Muy específicamente se menciona a un personaje: Andrick Ruiz de Chávez, como el favorecido en el suministro de medicamentos al sistema estatal de salud, rubro en el que se habrían malversado algo así como 502 millones de pesos.

Bueno, eso luego de que la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), tras una revisión en torno al tema, ordenara algunas observaciones resarcitorias por esas cantidades, confirmando que el líder sindical tenía razón. Pero que finalmente, Richardson habría reclamado a la presidenta del DIF el que los hijos estuvieran detrás de todo el enredo.Ya le hemos venido presentando algunas facetas del desaseo con el que se ha manejado la actual  administración, lo de salud es apenas uno de los múltiples casos, en los que se aprecian manejos turbulentos en todo aquello que tiene que ver con recursos económicos.

Como que la debilidad del régimen en turno es precisamente por la lana, no pareciera haber un solo espacio en el que las principales figuras del gobierno no estuvieran presentes para orientar cualquier acción hacia sus intereses muy particulares y de grupo en el poder.
¿Es acaso por todo este visible saqueo que le tienen pavor a la puesta en marcha de la Ley de Participación Ciudadana?, seguramente, porque como decimos, no hay una, sino decenas de razones fundadas como para que se aplicara una consulta pública o un referéndum, a fin que los morelenses decidiéramos si es momento de que el gobernador en turno abandone el mandato.Ahora bien, la observación de la ASF va en el sentido de que se

reintegren esos 502 millones de pesos. ¿Cómo le van a hacer?, porque el botín se encuentra en manos de esos saqueadores y por lo que se percibe, las cuentas bancarias personales de tres o cuatro peces gordos que controlan todo en la administración deben estar demasiado abultadas, pero en contraparte no hay oficialmente dinero para casi nada.

Ahí dentro sí saben de los alcances de la Ley de Participación Ciudadana y harán lo que humanamente puedan para impedir que se active, no vivirían para contarlo, andan metidos hasta el cuello, incluso buscando distractores, por eso Graco Ramírez comenzó a buscar pelea con su homólogo de Veracruz, Javier Duarte Ochoa.
Dijeran por ahí, el burro hablando de orejas, si hay que hablar de corrupción no existe ninguna duda que nos encontramos en primer plano nacional, pero seguramente la estrategia fue jalar nuestra atención hacia otros temas para poder maniobrar un poco la terrible situación que se vive en nuestra entidad.

CRÉDITO, SOSPECHOSA TARDANZA

Y en relación a situaciones difíciles para el gobierno del estado, muy mala impresión generó la declaración del diputado de la comisión de hacienda Alberto Mojica Linares, en eso de que la auditoría realizada al destino que se le dio al crédito de dos mil 806 millones de pesos autorizados a la administración estatal, requerirá de más tiempo para poder analizarlo de fondo.

Lo menos que se ha interpretado es que la intención es dilatar la entrega de resultados, a fin de retardar la posición del Poder Legislativo en lo referente a la demanda de juicio político en contra de Graco Ramírez Garrido Abreu. No se encuentra otro motivo razonable, porque la famosa auditoría está concluida hace más de un año, reiteramos, cuando el anterior auditor Luis Manuel González Velázquez dejo ese cargo, ya tenía todo terminado.

Y si no se quiere llegar a una conclusión es porque existen muchas cifras que arreglar y lo mejor será darle tiempo al tiempo, con la esperanza de que aquellos que siguen presionando en ese sentido, comiencen a cansarse y a bajar el nivel de exigencia.

Es además incomprensible que sea precisamente Mojica Linares quien hable al respecto, cuando parecía ser uno de los integrantes de la actual legislatura con un buen nivel de congruencia y compromiso con la ciudadanía. Llegó incluso bastante radicalizado.
Desde luego que todo eso no huele nada bien, los términos para haber dado una respuesta a quienes solicitaron el inicio de un juicio político hace mucho que quedaron rebasados. Claro, recientemente nos platicaban algunos de los impulsores que esperan una respuesta oficial del Congreso, porque de ser negativa, aún quedan espacios de litigio para revertir una eventual posición negativa.

El caso iría a instancias federales, mismas que podrían ordenar al recinto legislativo corregir y eso es lo que hay que llevar hasta el extremo, o sea lo más prudente para los actores involucrados es retardar la decisión y si es posible nunca darla, para no entrar en otros riesgos.

Porque más allá de las observaciones que la auditoría pueda emitir, ya los grupos que van sobre el juicio político cuentan con datos precisos de desviaciones confirmadas y hasta con la confesión de algunos funcionarios del área de Hacienda respecto a mal uso de fondos del crédito.
Nos encontramos posiblemente en medio de un espacio de complicidades mutuas entre poderes, que impiden dar curso a este tipo de temas que tienen un alcance político incalculable por ahora. Las fuerzas públicas, eso se aprecia, han llegado a acuerdos de sobrevivencia entre sí y romper esos amarres no será nada sencillo, venimos siendo testigos de todo ello, no podría ser de otra forma. Claro, tampoco es la primera vez que pasa, sin embargo como que en este momento es mucho más visible que en tiempos pasados, porque tampoco la gravedad de las faltas era tan grande.