Maciel Calvo

Maciel Calvo

Un juez decretó como legal su detención y los someterá a proceso por violación a las leyes de inhumación y secuestro agravado

Viento, lluvias y la disminución de los incendios forestales dispersaron la capa de humo que cubría a Cuernavaca y el área conurbada; emisiones contaminantes están por debajo de los límites establecidos en la norma.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado suspendió la contingencia extraordinaria por la calidad del aire, provocada principalmente por los incendios forestales en la zona metropolitana de Cuernavaca.

Debido al viento y la llegada de las primeras lluvias, se dispersó la capa de humo que cubría la capital morelense y el área conurbada, y que generó molestias a los habitantes como irritación de ojos y de vías respiratorias.

“Gracias a las condiciones meteorológicas y la disminución de los incendios forestales, la calidad del aire mejoró este sábado y las emisiones se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles”, anunció la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Pese a ello, las autoridades mantuvieron el llamado a la población a tomar todas las medidas posibles para evitar incendios forestales, quemas agrícolas sin control o quema de basura que puedan causar no sólo daños a la flora y fauna de la región, sino provocar daños ambientales y a la salud de la población.

La dependencia estatal señaló que mantendrá estrecha vigilancia en la calidad del aire del estado, así como en la atención de los incendios forestales que pudieran presentarse.

También llamó a los municipios a estar alertas ante cualquier conflagración y solicitar el apoyo a las autoridades cuando sea necesario. 

 

 

Dos tribunales colegiados ordenaron a jueces federales admitir las demandas promovidas por habitantes de comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Dos tribunales colegiados ordenaron a jueces federales admitir las demandas de amparo promovidas por habitantes de comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala iniciadas contra la consulta convocada por el gobierno federal para poner en funcionamiento la termoeléctrica, el acueducto y el gasoducto, que forman parte del denominado Proyecto Integral Morelos (PIM).

En vísperas de la consulta realizada el 23 y 24 de febrero en todo Morelos y 24 municipios de Puebla y Tlaxcala, los Juzgados Primero y Cuarto en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales del Sexto Circuito, con sede en la capital poblana, desecharon los juicios de amparo 199/2019 y 209/2019 que pretendían frenar e invalidar la consulta convocada por el gobierno federal.

Al resolver la queja 62/2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que los demandantes sí tienen legitimidad jurídica para la promoción de la demanda de garantías, pues “no se actualiza una causal manifiesta e indudable que lleve al desechamiento de plano de la demanda de amparo; sino que se requiere darle trámite y, en su oportunidad, al contar ya con los informes justificados y las pruebas que se puedan acompañar a éstos, y las que aporten las demás partes en el juicio, se estará en condiciones de resolver en la sentencia lo que proceda en derecho”.

En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver la queja 55/2019  contra el desechamiento, consideró fundado el recurso, porque “con la realización de la consulta de mérito y su resultado aprobatorio por la mayoría de los encuestados, se abre la puerta a la inminente concreción del Proyecto Integral Morelos, con lo que es patente que se estaría modificando de manera unilateral, la situación jurídica de los quejosos, respecto de su derecho a que se les dote como pueblos y comunidades indígenas, de una protección especial, en la que se garantice su participación efectiva en las medidas administrativas que se lleven a cabo dentro de su territorio que puedan llegar a impactar su entorno o hábitat, como es la construcción de una planta termoeléctrica, un acueducto y gasoducto.

“Además, la determinación del a quo en cuanto a una la falta de afectación a la esfera jurídica de los quejosos con la consulta reclamada, no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues aquel supuesto constituye una cuestión de fondo que no puede ser analizada al presentarse la demanda”.

A través de un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, afirmó que “los criterios erróneos emitidos por los jueces Primero y Cuarto de Distrito con sede en Puebla, permitieron la realización de la consulta ilegal de Obrador y se suman a los emitidos en sentido semejante por los jueces tercero y sexto de Puebla, así como Noveno de Morelos, lo que deja ver una consigna de los juzgados federales de negar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas afectados por el PIM y que en esta nueva administración no existe independencia de poderes.

“Ahora los jueces primero y cuarto están obligados a darle trámite a los amparos y se encuentran pendientes de resolver otra media docena de quejas sobre desechamientos de amparo, admisiones parciales, negativas de suspensión y suspensiones de plano insuficientes”.

 

 

Fueron capturados en la Ciudad de México en un operativo antisecuestro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó que los presuntos policías detenidos durante un operativo antisecuestro en la Ciudad de México, pertenezcan a la institución, pero expresó su disposición para colaborar en cualquier requerimiento de información de su homóloga capitalina.

