca a la CNBV, se impidiera llevar a éstos dos pájaros de cuenta ante la ley, para intentar además resarcir los daños, porque se les tendría que imponer alguna medida a fin de que devuelvan parte de lo que robaron. Hay manera, de Colín se mencionan algunas propiedades, como una clínica en Puebla y bienes inmuebles en Temixco que habría que expropiarlos y usar los fondos para beneficio público.