Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Jueves, 31 Octubre 2019 05:24

El caso Aldo Bazán

Las redes sociales son el peor lugar para dirimir una situación de posible acoso sexual entre una alumna y un maestro, pues se presta al linchamiento “a priori” sin respetar su derecho a la presunción de inocencia y el derecho de réplica, vigente desde hace algunos años.

En este espacio trataremos de ser lo más imparciales posibles, y anticipando desde ahora que el mismo está a disposición de las partes en conflicto para hacer valer la Ley de Réplica en sus términos legales.

Comenzamos por el principio:

El pasado 23 de octubre comenzó a circular en Facebook un video con cierto grado de edición (mostrando lo más relevante en letras grandes que aparecen y se desvanecen, resaltando las ideas principales con diferentes tamaños y en rojo, etc.) en el que aparece una mujer que se identifica como Daniela Olivares Valderrama y que dice, en lo sustancial, lo siguiente:

“Desde mi ingreso a la Maestría, el profesor Aldo Bazán se dedicó a mandarme mensajes inapropiados, a los que por supuesto no accedí. A partir de ese momento el doctor Aldo Bazán se dedicó a desestimar mi trabajo, se dedicó a hacerme sentir que como estudiante yo no valía nada, me discriminó por mi discapacidad auditiva; se dedicó a hacerme bullying por las redes en conjunto con otros doctores del mismo secto” (sic).

Luego de lo anterior, solicita al rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, la destitución inmediata del Dr. Aldo Bazan Ramírez.

Con ese video se inició una campaña en redes sociales en contra del catedrático universitario, y ya sabemos que “las redes te hacen o te deshacen”, así que a estas alturas ya es viral y en algunos casos los calificativos han sido realmente demoledores.

El doctor Aldo Bazán pidió entonces a los medios que le diéramos la oportunidad de defenderse. A través de un comunicado, el catedrático se queja de la campaña cibernética que le ha provocado actos de acoso, denostación y criminalización contra su persona y su familia.

“Rechazo tajantemente las acusaciones de las que he sido objeto en redes sociales, y manifiesto mi disposición de comparecer ante las autoridades universitarias y jurisdiccionales competentes, para responder a tales infundios. De igual manera, manifiesto que mi familia y yo, hemos recibido amenazas anónimas sobre video montajes, chantajes y otras acciones para amedrentarme y causarme daño.

“Debo comenzar diciendo que he sido una persona que apoya el empoderamiento y el alza de voz de las mujeres, en mi entorno familiar he educado con valores y respeto para defender el bienestar de las personas y que en ningún momento se deben callar aspectos de desigualdad y violencia. Con este mismo ideal, he sido partícipe de la formación académica de cientos de estudiantes, como mexicano, y en el país de mi origen. Si bien, estamos en un contexto social en donde todos debemos de mejorar y colaborar para sanar las grietas que la violencia ha generado, también es necesario realizar las acciones pertinentes para que la situación se atienda bajo los mecanismos de justicia y no mediante un linchamiento en redes sociales”, afirma en un documento enviado a la opinión pública.

Y enseguida da su versión sobre los hechos:

“La maestra Laura Daniela Olivares Valderrama, trabajó su tesis de maestría bajo mi dirección desde agosto de 2014 hasta febrero de 2016, periodo en el que además de dirigir su tesis que mereció la calificación aprobatoria en todos los comités tutorales, también obtuvo calificaciones aprobatorias en dos seminarios que impartí en la Maestría, periodo en los cuales, nunca existió queja alguna de su parte, por acoso, maltrato o discriminación. Por lo que es falso la aseveración de que, al no acceder a mis supuestos mensajes, yo desestimé su trabajo o su capacidad. Es preciso aclarar que la asignación y/o cambio de director o directora de tesis al estudiantado de maestría, no es impuesto por algún organismo o la comisión académica, y radica más bien, en el común acuerdo de trabajo colaborativo y coincidencia de temas e intereses académicos entre tutor y estudiante”.

Bazán Ramírez hace notar que no existen acusaciones formales en su contra ni ha sido notificado de manera oficial por ninguna autoridad universitaria.

“Es importante esclarecer que por cuanto a las acusaciones de índole académico, constan las evidencias académicas y administrativas con su respectiva respuesta y resoluciones, por Comité tutorales, Comisiones Académicas, Consejo Interno de Posgrado; Consejo Técnico, Procuraduría de los Derechos Académicos, Dirección de Estudios de Posgrado, y toda instancia competente en el ámbito académico y jurídico al interior de la Máxima casa de estudios”, agrega.

“Me da tristeza que por intereses mezquinos me lastimen y también a mis seres queridos, así como amistades y colegas que me conocen y se han solidarizado conmigo, al igual que mis estudiantes y ex estudiantes, quienes pueden dar fe de mi honorabilidad”, dice para concluir.

Tan grave resultaría que se comprobara que hubo hostigamiento o discriminación, como que se afectara una carrera profesional y el nombre de una persona con acusaciones falsas.

Recordamos el caso que dividió hace años a la Facultad de Derecho, el de Rodolfo García Aragón (que en paz descanse), expulsado por hacer insinuaciones a una alumna.

Tuvimos acceso a la grabación que esa jovencita presentó como prueba ante el Consejo Universitario, y se advierte claramente cómo la alumna direcciona la conversación en busca de una frase comprometedora, alentada por un grupo de maestros políticamente antagónico al de Rodolfo.

Y por cuanto a las redes sociales, siempre lo hemos sostenido: quien guste de participar en los linchamientos cibernéticos debe estar consciente que un día el lapidado puede ser él, sin importar si las acusaciones son verdaderas.

