Diputados crearán la ley de asociaciones públicas privadas, para que el estado pueda concretar proyectos con la iniciativa privada.

El grupo mayoritario de 13 legisladores en el Congreso del estado alista una propuesta del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020 que podría aprobarse antes del 15 de diciembre.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó en entrevista que los rubros prioritarios en la composición del Presupuesto de Egresos para el próximo año serán la seguridad pública, salud y educación.
El legislador pesedista dijo que hay confianza en que se logren acuerdos entre los 20 legisladores en el Congreso, y de no ser el caso, aseguró que hay condiciones para que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se apruebe con 13 votos, una mayoría calificada, antes de que se cumpla el plazo constitucional, que es el 15 de diciembre.
Sotelo Martínez adelantó que un tema que podría aprobarse en las siguientes horas es la creación de la "Ley de Asociaciones Públicas Privadas", a fin de que el estado pueda concretar proyectos de desarrollo con la iniciativa privada.
Señaló el proyecto de construcción de un penal de máxima seguridad en Yecapixtla, para lo que se requieren alrededor de mil millones de pesos y con recursos del estado sería complicado llevarlo a cabo. Sin embargo, puntualizó que una opción será un convenio público-privado.
"Sabemos que es una inversión fuertísima, sabemos lo que esto implica. Hay algunos estados que han adoptado una especie de concesión, pero para ello tendremos que aprobar la Ley de las APPS y de alguna manera ahorramos recursos al estado y no dejamos de atender asuntos prioritarios", manifestó.
Sotelo Martínez resaltó que a diferencia de hace algunos días, el Congreso del estado enfrenta condiciones favorables para desahogar dentro del tiempo que marca la ley los temas urgentes, como el Paquete Económico 2020 y las Leyes de Ingresos municipales.

 

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El Congreso del estado  exhortó a los 36  ayuntamientos a realizar operativos de supervisión a los negocios dedicados a las llamadas “gestorías vehiculares”, a fin de verificar que operen en base a la normatividad municipal y estatal, ante la proliferación que tienen en la entidad.
En sesión ordinaria, los legisladores también exhortaron a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para que colabore en estas acciones, ya que se ha comprobado que estos negocios expiden permisos para circular falsos a los automovilistas, lo que permite que se cometan delitos a bordo de los vehículos que usan esa documentación.
El diputado pesedista Marcos Zapotitla Becerro, quien impulsó el punto de acuerdo, sostuvo que se trata de una obligación estatal y municipal impedir que ese tipo de negocios opere fuera de la ley y promoviendo la inseguridad.
"Al ser la expedición de permisos de circulación falsos un tema que afecta gravemente la seguridad pública en Morelos, pues los vehículos que son utilizados para la comisión de delitos y la sustracción de la justicia en su mayoría cuentan con permisos para circular de otras entidades, en específico de Guerrero, (por lo que) resulta necesario que la Secretaría de Movilidad y Transporte y los 36 municipios, conforme a sus facultades, emprendan acciones tendientes a contrarrestar dicha situación", señaló el diputado.
El acuerdo fue aprobado por mayoría de votos y se envió a las autoridades señaladas, a fin de que se proceda en contra de esos negocios que operen de manera irregular.

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El secretario de Gobierno defiende resultados oficiales en la materia.

El secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas exhortó a las y los legisladores locales a buscar acuerdos para sacar adelante la agenda del Congreso, en especial las iniciativas relacionadas con la seguridad.

El responsable de la política interna expresó que el Ejecutivo se mantiene respetuoso del Poder Legislativo, al subrayar que hay temas de gran importancia sobre los que no se han generado los acuerdos para que se resuelvan, como en el caso del paquete económico fiscal, así como las leyes en materia de seguridad.

En entrevista, el funcionario estatal dijo que existe disposición total para que los integrantes del gabinete acudan a la cámara de diputados para despejar cualquier duda o aportar más información relativa al presupuesto del 2020.

