Maciel Calvo

Maciel Calvo

Se condicionó a gasolinera a restitución arbórea: Solano López.

Estable, el estado de salud de menor; dos hombres más están bajo custodia policiaca.

Autoridades investigan si fueron miembros de una mafia local o de una trasnacional los que atentaron contra la vida de un grupo de migrantes guatemaltecos, para determinar si el caso se mantiene en el fuero común o es posible su atracción por parte de la Fiscalía General de la República.

En rueda de prensa, médicos del Hospital del Niño y Adolescente Morelense informaron que es estable el estado de salud de Cristian Iban, de 10 años, quien fue encontrado el sábado pasado abrazado del cadáver de su padre, Rudy Aroldo González, en un paraje del municipio de Ocuituco.

En tanto, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, detalló que Luis Arturo González Huite y su hijo adolescente Bayron Almícar, tío y primo del menor, ya se encuentran en Morelos bajo custodia policiaca para salvaguardar su integridad física -conforme lo solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos- y acudieron a la Fiscalía General del Estado para presentar su declaración ministerial sobre lo ocurrido.

Adelantó que la FGE tiene avances importantes en la investigación del caso, pero estimó que la integración de la carpeta de investigación -iniciada por el homicidio de Rudy Aroldo y el ataque al menor- llevará un mes aproximadamente.

“El proceso de investigación estaríamos calculando que dure alrededor de un mes, ojalá podamos lograr la permanencia de ellos y la colaboración de familiares que viven fuera de México, para que esto se desahogue de la forma más rápida posible y podamos terminar la investigación”, dijo.

Señaló que, debido a que las víctimas apenas rinden su declaración, aún  no se tiene claro cómo ocurrieron los hechos y quiénes son los autores del crimen, pero tanto la fiscalía de Morelos como del Estado de México (donde fueron ubicados Luis Arturo y Bayron Almícar con heridas en el cuello, hospitalizados y hace poco dados de alta) realizan las pesquisas necesarias, para determinar si  los responsables son miembros de una banda criminal local o trasnacional dedicada al tráfico de personas.

“Se está integrando una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado de México y también se tiene una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado de Morelos, derivado de esa investigación dependiendo de cómo se hayan dado los hechos también podrá intervenir y se podrá pedir la atracción de la Fiscalía General de la República, en la que tiene la Fiscalía Especial para la atención a Migrantes”.

Confirmó que este mismo miércoles fue entregado el cadáver del migrante asesinado a las autoridades consulares de Guatemala, para su inmediata repatriación.

 “El cuerpo ya se determinó 8que) se le va entregar a una funeraria que determinó la embajada de Guatemala, ellos mismo hicieron la solicitud del cuerpo para estarlo trasladando inmediatamente a Guatemala, hoy mismo se entrega a la funeraria que es la que determinó la embajada para que ellos hagan ya el trámite de repatriación del cuerpo”.

Puntualizó que los migrantes no han solicitado la visa humanitaria para permanecer en el país y que están considerando su repatriación a Guatemala, pero si ellos solicitan permanecer en territorio nacional, el gobierno de Morelos hará las gestiones con el Instituto Nacional de Migración para que se les conceda una estancia legal en México, tras ser víctimas del delito.

Por lo pronto, el menor Cristian Iban se encuentra fuera de peligro pero todavía bajo tratamiento médico en el Hospital del Niño y Adolescente Morelense, ya que –además de la herida en el cuello- presentaba una infección respiratoria.

Su estado psicológico por el momento es estable, ya se le informó que se reunirá con su tío y su primo, y habló por teléfono con su madre, quien se encuentra en Guatemala.

De acuerdo con información recabada por la CNDH, los hermanos Luis Arturo y Rudy Aroldo, junto con sus hijos menores Bayron Almícar y Cristian Iban, de 17 y 10 años, salieron de Guatemala el 28 de mayo para cruzar México con destino a Estados Unidos.

Fue hasta el 1 de julio que la familia de los migrantes recibió llamadas de supuestos miembros del grupo criminal de “Los Zetas”, que solicitaron dinero a cambio de no hacerles daño y liberarlos. A pesar del pago del rescate, fue hasta el 6 de julio que supieron que Cristian Iban se encontraba herido en un hospital morelense y que Rudy Aroldo estaba muerto.