HASTA MAÑANA.

Miércoles, 30 Octubre 2019 05:18

Signos de descomposición

Como si no fueran suficientes los destrozos que dejó la lluvia de la noche para deprimir a cualquiera, durante la mañana de ayer se registraron varios acontecimientos que deberían preocupar a las autoridades de ésta entidad, sobre todo los que se refieren a un enfrentamiento entre internos del Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholoaya.

Quienes debemos recorrer parte de la ciudad capital y la zona conurbada para llegar a nuestros centros de trabajo, fuimos testigos de un espectáculo parecido al que deja un huracán o una tormenta tropical, con árboles caídos, calles destruida y, en algunos lugares, viviendas destruidas.

Apenas se va uno reponiendo de la impresión cuando llegan las fotos vía Whatsapp mostrando los dos cuerpos masculinos, totalmente desnudos, brillantes por la pertinaz lluvia, pero sin cabeza, a la orilla de la carretera que sirve de retorno en la autopista del Sol, a la altura de Xochitepec.

Una cartulina verde con letras negras en la que se da a conocer los nombres de los que siguen en esa fatal lista que han ido cumpliendo al pie de la letra sin que nadie haga nada, cubre uno de los cadáveres mientras que otra con características similares cubre el otro.

Todavía no se repone uno de la impresión de esas fotos cuando llega la información acerca de que un grupo de trabajadores de la empresa Uber Eats están protestando en el zócalo de Cuernavaca. Denuncian que el pasado lunes un compañero suyo fue asaltado y asesinado en la colonia Teopanzolco, la empresa no quiere asumir su responsabilidad y la aseguradora tampoco. Estaban pidiendo ayuda para reunir el dinero necesario y sepultar a su compañero.

Los que trabajan en todas esas empresas que se manejan a través de una aplicación en un teléfono celular no lo hacen por gusto, sino porque no hay otra opción. Ante la falta de mejores oportunidades de trabajo, nuestros jóvenes están recurriendo a estos empleos a pesar de que no tienen ninguna garantía de las que establece la Ley Federal del Trabajo. No hay una persona física que sea el patrón, tampoco un domicilio, y el contrato que firman es totalmente leonino, con todas las ventajas para estas empresas transnacionales.

Luego, el código rojo en el Penal de Atlacholoaya. Los empleados del Tribunal Superior de Justicia y de otras dependencias fueron obligados a desalojar las instalaciones del Centro Estatal de Reinserción Social por cuestiones de seguridad.

Eso solamente ocurre cuando se da un motín, pero el coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León lo negó cuando fue consultado por los compañeros reporteros. “Todo bajo control”, contestó el funcionario.

Lo que no dijo es que no se encontraba en esos momentos en el Penal, pues su personal dice que nunca está, sino que trabaja vía teléfono celular.

Y lo más irónico: comenzaron a llegar fotos y videos del interior del penal tomados y enviados a través de teléfonos celulares, aparatos que se supone no pueden tener en su poder los internos.

Ya por la tarde llegó un comunicado de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el que se explica que no hubo motín, sino una riña que se suscitó al interior del dormitorio número cuatro, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos de actuación para atender la emergencia.

“Elementos del Mando Coordinado Policía Morelos, Guardia Nacional y agentes federales atendieron dicho acontecimiento, en el que resultaron lesionados tres internos que de inmediato fueron trasladados a un hospital para brindarles atención médica. Sobre lo sucedido, se informa que alrededor de las 11:46 horas personal de Seguridad Penitenciaria atendió una riña originada por el supuesto robo de unos zapatos, misma que fue controlada y los involucrados fueron dispersados”.

“Cerca de las 13:37 horas, algunos internos del dormitorio nueve ingresaron al dormitorio cuatro agrediendo y lesionado a un grupo de reclusos, por lo que las autoridades penitenciarias intervinieron una vez, activando el protocolo de actuación”, agrega el documento.

Con respecto al informe médico, Servicios de Salud de Morelos (SSM) indicó que al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” arribaron dos masculinos, uno de 37 años de edad heridas de arma blanca, quien al momento de arribar al nosocomio ya no presentó signos vitales; el segundo, de 30 años es atendido por lesiones de arma blanca en tórax y pierna.

En el Hospital General de Temixco se atendió a un tercero de 24 años de edad, quien se reporta estable con múltiples lesiones superficiales en cráneo y en ligamentos de la mano, ya fue dado de alta.

No hay autogobierno y todo está bajo control, pero varios internos se lesionaron con armas blancas y el altercado fue grabado con teléfonos celulares. Vaya control.

Finalmente, un documento enviado por tres consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos da cuenta del divisionismo que existe (también) en el Consejo Consultivo de esa institución que está a punto de estrenar sede por enésima ocasión.

“Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Morelos, hemos visto recientemente en notas de los medios de comunicación que el Presidente del organismo anuncia que pedirá directamente al Congreso un presupuesto de 50 millones de pesos, en contraste a los casi 16 millones con que cuenta actualmente.

“Sin embargo lo que no ha dicho el titular del organismo y que es menester que la sociedad también sepa, es que el Consejo Consultivo no aprobó dicha propuesta presupuestal derivado de que desde la instauración de dicho órgano colegiado se le ha solicitado desde la primer sesión, la siguiente información:

“Actas de entrega-recepción; lista de todo el personal adscrito, así como su curriculum y resultados; comprobantes de gastos presupuestal; programa de trabajo, entre otros”. Obviamente, el “godinez” que ocupa la presidencia de la CDH-Mor no se ha dignado a contestarles.

