Maciel Calvo

Maciel Calvo

Consejo Ciudadano de Seguridad exige indagar irregularidades o fallas en el sistema de justicia penal.

El Consejo Ciudadano de Seguridad pidió a los Poderes del Estado implementar las acciones necesarias para investigar las irregularidades o fallas en el sistema de justicia penal, que permiten que los presuntos criminales evadan la ley, luego de que públicamente el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, reveló que al menos 11 jueces están bajo sospecha por la liberación de al menos 64 presuntos secuestradores en 2019.

El presidente del consejo ciudadano, Rafael Rueda Moncalián, señaló que desde la última sesión del Consejo Estatal de Seguridad se planteó la necesidad de revisar varios casos de imputados que obtienen sulibertad, “porque la misma ciudadanía nos ha comentado en donde varios de los personajes que han sido asesinados, resulta que la mayoría tenía antecedentes penales, y chistosamente  se encontraban en la calle, como el caso que tuvimos en Plaza Bugambilias (un hombre asesinado el 27 de septiembre de 2019), un caso muy sonado, una persona con droga y armas de fuego (detenido) y al mes ya estaba en la calle”.

“Esto si puso el llamado, en donde los autoridades, nosotros como ciudadanía y como Consejo pedimos que se esclarezca dónde está mal, quién esta mal, ¿la Comisión Estatal de Seguridad, la cadena de custodia, la investigación que hizo la fiscalía o qué juez dictaminó que la persona no era culpable?.

“Y algo que es muy interesantes saber, que es lo más chistoso y hay una semejanza, que varios de los grupos de abogados son al parecer los mismos que tienen este  tipo de problemas, son los que  han  tenido la gracia de decir, de sacar libre a tanta gente”.

Indicó que todas las variables e intervinientes en el sistema de justicia penal tienen que ser revisados para saber qué está sucediendo, donde están las anomalías o fallas, y tomar las medidas necesarias para evitar que delincuentes sigan libres.

Por otra parte, el Consejo Ciudadano de Seguridad informó que el 2019 cerró con una incidencia delictiva ligeramente a la baja, pero se registró un aumento significativo en los delitos de alto impacto y muy particularmente  en la extorsión.

De acuerdo con el recuento estadístico realizado por el órgano ciudadano, el año pasado concluyó con una incidencia de 43 mil 191 delitos,  que significó un descenso de 3.9 por ciento con respecto al 2018, que cerró con 44 mil 936 ilícitos denunciados.

Sin embargo, los delitos considerados de alto impacto registraron una alza significativa entre 2018 y 2019. Mientras en 2018 se reportaron 693 homicidios dolosos, el 2019 cerró con 911 casos, la mayoría de ellos perpetrados con armas de fuego. El aumento significó una diferencia de 31.5%. y ubicó a la entidad en el sexto lugar de la incidencia de este delito.

Las estadísticas oficiales indicaron que particularmente el delito de extorsión se disparó 666.7%, pues mientras en el 2018 se denunciaron 24 casos, el 2019 cerró con 184 casos. El feminicidio aumentó un 39.8% con 11 casos más que en el 2018, y el secuestro subió 56.5% al pasar de 46 casos en 2018 a 72 casos denunciados 2019, lo que ubicó a Morelos en el primer lugar en el ranking nacional en la incidencia de este ilícito por número de habitantes.

También aumentó el robo a negocio, al registrarse mil 827 casos en 2019, 24.1% más que en 2018; la violencia familiar aumentó 3.6%; y el narcomenudeo aumentó 21.8%.

Detalló que los delitos que tuvieron baja en su incidencia fueron robo a vehículo, a casa habitación, a transeúnte y a transportistas, así como robo de motocicletas y violación.

 

 

Condena es la primera impuesta por un tribunal civil a efectivos del Ejército por cometer delitos contra ciudadanos.

Tribunal unitario dicta una pena de 38 años de prisión a dos militares por los delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada, y uno más recibe una condena de nueve años por el delito de desaparición forzada.

Un tribunal unitario condenó a tres militares por el homicidio, la tortura y la desaparición forzada del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, cuyo caso sentó precedente nacional, al ser la primera condena que impone un tribunal civil a efectivos del Ejército  por estos delitos.

