Maciel Calvo

Maciel Calvo

Con el deceso de un niño, se elevó a cinco el número de fallecidos por los hechos.

El comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que los hechos ocurridos en el restaurante Los Estanques, de Cuautla, se trataron no de un ataque a comensales, sino un atentado directo contra los médicos Guillermo Domínguez Muñoz y Alejandro Elizalde y sus familias.

Descartó que los dos hombres detenidos, identificados como Ranulfo “N” y Elías “N”, estuvieran implicados en el ataque, como se sospechó inicialmente, pero aclaró que la Fiscalía General del Estado ya tiene un sospechoso.

Señaló que los testigos ya se presentaron a declarar ante el agente del Ministerio Público, incluido el propietario del establecimiento, sin embargo, recalcó que será la fiscalía estatal la responsable de dar más detalles de los hechos, las líneas de investigación y el posible móvil del crimen.

Insistió en que el ataque no fue fortuito, sino contra los médicos y sus familias, y narró brevemente el hecho, pues reiteró que es la fiscalía la que está a cargo de la investigación.

“Quiero ser claro en este aspecto, de que no fue un ataque contra comensales de un restaurante, sino que estas dos familias llegaron, pidieron estar en un lugar privado. El restaurante no contaba con él, les improvisaron un par de mesas en la parte de atrás, que es un lugar donde limpian las mojarras que venden ahí y acumulan la basura, y aun así ellos quisieron estar ahí.

“Y posteriormente llegaron en una camioneta tipo Suburban unas gentes para acribillarlos a balazos ahí. Desgraciadamente murieron cuatro personas, dos de ellos menores, y el día de hoy (lunes) falleció otro niño”, con lo cual se elevó a cinco el número de muertos.

Expresó que este mismo lunes, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo; el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara; el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, y él, como titular de la CES, sostuvieron una reunión para abundar sobre el caso.

 

CES apela al apoyo de ediles

Ortiz Guarneros señaló que fue enfático con el alcalde de Cuautla sobre la necesidad de que los ediles y los ciudadanos sean más colaborativos con las autoridades, pues si no hay denuncias, no habrá manera de combatir, detener y poner a disposición de la justicia a los criminales.

“Sabemos la corrupción que hay en la policía, en fiscalía, pero -sin embargo- no hay denuncias. Entonces, hoy, en esta reunión que tuve con el presidente municipal de Cuautla le dije que si yo sé que hay policías involucrados (en delitos), yo procedo contra ellos, que los presidentes municipales son los ojos que yo necesito en los municipios, que el mando que se implementó con el señor gobernador Cuauhtémoc es un Mando Coordinado, no es un Mando Único. Es coordinado precisamente para que estemos en coordinación y que los principales, quienes deben dar información y que deben denunciar, son los presidentes municipales”, subrayó.

Cuestionado sobre unas lonas con un mensaje que acusaba a un grupo conocido como “Los Linos”, como presuntos responsables del atentado contra las dos familias, señaló que no puede ese mensaje asumirse como prueba, porque es usual que los delincuentes usen esta táctica como distractor o para confundir a la autoridad, pero reafirmó que será la fiscalía la que desarrolle la investigación y esclarezca el multihomicidio.  

 

Familiares de víctimas de desaparecidos acordaron con el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, instalar en un plazo de 45 días la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos.

Tras una reunión con el responsable de la política interna del estado, Angélica Rodríguez Monroy, integrante de la asociación civil “Regresando a casa”, en Morelos, señaló que se planteó la urgencia de instalar la comisión y emitir la legislación local en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

Para ello, dijo, los familiares de víctimas presentaron un anteproyecto de ley basado en sus necesidades y experiencias a lo largo del camino sinuoso en la búsqueda de sus hijos.  

