La correcta impartición de la justicia es un instrumento que posibilita a los ciudadanos vivir en un estado de derecho y la correcta y sensata aplicación de la ley de parte de las instituciones competentes es suficiente para mantener a una sociedad en calma y en armonía. sin embargo, en éste país o estado, hace décadas que enfrentamos una total confusión en la materia.
A través del sentido común, sin ser conocedores del derecho, sabemos que hay actos que constituyen un delito y ante el cual, necesariamente debería haber un castigo o sanción, pero que en reiteradas ocasiones no sucede así, sobre todo cuando los responsables forman parte de las estructuras del poder, no obstante que la gravedad del suceso es mayor por venir de quienes tienen que pregonar con el ejemplo.
Una misma acción es tratada de diferente manera y ejemplos de lo anterior sobran. Hay figuras públicas como el ex presidente municipal de Temixco, Miguel Ángel Colín Nava, que cometió durante su gestión toda clase de agravios y robos a las arcas públicas, pero el caso parece que ahí se quedará como muchos otros más en el pasado reciente.
Pero si en lugar del ex edil quien hubiera robado fuera un simple ciudadano, ya el infractor estaría purgando una cadena perpetua en la prisión de Atlacholoaya y con justa razón. Pareciera pues que un político o “servidor público” puede cometer cualquier cantidad de atropellos o robar a lo descarado el dinero del pueblo y no pasa nada, como si el marco legal estableciera que en situaciones como esa no hay delito.
Vemos asimismo un comportamiento similar en lo que se refiere al socavón ocurrido en el paso exprés. Las omisiones y los errores están perfectamente claros, no se requiere de mucha investigación para darse cuenta de que se cometió un delito tan grave, que provocó la muerte de dos personas, padre e hijo, pero los presuntos culpables gozan de cabal libertad y casi le aseguramos que nadie de ellos pisará la cárcel.
La idea de las instancias oficiales es simplemente dejar las cosas al tiempo y saldar las cuentas con la destitución del ex director del Centro SCT Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, que tendría que ser el primero en estar tras las rejas. Pero en el caso que nos ocupa y de haber un cabal cumplimiento a la ley, serían cuatro o cinco los paganos.
Diversos frentes, como la Barra de Abogados del Estado de Morelos, cuyo presidente es Miguel Ángel Rosete Flores, ya interpusieron las denuncias respectivas en contra de funcionarios y ex funcionarios, locales y federales, a fin de presionar para que se proceda en su contra, pero las cosas están tan claras que no era necesario llegar a esos extremos, un gobierno responsable y comprometido con el Estado de derecho habría actuado como corresponde.
no obstante, aún con las pruebas, las denuncias y toda clase de evidencias de culpabilidad, desde dichas instituciones se hace hasta lo imposible por brindarle protección a los rufianes, porque no podemos llamarlos de otra forma.
Ya lo decíamos recientemente en éste espacio: en el estado contamos con agrupaciones o colegios de arquitectos e ingenieros que conocen perfectamente cómo deben manejarse proyectos como el del paso exprés, saben que hubo negligencia e irresponsabilidad de muchos, pero no han sido capaces de levantar la voz en apoyo de sus conciudadanos, mostrando clara complicidad en el suceso.
por ello reiteramos que lo que está haciendo la Barra de Abogados es digno de reconocimiento, ya que por lo menos muestra cierto compromiso con su pueblo, aunque no es propiamente su materia.
Por lo tanto, en el caso de nuestro país, la ley y la misma Constitución vienen siendo vejados reiteradamente y mientras se ejercen todo tipo de persecuciones y violaciones en contra de aquellos que se consideran enemigos del gobierno, sólo por pensar distinto, a quienes son parte de las estructuras del ejercicio del poder, se les permite todo, por eso el pueblo les ha perdido respeto y credibilidad.

SANTILLÁN, ¿LLEGÓ A HACER CAMPAÑA?

Y en otro tema, seguramente que el gobernador no está enterado de que su recientemente nombrado Secretario del Trabajo Francisco Santillán Arredondo viene utilizando a esa dependencia como trampolín para promoverse como aspirante a un cargo de elección popular, ie incluso utiliza recursos del erario, desde luego.
Por lo que se ha logrado saber, a través de algunos de sus colaboradores, el señor, lejos de venir atendiendo los temas relacionados con el cargo que “desempeña”, le dedica más tiempo al asunto electoral y de futurismo político. Que su sueño es por lo menos ser candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Cuernavaca, que dicho sea de paso, le queda muy grande, y no por el tamaño corporal de éste, sino porque carece de identidad con el electorado capitalino.
Hace unos días fue exhibido en un medio de información nacional, porque lo captaron cuando, con un fajo de billetes, simulaba estarse echando aire en el rostro. Se excusó en que había perdido una apuesta y sólo mostraba el pago de su compromiso, sin embargo, el quemón estuvo duro. Eso es lo de menos, la crítica más bien se da por la distracción de recursos públicos para intereses meramente personales.
Insistimos, hay muestras claras de que Santillán Arredondo está descuidando aspectos fundamentales de la función pública en el rubro laboral. No pocos presidentes municipales advierten que hasta ahora no les ha dado respuesta en sus peticiones de apoyo a partir del fondo de rescate financiero a municipios, no obstante que el dinero ahí está; a lo mejor lo viene “jineteando” para financiar la precampaña.
Incluso algunos funcionarios dudan que el señor tenga la venia superior para usar a la secretaría como trampolín político, sobre todo, porque el propósito es participar a partir de un partido de oposición. Resulta algo extraño, porque el ex legislador local se supone que milita en el partido Nueva Alianza (PANAL), sirve a un gobierno de izquierda, emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero se asegura que sus intenciones son contender por el tricolor, pero ya desde el interior de la administración lo tienen vigilado.