Cuestiona la conducta de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

La administración de Graco Ramírez dejó en libertad, en tan sólo nueve meses, a mil 20 personas que estaban recluidas en cárceles, denunció el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien manifestó que esa decisión tuvo como fin desestabilizar a su gobierno y sería un factor en la situación de inseguridad que enfrenta la entidad.

Este lunes el mandatario reanudó su gira de agradecimiento y de trabajo por el estado, con visitas a los municipios de Xochitepec, Emiliano Zapata y Jiutepec, donde dio especial énfasis al compromiso de trabajar de manera conjunta con todos los ayuntamientos y los diferentes niveles en el rubro de seguridad.

En entrevista, el titular del Ejecutivo dijo que descubrieron que de enero a septiembre fueron liberados mil 20 internos de diferentes cárceles, lo cual no tiene precedente en Morelos ni en otra entidad.

Expuso que para la actual administración, esa decisión tiene relación con la inseguridad que se enfrenta hoy cada día en el estado. Dijo que se analizará cada expediente y, de identificar que hay irregularidades, buscarán echar atrás la preliberación o excarcelación de esas personas, porque entre ellas “hay algunos criminales… Vamos a investigar a fondo porque no se vale, si fueron jueces o magistrados vamos a actuar porque no se vale. Morelos necesita tranquilidad, paz, seguridad”.

Cuestionado sobre el papel de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas, dijo que se debe hacer una investigación a fondo. "Sé que es muy allegada al exgobernador, pues fue quien me inició el juicio político cuando estaba el anterior gobernador y primero Dios que se ponga a trabajar por Morelos. Como te digo, vamos a investigar y vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias".

Blanco Bravo hizo notar que se cuenta con el apoyo de la zona militar y de la Policía Federal y se trabaja en una estrategia. Recordó que Morelos no cuenta con suficientes policías y ya se trabaja en contrataciones, pero explicó que por esa misma situación no ha sido posible dejar a los municipios solos y echar atrás el Mando Único, pues no hay suficientes recursos humanos.

Insistió en que se han hecho esfuerzos importantes para atraer el turismo y reactivar la economía, pero para atraer inversiones y a los visitantes se necesita atender el tema de la seguridad.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, manifestó que se deberá revisar expediente por expediente de cada una de las personas que fueron sacadas de la cárcel en tan poco tiempo. Explicó que este dato se obtuvo de un análisis que hizo la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

“Es una situación que tenemos que analizar junto con el Poder Judicial para determinar si esta gente cumplió con sus condenas o por qué las dejaron en libertad. Creo que es parte de una situación para desestabilizar el estado cuando entrara el gobernador Cuauhtémoc. Por si fuera poco, la situación financiera que nos dejaron, nos dejan un clima de inseguridad total en el estado; además, el archivo del gobierno del estado nos lo dejaron todo tirado, prácticamente no existe”, externó.

Informó que se va a estudiar a fondo por qué delito habían sido encarceladas, si forman o formaban parte de grupos delictivos, y si cumplieron con la norma de reinserción social.

Dejó en claro que no se puede “poner a la gente en la calle sin haber trabajado y cumplido con la reinserción con la sociedad y se les debería dar seguimiento, porque si se puso a esta gente libre antes de lo debido, vamos a buscar que se rindan cuentas claras… Llama mucho la atención que haya sido justo nueve meses antes de que acabara el gobierno y que sean tantas personas”.

Apuntó que resulta sospechoso este acto porque han recibido cartas y peticiones de madres y familiares de algunos presos que piden libertad anticipada por delitos menores y no se les otorgó en su momento.

Sanz Rivera también aseguró que desde la noche de ayer se reuniría con integrantes del gabinete de seguridad, con mandos del Ejército y de la Policía Federal para tomar decisiones y plantear una reacción inmediata ante la violencia que se ha observado recientemente.