Luego de que fue localizado el menor, quien fue atacado con arma punzo cortante en el cuello, se supo que su tío y su primo se encontraban hospitalizados en Amecameca, Estado de México, que se encuentra a poco más de una hora de Cuautla, Morelos.

 

 

Reclaman por bajos salarios y malas condiciones laborales.

Nuevamente, un grupo de elementos de la Policía Industria Bancaria (Piba) adscrita a la Comisión Estatal de Seguridad protestaron por sus bajos salarios y malas condiciones laborales.

Esta vez la protesta se realizó en la glorieta de la Paloma de Paz, donde un pequeño grupo de agentes mostró a los automovilistas carteles con sus demandas a los mandos de la CES, quienes –aseguraron- en lugar de escuchar su pliego petitorio y atenderlo, han comenzado a hostigarlos por atreverse a demandar mejoras a su salario y condiciones de trabajo.

“Solución ya, no intimidación, basta de amenazas, basta de engaños”, fueron algunas de las consignas de los inconformes.

Algunos elementos prefirieron mostrar su rostro y otros cubrirlo o mantener el anonimato detrás de sus carteles, porque dijeron ser blanco  de amenazas de mandos superiores, como reubicarlos en lugares lejanos o modificarles sus turnos.

Insistieron en el aumento y homologación de salarios, porque a pesar de que la PIBA es una corporación que genera recursos propios, sus elementos reciben sólo siete mil pesos de salario y sus condiciones laborales son malas.

“Carecemos de todo, de buen trato, quisiera que alguien tuviera tantito valor civil o algunos de los medios viniera a ver las funciones que yo desempeño, donde no tengo donde atajarme de la lluvia, donde no tengo un lugar para comer, donde tengo que estar las 24 horas parado, cosa que ellos (los mandos de la CES) no ven”, dijo uno de los inconformes, que llamó al gobernador, Cuauhtémoc Blanco a intervenir en favor de  los elementos de la Piba.

 

 

Participó activamente en la sesión para integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, pero es posible que careciera de las facultades legales.

Magistrado disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitaron a la magistrada presidente Carmen Cuevas López convocar a una sesión urgente de Pleno para aclarar bajo qué condiciones jurídicas la magistrada, Leticia Taboada Salgado, emitió el pasado 3 de junio su voto para instaurar e integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial,  ya que en esa fecha aparentemente no surtía efecto la sentencia de amparo en la que se le reconocía su calidad de magistrada de número.

Nueve magistrados, por escrito, solicitaron convocar en un plazo de 48 horas la sesión de Pleno urgente, “con el propósito de atender tema relativo al requerimiento realizado al Congreso del Estado de Morelos por la autoridad federal, en términos del acuerdo emitido el día 5 de julio del año en curso, en el juicio de amparo número 556/2018.

“Reservándonos el derecho para acudir a las instancias competentes y ejercer las acciones jurídicas conducentes en defensa del Tribunal Superior de Justicia”.

La solicitud surgió debido a que, aparentemente, Taboada Salgado habría ejercido derecho a voz y voto como magistrada de número con el argumento de que tenía una sentencia de amparo a su favor, pero en la fecha en que se convocó la sesión para instaurar e integrar la Junta de Administración (órgano que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura) la resolución aún no surtía efecto o no había ejecución de la misma, porque hasta ese momento el Congreso local no le había expedido su nuevo nombramiento en términos de la sentencia de la autoridad judicial federal.

De acuerdo con fuentes del TSJ consultadas, en caso de corroborarse esta sospecha podría configurarse una violación a la Constitución y hasta dar lugar a un proceso administrativo, por haber ejercido un voto sin tener facultades constitucionales para ello.

 

 

Juzgados de distrito admitieron juicios de amparo promovidos por magistrados disidentes del Poder Judicial de Morelos 

Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dejarán que sea la justicia federal quien resuelva sobre la legalidad o no de la instauración e integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial de la Federación.

Los juzgados de Distrito Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno admitieron los juicios de amparo promovidos por los magistrados del TSJ, Rocío Bahena Ortiz, Bertha Rendón Montealegre, Nadia Luz Lara Chávez, Ángel Garduño González, Jorge Gamboa Olea, Andrés Hipólito Prieto, Carlos Iván Arenas Ángeles, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Norberto Calderón Ocampo.