En lo que se refiere a seguridad, el secretario de Gobierno dijo que “este año han sido detenidas más de 36 mil personas por delitos o faltas, de ese total, cuatro mil 300 (están) personas relacionadas con delitos de alto impacto, estamos trabajando y la Policía hace su trabajo junto con la Guardia Nacional”.

Expuso que se requiere de más esfuerzos, y también de más policías. Aseguro que, por primera vez, se graduarán de la academia estatal de policía más de 120 cadetes este año, luego de que en el 2018 no se graduó ninguno.

Aseguró que el propósito es contar con jóvenes que estén dispuestos a formarse específicamente como policías y regresen a sus comunidades a prestar servicio.

Reiteró que está en pie el proyecto de homologación salarial para todos los efectivos del Mando Coordinado y hay avances en los acuerdos con la Fiscalía General del Estado para que los municipios cubran en condiciones accesibles el costo de aplicación de los exámenes de control y confianza.

A decir de Ojeda Cárdenas, los cuatro mil detenidos por delitos de alto impacto están relacionados con secuestros y robo de vehículo agravado, entre otros crímenes, pero reiteró que no se trata de ilícitos que “afectan el desempeño o las dinámicas sociales regulares, como ir a la escuela, a trabajar, a hacer actividades cotidianas, la mayoría van a la baja”.

 

 

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El propósito de la iniciativa es recuperar la institucionalidad de esta área del Poder Legislativo.

El diputado Héctor Javier García Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentó en Sesión Ordinaria de Pleno, iniciativa con proyecto de decreto que busca elevar a rango de Secretaría la actual Coordinación de Comunicación Social, que incluye reformas y adiciones a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, orientadas a recuperar la institucionalidad de esta área.
Al exponer su propuesta, el legislador externó que las modificaciones “redundarán en una mayor independencia, profesionalismo, imparcialidad y calidad en el trabajo del área de comunicación social, permitiendo la difusión del trabajo de todos y cada uno de los diputados integrantes de la LIV Legislatura, lo que abonará en recuperar una imagen positiva de este Poder Legislativo”.
Explicó que el área de comunicación social, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción LVI del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tiene como función principal: “Difundir sin ningún tipo de censura a través de los medios electrónicos del Estado, las acciones del Poder Legislativo y todas aquellas actividades que den a conocer el diario acontecer de la entidad, que fomenten entre los ciudadanos la cultura política y democrática.”
Sin embargo, en lo que va de la presente Legislatura “se manejó como patrimonio de algunos diputados y ha sido utilizada como instrumento para atacar y denostar a los enemigos en turno de dichos legisladores, lo que solo ha significado la denigración de esos representantes populares y ha traído como consecuencia el repudio de la sociedad hacia este Poder Legislativo”.
Consideró que, “el problema radica precisamente en la vulnerabilidad del área de Comunicación Social respecto del grupo mayoritario en la Junta Política y de Gobierno, ya que, en caso de que su presidente no tenga los votos suficientes para nombrar a su titular, nombra a un encargado de despacho como ha sucedido, además de que lo puede remover libremente y “revisa y autoriza su trabajo”, lo que se traduce en una nula independencia de tan fundamental dependencia”.
Por ello propone: Crear la Secretaría de Comunicación, cuya persona titular sería nombrada con el voto de las dos terceras parte de los integrantes de la Legislatura; que la Junta Política y de Gobierno solo revise y no autorice el trabajo de la ahora Secretaría, que gozará de autonomía técnica y de gestión.
Además, se ratifica la facultad de la nueva Secretaría de Comunicación Social de difundir sin ninguna censura las acciones de la Legislatura y se establecen los requisitos mínimos que deberán cumplir los aspirantes a ocupar la titularidad, como ser ciudadano morelense, no haber sido condenado en sentencia firme por delito intencional que amerite pena privativa de libertad, contar con experiencia comprobable de al menos diez años en el ámbito del periodismo y contar con título de licenciatura en cualquier ámbito.
Por la iniciativa se reforman las fracciones IV y IX del artículo 50, los artículos 89, 89 bis, 89 ter y se adicionan, un CAPÍTULO V BIS al TÍTULO OCTAVO denominado “DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL”, y los artículos 103 bis, 103 ter y 103 quater, todos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.

