Maciel Calvo

Maciel Calvo

Martes, 03 Septiembre 2019 05:10

Se acentúa ruptura en TSJ

Magistrados disidentes exigen información sobre temas que se discutirán en los plenos.

Por falta de quórum, nuevamente fue suspendida la sesión de Pleno programada para este lunes, luego de que un grupo de nueve magistrados condicionó su asistencia a que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, convoque a las sesiones con antelación y les entregue información de manera oportuna de los asuntos que se verán en Pleno para que puedan opinar, debatir y votar.

Acompañado por ocho de sus homólogos, el magistrado Andrés Hipólito Prieto rechazó que incumplan sus funciones y sostuvo que, por el contrario, hacen ejercicio pleno de su derecho a la información para impartir eficazmente la justicia.  

Recalcó que insistentemente el grupo solicitó a la magistrada presidenta convocar a sesiones de Pleno en un tiempo prudente y que acompañe la convocatoria con la información completa de los asuntos a tratar, pero no hay respuesta de ella y actúa de manera unilateral y en la opacidad.

Calificó la administración de Cuevas López como “carente de un liderazgo honesto, legal, transparente, todo lo quiere tratar con los cuates, con los amigos y en la opacidad, y no está dispuesta ella a tolerar el diferendo, el disenso y quiere siempre imponer su voluntad, y creo que en un órgano colegiado y garante de la justicia no se puede ser así”.

Afirmó que su petición “no busca la confrontación, sino precisamente procurar las condiciones bajo las cuales ejercer nuestras atribuciones y, con ello, dejar atrás las viejas prácticas en las que se citan a los magistrados a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Tribunal Pleno, ministrándoles escaso o nula información  de los temas a resolver, que ponen en riesgo precisamente que se atienda el interés general de la población a la que servimos”.

Los magistrados señalaron que no atenderán las convocatorias hasta que se les entregue de manera oportuna la información de los asuntos enlistados en la orden del día.

A pregunta expresa de si solicitará el retiro de la orden del día la aprobación del acta de la polémica sesión del 3 de junio, en la que se integró la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial con colaboradores cercanos de Cuevas López y en la que todavía se dirime legalmente si hubo o no quórum para sesionar, señaló que precisamente es parte de la información que se solicitó, ya que hasta ahora desconocen el contenido de ese documento.

 

 

El órgano nunca tuvo competencia para iniciar procedimientos administrativos y sancionar a funcionarios judiciales, porque esas eran atribuciones de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

Un tribunal colegiado confirmó que la Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia nunca tuvo competencia para iniciar procedimientos administrativos y sancionar a funcionarios judiciales, porque esod eran atribuciones la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

La justicia federal determinó la ilegalidad de las actuaciones de la Comisión Transitoria que durante 15 meses ejerció funciones, ante la resistencia de la magistrada presidenta, María del Carmen Cuevas López, por instaurar e integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.

Al resolver el amparo en revisión 259/2019, promovido por un secretario de Sala sancionado con una amonestación, confirmó el amparo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito y desestimó todos los argumentos presentados por Carmen Cuevas López,  quien insistió infructuosamente en defender las determinaciones emitidas por la comisión que también integraron los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz.

De acuerdo con la resolución del tribunal colegiado, la adecuación por parte del Congreso local a la Ley Orgánica del Poder Judicial no era condición para la entrada en vigor de la norma constitucional que creó a la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, porque no se dispuso así transitoriamente, ni tampoco era necesaria la intervención del Legislativo para que el Tribunal Superior de Justicia materializara esa junta, lo que pudo y debió hacer desde el 5 de abril del 2018, fecha en que entró en vigor la reforma constitucional que creó dicha junta.  

“De esta forma, también contrario a lo que argumenta la recurrente, el plazo de noventa días para que el Congreso local adecue la ley orgánica en relación a la reforma constitucional que creó la Junta de Administración y Vigilancia no constituye la vacatio legis de dicha reforma.

“Por el término vacatio legis, se conoce al periodo en el cual una norma legalmente publicada adquiere vigencia. Así, si una ley es publicada el día “x” y transitoriamente dispone que entrará en vigor a los diez días siguientes, esos diez días son el periodo de vacante legal o vacatio legis, en que no puede tener aplicación, al no ser aún obligatoria por su falta de vigencia.