Contrario a todas y todos los que han ocupado el puesto de ombudsman, el actual ni siquiera saluda a sus empleados cuando llega, ya de atender a la prensa ni hablamos. 

Para finalizar, y luego de ver un video que está circulando en redes sociales, donde se observa claramente cómo la diputada Tania Valentina se acerca a la zona de público del Congreso Local, y a una señal suya los pobladores de Hueyapan se ponen como locos y comienzan a comportarse como orangutanes, uno se pregunta:

¿Qué no hay noticias positivas en este estado?

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 29 Octubre 2019 05:37

RSP: mercenarios de la política

La política se ha degradado tanto en los últimos años, que ahora ya no guardan las formas. Se manejan como mercenarios de la política, o aún más, como extorsionadores de la política. Ya no se sabe si la delincuencia organizada se ha infiltrado en la política, o los políticos se han infiltrado en la delincuencia organizada.

Ayer en un conocido Café del centro de Cuernavaca se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se anunció que un grupo de integrantes de la organización denominada Redes Sociales Progresistas, daría a conocer su oposición a que el yerno de la maestra Elba Esther Gordillo encabece el nuevo partido que vendría a sustituir al Partido Nueva Alianza, que sirvió como brazo político del poderosísimo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Como ya es sabido, seis de los ocho asociados fundadores de la organización que pretende convertirse en el nuevo partido elbista, desconocieron a Fernando González, lo que, de ser reconocido por el INE, regresaría el control de la asociación a Juan Iván Peña Neder y sacaría del camino al grupo de la maestra.

Las firmas fueron enviadas al INE, tanto en lo individual como por la asamblea de fundadores, luego que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos les dio tres días hábiles, a partir de la notificación, para resolver sus conflictos internos e indicar con claridad quienes tienen la representación legal.

Las semanas pasadas, el INE recibió oficios contradictorios por parte de representantes de esa organización, ya que, uno de los apoderados legales del grupo de Peña Neder, dio aviso al INE para cancelar todas las asambleas estatales ya agendadas para las próximas semanas, mientras que el yerno de la maestra continuó con el proceso.

Esa escisión en la etapa fetal del partido ya llegó a Morelos. Ayer, a la anunciada conferencia de prensa llegó –para sorpresa de muchos porque éste personaje tiene de todo menos de profesor- Enrique Alonso Plascencia, Felipe Castro Valdovinos y dos personajes más de los que Enrique Alonso desconocía sus nombres completos y sólo se refería a ellos como Adrián y Mauricio.

En resumidas cuentas Alonso se presentó como delegado del partido en proceso de registro y dijo que las RSP reconocen como su líder máximo a Juan Ivan Peña Neder y que en Morelos no van a aceptar ni a yernos ni nietos de la maestra Elba Esther, pero tuvo mucho cuidado en no atacar a la lideresa (el miedo no anda en burro).

Todo parece indicar que un grupo de mercenarios de la política pretenden extorsionar a la maestra, ya sea con dinero o con cargos de elección popular, pero lo importante es sacar algo de provecho.

Y para esa encomienda decidieron contratar a Enrique Alonso, quien ya antes se contrató como director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, cargo que sigue ostentando. O sea, el señor es capaz de contratarse de lo que sea, con tal de obtener buenos dividendos.

Recordemos que en sus años mozos Enrique fue “pollero” (traficante de personas de un país a otro), por lo que estuvo procesado y exonerado en segunda instancia. Luego fue candidato del PRD a presidente municipal de Tlaquiltenango y ganó, a pesar de que todo mundo sabía de sus antecedentes.

Pero Graco Ramírez y él nunca se quisieron. Era del dominio público que obtuvo la candidatura con el apoyo de Fidel Demédicis y que nunca se quiso someter al Mando Único. En represalia, tuvo “marcaje personal” por parte de la policía que dirigía Alberto Capella. El 28 de enero del 2016 fue detenido por la Policía Federal en la caseta de Tlalpan porque su escolta portaba un arma de uso exclusivo del Ejército.

Un año después, el 24 de enero del 2017, detuvieron a dos de sus escoltas mientras él estaba en el interior de la agencia BMW en la calle Río Mayo, y son puestos a disposición de la Procuraduría General de la República.  “El alcalde de Tlaquiltenango tiene mala fama”, decía Capella Ibarra cada vez que le preguntaban por Alonso Plascencia.

Perverso como es, Graco Ramírez ordenó que se difundiera la foto de la esposa del alcalde de Tlaquiltenango, quien purga una condena de 45 años por el delito de homicidio. Ya siendo candidato a diputado federal independiente, fue detenido por el homicidio de una persona de nombre Adán. Con él fueron detenidos Andrés “El Tío” o “El Sinaloa”; Rodolfo “El Durango”; Alberto “El Zapata”; Emanuel, Óscar, Geremías y Santiago. Las autoridades los señalaron como parte del grupo delictivo Los Rojos, pero nuevamente salió en libertad.

Tras su derrota en las urnas en el 2018,  desapareció de la escena política un tiempo, hasta que reapareció como director del Instituto que aglutina a los presidentes municipales de Morelos.

En agosto pasado, tras la difusión de un video en redes sociales en el que un hombre, con el rostro cubierto, asegura pertenecer al grupo delictivo Los Rojos y recibir órdenes de Enrique Alonso Plascencia, el mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco declaró que el fiscal general debe realizar una investigación.