El abogado de la familia de Jethro, Cipriano Sotelo Salgado,  detalló que el pasado 10 de febrero el Primer Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito resolvió el recurso de apelación 127/2019 y revocó la sentencia del Juzgado Quinto de Distrito, que había impuesto una pena mínima de nueve años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada, y había absuelto del delito de homicidio a los elementos castrenses del 21º. Batallón de Infantería de la 24ª.  Zona Militar.

El Tribunal Unitario impuso una pena de 38 años de prisión a los militares José Guadalupe Orizaga y Guerra, y Edwin Raziel Aguilar Guerrero por los delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada, mientras que José Guadalupe Arias Agredano recibió una condena de nueve años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada en grado de encubridor.

El litigante afirmó que se consiguió no sólo fincar responsabilidad a los militares implicados en los delitos cometidos en agravio de Jethro, sino sentar nuevamente un precedente en el país, luego de que en el 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó acotar el fuero castrense y determinar que los militares pueden ser juzgados por tribunales civiles cuando cometan delitos contra ciudadanos, justamente al resolver el primer conflicto competencial entre un juzgado de distrito y un juzgado castrense, que involucró a un coronel de infantería de la 24ª. Zona Militar acusado de encubrir el asesinato de Sánchez Santana, ocurrido el 1 de mayo de 2011 en Cuernavaca.

Pese a este logró jurídico, dijo que “hubiésemos querido una condena mayúscula” y consideró que  fue “una sentencia light”, por lo que adelantó que impugnará la sentencia por la vía del amparo y buscará que se les imponga la pena máxima que, por ejemplo en el caso de homicidio, es hasta de 50 años de prisión.

Explicó que quienes perpetraron los delitos fueron militares, que eran son servidores públicos y que, entre otras cosas, tenían la misión de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, proteger a la población civil y respetar los derechos humanos.

Indicó que también por la vía del juicio de amparo buscarán que se cuantifique la reparación del daño (que en un peritaje oficial se calculó en 16 millones de pesos) ya que el tribunal unitario en su sentencia dejó a salvo los derechos de la familia de la víctima para realizar la reclamación por la vía legal.

El 1 de mayo de 2011, Jethro Ramsés Sánchez Santana fue detenido por la policía municipal, tras una riña en el área de alimentos de la Feria de Cuernavaca. Según la policía, Jethro supuestamente habría dicho pertenecer al Cártel del Pacífico Sur y habría amenazado de muerte a los agentes municipales.

El joven, de apenas 25 años, fue entregado a la policía federal y luego a elementos del 21º. Batallón de Infantería de la 24ª. Zona Militar, para luego ser torturado y asesinado dentro de las instalaciones castrenses y su cuerpo fue inhumando clandestinamente en un paraje de Atlixco, Puebla.

El 30 de junio de 2011, la  Procuraduría Militar detuvo a los oficiales José Guadalupe Orizaga y Guerra, y Edwin Raziel Aguilar Guerrero, quienes golpearon hasta la muerte a Jethro y lo inhumaron clandestinamente. Posteriormente, el coronel de infantería Guadalupe Arias Agredano, también fue detenido y señalado como quien ordenó “tirar” el cuerpo del joven.

 

 

Miércoles, 19 Febrero 2020 05:16

ONCE JUECES, BAJO SOSPECHA

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, señaló que 11 jueces del sistema de justicia penal están bajo sospecha de haber dejado en libertad a más de medio centenar de probables secuestradores.

Martes, 18 Febrero 2020 05:02

Buscan frenar detenciones arbitrarias

ONG también critican la normalización de las “revisiones de rutina” basadas en estereotipos.

El Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias alertó que los jóvenes son las principales víctimas de detenciones ilegales y expresó su preocupación por que en estados como Morelos  se ha normalizado las “revisiones de rutina”, basadas en estereotipos y prejuicios.

El observatorio, integrado por ocho organizaciones civiles de los estado de San Luis Potosí, Chihuahua, Baja California, Morelos y Ciudad de México, manifestó que la intención de presentar el Diagnóstico Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (Onda) es proponer acciones que permitan reducir las malas prácticas de las corporaciones policíacas municipales, estatales y federales, que desafortunadamente en algunos casos han terminado no sólo en la perpetración de abusos sino en la muerte de las víctimas.

