Maciel Calvo

Maciel Calvo

Exhortan a sus clientes a llevar sus propias bolsas y recipientes para transportar sus mercancías.

Algunos pequeños comercios y tiendas departamentales comenzaron a sumarse a las medidas para reducir la utilización de los plásticos de un solo uso y a exhortar a sus clientes a prescindir de bolsas de plástico para empacar y transportar productos.

Diversas tortillerías y cocinas económicas de varias colonias populares de Cuernavaca colocaron en sus locales letreros en los que se insta a los consumidores a llevar sus propias servilletas y recipientes, ya que en los próximos días comenzarán a cobrar el papel, la bolsa o los desechables, en cantidades que oscilan entre uno y diez pesos.

El pasado 20 de junio,  el Congreso de Morelos aprobó las modificaciones a las leyes de Residuos Sólidos y de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para prohibir la distribución comercial de bolsas de plástico, popotes y unicel, así como restringir a los establecimientos comerciales su producción, venta, uso y entrega a consumidores finales.

La reforma legislativa, impulsada por un grupo de activistas y agrupaciones ambientalistas locales, fue bien recibida por los pequeños comercios que comenzaron a pedir a su clientes sumar esfuerzos para proteger el medio ambiente.

También, a través de redes sociales, usuarios han informado que algunas cadenas de tiendas departamentales en Cuernavaca y Temixco colocaron letreros que anuncian que, a partir de agosto reducirán el uso de bolsas de plástico para empacar sus productos y pidieron a sus consumidores llevar sus propias bolsas para transportar sus mercancías, para sumar esfuerzos y cuidar el planeta.

 

También se integrará el Consejo Estatal Ciudadano.

El Cabildo autorizó una prórroga para realizar la designación.

Erik Santiago Romero Benítez, secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, informó que aún no se elige a los delegados municipales de Cuernavaca, pero aseguró que no hay ninguna violación a la ley debido a que el Cabildo autorizó una prórroga indefinida para realizar esa designación.

Recordó que las propuestas para ocupar los puestos de delegados en la capital, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, son responsabilidad del presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, pero hasta la fecha no se han dado las condiciones para determinar quiénes son las personas que ocuparán los cargos de autoridades auxiliares en las ocho delegaciones de la capital.

Reconoció que aunque es responsabilidad del edil, debe haber consensos con los integrantes del Cabildo, y el tema hasta la fecha no ha sido discutido porque han existido otros asuntos que han sido prioritarios.

Aseguró que mientras tanto las delegaciones Benito Juárez García, Emiliano Zapata Salazar, Antonio Barona, Lázaro Cárdenas, Mariano Matamoros, Miguel Hidalgo, Plutarco Elías Calles y Vicente Guerrero operan adecuadamente e incluso ha sido él quien personalmente ha atendido las peticiones que llegan a cada una de las demarcaciones.

 

 

Consejo Ciudadano de Seguridad pide que se regule el uso de escoltas.

El Consejo Ciudadano de Seguridad consideró necesario regular a los escoltas y establecer criterios que permitan a las autoridades determinar qué personas son susceptibles de tener seguridad, para evitar distraer personal policíaco y atropellos en contra de la ciudadanía.

El presidente del consejo, Rafael Rueda Moncalian, dijo que actualmente elementos de la policía estatal y de la Policía de Investigación Criminal (PIC), adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado son asignados a labores de protección y custodia de funcionarios o personajes públicos, en detrimento de las corporaciones de por sí mermadas en número.

“Es un tema que nosotros también queremos llevar a las mesas (sobre) los escoltas, debería haber un cuerpo especial de escoltas para funcionarios y lamentablemente lo que se ha hecho desde hace muchos años, se toman los policías preventivos, se toman los ministeriales (hoy agentes de investigación criminal), y entonces esos son los que están de escoltas de funcionarios”, explicó.

Consideró que uno de los graves yerros de los ayuntamientos en el manejo de las policías municipales fue utilizar discrecionalmente a los policías preventivos como guaruras de ediles, regidores y hasta de familiares de los servidores públicos, además de asignarles labores ajenas a su labor policial.

En su opinión, debería generarse un marco normativo que regule a los escoltas, desde qué dependencia sería la encargada tener un cuerpo especializado de protección y custodia, hasta el tipo de capacitación y las reglas de conducta que deben seguir para evitar prepotencia y abusos con la ciudadanía sólo por portar una placa, un arma y tener la comisión de escolta.

Recordó los problemas que se suscitaron en la pasada legislatura, cuando algunos diputados tenían asignados escoltas que cometieron abusos, incluso, contra miembros de la prensa.