“Yo simplemente le digo al fiscal que hay que investigar, hay que investigar, que llegue hasta las últimas consecuencias, no sabemos si es verdad, si es mentira, pero si se rumora hay que investigarlo”, dijo Blanco.

Después de todo lo anterior, se dieron cuenta que el indicado para “jalarle la cola al león” en el SNTE era Enrique Alonso, así que fue contratado, a pesar de que su imagen desentona

Pero ¿quién está atrás de este hombre con aspecto de montador de toros?

Un dato que podría ayudarnos a responder esa pregunta es la presencia ayer, en la conferencia de prensa, del cacique magisterial Felipe Castro Valdovinos, quien en las pasadas elecciones fue porrista de Rodrigo Gayosso Cepeda, (un porrista muy caro por cierto), y que últimamente sirve a los intereses del senador Ángel García Yañez (mercenario pues).

Por cierto, García Yañez fue visto el jueves de la semana pasada en la Feria de Yecapixtla, en el show de Remmy Valenzuela (originario de Sinaloa), donde saludó efusivamente al alcalde de Yautepec, Agustín Alonso y al ganadero Federico Figueroa, hermano del extinto Joan Sebastian.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 28 Octubre 2019 05:42

Impotencia

Por más que uno quiera buscarle el lado positivo a las cosas, y sin dejar de reconocer los esfuerzos que han venido haciendo los tres niveles de gobierno, hay ocasiones en que nos invade el pesimismo, la depresión y la impotencia de no poder hacer nada. El cobarde asesinato de Paul Vizcarra y la confirmación de que el hijo de un estimado amigo notario que estaba desaparecido desde el mes de agosto fue ultimado a pesar de que se había pagado un rescate, pero sobre todo la ejecución casi sistemática de personas por parte de comandos armados que se mueven a sus anchas por todo el territorio morelense, y que se dan el lujo de avisar a quien van a matar con mensajes (ahora impresos en lonas con una máquina Plotter) nos hace llegar a la conclusión de que la Guardia Nacional, la CES y su instancia municipal han fracasado rotundamente. 

La semana pasada nos tocó acompañar a la familia de Paul Vizcarra a su entierro en el panteón de Las Granjas. Duele ver cómo una familia dedicada al noble trabajo del reciclaje, que es fuente de ingresos de cientos de personas, que no anda metido en negocios turbios, hoy está destrozada. "Era tan tranquilo, no le gustaba meterse en broncas, prefería perder a tener conflictos", recordaba Carlos Mújica, amigo mutuo. 

A varios días de que fue encontrado su cuerpo con huellas de tortura en el bosque de Tlalpan, no se sabe si hay avances en las investigaciones. Desgraciadamente, a él y a su acompañante los fueron a tirar en una zona boscosa donde no hay ninguna de las miles de cámaras que tiene el Gobierno de la Ciudad de México. 

En el otro caso, desde agosto tuvimos conocimiento de la desaparición de Josué, el hijo del notario José Antonio Acosta, y no publicamos nada con la esperanza de que sus captores lo regresaran sano y salvo, pero no fue así. Salió de su casa a bordo de su motocicleta y se dirigió al municipio de Huitzilac, donde la vida vale menos que una moneda de a peso. Fue hasta hace un par de semanas que encontraron restos humanos en la carretera que va a Zempoala, y al hacer los estudios de ADN resultó que sí eran los de Josué. 

Son homicidios que impactan en una sociedad morelense que observa impávida como desaparecen el padre, el hijo, la hija, y lo que viene a la mente de todos es ¿cuándo me tocará a mi o a mi familia?

"Está terrible la inseguridad, diario hay un secuestro y varios homicidios, ¿cómo podemos presionar para que las cosas cambien si los medios de comunicación no ayudan", me reclamó y con justa razón una amiga a través de messenger. 

La tarde del sábado el helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad Pública andaba como loco sobrevolando a muy baja altura por todo Cuernavaca. A los pocos minutos las transmisiones en vivo por Facebook de varios medios de comunicación que usan esa herramienta tecnológica nos daba cuenta del motivo de los sobrevuelos: un homicidio en la calle que comunica Atlacomulco con la avenida 10 de abril, casi enfrente del hotel Hacienda de Cortés a plena luz del día. 

Seguramente los turistas de ese hotel escucharon los balazos y si hubieran salido a la calle habrían presenciado una escena que sólo se ven en las series de narcos: al conductor de un vehículo compacto le dispararon desde otro, ambos en marcha, y el agredido se fue a impactar contra un taxi que nada tenía que ver (pero que seguramente pasara días en un corralón, en detrimento del dueño de la concesión y del chofer). 

"La ejecución del día, o más bien, la primera de este día", escribí en mi cuenta de Twitter. Y no me equivoqué. Por la noche otra vez la transmisión en vivo, ahora en la avenida principal de Ocotepec. 

Me enviaron una fotografía de la víctima. Era un muchachito de unos 20 años, tendido boca abajo sobre el asfalto, a unos metros de una tienda de abarrotes. Sabía que unas horas después me comenzaría a llegar información sobre los antecedentes penales tanto del ejecutado de Atlacomulco como del de Ocotepec, pero no puede uno evitar sentir pena por sus familias. 

Por otra parte, me dicen que en el atentado de Atlacomulco hubo un "daño colateral" (asumiendo que ésta ola de asesinatos sea una disputa "entre malosos" como lo han venido diciendo algunos funcionarios). Se trata de una señora que no tenía nada que ver en este pleito entre mañosos y que recibió un balazo en la cabeza que hasta el momento de redactar esta columna se debatía entre la vida y la muerte. 