En el caso de Morelos, fueron aludidos los casos de Jethro Ramsés Sánchez Santana, de 27 años, detenidos por la policía municipal de Cuernavaca tras una riña en la feria de Cuernavaca el 1 de mayo de 2011 y entregado a militares, que lo torturaron y asesinaron; y recientemente la detención de dos estudiantes del Tecnológico de Zacatepec, quienes por equivocación fueron detenidos y acusados del asaltar a personal que repartía recursos del programa de “65 y Más”.

Denisse Rentería Cervantes, miembro del Colectivo Algaraza y representante del estado de Morelos, explicó que, salvo los datos que recaban los organismos de derechos humanos a través de las quejas, no existen cifras que permitan dimensionar la gravedad y la frecuencia con la que las corporaciones realizan las detenciones o “revisiones de rutina”, como parte de las “políticas de seguridad” sin cumplir protocolos y violentando los derechos humanos de las personas.

Expresó su preocupación porque la población juvenil recurrentemente es víctima de “revisiones de rutina”, que se sustentan en prejuicios, estigmas y estereotipos, lo cual “deriva de un discurso que criminaliza las personas jóvenes, responsabilizándolas del deterioro del entorno, el incremento de la violencia y el incremento delictivo”.

“Lo que nosotros señalamos como observatorio es que, ante la situación de violencia ninguna política tendría que ser violatoria de los derechos humanos y, en particular, de los derechos de las personas jóvenes, con quienes existe una deuda histórica para para atender los rezagos que vive esta población”, dijo al lamentar que últimamente la ciudadanía morelense ve “normal” que los jóvenes sean sujetos de revisiones sólo por su aspecto o por encontrarse en un lugar público.

Expresó que ante la inexistencia de estadísticas oficiales, el observatorio nacional lanzó la aplicación “Sindea”, la cual se puede bajar en Play Store y permite a las víctimas documentar las detenciones arbitrarias.

Detalló que esta aplicación permite enviar una alerta a las personas cercanas, almacenar fotos e imágenes cuando hay una detención y los datos de las víctimas están protegidos.

Agregó que una de las metas del observatorio es construir una plataforma digital que funcione como repositorio  de la investigación que se realiza en torno al tema, para dar seguimiento y monitoreo a las detenciones arbitraras en el país y la incidencia en políticas de seguridad, desde una perspectiva de derechos humanos, juventudes y género.

 

 

Al menos dos juzgadores están bajo sospecha de beneficiar a imputados: CES.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) tienen en la mira a varios jueces orales, quienes están bajo sospecha de beneficiar a imputados.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, señaló que el área jurídica de la Mesa para la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz “ya está vislumbrando empezar a poner las demandas correspondientes de los casos que se están analizando, en donde hay algún juez que deliberadamente se ve que los está dejando salir” a los presuntos responsables de un ilícitos.

Indicó que por lo menos hay dos juzgadores que están bajo sospecha, y el área jurídica de la Mesa de Coordinación ya habría promovido una carpeta de investigación.

De igual forma, la fiscalía anticorrupción anunció que “iniciará carpetas de investigación por probables actos deshonestos por parte de algunos jueces”.

Indicó que “el Poder Judicial de Morelos se integra, en su gran mayoría, por mujeres y hombres honestos que enaltecen la importante función de administrar justicia; sin embargo, en nuestro quehacer hemos advertido posible corrupción en la actuación de algunos juzgadores”.

El anunció de la FECC se realizó en el marco del llamado del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para combatir la corrupción y las determinaciones de algunos jueces locales en casos que implican a ex servidores públicos, como en el caso del exedil de Jiutepec, José Manuel Agüero Tovar, en el que un juez de control decretó no vincularlo a proceso por el presunto desvío de 19 millones de pesos, que fueron obtenidos del cobro anticipado del predial.

“Es por ello que -en este sentido- la Fiscalía Anticorrupción iniciará carpetas en aquellos casos donde se adviertan probables casos de corrupción por parte de juzgadores; en tanto, apelará la decisión de un juzgador de no vincular a proceso a José Manuel "N", exalcalde de Jiutepec, e iniciará carpeta para investigar la actuación de dicho juez. 

“Ante el malestar de la ciudadanía expresado en redes sociales por la no vinculación del citado expresidente municipal, esta Fiscalía aclara que esta persona no ha sido declarada inocente”, afirmó a través de un comunicado.

Finalmente, la FECC informó que –ayer- Agüero Tovar sí fue vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio indebido de funciones, ya que el exedil benefició por tres años a su familia con un contrato de arrendamiento de un predio de su propiedad por más de 58 mil pesos mensuales, para usarlo como corralón municipal.