"No me va a temblar la mano", indicó el gobernador, al anunciar que se van teniendo avances en el proceso de hacer justicia y se iniciarán seis juicios en contra del exgobernador Graco Ramírez, por actos presuntamente constitutivos de delito.
Blanco Bravo arrancó el recorrido en el municipio de Xochitepec, donde señaló que su gobierno atiende los problemas de seguridad pública, salud, educación, desarrollo económico y otros que heredó el gobierno anterior.
"Esta administración no espera a que ustedes vayan a buscarnos, nosotros salimos a buscar a nuestra gente para escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones", mencionó Cuauhtémoc Blanco.
En la gira de trabajo y acercamiento con la gente, el gobernador estuvo acompañado de su esposa y presidenta del Sistema DIF Morelos, Natalia Rezende Moreira; el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, y los titulares de las secretarías de despacho.
De Xochitepec, el mandatario estatal y su equipo de trabajo se trasladaron a los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec, en donde reiteró que su administración tiene las puertas abiertas y trabaja con todos los municipios por igual, sin ningún distingo generado por razones de partidos políticos.

 

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Miércoles, 07 Noviembre 2018 05:42

Temporales, últimos nombramientos de jueces: TSJ

La magistrada presidenta no confirma si se reactivará el concurso de oposición para nombrar a 13 jueces de primera instancia y menores.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, afirmó que es legal y temporal la designación de ocho jueces, pero dejó en el limbo la reactivación del concurso de oposición para nombrar a 13 jueces de primera instancia y menores.

Reconoció que en el TSJ hay esposas e hijos de magistrados trabajando en el TSJ, pero que no ingresaron en su administración y con el tiempo obtuvieron carrera judicial; y en el caso de la designación reciente de ocho jueces, no se tomó en cuenta su familiaridad, sino su experiencia, y aseguró que la decisión fue apegada a la ley.

“No hay ningún impedimento legal para ello. Desde mi gestión se ha respetado la carrera judicial. La ley establece que debemos designar primeramente a los jueces menores, y después los jueces menores tienen el derecho de ser de primera instancia”.

“Sólo se está cubriendo temporalmente (las vacantes de juez) por una contingencia que hubo al interior del Poder Judicial y todos, la mayoría de las personas que se privilegió, son funcionarios que tienen más de 17 años, 25 años, a los cuales antes no se les tomaba en consideración”, dijo.

Sin abundar y dar argumentos de la selección de los perfiles de los recién nombrados jueces de manera interina, Cuevas López evadió responder por qué se mantiene trunco el concurso de oposición para la designación de 13 juzgadores de primera instancia y menores, y dejó en el limbo el proceso que se inició el año pasado. “En su momento les haremos de su conocimiento qué es lo que prosigue con las convocatorias”, dijo parca, tras acudir a Palacio de Gobierno para cabildear su proyecto de presupuesto para 2019.

Agrupaciones como la Barra de Abogados y el Foro Morelense de Abogados protestaron contra las designaciones, por considerar que se privilegió la familiaridad y los amiguismos, y se discriminó a personal del TSJ con vasta carrera judicial y a litigantes que cubren el perfil para impartir justicia.

Además de que pusieron en tela de juicio el congelamiento del concurso de oposición que en el 2017 la misma Cuevas López convocó para designar a jueces, en el que se gastaron más de 600 mil pesos que fueron gestionados por el TSJ y triangulados con los hermanos Omar y Orlando de Lassé Cañas. 

 

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La Barra de Abogados exige la revocación de las designaciones y convocar a un nuevo concurso de oposición.

Organizaciones de abogados protestaron por la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos días la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María de Carmen Cuevas López, no sólo porque no fueron sometidos a un concurso de oposición sino porque los nuevos juzgadores son familiares o allegados de varios magistrados, y se discriminó a litigantes y personas con carrera judicial.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, señaló que la designación evidenció el nepotismo y el amiguismo que prevalece en el TSJ, lo cual explica porque hay jueces con capacidades cuestionables y que haya rezago en la administración de justicia.

Consideró no sólo inmoral sino discriminatoria la designación, pues se excluyó de la oportunidad de ocupar alguna de esas plazas a personal del TSJ con una larga trayectoria judicial y a los litigantes que tienen experiencia, trayectoria académica y capacidad para impartir justicia.