Y eso de que "se están matando entre ellos" para nada es un consuelo, pues por un lado implica el riesgo de que en cualquier momento cualquiera de nosotros resulte herido o muerto (y ya vimos que no es necesario andar en bares a altas horas de la madrugada) pero lo más grave es que significa que gente armada puede circular por las calles como si nada, a pesar de los cientos de policías federales, estatales y municipales. 

Eso se llama impunidad y sólo puede ocurrir cuando existe un contubernio entre policías y delincuentes. Y no nos referimos a ese señor que es "un pan de Dios" que se llama Antonio Ortíz Guarneros, sino a la gente que tiene bajo su mando, algunos desde antes que él llegara, y que están trabajando para "La Maña". 

Sólo así se puede explicar uno que en ninguno de los homicidios dolosos que se han registrado en los últimos meses, ni por casualidad los sicarios se hayan topado con alguna patrulla. Ciertamente el número de vehículos oficiales es mucho menor al que presumía Alberto Capella, pero no se puede creer que cuando avisan de una ejecución los policías lleguen diez minutos o más posteriores al hecho. 

Y lo que más enerva a la gente es que lleguen hasta cinco patrullas y sus elementos luciendo sus armas largas para hacer lo que se llama "la preservación de la escena del crimen", y que se pongan "flamencos" cuando alguien se acerca a la cinta amarilla, como ocurrió el jueves con la ejecución del policía cuyo nombre ya había sido mencionado en uno de esos mensajes impresos en lona y que son dejados por toda la ciudad sin que nadie se percate de quiénes son. 

Ese día, alguien de la Policía envió un mensaje de voz advirtiendo que si tenían hijos en las guarderías o jardines de niños de la zona norte de Cuernavaca, que fueran a recogerlos, lo que provocó una verdadera psicosis entre madres de familia, principalmente en Chamilpa. 

Ya para cerrar la jornada de este fin de semana, al menos por cuanto a esta columna se refiere, recibimos las fotografías de una mujer calcinada que encontraron en la colonia Rancho Cortés. Quizás hoy lunes por la mañana el vicealmirante Guarneros salga con su declaración de que la occisa "andaba en actividades no propias de una dama", pero no deja de ser un feminicidio que se suma a otros que se han venido dando en territorio morelense, y que no se advierte cuándo y cómo vaya a acabar. 

Frente a toda esta problemática hay un grupo de personajes que todo lo quieren resolver con destituciones o renuncias, pero son hombres y mujeres que si buscas en sus antecedentes encuentras fácilmente el motivo de su indignación. A ellos no les importa tanto el dolor de las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido, sólo quieren sacar provecho político de todo ésto.

Desgastarnos en marchas y manifestaciones nunca ha sido la solución. Mucho menos los bloqueos de las calles afectando al resto de la población. 

Ya viene la aprobación del presupuesto estatal y otra vez a la Comisión Estatal de Seguridad Pública le están destinando muchísimos millones de pesos, que bien distribuidos y sin "moches" pueden servir para componer cámaras de videovigilancia y poner otras más. Adquirir o rentar más patrullas y contratar policías con sueldos dignos para que no caigan en la tentación de trabajar para el otro bando. 

Pero lo principal que tiene que hacer la autoridad es escuchar a la ciudadanía y evitar la justificación de los delitos. 

HASTA MAÑANA. 

 

 

 

Jueves, 24 Octubre 2019 05:16

¿Magistrados graquistas?

En teoría, las resoluciones judiciales deben estar sustentadas en argumentos jurídicos y no en cuestiones subjetivas en los que tengan que ver las filias o fobias de los juzgadores. Sin embargo, debemos entender que la ciencia del derecho no se basa en las matemáticas y que los jueces y magistrados también son seres humanos, por lo que pueden “estirar” la ley hacia un lado u otro.

Explicado de otra manera: los árbitros de futbol también tienen sus equipos favoritos y difícilmente se pueden despojar de esas filias o fobias cuando les toca “pitar” en un partido.

Es por lo anterior que mucha gente, incluido el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, piensa que al resolver el Toca 128/2019-3, los magistrados que integran la tercera sala mezclaron sus preferencias políticas con su trabajo como juzgadores.

Se trata de Rubén Jasso Díaz, María del Carmen Aquino Celis y Carlos Iván Arenas Ángeles. En lo personal conocemos a los tres y no dudamos para nada de su profesionalismo, pero hay detalles que hacen parecer que su voto en el caso de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo, tuvo tintes de subjetividad.

Para nadie es un secreto que María del Carmen Aquino Celis formó parte del equipo de Graco Ramírez al inicio del sexenio, y que Rubén Jasso fue representante de los magistrados en el extinto Consejo de la Judicatura y luego en el órgano colegiado que lo sustituyó, siempre al lado de la presidenta Carmen Cuevas. Ellos dos votaron a favor de la exoneración de Patricia Izquierdo, lo que provocó la ira del jefe del Ejecutivo.

En contraparte, el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, quien encabezó la intentona por destituir a la magistrada presidenta, consideró que debía mantenerse bajo proceso a la ex funcionaria.

Recordemos que el pasado 6 de mayo una juez de control resolvió vincular a proceso a Izquierdo Medina, así como  José Gonzalo Mariscal Álvarez y Hugo Rivera Tovar, ex subsecretario de Evaluación y ex director General de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, por haber adjudicado directamente y sin cumplir con los requisitos legales la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V.