Luego de que en diversos medios de comunicación trascendió que entre los detenidos durante el operativo de rescate de una víctima de secuestro, que culminó en enfrentamiento que cobró la vida de un oficial antisecuestro y uno de los plagiarios, se encontraban dos presuntos elementos de la fiscalía morelense, informó que ninguno de los hombres aprehendidos como responsables del delito pertenece a la institución.

“Esta institución afirma que los identificados en dichos actos, de acuerdo a lo publicado, como se mencionó a través de diversos medios y plataformas, como Alan René Cruz Ponce y Jordán Fernando Téllez Arce, que resultaran lesionados en las acciones operativas encabezadas por la Fiscalía Antisecuestro de la capital del país, así como un fallecido identificado como Mario Cortés Hernández, no pertenecen, ni han pertenecido a ninguna área operativa o administrativa en la Fiscalía General del Estado de Morelos”, recalcó mediante un comunicado.

Precisó que -hasta el momento- su homóloga de Ciudad de México no ha requerido ningún tipo de colaboración por este caso relacionada con detenidos y presuntos responsables del delito de secuestro, sin embargo, expresó su disposición para colaborar con la información que le sea requerida para el esclarecimiento de los hechos. 

 

   

Miércoles, 15 Mayo 2019 05:02

Someten a proceso a juez acusado de cohecho

En medio de un insólito sigilo, un juez y un oficial judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueron vinculados a proceso por los presuntos delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos en agravio de la sociedad.

Aunque la audiencia se desarrolló este lunes, fue hasta este martes, en el marco de la reunión del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, cuando la titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS), Adriana Pineda Fernández, leyó un comunicado en el que se dio a conocer la vinculación a proceso del juez del TSJ identificado con la siglas R.B.L., y el oficial judicial J.A.M.D.

Según el comunicado, “De acuerdo a los hechos, fue la noche del 25 de noviembre del año 2016, cuando un oficial judicial de iniciales J.A.M.D vía telefónica se comunicó con el Juez de Control de iniciales R.B.L., en donde a cambio de una cantidad de dinero, realizaría funciones inherentes a su cargo concediendo una ventaja indebida a una de las partes involucradas en un litigio”.

El juez responsable de la vinculación a proceso dictó prisión preventiva para el oficial judicial, no así para su homólogo, porque supuestamente no había argumentos para dictar tal medida cautelar.

Sin embargo, la escueta información de la UECS generó más dudas que certezas sobre el caso, debido a que el juez de control que estuvo a cargo de la audiencia ordenó a las partes mantener todo bajo estricto sigilo, apercibiendo a la representación social con imponer medidas de apremio en caso de ventilar públicamente información al respecto.

Incluso, decretó como privada la audiencia y ningún medio de comunicación tuvo acceso. De acuerdo con juristas consultados, fue un exceso la restricción impuesta por el juez de la causa a la representación social, pues existe jurisprudencia en la que se estableció que la secrecía total se aplica únicamente en casos de agresiones sexuales, para proteger a las víctimas.

Además, según especialistas, se violenta el principio publicidad del sistema de justicia adversarial, poniendo en entredicho y generando suspicacias de complicidad, pero será el agente del Ministerio Público quien deba de apelar estas restricciones en segunda instancia.

El antecedente del caso se remonta al 4 de abril, cuando el TSJ suspendió de sus funciones al juez Roberto “N”, por presuntos actos de corrupción graves, al ser acusado supuestamente de favorecer, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores, en octubre de 2016.

Incluso, versiones no confirmadas indican que el juez estaría ya bajo la medida de prisión preventiva por un juicio penal relacionado con el delito de secuestro y, por ello, en la vinculación a proceso por cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos no se le impuso tal medida.

Pero la información contrasta, porque el oficial judicial que fue vinculado a proceso junto con el juez, ya se encontraba preso por su presunta implicación en el caso Tona; sin embargo, las especulaciones sobre el caso son producto del inaudito hermetismo del Poder Judicial.   

 

Más jueces en la mira

En la reunión del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, se le preguntó al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, si existen otros jueces bajo sospecha de actuar al margen de la ley o incurrir en corrupción. 

El encargado de la política interna respondió que “la corrupción no será permitida en ningún Poder del Estado, en ninguno de los órdenes ni niveles, vamos a ser implacables en la lucha contra la corrupción.

“Si hay otros jueces que están siendo motivo de investigación y cuando se tengan elementos suficientes para presentar las denuncias se harán y se actuará con todo el peso de la ley”. 

 

Analizan FGE y CES secuencias de foto y video sobre los hechos del 8 de mayo.

La Comisión Estatal de Seguridad reitera que ese vehículo es el más usado para cometer homicidios y hace un llamado a los diputados.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) llamó al Poder Legislativo a unir esfuerzos para regular el uso de motocicletas para frenar la ola de homicidios dolosos, ya que este tipo de vehículo es el principal medio de transporte utilizado por los delincuentes para cometer el delito y huir.