También recordó que el año pasado se anuló una convocatoria y luego se emitió una nueva, que quedó trunca, para concursar 13 plazas de jueces de primera instancia y menores, en las que se gastó más de 600 mil pesos que fueron triangulados entre Carmen Cuevas López, el otrora titular del Secretariado Estatal de Seguridad, Omar de Lassé Cañas; y su hermano Orlando, del Instituto Nacional de Administración Pública, organismo que “calificó” parte de las evaluaciones aplicadas a los aspirantes.

Velasco Alcocer exigió la revocación de las designaciones y convocar a un nuevo concurso de oposición, para que el personal del TSJ y litigantes puedan competir en igualdad de condiciones.

Dijo que, probablemente, algunos de los que fueron nombrados jueces tienen la capacidad y el conocimiento para ejercer la función jurisdiccional, sin embargo, el nepotismo y compradrazgo, al que deben su nombramiento, pone en duda su reputación.

Insistió en que la forma de darle confiabilidad a las designaciones es necesariamente a través de un nuevo concurso de oposición, que permita en plazos razonables cubrir los requisitos para registrarse como aspirantes y ser evaluados.

Agregó que en caso de que la postura de la Barra de Abogados sea ignorada por el TSJ, se recurriera a las vías legales.

También el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, criticó los nombramientos de los ocho jueces, por estar basados en nepotismo y simpatías de la presidenta del TSJ.

Un ejemplo, señaló, es el nombramiento como juez de primera instancia de Manuel Jiménez Aquino, hijo de la actual magistrada y ex colaboradora de Graco Ramírez, Carmen Aquino Celis.  

“Gran parte de los jueces que designó, tienen relación o tienen familiaridad con magistrados de su grupo como es el licenciado Aquino, que es justamente hijo de la magistrada Aquino, cuando existen diferentes perfiles”.

“A mí me gustaría saber qué se tomó en cuenta para designar a estos jueces, porque existen secretarios de acuerdos que tienen 28 o 30 años de carrera y han estado a la espera de que se les pueda dar la oportunidad. Y, por supuesto, como no son hijos de ninguna magistrada o no tienen relación con ningún político encumbrado, entonces no pueden ser tomados en cuenta”, recalcó.

Al igual que su homólogo de la Barra de Abogados, cuestionó por qué no fue concluido el proceso para la asignación de plazas de jueces convocado el año pasado, o por qué no fue convocado un nuevo concurso de oposición, e insistió en esto es una muestra de cómo prevalecen los intereses de grupo y corrupción en el TSJ.

Hasta el momento, el TSJ no ha fijado una postura sobre las inconformidades e inquietudes que surgieron y, de acuerdo con fuentes consultadas, hay un acuerdo entre magistrados para ignorar el tema y dejar que al paso de los días se olvide, al menos en los medios de comunicación.

 

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Lo anterior, luego de que el concurso para designar a nueve jueces siga congelado; los nuevos juzgadores ya rindieron protesta.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, designó de manera directa a un bloque de ocho jueces menores y auxiliares.

A través de la cuenta de Facebook, el tribunal difundió la toma de protesta a los nuevos jueces por parte de la titular de la institución, Carmen Cuevas López, y en presencia de los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz y Rubén Jasso Díaz.

Los designados como jueces menores fueron: Israel Gómez Cárdenas, Catalina Salazar González, Juan Beltrán Estrada y Guillermo Gutiérrez Peña. También fueron nombradas Leticia Estrada Pérez e Ivonne Morales Torres como jueces auxiliares de visitaduría, y como jueces de primera instancia Alicia Sotelo García y Manuel Jiménez Aquino.

Los nombramientos generaron sorpresa al interior y exterior del TSJ, debido a que no fueron claros los motivos de las designaciones, y desde hace meses quedó trunco un concurso de oposición para nombrar a 13 jueces mixtos de primera instancia y menores.