De acuerdo con los argumentos expuestos por el magistrado Jasso Díaz, no hubo indicios para imputar a Patricia Izquierdo el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones ya que, la obra en cuestión, fue autorizada y adjudicada directamente por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados (el cual la ex funcionaria presidía) en la sesión del 13 de diciembre de 2017 a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V., con base en los ocho supuestos excepción previstos en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, que permite adjudicar una obra sin licitación pública y directamente cuando se rebasaba el tope de 2 millones 500 mil  pesos, estipulado en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de 2017.

También consideró que no podía tampoco considerarse indebida la actuación de la ex titular de la Secretaría de Obras, ya que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción – como parte acusadora- no aludió cuáles eran la facultades y atribuciones de la ex funcionaria.

En su voto particular, el magistrado Arenas Ángeles afirmó que el presente asunto, resulta una mezcla de cuestiones administrativas con consecuencias penales, por ende, debe hacerse con apoyo de la hermenéutica jurídica, para desmembrar el ser de la norma y no generar así una descontextualización del cuerpo normativo en estudio.

Así, de la interpretación que se realiza de los numerales 14 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Morelos, se considera que las funciones y facultades de la imputada Patricia Izquierdo Medina, son claras y precisas, conforme a lo narrado por el órgano acusador en su formulación de imputación.

“Para dejar más claro esto, el órgano acusador hace referencia a la fracción VI del numeral 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, mismo que marca efectivamente las atribuciones específicas de la Secretaria de Obras Públicas (que en su caso deben ser ejercidas por conducto del titular de dicha área), y que en armonía a lo establecido en el artículo 14 de la citada norma, se colige que al frente de la secretaria referida habrá un titular, a quien compete las atribuciones establecidas en el diverso 33, además que dichas atribuciones no son genéricas sino específicas, dado que el cuerpo de leyes mencionado, en su numeral 13 contempla las atribuciones genéricas de las diversas dependencias que integran la administración pública del Estado de Morelos, de ahí que lo establecido en el ut supra 33, debe entenderse como las facultades a ejercer por parte del Titular de la secretaria en cuestión”, apuntó el magistrado.

Para él, la entonces Titular de la Secretaria de Obras Públicas tenía la obligación de observar el procedimiento que se establece en los artículos 24, 38, 39 y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos y no someterlo a consideración del comité como se advierte del acta de la séptima sesión extraordinaria de fecha 13 trece de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, donde se autoriza por parte del comité, la adjudicación directa de la obra pública denominada demolición y construcción del edificio U1-C en la escuela de estudio superiores en el municipio de Jojutla, Morelos.

Lo anterior, porque los artículos 38, 39 y 40 deben interpretarse de manera sistemática y no en forma aislada como sostiene la mayoría al decir que el artículo 39 no prevé un monto máximo o que éste no exceda del máximo que al efecto establecerán los presupuestos de egresos contemplados en el ejercicio fiscal vigente y que por esa razón la imputada Patricia Izquierdo Medina, no incurrió en responsabilidad alguna; toda vez que, de la intelección de los numerales precitados se obtiene que el ordinal 38 estipula que el monto máximo de las obras a adjudicar de manera directa se establecerá en los Presupuestos de Egresos Estatal o Municipal; por su parte el 39 contempla los “supuestos” –circunstancias fácticas- y el 40, dispone que podrá darse la adjudicación directa cuando el importe de cada operación no exceda de los montos máximos establecidos en los Presupuestos de Egresos del ejercicio fiscal vigente.

“De ahí que a criterio del suscrito debe confirmarse el auto de vinculación a proceso en contra de Patricia Izquierdo Medina, ya que incluso la resolución que se somete a estudia presentaría un vicio de incongruencia interna, al vincular por el mismo hecho a los dos coimputados y pretender dictar una resolución en sentido contrario a la que en su momento fue la superior jerárquico Patricia Izquierdo Medina. Y por consecuencia entrarse al estudio del recurso interpuesto por el órgano acusador, relativo a imponer la medida cautelar de prisión preventiva”, puntualizó.

No hay que perder de vista que a quien Cuauhtémoc tiene como consejero jurídico ya fue juez y magistrado, así que conoce las leyes al derecho y al revés. Todo está en que le haga caso.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 23 Octubre 2019 05:23

Los jueces, otra vez en el banquillo

Sistemáticamente, cada seis años el Poder Ejecutivo acusa al Poder Judicial de propiciar la liberación de personas que fueron detenidas por cometer delitos. Es el argumento perfecto para justificar que, a pesar de todos los esfuerzos, la criminalidad no baja. Ni bajará.

Martes, 22 Octubre 2019 05:29

Van sobre las empresas

Lo ocurrido ayer en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya viene a demostrar que las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción (ahora sí) van en serio y a fondo en los malos manejos financieros de la pasada legislatura.

Lunes, 21 Octubre 2019 05:08

Como Díaz Ordaz, pero al revés

El penoso episodio del pasado 17 de octubre con el fallido intento por capturar a Ovidio Guzmán para entregarlo al Gobierno de Estados Unidos, pasará a la historia como el capítulo que dividió al pueblo mexicano. Políticamente hablando, tendrá el mismo impacto que tuvo la decisión del presidente Gustavo Díaz Ordaz el 2 de octubre de 1968.

Viernes, 18 Octubre 2019 05:23

Un perredista en el Cobaem

Cuando se dio a conocer la primera lista de nombramientos del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, causó sorpresa la designación de Víctor Reymundo Nájera Medina como director del Colegio de Bachilleres (Cobaem), ya que el ingeniero textil es cercanísimo al ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, tan es así que fue presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y diputado federal por ese partido.

