Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Miércoles, 15 Mayo 2019 05:15

El enemigo en casa

“Écheme la mano lic, reclasifique el delito y no me voy a dar por mal servido”, se escuchó por el auricular.

“Está bien Jorge Alfredo, cuenta con ello”, contestó el Juez Roberto Becerra. 

Lo que no sabía el juzgador era que el teléfono celular de Jorge Alfredo, oficial judicial del Tribunal Superior de Justicia, estaba intervenido por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Era la noche del 25 de noviembre del año 2016. Jorge Alfredo, empleado del Poder Judicial, Jonathan, servidor público del Tribunal de Justicia para Adolescentes y otro joven de nombre Víctor Manuel estaban acusados del secuestro de Tonatiuh Tlalapango Flores, hijo de la jueza Efigenia Flores y el ingeniero Fabian Tlalapango, ya que ellos fueron los últimos que vieron con vida al muchacho, aunque el cadáver no había sido encontrado.

Todo comenzó la tarde del 7 de octubre de 2016. Tonatiuh Tlalapango Flores de 21 años de edad salió de su casa, ubicada en la calle Jacaranda de la Antonio Barona de Cuernavaca, Morelos. Eran alrededor de las 19:00 horas cuando el estudiante de Ingeniería Civil, del Tecnológico de Zacatepec caminó con rumbo al mercado de la colonia.

No lo volvieron a ver.

Cinco días después de su desaparición la familia de Tonatiuh presentó una denuncia, y el jueves 8 de diciembre de 2016 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) formuló imputación en contra de tres personas detenidas.

Las personas imputadas: Víctor Manuel J. R., Jonathan F. y Jorge Alfredo M. D., los dos últimos empleados del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos.

Ellos narraron que conocieron a “Tona” un año antes en el Gimnasio Power Gym de Plaza Cinemex Diana, y que desde entonces salían con frecuencia a divertirse en bares y discoteques.

Ese viernes no fue la excepción. El plan era ir a la inauguración del bar Bombay en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, pero nunca llegaron al lugar.

“El Coco”, “La Negra”, “El Jona” y otros integrantes del grupo, entre los que había algunas mujeres, decidieron ir a un baile, en el Bar Villa Centro de Espectáculos Carranza en San Juan Teotihuacán, Estado de México.

Fue alrededor de las 23:00 horas que Tonatiuh grabó, con su teléfono móvil, una escena en compañía de algunos de sus amigos ingiriendo bebidas embriagantes. El video lo compartió con un grupo en whatsapp.

Los mozalbetes estaban vinculados a prisión pero nunca revelaron dónde estaba Tonatiuh. Sus padres tampoco estaban de acuerdo en la forma de buscarlo, pues mientras él puso anuncios en los microbuses con la foto del joven, ella quería que todo se manejara discretamente pues temía perder el trabajo.

“A mi hijo no lo secuestró la delincuencia común y corriente, a mi hijo lo secuestró y lo asesinó la delincuencia institucional, fue víctima de la delincuencia institucional porque tienen el poder, tienen todo, tienen relaciones, vínculos, tienen comunicación, tienen un montón de cosas que les hace estar plenamente seguros y tranquilos de que no les va a pasar nada”, declaró Fabián Tlalapango en una de las muchas entrevistas que le publicaron los medios de comunicación.

El padre de Tona aseguraba que a los autores del secuestro de su hijo los protegía el sistema de justicia por tratarse de “el hijo de un ex director de la Policía y el sobrino de una juez”, y que la Fiscalía General del Estado, en manos de Javier Pérez Durón, intencionalmente no se movía para encontrar a su familiar.

Lo más desesperante para el ingeniero Tlalapango era que tres jóvenes estuvieran presos por la desaparición de su hijo, pero no poder hacerlos confesar dónde estaba su cadáver para darle cristiana sepultura.

El profesionista contrató los servicios de un investigador privado que descubrió que en el estado de México, en el municipio de San Agustin Actipan, habían encontrado unos restos humanos que podían ser de Tona. Sólo una prueba de ADN pudo constatar que se trataba de su hijo.

Terminaron las esperanzas de poder encontrar con vida a su hijo. El ingeniero Tlalapango, el autor de la campaña “Justicia para Tona”, enfermó gravemente y falleció el 26 de enero del presente año en el hospital del Seguro Social.