El secretario técnico de la CES, Mario Isaac Vargas Santomé, señaló que de diciembre a la fecha se han revisado más de 80 mil motocicletas y, en el marco de la mesa interinstitucional de coordinación para la paz y la seguridad, se observa que prevalece el uso de este vehículo para cometer ilícitos.

Indicó que de acuerdo con estadísticas oficiales, en el rubro de homicidios dolosos -por cada 100 mil habitantes- Morelos está en el quinto lugar, pero en el ranking nacional oscila entre el 10 y el 12.

“En la actualidad se han revisado más de 80 mil inspecciones a motociclistas desde diciembre a la fecha. Producto del estudio de esta mesa de coordinación se determinó que un gran porcentaje de los homicidios dolosos que se cometen en el estado es el mismo modus operandi: dos motociclistas que llegan, uno se baja y ejecuta”, dijo.  

Explicó que quienes utilizan este modus operandi para privar de la vida a las personas, generalmente son integrantes de alguno de los cinco cárteles locales y nacionales que operan en el territorio estatal.

Cuestionado sobre los constantes  homicidios, señaló que “es algo que no se puede prevenir, la realidad es que en el estado de Morelos operan esos cuatro cárteles, y operan de la misma manera. ¿Cuál es el modus operandi de estos? Son motocicletas, son motociclistas, tenemos que actuar sobre las causas”.

Por ello, insistió en que la autoridad requiere de la participación del Poder Legislativo para regular este tipo de transporte, que ha servido a los delincuentes no sólo para ejecutar un asesinato, sino para evadir la acción de la justicia.

Incluso, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, adelantó que el Poder Ejecutivo elabora su propia iniciativa de ley y en breve será presentada, en la que se aprovecharán las mejores prácticas internacionales y experiencias de otros países, como Colombia, que han padecido el mismo fenómeno delictivo.  

 

Mediante una controversia constitucional, dicha alcaldía culpa a dependencias federales por la contaminación de dicho afluente.

El municipio de Xochitepec, a través de una controversia constitucional, busca impugnar las medidas cautelares impuestas por un juez federal a diez municipios para frenar la contaminación del río Apatlaco.

Hace unos días, la síndico municipal, María del Rosario Flores Gaona, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para iniciar la controversia constitucional 181/2019 contra el Poder Judicial de la Federación, a través del Juzgado Cuarto de Distrito de la referida entidad, así como el Poder Ejecutivo federal, por medio de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El municipio impugnó el acuerdo emitido el 14 de marzo pasado por el Juzgado Cuarto de Distrito, dentro de la Acción Colectiva 17/2016, por el que se ordenó a diez ayuntamientos, entre ellos Xochitepec, implementar dos medidas cautelares para evitar la continuación de la contaminación del río en tanto se resuelve el caso.

Las medidas consistían en “identificar con precisión los puntos donde se encuentran, así como donde se originan las descargas residuales y aguas grises que desembocan en el Río Apatlaco o sus afluentes”, y “clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje” en los domicilios detectados.

El Ayuntamiento consideró que son las dependencias federales –Conagua, Profepa y Semarnat- las responsables de la omisión de realizar la identificación, mapeo y clausura de esas descargas residuales e industriales que actualmente son vertidas a la cuenca del río Apatlaco y sus ramales.

Las controversia fue admitida a trámite y será el ministro instructor, Luis María Aguilar Morales, quien determine si procede o no la admisión del recurso de control constitucional.

Cuernavaca es otro de los municipios que expresó su inconformidad con las medidas cautelares ordenadas por el juzgado federal, y promovió un juicio de amparo en el que se le ha negado la suspensión contra los actos impugnados. 

 

Martes, 14 Mayo 2019 05:00

“El Ray”, vinculado a proceso

Raymundo Castro Salgado es señalado como presunto responsable del delito de secuestro exprés, y están abiertas varias investigaciones por su supuesta implicación en otros ilícitos.

Un juez de control vinculó a proceso a Raymundo Castro Salgado, alias “El Ray”, como presunto responsable del delito de secuestro exprés, y mantiene abiertas varias investigaciones por su supuesta implicación en otros ilícitos.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que tras la detención del capo, el pasado 8 de mayo en la capital del estado de Puebla, se cumplió una orden de aprehensión obsequiada por un juez de control, juicio oral y ejecución de sanciones del Segundo Distrito Judicial, por el delito de secuestro exprés.

“Por este delito, la Fiscalía Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Morelos le formuló imputación. Tras su captura, el juez de la causa le impuso prisión preventiva oficiosa y lo vinculó a proceso durante la audiencia realizada este lunes por el delito de secuestro exprés, fijándose un plazo de dos meses como plazo para la investigación complementaria.