El año pasado, el TSJ lanzó la convocatoria para la designación de nuevos jueces, sin embargo, por conflictos políticos y jurídicos que involucraron al TSJ y culminaron con la extinción del Consejo de la Judicatura (responsable del proceso), el concurso fue congelado.

El último pretexto para continuar con el proceso trunco, fue –según el magistrado Miguel Ángel Falcón en mayo pasado- que la persona que aplicaría las evaluaciones a los aspirantes estaba fuera del país.

 

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Podrían acarrear denuncias penales o procesos administrativos: Giménez Valdés.

El secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés, dio a conocer que se han identificado 24 contratos firmados en la administración pasada de los que se podrían derivar denuncias penales o procesos administrativos por diversas acciones.

Comentó que como parte del proceso de revisión, se analizará la aplicación de recursos y acciones realizadas en el centro histórico de Cuernavaca, así como el cumplimiento cabal de la empresa constructora.

El funcionario estatal refirió que se ha considerado dar continuidad a algunos aspectos, dado el monto de recursos que ya se invirtieron en ese proyecto, como podría ser el remodelar la calle Salazar con concreto estampado.

Apuntó que la auditoría comenzó desde el 2 de octubre y como parte del proceso de auditoría están en posibilidad de presentar expedientes relativos a 24 contratos, en los que detectaron irregularidades administrativas que podrían derivar en procesos administrativos y/o penales.

Comentó que se han revisado obras como el Congreso local, la del Tribunal Superior de Justicia en Atlacholoaya, las instalaciones de la Fiscalía General del Estado porque hay varios retrasos en cuando avances físicos, además de que se revisan temas de calidad y conceptos pagados, pero no ejecutados. Entre ellos apuntó dos contratos relacionados con el Museo Juan Soriano, donde está en revisión un monto de alrededor de 300 millones de pesos.

El secretario informó que hay mil 700 kilómetros de redes carreteras estatales que no han sido atendidas y se planea un plan de rehabilitación y conservación, y para ello requerirán del apoyo del Congreso local en el tema de presupuestos. Y es que dijo que la calificación del estado de esas vías de comunicación está por un cinco de diez puntos.

Explicó que se buscan las alternativas para enfrentar asuntos pendientes que dejó el gobierno estatal en la administración pasada, ya que reiteró que no hay dinero en las arcas, pero se gestionarán fondos federales para terminar esas obras.

Informó que se hará un censo de obras inconclusas y comentó que entre esos asuntos están la comandancia de Ocuituco que jamás se hizo, o la de Huitzilac que lleva un avance real de apenas el 70 al 75% y se reportó en documentos el 80%.

Entre las anomalías comentó la aplicación de “sobreprecios” es decir costos por arriba de los precios de mercado, cosas pagadas no contratadas, otras cobradas y no realizadas, entre otras.

 

 

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El Congreso local plantea establecer mesas de trabajo con el Ejecutivo y Legislativo para resolver el asunto de las jubilaciones.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovió nuevas controversias constitucionales por la falta de presupuesto para pagar pensiones de trabajadores recién jubilados, el Congreso local plantea establecer mesas de trabajo entre los tres poderes del estado para resolver el tema.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias 185/2018 y 186/2018, por las cuales la titular del TSJ, Carmen Cuevas López, reclamó al Congreso de Morelos una partida presupuestal para pagar las pensiones de su hermana Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta del tribunal, y a la jueza Guadalupe Reyes Cárdenas.

En ambos recursos de control constitucional, Cuevas López argumentó que los decretos jubilatorios fueron autorizados por la legislatura anterior “con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para las pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Respecto al cumplimiento de sentencias de decenas de controversias constitucionales que heredó la anterior legislatura, respecto a la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de trabajadores jubilados del TSJ, el presidente del Congreso del Estado, Jesús de Jesús Sotelo Martínez, informó a la SCJN que “solicitó al Gobernador de la entidad convoque a los 3 poderes del Estado a efecto de integrar diversas mesas de trabajo, con el objetivo de encontrar una solución financiera”.

