Algo muy extraño viene ocurriendo en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) porque apenas a mediados de diciembre del año anterior adquirió un paquete de 360 mil tarjetas de circulación, a ser utilizadas durante este año, pero hasta donde sabemos, este lunes 14 de agosto, se dará el fallo de otra licitación para la compra de 350 mil tarjetas más.

Estamos hablando de 710 mil para el 2017, algo extraño, porque el padrón vehicular del estado de Morelos anda en unas 400 mil unidades, así que se están adquiriendo documentos por una suma bastante superior, lo que lleva a considerar que el propósito debe ser otro, ¿acaso económico?

Datos entregados a La Unión de Morelos revelan que en torno a ese tema, hay factores que llevan a sospechar que se trata de un negocio de funcionarios de la dependencia. Cada licitación –ésta será la segunda- es por un monto estimado de 15 millones de pesos, pero reiteramos, no se justifica una segunda adquisición, porque el universo de automotores es mucho menor.

En torno a este asunto hay otros elementos que igualmente llaman la atención y que este lunes podrán ser corroborados y ojalá nos equivoquemos, porque personal de la misma SMyT asegura que eso del concurso para la licitación es puro teatro, en realidad el contrato ya está asignado. Bueno, más bien serán dos, porque también se van a comprar placas, ya ve usted que no hay y por eso se vienen entregando permisos provisionales.

Pues a decir de esos empleados o funcionarios menores, las empresas favorecidas de antemano, más allá del maquillaje y el simulacro, son DLV y Accesos Holográficos, una vende las placas y la otra los tarjetones, pero se afirma que “todo queda en familia”, porque es un negocio de funcionarios de Movilidad y Transporte.

Sin embargo, en el negocio también está metida la Secretaría de Desarrollo Sustentable, porque la misma empresa que vende las tarjetas a la SMyT, hace los hologramas de la otra dependencia. Por cierto, sobre la SDS y la famosa verificación vehicular que ha resultado un total fracaso, como dicen los chavos, “ya salió el peine”.

Aquello de que ahora sí se acabaría con la corrupción y la simulación en las pruebas a los autos, es pura marrullería; tenemos testimonios de cómo se ha comenzado a hacer un negociazo detrás de las verificaciones. Por lo menos en uno de los Centros de Verificación de la capital, hay amasiato entre éstos y talleres mecánicos.

Ya muchas personas se quejan de que han salido negativos los resultados, luego de haber pagado los casi 500 pesos por la verificación; pero al termino de éstos, uno de los empleados del verificentro se les acerca y les informa que no hay problema, lo único que tienen que hacer es llevar su auto a servicio con determinado taller, donde deberán pagar dos mil pesitos, pero ya la aprobación de la prueba de verificación viene incluida.

¡Cómo la ve!, haciendo cálculos, generalmente antes de llevar la unidad a verificar, usted le hace el servicio; el costo puede oscilar entre 800 a los mil 200 pesos; luego, deberá pagar los 500 pesos  para que le hagan el trámite, pero casi seguro que no lo va a pasar; si acepta la “invitación” de los empleados y acude al taller para que le hagan otro servicio de dos mil pesos, la suma es ya considerable, pero aún deberá cubrir otros 500 pesos en el centro de verificación. Para acabar pronto, éste simple trámite disque para no contaminar, le puede costar algo así como cuatro mil pesos, ¿no es acaso una injusticia?

Ahora, volviendo al tema de la SMyT, habrá que ver qué pasa este lunes en torno a los resultados de esa supuesta licitación para la adquisición de placas y tarjetas, ojalá no resulte cierto aquello de que sólo es un acto de maquillaje, porque las empresas ya están asignadas y desde hace mucho, dado que son las mismas que en diciembre “ganaron”.

Muy concretamente esos funcionarios menores sostienen que no hay ninguna necesidad de comprar más tarjetas, ni siquiera se han terminado las 360 mil de diciembre, por lo tanto, el interés es meramente económico, por los porcentajes monetarios que se llevan las partes, en el caso de las empresas y los “servidores públicos” involucrados en todo lo anterior.

INSTITUTO DE LA MUJER, DE DECORACIÓN

En otro asunto, hacíamos referencia hace unos días al mediocre desempeño de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), que no viene cumpliendo con la responsabilidad de atender quejas y denuncias de parte de quienes han sido violentados en su garantías individuales y más o menos el Instituto de la Mujer, a cargo de Teresa Domínguez Rivera, padece de los mismos síntomas.

Los señalamientos respecto a la falta de sensibilidad y respuesta, sobre todo en lo que se refiere a denuncias de agresiones a mujeres, es alto. Algunas de ellas, de las que nos reservamos los nombres para no ocasionarles más problemas, afirman que esa instancia suele responder selectivamente.

Y si bien entre sus obligaciones está el proporcionar apoyo psicológico, de sugerencia médica y otros conceptos, es casi imposible lograr la obtención de esos servicios, porque independientemente de la ausencia de voluntad de la titular, hay un enredo burocrático que obstaculiza la agilización de trámites y retarda cualquier acción solicitada.

Como en la mayoría de las instituciones oficiales, aquí lo más aconsejable es buscar algún “padrino” que haga la recomendación respectiva, a fin de que las quejas sean atendidas más o menos en tiempo, de otra manera, se irán a los archivos y al olvido, por eso muchas personas prefieren enfrentar solas sus conflictos, para evitarse pérdida de tiempo y todo tipo de molestias; porque además pareciera que van a pedir limosna.

Domínguez Rivera en su oportunidad se destacó por una lucha permanente a favor de la igualdad de género y en contra de cualquier maltrato al sector femenino, sólo que eso era cuando aún no había ejercido cargo o representación popular alguno; no es lo mismo estar detrás de un escritorio y cobrando del presupuesto púbico, que ser un simple ciudadano con toda la libertad para exigir atención a necesidades sociales.