Los nueve inconformes esperan que el Poder Judicial de la Federación resuelva si fue o no  legal la continuación de la sesión de Pleno del 3 de junio sin el quórum legal que exige la ley orgánica del Poder Judicial (al menos dos terceras partes de los magistrados); si fue legal o no la designación como representante de los jueces ante la Junta de Alejandro Becerra Arroyo, quien no estaba en funciones de juzgador y en ese momento fungía como representante legal de la magistrada presidenta y el TSJ; y si fue o no legal que la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, asumiera la presidencia del nuevo órgano sin haber protestado el cargo durante esa sesión.

De esta manera, Cuevas López podrá presentar ante los juzgados federal sus argumentos, pues ella y los magistrados de su bloque han insistido que fue legal la sesión, la instauración e integración de la junta.

 

Sala Regional del TEPJF modificó sentencia del TEE por invadir competencia 


La diputada Naida Josefina Díaz Roca dejará de representar al Partido Social Demócrata (PSD) en el Congreso de Morelos, luego de que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) por invadir competencia.

Luego de que diciembre de 2018 la dirigencia estatal del PSD desconoció a Díaz Roca como su representante ante el Congreso y la “expulsó” del partido, el tribunal local resolvió que la Comisión Estatal Autónoma de Conciliación y Justicia Partidaria violentó los derechos de la legisladora al no emplazarla a audiencia, y ordenó dejar sin efectos el oficio del representante del PSD presentado ante el Poder Legislativo, por el cual retiraba a la diputada la representación de ese partido ante el parlamento e implicaba la suspensión de prerrogativas y dietas como integrante de la Junta Política y de Gobierno. 

Por mayoría de votos, la Sala Regional consideró infundado el argumento del PSD respecto a la supuesta doble afiliación de la diputa al PT y PSD, y consideró que el partido sí violentó el debido proceso.

Pero también la Sala dio la razón al partido actor respecto a que el tribunal local le impuso como representante ante el Congreso local a una ciudadana que no se encuentra afiliada al PSD y truncó su facultad discrecional de designar a sus propios representantes ante el órgano legislativo.

En su resolución, determinó que el TEEM “se excedió en su actuar cuando emitió un pronunciamiento en torno a una temática que no es de naturaleza electoral sino, a todas luces, perteneciente al derecho parlamentario.

“Esto es, cuando el Tribunal local se pronunció en torno a los alegatos de la ciudadana Naida Josefina Díaz Roca, en los que ella adujo vulneración a sus derechos político-electorales como integrante de la Junta Política y de Gobierno y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, ambos del Congreso local, la responsable actuó de manera incorrecta al incluir a actos políticos como parte del derecho político-electoral de ser votado, inobservando que corresponden al derecho parlamentario”.

En consecuencia, la Sala Regional Ciudad de México modificó la sentencia del tribunal local y revocó la orden el TEEM que dejó sin efectos el oficio del representante del PSD, por el cual se retiró a Díaz Roca la representación del “grupo parlamentario” del partido ante el Congreso y que implicaba el retiro de prerrogativas a la legisladora al ya representar a una fracción legislativa.

La magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, María Silva Rojas, emitió un voto particular en este asunto por considerar que el partido actor no tiene legitimación para acudir a este órgano jurisdiccional. No obstante, la sentencia podría aun ser recurrida ante la Sala Superior sólo en caso de que haya algún alegato sobre  presunta inconstitucionalidad de la resolución.

 

Defensa rechaza que la exdiputada sea prófuga de la justicia.

Un juzgado federal otorgó a la expresidenta del Congreso de Morelos, Beatriz Vicera Alatriste, una suspensión provisional para evitar la ejecución de la orden de aprehensión girada por un juez de control a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el presunto delito de peculado.

De acuerdo con la resolución del juicio de amparo 940/2019, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, a la exlegisladora -que fue electa por el PRI y posteriormente pasó a las filas del PRD- le fue concedida la medida cautelar de manera provisional.

La demanda de amparo fue admitida este mismo viernes y la justicia federal le concedió la suspensión, con el depósito de una garantía económica de siete mil pesos.

La audiencia incidental fue programa para este 11 de junio para determinar si prevalece o no de manera definitiva, mientras que la audiencia constitucional fue agendada para el próximo 5 de agosto.