Ya no pudo estar presente cuando, en un hecho histórico, un juez penal fue procesado por haber aceptado un soborno a cambio de ayudar a un compañero de trabajo.

Ayer martes la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió un boletín en el que informó que como resultado de las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos durante el proceso en contra de dos hombres, quienes se desempeñaban como servidores públicos del Poder Judicial, este lunes quedaron vinculados a proceso por los delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos en agravio de la sociedad.

“De acuerdo a los hechos, fue la noche del 25 de noviembre del año 2016, cuando un oficial judicial de iniciales J.A.M.D vía telefónica se comunicó con el Juez de Control de iniciales R.B.L., en donde a cambio de una cantidad de dinero, realizaría funciones inherentes a su cargo concediendo una ventaja indebida a una de las partes involucradas en un litigio.

“La Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión realizó la imputación correspondiente, y como resultado de los datos de prueba aportados se logró este lunes que el juez de la causa vinculara a proceso a ambos imputados”.

“En el caso del Juez de Control R.B.L., se le vincula por los delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos, sin embargo el juez no impone medida cautelar en su contra, por no encontrarse justificada ninguna a imponer de acuerdo al juzgador.

“Por lo que se refiere a quien desempeñara funciones de oficial judicial, fue vinculado por el delito de cohecho, imponiendo para él prisión preventiva porque tiene esa medida cautelar en el caso diverso que se le sigue por Secuestro Agravado”, dice el comunicado.

Por primera vez, el boletín no incluyó las fotografías de los imputados con la clásica franja negra cubriéndole los ojos.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 14 Mayo 2019 05:49

Sindicalismo y muerte en Morelos

Como en toda disputa por el poder, la muerte siempre ha estado presente en el sindicalismo mexicano, y por ende, en el de Morelos. Para que surja un nuevo líder (o capo),  es necesario quitar del camino al que está hasta arriba, y así sucesivamente.

La semana que concluyó fue particularmente terrorífica para los morelenses y quisiéramos que nunca más se repita. Una serie de acontecimientos que no guardan relación entre sí, pero que ocurrieron con tanta cercanía que bien podríamos decir, como lo interpretaban las abuelitas, que “el diablo andaba suelto”.

Maximiliano Hernández “El Max” creció sin una figura paterna, ya que su padre fue ultimado violentamente hace 20 años en Alta Vista. No terminó la preparatoria, fuma mariguana desde adolescente y últimamente laboraba como elemento de seguridad privada.

Los reporteros y camarógrafos nunca pensaron que corrían más peligro entrevistando funcionarios a un lado del Palacio de Gobierno que cubriendo nota roja en las zonas más inhóspitas del territorio morelense. La muerte se paseó por el zócalo a plena luz del día y estuvo a punto de provocar la primera baja en nuestro estado dentro de las filas de la prensa.

Fueron las dos mujeres en las que Graco Ramírez depositó su confianza y les encargó proyectos determinantes para que él pudiera llegar al poder y le cumplieron: Lo hicieron gobernador.

Martes, 07 Mayo 2019 05:45

Los amigos de Alberto Capella

A mediados del 2017 alguien le sugirió al entonces comisionado de Seguridad Pública del estado de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, que buscará mejorar su relación con los periodistas morelenses, pues había una abierta confrontación al grado de que el jefe policiaco había acusado a algunos comunicadores de trabajar para la delincuencia organizada.

La figura del Fideicomiso es una de las más difíciles de entender. Es el negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante transfiere a título de confianza, a otra persona denominada -fiduciario-, uno o más bienes (que pasan a formar el patrimonio fideicomitido) para que al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición, éste transmita la finalidad o el resultado establecido por el primero, a su favor o a favor de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

Después de ocho meses de inexplicable espera, ayer tomaron protesta los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Morelos, en un evento que tuvo como escenario el Salón de Comisiones del Congreso Local. Sin embargo, parece que muy pocos entienden la relevancia de estos nombramientos y la responsabilidad que van a tener.

El Comité quedó conformado por Roberto Coránguez Esquivel, Eva Penélope Picazo Hernández, Edgar López Betanzos, María Juana Damiana Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida.

Este nuevo órgano tiene varias características que ayer resaltaron los diferentes protagonistas que participaron en la ceremonia.