 

 

El representante de los jueces en la Junta de Administración debe asumir el cargo, aunque sigue en su contra el proceso que cuestiona la legalidad de su nombramiento.

Alejandro Becerra Arroyo entrará en funciones de representante de los jueces en la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, luego de que un tribunal colegiado revocó la suspensión concedida a una juez que impugnó la designación.

De acuerdo con la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito dentro del incidente en revisión  286/2019, la suspensión otorgada por el Juez Séptimo de Distrito a la juez  del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mireya Díaz Cerón, sí causa afectaciones al interés social, ya que el órgano colegiado local no está debidamente integrado al no estar en funciones   uno de sus tres integrantes.

“Empero, siendo dos únicamente los integrantes sin la participación del tercero a quien se impide su actuación por medio de la suspensión, la Junta citada, no podría funcionar por mayoría, sino que tendría que ser unanimidad de sus integrantes, esto es, de no estar en funciones los tres miembros, no podría resolver por mayoría, sino que todas las decisiones se tomarían por unanimidad o no se resolvería nada al no contar con el tercer elemento que decida a qué opinión se uniría en mayoría.

“Además, las decisiones administrativas y de vigilancia son actos de gran trascendencia institucional y jurídica, por lo que, incluso, se debe exigir que, al emitirlos, los órganos competentes estén legalmente integrados, y a mayor abundamiento, por no existir disposición que impidan resolver por mayoría, entonces como ya se dijo, dos miembros no podrían resolver por mayoría; de ahí que aun cuando respecto de las resoluciones disciplinarias el legislador estableció expresamente que podrían tomarse por mayoría, no debe perderse de vista que se requiere la presencia de todos los integrantes para resolver, ya sea por unanimidad o por mayoría, en la que cumplan, además, con las garantías de fundamentación y motivación”, argumentó el tribunal en su resolución.

Recalcó que, de mantenerse la medida cautelar, “se pondría en riesgo el derecho de acceso a la justicia de los gobernados, es decir, de toda la sociedad”. No obstante, subrayó que la revocación de la suspensión no prejuzga el fondo del asunto, ya que la legalidad o no de la designación de Becerra Arroyo será materia de la sentencia de fondo.

Pese a esta resolución, persiste la polémica jurídica sobre integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, ya que existen varios juicios de amparo en curso y en revisión, que en los que se dirime la ilegalidad de los nombramientos de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces en el órgano colegiado que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura.

El criterio de los juicios de amparo hasta ahora resueltos –y que se encuentran en revisión- es que fue ilegal la designación porque se realizó solo con la asistencia y voto de nueve magistrados, y no existió el quorum necesario (la presencia de 12 magistrados) para llevar a cabo los nombramientos, y por ello se ordenó la reposición del procedimiento.

 

 

El Pleno del tribunal electoral concluyó ser incompetente para conocer de reglamentación interna del Congreso del estado, ante la modificación de comisiones legislativas

De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, el exalcalde de Jiutepec habría incurrido en ejercicio abusivo de la función pública.

Por segunda ocasión en menos de una semana, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) formuló imputación ante un juez al expresidente municipal de Jiutepec, José Manuel Agüero Tovar.

De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, el exedil habría incurrido en el delito de ejercicio abusivo de la función pública, por haber beneficiado a su familia con un contrato de arrendamiento de un predio, ubicado en la en la colonia Vista Hermosa de Jiutepec, para utilizarlo como corralón municipal.

El agente del Ministerio Público expuso ante la juez de la causa JC/1278/2019, que Agüero Tovar, durante todo su trienio, mantuvo el arrendamiento del inmueble que era propiedad de su familia por un monto aproximado de 58 mil pesos mensuales, pese a la evidente existencia de un conflicto de intereses.

Detalló que desde el 2016 y hasta el 2018, el ayuntamiento de Jiutepec elaboró contratos de arrendamiento, sin licitar la prestación de los servicios de corralón, como lo prevé la ley.

La juez otorgó a la defensa del ex servidor público un plazo de 144 horas para la celebración de la audiencia de vinculación, y a petición del Ministerio Público se impuso como medida cautelar no salir del país.