 

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Jueves, 28 Noviembre 2019 05:11

Acaban con parálisis del Congreso

Diputados aprueban reforma que fija mayoría legislativa en 13 votos; el grupo de Tania Valentina había bloqueado los grandes temas con sus siete votos.

Tras varios meses de parálisis, el Congreso del estado concretó una reforma que permitirá avanzar en los temas trascendentales, mediante la aplicación del criterio para determinar la mayoría calificada, que a partir de ayer se fijó en 13 votos.
Durante la sesión ordinaria que se desarrolló este miércoles, los diputados aprobaron con 13 votos una adición al artículo 135 del Reglamento para el Congreso del estado, que a la letra dice: "cuando el número de diputados que den las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura contenga una fracción, y el decimal sea menor a .49 se debe atender al entero inmediato inferior a dicha fracción".
Esa disposición permitirá que los temas con carácter de ley o decreto se aprueben con el voto de 13 de los 20 legisladores que componen el Pleno del Congreso.
"El día de hoy se presenta esta iniciativa con la finalidad de evitar que este grupo minoritario continúe utilizando los derechos de los morelenses, (y) al Congreso del estado, como rehenes, escudándose en interpretaciones infundadas y a conveniencia. Esta iniciativa tiene la finalidad de fortalecer el trabajo en el Congreso. No podemos permitir que unos cuantos desestabilicen el estado o atenten contra su gobernabilidad", manifestó la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza.
La diputada morenista señaló al grupo de siete diputadas que conforman el llamado Frente Progresista de Mujeres, que desde el inicio del período ordinario de sesiones, en el mes de septiembre, bloqueó cualquier asunto para su votación en el Pleno.
Con la reforma que estableció un nuevo criterio para la establecer la votación de las dos terceras partes en el Pleno, los diputados aprobaron también el acuerdo por el que Alejandra Flores Espinoza fue designada presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG); Marcos Zapotitla Becerro, como secretario y como vocales, Ana Cristina Guevara Ramírez, Dalila Morales Sandoval, Rosalina Mazari Espín, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blanca Nieves Sánchez Arano y Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, mientras que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) quedará sin representación hasta designar a un coordinador.
De igual forma, el Pleno del Congreso aprobó una reforma al artículo 55 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado, con la que se dispuso que cada diputado podrá formar parte de todas las comisiones legislativas. Anteriormente, no podían pertenecer a más de 10 y sólo podían presidir dos órganos legislativos.
Posteriormente, los diputados concretaron la modificación a la misma legislación para cambiar la integración de las comisiones legislativas.
En la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación se designó como presidente a Héctor Javier García Chávez; en la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, a Rosalina Mazari Espín; en Gobernación y Gran Jurado, a José Casas González; en Educación y Cultura, Alejandra Flores Espinoza; Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Interparlamentarias, Elsa Delia González Solórzano; Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
Asimismo,  en la del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, José Casas González; Seguridad Pública y Protección Civil, Marcos Zapotitla Becerro; Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos, Ariadna Barrera Vázquez; Desarrollo Agropecuario, José Luis Galindo Cortez; Salud, José Luis Galindo Cortez; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, Dalila Morales Sandoval; Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, Marcos Zapotitla Becerro.
Igualdad de Género, Marcos Zapotitla Becerro; Juventud; Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala; Participación Ciudadana y Reforma Política, Ana Cristina Guevara Ramírez; Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, Andrés Duque Tinoco; Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, Elsa Delia González Solórzano; Deporte, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala; Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, Ariadna Barrera Vázquez; Familia, Dalila Morales Sandoval; Desarrollo y Conflictos Agrarios, Andrés Duque Tinoco; Diversidad Sexual, Alejandra Flores Espinoza; Ciencia e Innovación Tecnológica, Ana Cristina Guevara Ramírez; Desarrollo Económico, Alejandra Flores Espinoza;
Turismo, José Casas González; Ética Legislativa, Héctor Javier García Chávez; en la Comisión Especial de la Reconstrucción, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y en la Comisión Especial para Seguimiento de la Agenda 2030, Ariadna Barrera Vázquez.