Ante la inseguridad que priva en todo el país, reconoció que es frecuente encontrar personajes o funcionarios públicos con escoltas, pero es necesario regular a estos elementos como se hizo en el Estado de México, donde hasta los vehículos son rotulados para cuestiones de identificación y para que ser escolta no sea sinónimos de abuso e impunidad.

Agregó que en el caso de la CES y la FGE, un marco regulatorio en este tema les sería de mucha ayuda, pues no sólo se evitaría distraer sus recursos humanos para cumplir con sus funciones y objetivos, sino para tener mayor control sobre el personal de protección y custodia y disponer de criterios de riesgo para evaluar en qué casos efectivamente es necesario asignar escoltas a una persona.

 

Organismo fue criticado por una víctima, a la que se le propuso conciliar con su agresor.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) consideró necesario revisar los procesos de conciliación cuando se trate de casos de violencia contra la mujer, luego de que el organismo dijo que continúa con la integración de la queja promovida en contra de un elemento de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro,  

El pasado 15 de julio, Abigail Castro Román denunció públicamente haber sido víctima de violencia por parte de su ex pareja y agente antisecuestro, Ángel Olivo Ramírez, quien presuntamente la golpeó con un bastón policial retráctil y la amenazó con su arma de cargo, y echó mano de su cargo para entorpecer el proceso legal instaurado en su contra.

Incluso, la mujer reprochó a la Comisión de Derechos Humanos, a la que recurrió para pedir ayuda e iniciar una queja, que le haya pedido conciliar con el presunto agresor.

Cuestionado al respecto, el ombudsman Israel Hernández Cruz señaló que la normatividad que rige al organismo obliga a darle parte de la queja a la contraparte -en este caso al agente antisecuestro implicado, quien negó las acusaciones- y continuar con el proceso de integración de queja.

También señaló que el procedimiento legal también establece la necesidad de conciliar entre las partes implicadas, es decir, “es una etapa previa al seguimiento de la investigación por parte de la comisión”.

Cuestionado sobre porqué tratándose de casos en se presume hubo violencia física y emocional, una víctima es obligada a agotar la etapa de conciliación con el probable agresor, señaló que este caso lo recibió ya con todas esas actuaciones, “pero en efecto comparto la posición de ustedes en que se tiene que tener mucha sensibilidad y cuidado, y quizá en un primer momento no, si bien no llamar a las partes directamente involucradas  y sobre todo provocar ese enfrentamiento en algo tan delicado como lo es la violencia familiar, violencia de género, quizá través de un superior jerárquico primero”.

Derivado de este caso, consideró necesario revisar los procesos internos del organismo en torno al tratamiento de los casos de víctimas violencia familiar o de género.

 

La resolución tuvo su origen en una demanda que interpuso un hombre contra su esposa y otra persona por una infidelidad que derivó en la procreación de una hija

Rechaza que la entidad figure en el tercer lugar nacional en ese rubro.

La fiscal Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, Fabiola García Betanzos, informó que Morelos ocupa el lugar 13 en el ranking nacional de feminicidios y no en el tercero, como lo ubicó el Secretaria Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Precisó que originalmente se abrieron carpetas de investigación por 17 feminicidios (ya que el protocolo exige que todos los asesinatos de mujeres así sean clasificados hasta que el avance de las investigaciones lo confirmen o reclasifiquen como homicidio), pero sólo 14 de ellos fueron corroborados como tales y tres casos fueron reclasificados.

“En este último año llevamos 17 feminicidios, ya se mandó una aclaración al Secretariado sobre la reclasificación de tres casos que ellos están reportando y que, sin embargo, ya con la investigación que hemos realizado, pues ya se ha hecho esta reclasificación, va (a) aparecer yo creo el próximo mes la aclaración con la reclasificación”, dijo.

Afirmó que, con la corrección de la cifra, Morelos tiene una disminución en la incidencia de este delito pero recalcó que no sólo se trata de reclasificar el ilícito de acuerdo con el avance de las investigaciones, sino también de homologar la clasificación con el resto de las entidades.

“Al hacer la revisión de la estadística nacional pues estamos en el lugar número 13, a mayo estamos en el número 13 junto con otras entidades federativas con las que compartimos la misma situación.

“Pero también es importante decir que el delito de feminicidio no está homologado en todo el país y que cada uno tendrá sus propias hipótesis (en los códigos penales estatales), y lo que para nosotros es feminicidio, tal vez para otros no lo sea”, explicó

Aseguró que la eficiencia en la investigación de este tipo de delitos es alta, lo que ha permitido alcanzar un 80 por ciento de resultados con detenido y con procesos abiertos ante un juez.

Cabe destacar que en los ámbitos nacional y local, existe un debate sobre la certeza de las estadísticas sobre feminicidio, ya que las fiscalías reportan un número inferior a los registrados por organizaciones civiles, que demandan homologar y establecer criterios claros, amplios y transparentes para la tipificación y clasificación de los asesinatos de mujeres, ya que la opacidad y la disparidad en las cifras no sólo ha obstaculizado la valoración de la dimensión del violencia contra la mujeres, sino generar políticas públicas adecuadas, oportunas y certeras.

