Después de analizar el proyecto de la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología propuesta por el Conacyt en diciembre pasado se puede observar que está hecha para que una sola persona tome todas las decisiones de política científica de nuestro país: la directora general del Conacyt.

Se puede consultar en: http://www.concytep.gob.mx/anteproyecto-de-iniciativa-de-ley-general-de-humanidades-ciencias-tecnologias-e-innovacion/

En su artículo 42 señala que el Conahctei —hoy Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación— será la entidad responsable y a la vez asesora del presidente y también fungirá como la instancia de consulta especializada para la ciudadanía, las ONGs y los poderes legislativo y judicial. Aquí vale la pena señalar que el Conahctei —que en los sucesivo llamaré el Consejo— no es la instancia que realiza toda la investigación que se realiza en el país, sino mayoritariamente las universidades públicas y privadas, quienes deben tener voz y voto en las decisiones de la política científica y tecnológica, si se quiere un desarrollo científico y técnico democrático en el que se tome en serio la experiencia y opiniones de la comunidad científica, en lugar de que todas las decisiones queden en manos de una sola persona.

El llamado Consejo de Estado —que seguirá la Agenda de Estado dictada por el presidente —léase la directora general del Consejo— será la máxima autoridad en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Estará integrado por presidente, la directora general del Consejo será la coordinadora ejecutiva, los secretarios de estado y un representante de los gobiernos de los estados de la República que “establezca el Consejo Nacional” (sic. Artículo 39). Y más adelante señala que serán invitados con voz pero sin voto: representantes de la política local de los estados y las demás personas que serán propuestas por el Consejo. Es decir, todo a modo para que la directora general tome todas las decisiones de ciencia y tecnología del país.

Pero, ahí no termina la historia, los anteriores Consejo General y Consejo Consultivo de Ciencia —órganos de asesoría directa al presidente— éste último formado por los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología, ahora bajaron de categoría y ahora van a depender de la directora general del Consejo. También el anterior Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que antes era autónomo, ahora existe bajo una nueva ley sacada de la manga, para ser un organismo del mismo nombre, pero que ahora depende de la directora general; es decir, di no a la autonomía, no sea que vaya ser que otras personas tengan un punto de vista diferente al de la directora general. Los principios de “pluralidad epistémica” que propone en su ley no los respeta en la práctica.

Uno de los programas más importantes del Consejo que es el Programa Especial de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que en el artículo 16 de la propuesta señala: “se tomarán en cuenta las opiniones del Órgano Consultivo del Consejo…”, pero las decisiones finales serán de la directora general. Como dicho programa durará 20 años, imagínese usted todo lo que no se considerará en investigación, tecnología e innovación, por las decisiones de una persona.

La Junta de Gobierno del Consejo igual que el Consejo de Estado estará integrado por 13 secretarías, dos representantes de universidades e instituciones públicas de educación superior, dos representantes del sector social, tres del privado y dos de la comunidad; y, la directora general es la que invitará a estos nueve representantes.

La Ley también crea el Programa Nacional de Tecnologías Estratégicas de Vanguardia y de Innovación Abierta con un Comité Intersectorial coordinado por la directora general del Consejo.

En el artículo 10 Fracción IX apunta que se debe: “impulsar el mejoramiento continuo de las prácticas de enseñanza y aprendizaje en todos los tipos educativos mediante la capacitación permanente de las y los educadores, la actualización de los planes y programas de estudio y el acceso a tecnologías adecuadas para la educación.”

Añade en el artículo 115 de la citada Ley: “Las autoridades educativas, con la asesoría del Consejo Nacional, promoverán el diseño y aplicación de métodos y programas para la enseñanza de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, en particular, en la educación básica.” Así que no contenta con gobernar toda la ciencia y tecnología del país ahora le indica a la Secretaría de Educación Pública lo que debe hacer.

En relación con el apoyo económico a las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación de manera intencional —dado que la Ley vigente propone que se debe destinar el 1% del PIB y la propuesta de ProCienciaMx señala que se debe destinar el 2% del PIB— no dice nada concreto para no comprometerse en una cantidad mínima, lo cual a todas luces representa un retroceso en la política científica del país.

Cabe señalar que para contrarrestar dicha propuesta autoritaria, un grupo de investigadores y divulgadores unidos en la asociación ProCienciaMx, dirigida por la doctora Brenda Valderrama, elaboraron una propuesta de Ley que ya tienen diputados y senadores, en la que además de destinar el 2% del PIB a la ciencia y la tecnología, propone una gobernanza democrática, en la cual cada estado decide con la participación con derecho a voto de la comunidad científica los diferentes apoyos. Esta se puede consultar en: https://prociencia.mx/propuesta-de-ley-general-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/

Para que exista un compromiso democrático se deben tomar en cuenta las opiniones de la comunidad científica antes de aprobar la nueva Ley. Hasta ahora hemos visto que únicamente hay simulaciones. Le han llegado las propuestas a la directora general del Conacyt, pero no las ha tomado en cuenta.