En el comité de Vigilancia, Héctor Javier García; en el comité de Régimen Administrativo, Andrés Duque Tinoco y en el comité Editorial Dalila Morales Sandoval.

 

 

 

 

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Se garantizará derecho de audiencia de los involucrados, asegura diputada.

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En este año la LIV Legislatura ejerció 450 millones de pesos.

Los diputados locales podrían reducirse el presupuesto para el 2020, ante los cuestionamientos de organizaciones sociales por los 450 millones de pesos ejercidos en este año.
La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, informó que existe el consenso de la mayoría de los diputados para reducir los recursos financieros del Poder Legislativo para el próximo año.
Sin embargo, refirió que aún no se han puesto de acuerdo sobre el monto que se etiquetará, ya que el tema se acordará en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se integrará el Paquete Económico 2020.
Flores Espinoza refirió que la determinación se tomó con base en la reducción que lograron en el primer año de la LIV Legislatura en la deuda que heredaron sus antecesores por cerca de 100 millones de pesos.
"Por ejemplo, en el caso del Instituto de Crédito se abonaron 10 millones de pesos; así, de entrada, es una deuda mucho menor; ya disminuyó en un 80 o 90 por ciento la deuda, por eso yo me atrevería a decir que estamos en las condiciones para disminuir el presupuesto del Congreso", explicó.
De manera extraoficial se dio a conocer que la reducción al presupuesto para el Congreso sería de 100 millones de pesos, es decir, para el 2020 los diputados ejercerían 350 millones de pesos.
En lo que respecta a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), la diputada Flores Espinoza apuntó que lo que se busca es aumentar su presupuesto, que en este 2019 fue de 18.5 millones de pesos, cuando requiere al menos el doble de los recursos.

 

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El Congreso aprobará un incremento del 0.5 por ciento al presupuesto de la Máxima Casa de Estudios del estado, que garantizará más de 120 millones de pesos adicionales a la partida estatal que ya percibe la institución.

El acuerdo es concretar el incremento de manera gradual, afirma diputada.

Los diputados lograron acuerdos para aprobar un incremento del 0.5 por ciento al presupuesto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para el 2020, mediante una reforma constitucional que será aprobada en los próximos días.
En entrevista, la legisladora panista Dalila Morales Sandoval informó que el acuerdo se basó en que la asignación de este aumento presupuestal se hará de manera gradual, para no afectar  las finanzas del gobierno del estado.
"Hay ánimo de apoyar, eso es lo más importante, ya hay consensos. El tema solamente es que se está discutiendo si es gradual o es en un sólo momento. Entendemos la situación económica que vive el estado y tampoco podemos generar un tema que complique la situación, como es el caso de salud o el del campo", refirió la legisladora.
Morales Sandoval explicó que en la reforma al artículo 121 de la Constitución Política del Estado se establecerá cómo se concretará el aumento el presupuesto de la UAEM –para que pase a ser el tres por ciento de todo el presupuesto de la entidad- con base a la autonomía financiera de la institución.
Dicho incremento presupuestal garantizaría una cifra superior a los 120 millones de pesos adicionales a los cerca de 700 millones de pesos que percibe la UAEM del presupuesto del estado. Sin embargo, los legisladores buscan que no se concrete en un mismo año, para no afectar otros rubros.
La legisladora que promovió la propuesta, aseguró que el rector de la UAEM Gustavo Urquiza Beltrán ha manifestado su aprobación a que el aumento presupuestal se concrete en base a los términos antes citados. Por ello, la diputada apuntó que esta semana podría votarse el dictamen de la reforma constitucional, siempre y cuando, la mayoría de los diputados se pongan de acuerdo.

