Los 10 puntos dados a conocer en el salón "Benito Juárez" del Palacio de Gobierno del Distrito Federal, son parte del resultado de las cuatro mesas de trabajo para dar seguimiento al acuerdo de mejorar la seguridad y la justicia en el país, pactado en la reunión XLI de la Conago realizada el 27 de mayo en Monterrey, Nuevo León.
Marco Adame Castillo estuvo acompañado del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Juan Miguel Alcántara Soria; del presidente en turno de la Conago y Jefe de Gobierno del D.F. Marcelo Ebrard Casaubón, y el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
"Los anuncios que se han hecho hoy sobre estos 10 ejes de acción contienen temas muy relevantes, particularmente el de oportunidades para los jóvenes como es el programa México Sí estudia y México Sí trabaja, donde estamos identificando todos los montos destinados a becas, oportunidades de apoyo en proyectos productivos y becas estudiantiles, sobre todo en preparatorias para dar mayores oportunidades a los jóvenes que es un sector expuesto, vulnerable a las ofertas de la delincuencia", expresó Marco Adame.
El compromiso de los estados y el Gobierno federal es redoblar esfuerzos en materia de prevención y combate a los delitos de secuestro, extorsión, trata de persona, robo a casa habitación o negocio con violencia, robo de vehículo, robo en carreteras y venta y transporte de armas.
El Gobierno Federal y las 32 entidades federativas, acordaron reflejar la prioridad de combatir los delitos de alto impacto en el anteproyecto de presupuesto que se presentará al Congreso de la Unión en los días siguientes.
Los recursos se distribuirán conforme a reglas de operación que incluirán rigurosos criterios de evaluación del desempeño de los operativos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno.
Se dará prioridad al fortalecimiento de la Policía Acreditable, Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, Registro Público de Vehículos, Centros de Control de Confianza, Prevención Social del Delito, Narcomenudeo, Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, Sistema Penitenciario, Reforma Penal y al sistema de Plataforma México.
Acciones conjuntas para combatir y prevenir delitos de alto impacto
Las 10 acciones de este acuerdo entre estados y el Gobierno federal, cuya primera etapa será de septiembre a diciembre de este año, con un informe mensual, son:
Primero: Reducir la incidencia delictiva del delito de alto impacto con una estrategia coordinada entre los estados, el D.F y el Gobierno federal.
Segundo: Aprobar un catálogo de delitos que permitirá homologar la medición de la incidencia delictiva, que el INEGI emitirá una norma técnica de clasificación de delitos en este año.
Tercero: Ofrecer oportunidades laborales y educativas a jóvenes a través del proyecto "México Sí estudia, Sí trabaja", con la participación del Sistema Nacional de Empleo y los organismos estatales de servicios educativos y promoción laboral.
Cuarto: Ampliar y fortalecer el programa de tamizajes y el modelo de prevención comunitaria de los centros Nueva Vida, así como fortalecer la estrategia nacional de adicciones en escuelas de educación básica, además ampliar y fortalecer las campañas de prevención de adicciones y generar el programa de profesionalización e instancias de la sociedad civil, e información y sensibilización a la familia en materia de adicciones.
Quinto: Entregar información estadística a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia a fin de actualizar el diagnóstico y la lucha contra el fenómeno de trata de personas en México.
Sexto: Optimizar el intercambio de información para el acceso a la base de datos de vehículos robados y recuperados; incluyendo mecanismos de consulta de placas y de consulta de grabaciones de video de cámaras instaladas en sitios estratégicos de las carreteras federales y estatales.
Séptimo: Impulsar el establecimiento en cada entidad federativa de Centros de Operación Estratégica (COES) en materia de narcomenudeo, conforme al modelo propuesto por la Procuraduría General de la República.
Octavo: Promover iniciativas para tipificar en cada entidad federativa la conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al crimen organizado, que incorporen técnicas de investigación propicias y que habiliten mecanismos para acceder a recursos económicos producto de los bienes incautados a los delincuentes, conforme a lo propuesto por la Procuraduría General de la República. En todas las entidades habrá unidades de inteligencia patrimonial y económica. Se promoverán iniciativas de leyes estatales en materia de extinción de dominio.
Noveno: Conformar la Base Nacional de Datos de Huella Balística mediante el establecimiento de Sistema IBIS en las 32 procuradurías e instalar el programa E-Trace que permitirá la consulta de base de datos sobre comercialización de armas.
Décimo: Iniciar el registro biométrico de extranjeros y residentes, temporales y permanentes en el territorio nacional, por parte del Instituto Nacional de Migración, con el apoyo de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como la producción de formas migratorias con información biométrica.
Por último, el gobernador Marco Adame comentó que la coordinación entre los gobiernos de los estados y el gobierno federal ha sido fundamental para que el país progrese.