“Nace de la experiencia de las familias, de lo que hemos caminado todas las familias, de lo que sabemos que necesitamos, y de lo que sabemos que no está funcionando y que queremos que funcione. No queremos que le metan mano los legisladores, ni de otro lado, porque esta iniciativa nace de nuestras manos y de la gran necesidad que tenemos de encontrar a nuestros hijos”, señaló.

Indicó que se planteó el apremio de instalar a la brevedad posible la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, para realizar todas las acciones legales posibles para ubicar a todas las víctimas de desaparición, y se acordó que para el 1 de junio próximo, dicha comisión deberá ser instalada.

“Ya estamos muy atrasados. Morelos es de los 23 estados que están atrasados, que no tienen comisión local, y a nosotras es a las que más nos urge, porque no estamos teniendo investigación en la fiscalía, los asuntos están parados y a nosotros nos urge que esta comisión ya funcione”, dijo.

Expresó que el secretario de Gobierno informó que el Poder Ejecutivo también está en elaboración de un proyecto legislativo, pero se le insistió en que las familias no desean que la instalación de la comisión y la búsqueda de desaparecidos se siga postergando.   

 

Once personas lesionadas están hospitalizadas

El órgano promovió una nueva controversia constitucional ante la Corte

La reforma constitucional se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde este sábado entró en vigor la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incrementa el número de delitos que desde ahora ameritarán prisión oficiosa.

De acuerdo con la modificación constitucional realizada por los legisladores federales, el Ministerio Público podrá solicitar y el juez ordenar la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

También procederá la prisión preventiva en los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, a partir de la vigencia de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión tiene un lapso de 90 días para realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes, el aumento de los delitos con prisión preventiva oficiosa.

Los delitos en materia de corrupción, tratándose de aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

El legislador dispuso también que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente decreto.

En el lapso señalado, dice el decreto, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública la eficacia de esta medida cautelar y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes y organismos de protección de los derechos humanos, que deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

La evaluación deberá de tomar los siguientes puntos: 1) Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; 2)  Eficacia de las medidas cautelares aplicadas; 3) Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas; 4) Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización; 5) Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; y 6) Los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, policía de investigación, policía preventiva, peritos, entre otros.

La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del presente decreto, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.

 

 

El consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que será la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la que califique si los tres Poderes del Estado acatan o no correctamente el acuerdo emitido el pasado 4 de marzo para cumplir con las sentencias de 116 controversias constitucionales respecto a etiquetar y suministrar los recursos necesarios para el pago gradual de las pensiones de los trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Precisó que hoy vence el plazo fijado por la SCJN al Poder Ejecutivo para cumplir con el suministro de recursos al TSJ para el pago del primero de 11 bloques de controversias constitucionales, en las que se ordenó disponer de presupuesto para pagar las pensiones.

Indicó que se comunicará a la Corte el cumplimiento requerido conforme se suministren los recursos del fondo de 80 millones de pesos etiquetado por el Congreso para pagar a los jubilados del Poder Judicial, con base en el orden establecido por el Alto Tribunal.

Cuestionado si podría la SCJN hacer nuevos requerimientos en vista de que los 80 millones de pesos fueron tomados del mismo presupuesto del Poder Judicial y no se etiquetó un presupuesto específico para el pago de pensiones de los trabajadores judiciales en retiro, señaló que tocará al máximo tribunal calificar el cumplimiento de las sentencias en controversia constitucional y del acuerdo del 4 de marzo.

“Somos tres los involucrados, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Al Ejecutivo únicamente le corresponde vigilar y determinar que se transfieran los recursos. La obligación que se le impuso al Legislativo es que etiquetara los recursos. Si la Corte determina que no están bien etiquetados esos recursos, tendrá que venir un pronunciamiento, y si considera que el Ejecutivo no está transfiriendo los recursos suficientes, pues también puede haber un requerimiento, vamos a esperar como se pronuncia la Corte”, manifestó. 

El comandante de la 24ª. Zona Militar alaba los nombramientos en el nuevo cuerpo de seguridad.