“Es importante destacar, que a Isidro Raymundo “N” “El Ray”, presunto líder estatal del grupo delictivo autodenominado Guerreros Unidos/Comando Tlahuica, se le investiga por delitos contra la salud, secuestro, extorsión a través del cobro de piso en contra de autoridades municipales, comercios, bares, mercados, empresas de desperdicios industriales y transportistas de la Región Oriente del estado de Morelos”, estableció el comunicado.

Detalló que la FGE dará vista de los casos derivados a la Fiscalía General de la República para que investigue al capo, a quien también se identifica como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente, por presuntos delitos asociados a la delincuencia organizada.

Adicionalmente, precisó la FGE, “al practicarse un cateo en el domicilio ubicado en la Calle 45 Poniente, de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, La Noria, en el Estado de Puebla, fue localizada una camioneta Land Rover de color blanco, relacionada con los hechos delictivos registrados en el restaurante Los Estanques, ubicado en el Municipio de Cuautla, así como documentación que relaciona a personas que estuvieron en ese sitio en el momento del ataque en el que fallecieron 5 personas” en el lugar y posteriormente una más en el hospital, entre ellos tres niños.

De acuerdo con información oficial, Raymundo Isidro “N”, alias "El Ray", es originario de Acapulco, Guerrero, y avecindado en el municipio de Cuautla, Morelos.

Actualmente se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Atlacholoaya.

La vinculación a proceso se da justo a un mes de la masacre ocurrida en el restaurante Los Estanques, ubicado en el municipio de Cuautla.

Una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado, es que “El Ray” –presuntamente- el pasado 13 de abril se encontraba conviviendo con dos conocidos médicos y sus familias en la parte trasera del restaurante, cuando un grupo de hombres armados ingresó al lugar hasta donde se encontraba el capo y disparó contra el grupo, pero el líder criminal logró escapar y salvar la vida.

 

 

El fiscal asegura que se iniciaron los procedimientos contra los responsables de que el arma usada en el ataque del miércoles haya salido del cuarto de evidencias; el funcionario se reservó los nombres.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene identificados a exfuncionarios y funcionarios de la institución que pudieran tener responsabilidad administrativa y penal por la sustracción del cuarto de evidencias de un arma que acabó en manos del joven homicida de los líderes sindicales Jesús García Rodríguez y Roberto Castrejón Calderón, asesinados en pleno centro de Cuernavaca.

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, afirmó que se iniciaron los procedimientos administrativos y se abrió una carpeta de investigación que pronto será judicializada para deslindar responsabilidades contra quienes permitieron la sustracción del arma, que estaba asegurada en el cuarto de evidencias.

“No les puedo hablar ni de número ni de nombres, porque tienen sus derechos, pero sí es personal de la fiscalía que viene de administraciones pasadas y se les va sancionar”, dijo, y señaló que algunos presuntos responsables ya no laboran en la institución y otros siguen siendo personal en activo.

Explicó que desde que fue nombrado fiscal, comenzó a poner orden en distintas áreas donde se presumían irregularidades, como fue el caso de los cuartos de evidencias.

“Los cuartos de evidencia, antes de mi administración, tenían un manejo deficiente, o sea, yo recibí con muchos problemas administrativos la fiscalía, pero ya tenemos meses trabajando sobre eso, hemos hecho cambios, hemos hecho modificaciones en esas áreas, tenemos ya un sistema de vigilancia de videocámaras y, bueno, lo que esperamos y lo que se pretende es que no vuelva ocurrir algo así”, expresó.

Sobre este caso, agregó que se continúa con la investigación, documentación de pruebas y revisión de los videos del atentado perpetrado el miércoles 8 de mayo en pleno centro de Cuernavaca por un joven identificado como Maximiliano “N”, quien disparó contra los dos líderes sindicales y lesionó a dos personas más, pero tras un breve persecución fue arrestado.

 

Ninguna hipótesis se descarta en ataque a personal de Cefereso

Respecto al ataque perpetrado el 10 de mayo contra trabajadores de Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Femenil, ubicado en Coatlán del Río, el fiscal señaló que los testimonios recabados indican que los criminales no sólo dispararon contra el personal que estaba punto de abordar el autobús, sino que, al menos uno de los asesinos, subió al vehículo y disparó a las personas que se encontraban en los asientos.

Indicó que se indaga si el vehículo incinerado y que fue localizado en la zona fue el mismo que utilizaron los criminales para huir, ya que al ser calcinado se borró evidencia  (como cabello, huellas, sangre) para tener elementos de identificación de los probables homicidas.

También se investiga la procedencia de las cuatro armas encontradas en el vehículo y si también fueron con las que se atacó al personal del Cefereso.

Carmona Gándara señaló que no se descarta ninguna línea de investigación, ni que el ataque esté relacionado con las actividades de los trabajadores en el penal federal.

 

 

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