A un año de distancia, la opinión de una gran parte de la comunidad académica es que pareciera que Víctor fue puesto ahí para ocasionarle problemas al actual gobierno, pues su desconocimiento en la materia es evidente y lo ha suplido con un “amasiato” (políticamente hablando) con el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBAEM) que encabeza Jorge Licea Jiménez, un personaje que tiene una característica singular: no trabaja en el Cobaem.

Su principal inconformidad es que durante el ciclo escolar 2018-2019 se encontraban al frente de los 13 planteles con que cuenta el Cobaem directores que habían ganado su puesto por examen de concurso de oposición del servicio profesional docente; durante el mes de agosto fueron removidos ocho directores y sustituidos por profesionistas que no  concursaron por oposición del servicio profesional docente.

En realidad intentó cambiar a los 13, pero varios se ampararon.

Los nuevos directores fueron propuestos por Nájera, pero el que “palomeó” la lista fue el líder sindical, Jorge Licea Jiménez.

Los inconformes recuerdan que aún antes de presentarse con todo el personal, el nuevo director general se entrevistó en privado por tres ocasiones con Licea Jiménez, y desde esa ocasión trabaron amistad y se apoyan mutuamente.

Sin el apoyo del director general, Licea Jiménez no hubiera podido ganar las elecciones en mayo pasado, cuando (como en los tiempos de López Portillo) él fue el único candidato, por lo que obtuvo una “toma de nota” que le entregó personalmente el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Cada vez que puede, en público o en privado, Licea Jiménez y Medina Nájera intercambian cumplidos y se aplauden mutuamente.

La segunda gran decisión del director general fue cambiar de sede, y se trasladaron a un edificio viejo y abandonado, propiedad de su amigo Fernando Martínez Cué. El cambio fue muy costoso ya que el inmueble carecía de la instalación mínima necesaria como electricidad, redes digitales, baños y espacios administrativos requeridos, hoy es un espacio denigrante e incómodo según refieren los trabajadores.

También cambió de banco, y quienes saben del tema conocen perfectamente que se pagan jugosas comisiones por preferir una determinada institución bancaria.

El tema no es nuevo para el gobernador, ya que el descontento llegó hasta la Casa de Gobierno el cinco de septiembre pasado. En reunión con los alcaldes, el tema surgió en la mesa, se quejaron que los directores se la pasan pidiendo apoyo económico porque el director general no les libera los recursos destinados a cada plantel y la situación se está agravando cada día más en cada plantel, además de que Nájera no les contesta ni las llamadas a los presidentes municipales.

En el Cobaem no hay dinero para nada, sólo para los gastos del director general y su equipo más cercano, en el que se encuentra Roberto Zavala Zúñiga, Miroslava Carreño Franco (de la que aseguran reprobó un examen para subir al nivel de director) y José Daniel Álvarez Cruz, supuesto yerno de Luis Arturo Cornejo Alatorre.

Los que creen que Víctor Nájera Medina no tiene la capacidad para dirigir una institución tan importante (aunque la matrícula haya descendido de 12 mil a 10 mil alumnos en el último año) no se atreven a dar sus nombres por temor a represalias, pero hay una persona que se lo dijo con todas sus letras.

Jaime Manuel Priego Olvera, jubilado del Cobaem desde el 8 de agosto de 2018, le dirigió una carta abierta que refleja lo que muchos trabajadores quisieran externarle.

“Desde que asumió el cargo, se ha venido comportando más como una persona que no tiene ni idea de lo que representa el puesto de Director General y, que al fin y al cabo, proviene de una institución (DGETI) donde no necesita enfrentar problemas pues estos ya vienen resueltos. He podido observar que usted solamente ha servido para despedir personal sin importarle la situación económica en la que se encuentran y que obviamente si eso no le ha preocupado, menos le va a preocupar pagarle en tiempo y forma al personal jubilado”, publicó Priego Olvera.

Y luego de darle a conocer la situación en la que se encuentra el personal jubilado porque no le llegan oportunamente sus pagos, el ex trabajador del Cobaem se despide con una frase lapidaria:

“Espero que este correo lo conduzca a una verdadera autocrítica de cómo ha sido su desempeño dentro de la institución y que se dé cuenta que, por el bien de la misma, usted debe renunciar”.

Obviamente no presentó su renuncia ni lo hará. Su sueldo de 64 mil pesos mensuales (según el portal de transparencia) es bastante bueno como para tirar el arpa por unos cuantos inconformes.

Además, una dirección general de una institución educativa a nivel estatal, es bastante bueno para un ex presidente de un partido político que perdió su oportunidad de demostrar que sabía gobernar y que prácticamente está acabado, tanto a nivel nacional como en el estado.

Pero la gente se sigue preguntando cómo es que Nájera Medina logró meterse al gabinete de Cuauhtémoc Blanco, sin el perfil académico necesario ni experiencia en el ramo, y con el antecedente de ser “compañero de lucha” del odiadísimo Graco Ramírez, al que le siguen buscando cualquier resquicio legal para meterlo a la cárcel.

HASTA MAÑANA.

 

Jueves, 17 Octubre 2019 05:26

El negocio de la basura

Por increíble que parezca, la recolección, separación y destino final de los residuos domésticos (la basura) es una industria que genera millones de pesos, de ahí que las empresas dedicadas a cualquiera de las etapas antes mencionadas son capaces de cualquier cosa con tal de obtener una concesión o no perder el negocio.