Apenas el 10 de febrero pasado se realizó la primera audiencia de formulación de imputación, en la que la FECC acusó al exalcalde de la supuesta distracción de 19 millones de pesos, cuyo monto fue producto del cobro anticipado del impuesto predial del año 2019.

De acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ex funcionario municipal se presume inocente, mientras no se aclare su responsabilidad por autoridad judicial.

 

 

Critican que tampoco convocó a especialistas para la elaboración de protocolo que presentó en “acto mediático”.

Abimelec Morales Quiroz, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM), criticó el Protocolo para el Tratamiento Digno de Restos Humanos e Información de Personas Fallecidas, el cual no fue sometido a la consideración de los consejeros por parte del ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, ni contó con la participación de especialistas.

Morales Quiroz, quien fue miembro de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante la exhumación de los cuerpos de las fosas ilegales de Tetelcingo y Jojutla, consideró que dicho protocolo parece más una acción improvisada y mediática, cuyo contenido dejó más dudas que certezas.

“Si algo está afectando el proceso de justicia en este país y en este estado, es que está lleno de discursos de funcionarios con buenas intenciones pero pocos conocimientos, de declaraciones mediáticas y acciones de un día que son sólo para la foto y salir en los medios; y tristemente pareciera que este protocolo es uno de esos casos”, afirmó.

A través de su cuenta personal de Facebook, reprochó al ombudsman que el documento, presentado el pasado martes en la Casa de la Cultura Jurídica, no fue comentado con los integrantes del Consejo Consultivo de la CDHEM y “su realización coordinada con el IMIPE fue una decisión unilateral del Presidente de la Comisión que aseguró tener la legitimidad sobre el tema por haber participado en el proceso de exhumación de las fosas de Tetelcingo y Jojutla; pero obvió detallar que fue en calidad de notario permaneciendo todo el tiempo fuera de las vallas que delimitaban la zona de trabajo”.

Además de excluir a los consejeros, cuestionó  si el documento  contó  o no con la participación de especialistas, qué colectivos y familiares de desaparecidos fueron tomados para la redacción del protocolo, porqué fue usado el término “restos” cuando la palabra demerita la dignidad de los cadáveres  y, sobre todo, cuál es la experiencia del IMIPE para participar en un protocolo especializado.

“Estas y algunas otras preguntas quedaron sin respuesta en la presentación del documento que esperemos no se convierta en letra muerta ante la falta de legitimidad y aval de profesionales en la materia y colectivos de búsqueda de desaparecidos”, asentó.

 

 

Denya Flores Rendón habría obtenido su jubilación de manera ilegal.

Una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por un juez a la ex candidata del PRD a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, una de las beneficiarias de las llamadas “pensiones doradas” que aprobó la anterior legislatura y quien presuntamente habría obtenido la jubilación de manera ilegal.

En cumplimiento de una ejecutoria de amparo, los magistrados de la Primera Sala del TSJ revisaron el caso y, por unanimidad, resolvieron confirmar la vinculación a proceso únicamente por el delito de fraude procesal, al considerar que el segundo delito que le fue imputado (uso de documento falso) era subsumido por el primero.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), fueron recabados más de 20 datos que indicaron que la ex candidata y ex directora de Recursos Humanos del Congreso local no cumplió con los requisitos previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para obtener una pensión por jubilación al 65 por ciento de su último salario como trabajadora del Poder Legislativo.

En abril de 2019 la actual legislatura revocó varios decretos de pensión por jubilación, a cuyo paquete se le llamó “pensiones doradas”, ya que los beneficiarios no solo no cumplieron con los requisitos de ley, sino que la mayor parte de ellos eran familiares y amigos de altos funcionarios de la administración graquista.

En el caso de Flores Rendón, en la revisión de su decretó se detectó que presuntamente usó documentos con información falsa para justificar 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

En noviembre pasado, la fiscalía anticorrupción rechazó llegar a un trato con la ex directora de Recursos Humanos del Congreso local, quién a través de su defensa legal propuso la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico, como reparación del daño, de 48 mil pesos diferidos a varios meses, cuando hasta ese momento había cobrado 293 mil 592 pesos.

Ante la nueva resolución, la FECC continuará el proceso penal relacionado con la causa penal JC/698/2019 instaurada contra la ex funcionaria, quien se presume inocente en tanto no se aclare su responsabilidad por autoridad judicial, como lo establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

 

Página 2 de 491
logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.