 

 

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Ante la negativa de jueces locales de dictar vinculaciones a proceso u órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, fue necesario recurrir ante la justicia federal, dijo el consejero jurídico del gobierno estatal.

La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado da seguimiento en diferentes instancias, incluso a través del amparo, a las denuncias por actos de corrupción detectada en la pasada administración y hasta la fecha, ninguna ha sido desechada, aseguró el titular del área, Samuel Sotelo Salgado, quien aseguró que hasta el momento han obtenido varios fallos por parte de la justicia federal, ante la que fue necesario acudir, debido a que, en primera instancia, algunos jueces, entre otros pasos legales.

El abogado sostuvo que ninguna de las denuncias formuladas por la actual gestión por los actos irregulares encontrados en la pasada administración, está “muerta” y seguirán luchando hasta el último recurso legal posible para que no haya impunidad.

Refirió como ejemplo, que el juez había señalado que no había indicios para vincular a proceso a funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas y del campo, pero en segunda instancia y en algunos casos hasta el juicio de amparo, la parte gubernamental ha ganado.

Samuel Sotelo Salgado comentó que todavía están en proceso de integración nuevas denuncias, pero enfatizó que ahora están más concentrados en darles seguimiento a las que ya han sido judicializadas, y hay varios recursos, alrededor de seis, pendientes.  

Entrevistado sobre el proceso legal para echar abajo las llamadas “pensiones doradas”, dijo que se trata de un tema que perjudica al Poder Ejecutivo, que es el que paga, pero en realidad lo que se está impugnando son las determinaciones del Congreso del Estado.

“Están concediendo amparos, no porque estuviera mal la determinación, sino por no haber agotado la garantía de audiencia, lo que implica que el Congreso del Estado está en las posibilidades de iniciar los procedimientos agotando la garantía de audiencia. Es decir, escuchar a quien eventualmente le podría perjudicar la determinación del Congreso” explicó, al destacar que es un acto que debe promover y atender la propia Legislatura local, porque es la autoridad que ha emitido los decretos, y la votación de los dictámenes son aprobados en el pleno. “Por lo tanto, se puede reponer el proceso, si así lo considera el Legislativo”.

 

 

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Ayuntamientos hacen campañas para promover el pago anticipado del predial en cada cierre de año.

Las diputadas locales Rosalina Mazari y Alejandra Flores (por separado) recordaron a los alcaldes que el cobro del predial junto con un 25 por ciento de impuesto adicional viola la constitución, ante las campañas que los ayuntamientos hacen para promover el pago anticipado de ese impuesto en  cada cierre de año.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín dijo que debido a que la Ley de Hacienda Municipal aún no se ha reformado para abrogar el Impuesto Adicional, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional, muchos ediles podrían aplicarlo este fin de año, mediante el  cobro anticipado del predial.
Sin embargo, la diputada advirtió que cada presidente municipal deberá asumir su responsabilidad si determinan aplicar ese 25 por ciento adicional.
"Esto sucede porque el impuesto adicional lo tienen todavía en su ley de ingresos aprobada en este ejercicio fiscal 2019, por eso es que los ayuntamientos están recibiendo este impuesto adicional, pero es cuestión del ciudadano para que actúe", señaló.
Además del cobro anticipado del predial, los ayuntamientos siguen aplicando el 25 por ciento adicional en todos los derechos que los ciudadanos están obligados a pagar y que están especificados en las leyes de Ingresos municipales, por lo que los afectados podrían promover juicios de amparo y evitar abusos de parte de los ayuntamientos.
"Ellos (los alcaldes) están conscientes (de) que ese impuesto adicional es inconstitucional pues así lo decretó la Corte, así que quienes tienen que actuar son los presidentes", añadió.
Por su lado, la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza invitó a los ediles a abstenerse de cobrar el impuesto adicional en los derechos e impuestos, aún y cuando están vigentes las leyes de Ingresos municipales 2018, pues recordó que la Corte lo decretó inconstitucional.

 

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