El pasado 28 de junio, una juez de control declaró prófuga a Vicera Alatriste, luego de que ella no se presentó a la audiencia de formulación de imputación en la que se acusaría del delito de peculado.

Su representante legal exhibió un justificante médico expedido por un hospital privado de la Ciudad de México, el cual no fue aceptado por la juzgadora, por considerar que el documentó no cumplió con los requisitos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En una nueva audiencia celebrada el pasado 2 de julio, el defensor de la exdiputada presentó a declarar a un médico, que no fue el mismo que le expidió la receta de incapacidad para acudir a audiencia, y al comprobarse que su testimonio no tenía validez, se ratificó la sustracción de la exlegisladora.

Este viernes, la fiscalía anticorrupción informó que emitió una alerta migratoria y tramitó una ficha roja para la localización y aprehensión de Vicera Alatriste, ante la posibilidad de que pudiera salir de México o se encuentre en otro país.

La defensa rechaza que la exdiputada sea prófuga de la justicia, y señala que se encuentra en tratamiento médico.

 

 

Las plazas comerciales deben dar de una a tres horas de estacionamiento gratuito a sus clientes.

Estuvo secuestrada desde el pasado 25 de junio; FGE indaga los hechos.

La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo del cuerpo de Asunción “N” -madre de una regidora del municipio de Jiutepec- quien fue secuestrada el pasado 25 de junio mientras dormía en el asiento trasero de una camioneta.

La institución detalló que a las 8:50 horas de este jueves fue localizado sin vida el cuerpo de la mujer de 65 años, en la calle Ameztititlán del poblado de Ahuatepec en el municipio de Cuernavaca, por lo que de inmediato el Servicio Médico Forense se trasladó hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver, el cual presentó una lesión producida por arma de fuego.

La mujer fue identificada por su hija, la regidora del municipio de Jiutepec Patricia Mireya Martínez Velázquez. Sin embargo, la fiscalía realizará otras pruebas periciales como parte del protocolo.

El pasado 25 de junio, Asunción “N”, de 65 años de edad, presuntamente se quedó dormida dentro de la camioneta Nissan tipo Xtrail, de color arena, con placas de circulación HBD-899-C del Estado de Guerrero, propiedad de la regidora, cuando dos sujetos con arma de fuego robaron el automotor con la víctima a bordo, dejando abandonado más tarde el vehículo en la calle Sauces del Poblado de Ahuatepec.

Desde entonces se desconocía el paradero de la víctima y, presuntamente, se exigió rescate a la familia.
La fiscalía sostuvo que, con base a la Ley General de Víctimas vigente en el Estado de Morelos, los familiares de Asunción “N” reciben acompañamiento y apoyo, así como se desahogan las diligencias e investigaciones para esclarecer el caso.

 

Está imputado por presunto homicidio culposo y otros delitos.

El chofer del camión pesado que se quedó sin frenos y privó de la vida a nueve personas en el municipio de Cuautla permanecerá en prisión preventiva por el presunto delito de homicidio culposo y otros.

Un juez de control determinó la medida cautelar para Cristian "N, tras realizar la audiencia de formulación de imputación

El agente del Ministerio Público adscrito a la fiscalía de la región oriente le imputó nueve homicidios, lesiones en agravio de ocho personas y daños a cuatro víctimas del trágico accidente ocurrido en la zona oriente.

El juez justificó la medida cautelar debido a que el imputado no tiene arraigo en Morelos (porque reside en otra entidad) y  por ello permanecerá internado en la cárcel distrital de Cuautla.

La próxima semana se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, donde la defensa del conductor podrá presentar pruebas respecto a las causas del accidente, que inicialmente fueron atribuidas a una falla mecánica del tráiler que transportaba varillas desde el Estado de México.

La mañana del 12 de junio sobre la carretera México-Cuautla (a la altura de la central de abastos) el tracto camión marca Kenworth con placas de circulación 530-AL-8 del servicio público federal -con número de placa del remolque 473-UR-9 del servicio federal- aparentemente se quedó sin frenos y a su paso arrasó con varios autos particulares, una moto y una combi del servicio público de pasajeros que provenía del municipio de Yecapixtla.

En el lugar fallecieron cinco personas y varias resultaron lesionadas, pero al paso de los días otras cuatro víctimas más fallecieron en diferentes hospitales.

 

 

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