El titular de la 24 Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, celebró los nombramientos de los mandos de la recién creada Guardia Nacional, y aseguró que en los primeros cuatro meses del arranque en Morelos de este nuevo cuerpo de seguridad, se lograron reducir considerablemente los delitos.

“En mi opinión, es que el comandante de la Guardia Nacional (Luis Rodríguez Bucio) es un excelente general, un general muy profesional, tengo la oportunidad de conocerlo muy bien. El que es coordinador (Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez) es otro excelente general y aquí Morelos debería estar orgulloso de ello porque él vive aquí en Morelos”, dijo.

Señaló que en Morelos, la Guardia Nacional opera desde diciembre de 2018, y ha dado sus primeros frutos con la reducción significativa de los delitos de alto impacto como el secuestro, aunque reconoció que hay algunos delitos comunes que no se han logrado abatir, como es el caso de robos a comercios y tiendas de conveniencia, donde frecuentemente hay sustracción de mercancías.  

Expresó que no se espera el arribo de más personal castrense a la entidad y la Guardia Nacional seguirá en operación con el personal actualmente destacamentado en Morelos, con el apoyo del resto de las fuerzas de seguridad. 

 

 

La magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, defiende la operación de ese órgano.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, adelantó que impugnará el amparo concedido a una juez, en el que se decretó la incompetencia de la Comisión Transitoria para conocer de los procesos administrativos y sanciones a funcionarios judiciales porque es competencia de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual no ha sido instalada desde hace un año.

Hace unos días, un juez segundo de distrito en el Estado de Morelos concedió el amparo a la juez mixta de primera instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, Xochiquetzalli Puebla Peralta, y revocó la sanción administrativa de 754 pesos que le impuso el extinto Consejo de la Judicatura, y ordenó emitir una nueva resolución.

La razón para la concesión del amparo, de acuerdo con el juez federal, es que no es Comisión Transitoria (integrada por Cuevas López y los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz) la instancia competente, sino la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, creada a partir de la reforma constitucional en vigor desde el 5 de abril de 2018 y la cual no ha sido integrada.

Según Carmen Cuevas, la resolución del juez “tiene muchas inconsistencias”, porque la Comisión Transitoria –insistió- está debidamente instaurada y es competente para conocer este tipo de asuntos.

“La resolución habla de una competencia, esa resolución no es definitiva. Nosotros nos vamos a ir al recurso de revisión porque creemos y consideramos poderlo ganar, porque tiene muchas inconsistencias. El Poder Judicial no se puede quedar paralizado, la comisión fue transitoria pero está legalmente establecida y todos sus actos son legalmente establecidos”, dijo, al señalar que la sentencia será recurrida ante un tribunal colegiado.

Indicó que la Comisión Transitoria seguirá funcionando, aunque ya hay un acuerdo del Pleno del TSJ para instaurar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

 

 

Se atenderá fallo judicial para garantizar seguridad de la población por la actividad del coloso, señala el delegado del gobierno federal.

El representante del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes, descartó que haya riesgos en la operatividad del Gasoducto Morelos ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, pero habrá un monitoreo continuo y se atenderá lo ordenado por un juez federal al Consejo Nacional de Prevención de Desastres (Conapred), respecto a la implementación de medidas preventivas por la actividad volcánica.

Indicó que sigue la realización de estudios en relación a la actividad de “Don Goyo” y su impacto geológico, pero hasta ahora no hay evidencia que advierta un riesgo entre los movimientos volcánicos y su interacción con la operación del gasoducto.

“Yo no veo riesgos, a menos de que los estudios que nos han presentado, que nos han demostrado, estén equivocados. Pero yo fui testigo de cómo el gasoducto deja de funcionar a cualquier aumento de temperatura. Cualquier movimiento, inclusive, menor, de manera automática se para; hay todas las medidas de protección civil y están ya todos los permisos que siempre ha tenido el gasoducto”, dijo.