En respuesta, la SCJN requirió a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos para que, por conducto de quien legalmente los representa, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de los acuerdos, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de los diversos fallos.

 

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La CIDH pide instalación de una mesa de trabajo con el titular del Ejecutivo estatal para conocer la situación actual.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) solicitó de manera formal al gobierno del estado la pronta instalación de una mesa de trabajo para revisar y dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Juliana Quintanilla García, vocera de la CIDH, recordó que es la organización que promovió la AVG y que se decretó en ocho municipios de la entidad hace tres años. Dio a conocer que mediante un documento que fue entregado este viernes en el palacio de gobierno, pidieron al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo que incluya una reunión de trabajo en su agenda de este mes.

Consideró que para que el titular del Ejecutivo cumpla la promesa que hizo en su discurso de toma de posesión respecto al combate a los feminicidios, es necesario conocer la situación actual en el estado y darles cumplimiento a las indicaciones de la AVG.

“Queremos que escuche nuestra opinión, como organización que ha laborado durante los últimos años, para que dé las instrucciones correspondientes a todas las instituciones involucradas. Porque no se trata de que una sola dependencia atienda al tema; se trata de una política de respeto y atención al tema de la violencia contra las mujeres”, abundó.

Por ejemplo, la representante de la CIDH comentó que desde hace tres años hasta la fecha el Instituto Morelense de la Mujer no ha cumplido con la conformación de la base de datos, en la que se debe concentrar información verídica de casos, tipos y demás relativa a la violencia, de todas las instancias involucradas con la AVG y “si en algo tan simple no se ha cumplido por parte del Instituto de la Mujer, entonces el gobierno estatal debe revisar todos los aspectos que no han sido cumplidos y por qué”.

Apuntó que hay otros aspectos graves que no se han cubierto, como la forma en la que deben ser integradas las carpetas de investigación de feminicidios. Otro aspecto es el del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que argumenta que no recibe los expedientes correctamente; la Comisión Estatal de Seguridad no ha desarrollado todos los programas de prevención. “Y finalmente el tema del Poder Legislativo, que no ha querido dar el seguimiento concreto a la AVG y tampoco ha querido hacer las adecuaciones al marco legal”, señaló Quintanilla García.

 

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El magistrado electoral rindió su informe de labores y entregó la presidencia a Carlos Puig.

El magistrado del Tribunal Estatal Electoral Francisco Hurtado Delgado acusó al ex gobernador Graco Ramírez y los diputados de la extinta LIII Legislatura de intentar debilitar al órgano jurisdiccional, y afirmó que a pesar de la auditoría extraordinaria, ordenada por el Congreso en medio de los comicios, el tribunal no tuvo más que tres observaciones que ya fueron solventadas.

Al rendir su informe de actividades y concluir su periodo como presidente del TEEM, señaló que el tribunal enfrentó una fuerte embestida política, al ver reducido su presupuesto anual de 41.5 a 18 millones de pesos.

Además, recordó que con la intención de controlar e intimidar al órgano jurisdiccional, la anterior legislatura ordenó a la entidad de fiscalización realizar una auditoría extraordinaria, pese a que a que el tribunal se encontraba en plena proceso electoral, sustanciando los diversos recursos de impugnación.

“El mensaje era claro, debilitar a nuestra institución y poner en riesgo la impartición de justicia y el proceso electoral. Nos defendimos por la vía del derecho e interpusimos sendos juicios para proteger la independencia y autonomía del tribunal”, dijo.

Precisó que al concluir la auditoría, sólo resultaron tres observaciones que fueron inmediatamente solventadas y se comprobó que los recursos fueron aplicados adecuadamente.

Previó a la entrega de la presidencia del TEEM a su homólogo Carlos Alberto Puig Hernández, informó que en total se presentaron 566 recursos impugnación durante el proceso electoral 2017-2018, de los cuales sólo restan 95 juicios por resolver a más tardar 15 octubre y que están vinculados a las elecciones municipales.