Las designaciones fueron escalonadas para evitar que los relevos sean en bloque y al mismo tiempo para evitar componendas al interior del órgano. Así, Roberto Coránguez sólo estará en el cargo un año, lapso en que será presidente del Comité sin posibilidad de reelección.  Penélope Picazo estará dos años; Edgar López, tres; Maria Damiana Herrera, cuatro; y Alejandro Enríquez estará cinco años.

El otro aspecto interesante es que ellos no fueron electos por los diputados. En el periódico oficial Tierra y Libertad de fecha 27 de abril de 2017, la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, convocó para elegir a nueve ciudadanos, de preferencia morelenses, para integrar la Comisión de Selección encargada de designar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, dejando sin efecto la designación del Comité de Participación Ciudadana de fecha 2 de septiembre de 2015, por haberse llevado a cabo sin sustento jurídico (varios miembros se fueron al amparo y lo perdieron).

De esa manera se garantizó que fueran ciudadanos los que eligieran a otros ciudadanos para encargarse del sistema estatal anticorrupción.

Y ayer lo dijeron muy claro tanto la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, como la integrante del Comité de Selección, Valentina Jiménez Franco: ellos no le deben el cargo a nadie.

“Señoras y Señores del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, les digo que hay un simbolismo en la toma de protesta, porque Ustedes no se deben al Gobernador, porque su cargo no se lo consiguieron unos Diputados, ni siquiera los poderes fácticos. Su mandato se los ha entregado el pueblo, a ellos, a la sociedad son ante quienes pueden doblar la rodilla”, dijo en su discurso Tania Valentina.

Resaltó que por primera vez en sus 150 años de historia de nuestra entidad, un ciudadano va a coordinar todo el Sistema Estatal Anticorrupción. Bajo su coordinación estará el Fiscal Anticorrupción, el Contralor del Estado y el contralor de los municipios; el presidente del IMIPE; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.

Y desde la tribuna, la máxima autoridad del Congreso hizo un llamado al secretario de Hacienda “para que sin dilación ni pretextos, le dote al Comité de Participación Ciudadana, de una partida presupuestal suficiente y creciente, para que cuenten con oficinas, vehículos, muebles y equipos de cómputo y comunicación, así como de personal calificado para desempeñar todas las atribuciones que la Ley les confiere”.

“Y que nadie se haga bolas, en la aprobación del Presupuesto 2019, en tres artículos del decreto, le dotamos al Poder Ejecutivo, de las atribuciones para aumentar, disminuir y transferir partidas presupuestales, de modo que no tiene que venir al congreso por autorización alguna, simplemente ya la tienen, les pido la ejerzan”, acotó la diputada Tania Valentina.

Presente como invitado especial, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Octavio López Presa, recordó que el 27 de mayo de 2015, ante la urgente necesidad de prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, fue reformado el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le da nacimiento Constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción, como entidad coordinadora de las autoridades de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos, contando además con el elemento ciudadano en la creación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), como eje rector del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.

De acuerdo con la parte final del artículo 113 Constitucional, establece que las entidades federativas conformarán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción  publicada en julio de 2016, es de aplicación obligatoria en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos, así como para todas aquellas figuras en donde se apliquen recursos públicos.

Con esto queda completo el Sistema Estatal Anticorrupción. Sin embargo, viene lo más difícil: encontrar a los corruptos.

Y es que ocurre lo mismo que con la delincuencia: los delincuentes no andan con un gafete que diga “soy delincuente” y dispuestos a confesar todas sus fechorías. Al contrario, se mezclan entre las personas de bien y para comprobarles sus delitos las instituciones tienen que hacer uso de todos sus recursos humanos y materiales para comprobar el ilícito.

Los persecutores de la corrupción se enfrentarán a que el corrupto hará todo lo posible por parecer un servidor público ejemplar. Los “moches” no se reflejan en transferencias bancarias ni se pagan en cheque ni tampoco se dan recibos.

El corrupto es cuidadoso de que no lo descubran. De ahí que todo el sistema anticorrupción debe trabajar coordinada y armónicamente para no ser un “elefante blanco” más de los muchos que ya hay en el gobierno.

HASTA MAÑANA.

 

Aunque casi nunca sonreía, ese día el gobernador Marco Adame Castillo llegó con una sonrisa franca a la explanada del Palacio de Justicia, frente la estatua de la diosa Themis, donde ya lo esperaban los también sonrientes magistrados Miguel Ángel Falcón Vega (presidente), Andrés Hipólito Prieto y Carmen Cuevas López.

logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.