Es por ello que ayer, al trascender la información de que apareció muerto en Tlalpan el ambientalista Paul Vizcarra Ruiz, lo primero que a muchos de sus amigos se les vino a la mente es que fue asesinado por interponerse en el millonario negocio de la basura. No sería la primera víctima.

Recordemos que tras la derrota de Rodrigo Gayosso como candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se vino abajo un negocio súper millonario que inició su padrastro Graco Ramírez Garrido en 2013.

La idea era concesionar durante 20 ó 30 años el servicio de disposición final de la basura de los 33 municipios del estado a la empresa Cooperativa Cruz Azul.

Según un estudio que mandó publicar el gobierno de Graco,  en Morelos diariamente se generan cerca de 2 mil toneladas de basura, lo que da un promedio de 1.10 kilogramos por habitante, de las cuales al menos el 80 por ciento tienen un potencial para reciclaje, comercialización, producción de composta o valor calorífico, esto último con la incineración de la basura en los hornos de Cruz Azul en Tula, Hidalgo.

La oferta de Cruz Azul era que parte de los recursos económicos que generen las plantas, producto de la comercialización de los residuos, se reinvertiría en un “fondo verde”, al cual los municipios podrían acceder para contar con una mayor infraestructura para el manejo adecuado de sus residuos, mientras que por la parte energética el CDR, sería aprovechado por la Cementera Cruz Azul, que cuenta con el equipo adecuado para realizar esta operación.

Al proyecto se le denominó Estrategia de Gestión Integral de Residuos del Estado de Morelos, y contemplaba la instalación y equipamiento de plantas de valorización para el tratamiento de la basura con una inversión de 141.7 millones de pesos. Cuando se fue Graco quedaron levantadas las plantas de Mazatepec, Tlaltizapán, Xochitepec y Yecapixtla, quedando pendientes las de Jiutepec y Yautepec, pero la intención era poner unas 20 en toda la entidad.

Pero tras la salida de Graco las plantas valorizadoras quedaron abandonadas y los trabajadores sin empleo.  Fiel a su costumbre, Graco firmó el convenio, cobró el billete y le dejó el paquete al nuevo gobierno, no sólo a la administración de Cuauhtémoc Blanco, sino a los presidentes municipales.

Un ejemplo de ello es el municipio de Tlaltizapán, donde se instaló la Planta Valorizadora, comenzaron a recibir la basura pero con la salida de Graco Ramírez el proyecto se paró y quedaron abandonadas cuatro mil toneladas de desechos acumulados. Según el presidente municipal Alfredo Domínguez Mandujano, se requieren por lo menos dos millones de pesos para rentar maquinaria y contratar personal.

En la misma situación se encuentran todas las plantas valorizadoras que dejó Graco Ramírez, sin olvidar que la falta de cumplimiento en su construcción de una de ellas fue motivo de denuncia penal en contra de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina.

En los últimos días Paul Vizcarra estaba pugnando por reactivar esas plantas, sobre todo porque se está formando una crisis ambiental en el estado de Morelos por la proliferación de tiraderos a cielo abierto.

“Ya es tiempo de que el gobierno estatal, federal y municipal tengan en cuenta lo que es mejorar la situación que estamos viviendo en todo el estado con una mala disposición de residuos en varios municipios, tiraderos a cielo abierto como el de Huitzilac, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, entre los más de 23 que hay en el territorio estatal”, declaró a los medios hace algunos días.

Sostuvo que la solución para esto es la separación de origen de los desechos desde casa, “ahí se debe implementar de forma inmediata, por eso es notable la apertura de la SDS que tiene interés de encontrar soluciones a la proliferación de la basura en las barrancas, ríos y calles, con el fin de disminuir el nivel de contaminación que tanto afecta a los morelenses”, decía.

Paul Vizcarra formaba parte del equipo de campaña del candidato independiente a la presidencia municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, y se suponía que si ganaba ésta fórmula el nuevo gobierno capitalino adoptaría el proyecto de reciclaje que proponía el ambientalista. Al no ganar Urióstegu Salgado Paul Vizcarra continuó ofreciendo su proyecto a otros gobiernos municipales y estatales.

Ayer trascendió que Paul salió de su casa desde el pasado lunes acompañado de otra persona con la finalidad de “presentar un proyecto ambiental”. No lo volvieron a ver.

Casi al mismo tiempo que la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado era compartida en redes sociales, llegaba la noticia de que el martes habían sido encontrados dos cadáveres en Tlalpan cuyas características eran similares al desaparecido y su acompañante.

“Los cuerpos de dos hombres fueron localizados este martes en el paraje conocido como ‘El Cuatillo’ en el poblado de Parres, perímetro de la alcaldía de Tlalpan. Ello, durante recorridos de investigación realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Guardia Nacional para detectar predios irregulares y tala clandestina. Las víctimas se hallaban maniatadas y semidesnudas, junto al camino al Cerro Pelón”, decía la nota publicada ayer.

Sus familiares confirmaron por la tarde que, desgraciadamente, sí se trataba del cuerpo de Paul Vizcarra Ruiz.

Dentro de lo malo hay algo bueno: el levantamiento ocurrió en territorio de la Ciudad de México, donde se ha demostrado que cuando la Fiscalía quiere sí resuelve los crímenes, más cuando hay presión social, y allá sí sirven las cámaras de videovigilancia.

Ojalá que pronto sepamos si a Paul lo mató “la mafia de la basura” o fue una víctima más de la delincuencia común que tiene asolados a los estados de Morelos, México y la capital del país.

HASTA MAÑANA.

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