Dijo que por lo pronto, las autoridades revisan las rutas de evacuación y están pendientes de cualquier indicación oficial en torno al volcán.

También señaló que se mantienen las vías del diálogo con los grupos opositores a la termoeléctrica, instalada en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, y que forma parte del Proyecto Integral Morelos.

 

Un juez federal ordenó al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) implementar inmediatamente medidas preventivas para evitar riegos a la población por la operación del gasoducto Morelos y el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, que desde el 28 de marzo se elevó de Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 3.

Luego de que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), promovió el juicio de amparo 647/2019, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo del Estado de Puebla, le otorgó una suspensión de plano para efecto de que en un plazo de 24 horas, el Cenapred  determine las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a la población cercana al coloso, e informe si tiene algún plan de contingencia para mitigar los efectos que podría provocar el incremento de la actividad del volcán en la operatividad del Gasoducto Morelos.

El juez federal de Puebla destacó que el Cenapred, si bien realizó una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a la población, omitió establecer las acciones que se deben seguir ante el incremento del semáforo de alerta volcánica y la operatividad del Gasoducto Morelos.

La justicia federal enfatizó que la suspensión decretada no tiene por efecto suspender o interrumpir las operaciones del Gasoducto Morelos, sino sólo adoptar las medidas preventivas que las autoridades competentes consideren necesarias para evitar poner en riesgo la vida de los pobladores de las comunidades cercanas a “Don Goyo”.

El juez apercibió que a partir de su legal notificación, los funcionarios responsables deberán cumplir con la orden judicial o podrán ser acreedores a las penas que establece el artículo 262 de la Ley de Amparo, que señala penas de prisión de tres a nueve años, destitución o inhabilitación del cargo. 

A través de un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, detalló que el Cenapred -desde agosto de 2011- emitió una nota técnica dirigida a la Comisión Reguladora de Energía, donde señalaba que la instalación del Gasoducto Morelos pone en mayor peligro a las comunidades nahuas del volcán, y señaló que el trazo es inviable en 23 kilómetros al sur del cráter del volcán, así como en diversos puntos que se encuentran en zona de lahares (deslizamiento de lodo y piedras que alcanzan gran velocidad y arrasan todo a su paso).

Detalló que pese a las advertencias, se impuso el gasoducto, y, por ello, el Frente de Pueblos decidió promover un nuevo amparo ante el incremento de la actividad del coloso, pues cientos de miles de personas experimentan -desde marzo de 2019- la fuerza del volcán y su actividad, al retumbar la tierra desde las faldas de “Don Goyo” hasta llegar prácticamente a Veracruz, por lo que comunidades integradas del FPDTA optaron por continuar la lucha jurídica contra la operación de gasoducto.

Los activistas y comunidades adheridas al Frente, si bien celebraron la medida ordenada por el juez de distrito, expresaron no estar satisfechos, porque no es suficiente para salvaguardar a la población.

“Si bien es cierto, esta suspensión urgente demuestra que no existen medidas de protección reales para las comunidades en caso del funcionamiento del Proyecto Integral Morelos, la medida otorgada por el juez federal no es suficiente, pues ante el vacío técnico y legal de las medidas de seguridad necesarias, debió ordenar la suspensión de cualquier actividad que implique el transporte de gas natural en la zona de riesgo, pero en su lugar, cuestiona a la autoridad qué medidas de seguridad tiene previstas con el funcionamiento del Gasoducto Morelos y la actividad del volcán Popocatépetl.

“Es por eso que hacemos un llamado al gobierno de López Obrador para que, ante la incongruencia de instalar un gasoducto en zona de peligro volcánico y la falta de medidas de protección, planes y programas reales y vigentes que garanticen la seguridad de las comunidades, anuncie el día de mañana, en el centenario luctuoso del asesinato de nuestro general Emiliano Zapata, la suspensión y cancelación del Gasoducto Morelos en tierra volcánica y zapatista”, señaló el frente en su comunicado. 

 

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