Agregó que 99.9% de las resoluciones fueron por unanimidad del Pleno y el 96.2% de las sentencias del TEEM fueron confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

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Costó más de cien millones de pesos y tiene goteras y fallas en el sistema eléctrico.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, confirmó que existen inconsistencias en la construcción del edificio de la Ciudad Judicial y sostuvo que no habrá firma de entrega recepción de la obra, hasta que se subsanen las deficiencias o se haga efectiva la fianza por vicios ocultos.  

“Nosotros no hemos firmado, como tal, los contratos de entrega recepción, aunque tenemos nosotros el inmueble, hay situaciones en las cuales nosotros no estuvimos de acuerdo e hicimos las pertinentes observaciones. Y estamos hablando con la nueva administración para hacer lo propio y que nos entreguen todo, sobre todo por la garantía, por el seguro de vicios ocultos”, expresó.

Dijo que espera que la mudanza a Ciudad Judicial, ubicada en el municipio de Xochitepec, pueda realizarse lo más pronto posible, pero esto implicará detectar posibles fallos, una vez que el edificio esté en operación.

“Nosotros apenas vamos a llegar y tendremos que ver qué es lo que se encuentra correctamente y qué es lo que no, y en su momento nosotros (los reclamos) lo haremos en las instancias correspondientes”, precisó.

Entre las deficiencias detectadas, destaca la filtración de agua en varias áreas del edificio debido a la defectuosa impermeabilización, y fallos en las instalaciones eléctricas y luminarias. Estas deficiencias, harían inoperables las instalaciones, en virtud de que tanto las salas de juicios orales, así como las oficinas de funcionarios judiciales y administrativas, tienen como principal herramienta los equipos electrónicos de cómputo, audio y video.

En agosto de 2016 el gobierno de Morelos asignó la construcción de la Ciudad Judicial a la empresa  Natura Ingeniería S.A. de C.V., bajo el contrato SOP-SSESO-DGLCOPA.D.-058/2016. La obra tendría un costo superior a 104 millones de pesos y estaría lista en 350 días naturales.

En la penúltima supervisión realizada por la Secretaría Obras estatal a finales de 2017, se estimaba que principios de 2018 iniciaría la operación de la Ciudad Judicial del Estado de Morelos, pero hubo retrasos.

Según el proyecto, el inmueble contará con tres niveles, un área para recibir a los imputados, ocho salas para juicios orales en materia penal, salas de espera y 14 oficinas para magistrados y jueces.

El proyecto de la Ciudad Judicial estatal, que estará junto al Centro de Readaptación Social Morelos en la comunidad de Atlacholoaya, fue elaborado por alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UAEM. La idea de edificarla junto al centro de reinserción social fue para evitar el traslado de reos, además de disminuir riesgos y costos.

 

 

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Asegura que a través de la presidenta del TSJ reasigna jueces que no son favorables a sus intereses.

A través de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carmen Verónica Cuevas López, el ex candidato a gobernador Rodrigo Gayosso Cepeda influye en la justicia local y promueve venganzas contra los enemigos de la administración anterior, aseguró la abogada Lidia Dalia Ereiva González.

Quien se presentó como integrante de la Asociación de Abogados Constitucionalistas señaló que, por consigna, Cuevas López remueve jueces “a diestra y siniestra, para perjudicar a los adversarios del gobierno anterior”.

Dijo que de forma ilegal obliga a los juzgadores a que sentencian, revoquen o resuelvan contra determinadas personas que ella señala y los jueces que no acatan las ilegales órdenes son removidos.

Ereiva González aseguró que detrás de esos movimientos se encuentra Gayosso Cepeda, a quien acusó de influir en la justicia morelense para salvaguardar sus propios intereses y afectar la de aquellos que no fueron sus incondicionales.

La abogada aseguró que la justicia resiente ya por esa conducta, y que los abogados de los casos afectados exhibirán ante el Poder Judicial federal.

“Si no fuera por la opción de recurrir a la justicia federal, lograrían sus oscuros fines, pero por lo menos logran perjudicar con los retrasos todos aquellos intereses que van en contra de los intereses de Gayosso y de la magistrada”, afirmó.

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