 

 

Además, la Fiscalía del Estado informó sobre la detención de un hombre implicado en el homicidio de un ciudadano europeo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló imputación a los tres presuntos  responsables del secuestro de un grupo de migrantes guatemaltecos, y en los próximos días se realizará la audiencia de vinculación a proceso. Además, la fiscalía informó de la detención de un hombre implicado en el homicidio de un ciudadano europeo.

En la sede de la Ciudad Judicial de Cuatla, Telésforo “N”, de 44 años y vecino del municipio de Ocuituco; Javier “N”, de 42 años, y Guadalupe Irma “N”, de 39 años de edad y originarios del municipio de Tepetlixpa, Estado de México, fueron señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables del secuestro agravado de los migrantes guatemaltecos Luis Arturo y Rudy Aroldo González Huite y de sus hijos de 17 y 10 años.

Los imputados fueron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva hasta que un juez determine si son o no sujetos a proceso penal por el delito imputado.

De acuerdo con la fiscalía, en la audiencia de vinculación a proceso la representación social definirá si cuenta con elementos para atribuir a alguno de los tres detenidos el delito de homicidio, en agravio de Rudy Aroldo, quien perdió la vida tras ser degollado y cuyo cuerpo se localizó en un paraje del municipio de Ocuituco, junto con su hijo, que logró sobrevivir.

Por otra parte, la FGE también anunció la detención de José Antonio o Luis “N” por su posible participación en el homicidio de un ciudadano ítalo-español, Alberto Villani Olivares, de 37 años de edad.

El hombre fue privado de la vida con arma de fuego y su cuerpo fue dejado dentro de bolsas plásticas a un costado de la carretera Temilpa Viejo-San Rafael, en Tlaltizapán.

El imputado  fue puesto a disposición de un juez, quien ordenó mantenerlo bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó para el 26 de julio la audiencia de vinculación a proceso.

 

El argumento oficial es la falta de recursos.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) adeuda pagos al menos a tres magistrados en retiro y alega que no cuenta con presupuesto para el pago de las pensiones.

Los magistrados Samuel Sotelo Salgado, actual consejero Jurídico del gobierno del estado, Rodolfo de Jesús Cuevas Salazar y Wilfrido López Luna, desde junio de 2016 promovieron un juicio de amparo, al no recibir el pago completo de sus pensiones.

Pese a obtener la protección de la justicia federal, recientemente el tribunal informó al Juzgado Primero de Distrito, en el que fue radicado el juicio de amparo 460/2016,  que “se han realizado diversos pagos a los quejosos por concepto de pensión y aguinaldo del periodo comprendido de abril de dos mil quince a mayo de dos mil dieciséis.

“Además, hace del conocimiento que no cuenta con recursos económicos para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo” con respecto a los adeudos pendientes. Hasta el momento se desconoce el monto de los adeudos a los magistrados en retiro, pero el TSJ ha insistido en que el Congreso debe etiquetar recursos suficientes para hacer frente a todos los decretos pensionarios que aprueba.

Cabe destacar que está en curso el cumplimiento de 116 sentencias de controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones a trabajadores judiciales jubilados, lo cual tiene en aprietos jurídicos a los tres Poderes del Estado, quienes están obligados a etiquetar y transferir recursos por un monto total de 105 millones pesos para el pago de las pensiones, pues en caso contrario, sus titulares podrían ser destituidos y enjuiciados por desacato judicial.  

 

 

La SCJN establece la prohibición del cobro de intereses excesivos o desproporcionados pactados en un pagaré.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la prohibición del cobro de intereses excesivos o desproporcionados pactados en un pagaré, sin importar si se trata de intereses ordinarios o moratorios.

La Primera Sala de la SCJN, al resolver la contradicción de tesis 294/2015, sostuvo que los intereses ordinarios constituyen el rédito que produce o debe producir el dinero prestado, es decir, el precio pagado por el uso del dinero, mientras que los intereses moratorios consisten en la sanción que debe imponerse por la entrega tardía del dinero según lo pactado en el contrato.

En tanto, la usura es entendida como una explotación del hombre por el hombre, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, y se presenta cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo, sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo.

Con base en lo anterior, la Sala determinó que la usura puede ser configurada por el cobro excesivo o desproporcionado tanto en los intereses ordinarios como en los intereses moratorios, pues aunque los intereses moratorios, en estricto sentido, no son una consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien una sanción impuesta ante el incumplimiento del pago, no debe perderse de vista que el incumplimiento está directamente vinculado a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en la fecha pactada.

 

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