“No obstante, en el caso del decreto 2611 que creó la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, de acuerdo con su transitorio segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que su vacatio legis sólo fue de un día, mas no puede entenderse como vacatio legis el tiempo que se reservó el Poder Legislativo para adecuar la ley orgánica, porque no fue establecido así transitoriamente.

 “Esto es, no se condicionó la entrada en vigor de la reforma constitucional a la adecuación de la ley orgánica por parte del legislativo, sino que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Así con independencia de la premura que alega la recurrente para la integración de la junta de administración y vigilancia al día siguiente de la publicación del decreto 2611, lo cierto es que a partir de esa fecha pudo integrase ésta con base en la norma constitucional, hecho que no constituye un absurdo legal como lo califica la recurrente; absurdo, fue que no se haya hecho así, y la recurrente siga actuando ilegalmente en el ejercicio de atribuciones que ya no le competen, como la sanción de servidores públicos judiciales”, estableció contundente la resolución federal.

El tribunal colegiado enfatizó que la sentencia confirmada no  juzgó sobre la legitimidad de sus integrantes, ni sobre la existencia  de la Comisión Transitoria, sólo sobre su competencia constitucional, dado que, por virtud de la legislación vigente, ya es otro órgano el que ejerce las facultades que otrora depositó en ésta el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

El 27 de febrero de 2018 el Pleno del TSJ integró la Comisión Transitoria, pero un mes después, el 5 de abril, entró en vigor la reforma constitucional que creó y ordenó la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Pese a la insistencia de algunos magistrados del TSJ como Carlos Iván Arenas Ángeles, sobre la ilegalidad de dicha comisión y la necesidad urgente de cumplir con el mandato constitucional de instaurar la Junta, Carmen Cuevas y sus magistrados aliados decidieron ignorarlos para mantener el control total del TSJ durante 15 meses.

La instauración de la Junta de Administración ocurrió hasta el pasado 3 de junio, en medio de una polémica entre magistrados del Pleno del TSJ sobre su hubo quórum o no para integrar dicho órgano.

Incluso, en los tribunales federales están en cursos diversas demandas de amparo de funcionarios judiciales que impugnaron actos y sanciones impuestas por la Comisión Transitoria.

 

Domingo, 01 Septiembre 2019 05:01

Extienden condonación de multas en verificación

En el beneficio fueron incluidos los propietarios de vehículos con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6; la cortesía está vigente hasta el 30 de septiembre 

Juez de control ratifica por segunda ocasión la medida de prisión preventiva para el exfuncionario acusado de expedir de manera ilegal permisos de circulación para rutas y taxis.

El ex director de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Noé Sandoval Morales, acumuló ya una docena de carpetas de investigación en su contra por la expedición ilegal de permisos de circulación para rutas y taxis en diversas zonas del estado.

Luego de que un juez de control ratificó por segunda ocasión la medida de prisión preventiva para el ex funcionario, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que presentó los elementos suficientes para que el juez mantuviese la medida cautelar y evitar el riesgo de sustracción de la justicia, debido a que están en integración varias carpetas de investigación que implican al ex servidor público en la presunta comisión reiterada del ilícito.

“Durante la audiencia celebrada a efecto de resolver sobre la suspensión condicional del proceso, la Fiscalía dio cuenta que existen otras 11 carpetas adicionales, a las que ya se desahogan, por denuncias de personas afectadas por el presunto otorgamiento ilegal de permisos para prestar el servicio de transporte”, detalló la fiscalía anticorrupción. 

Estas carpetas de investigación fueron promovidas por agrupaciones de transportistas y algunas de manera individual por algunos afectados por la expedición de permisos ilegales.

Por lo pronto, Sandoval Morales enfrentará privado de su libertad el primer proceso penal instaurado en su contra por el presunto delito de ejercicio abusivo del servicio público y, en breve, se espera la judicialización de otras carpetas de investigación.

 

 

Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, Alicia Vázquez Luna y Juan Manuel Vida Medina buscan la posición.

Por razones de “fuerza mayor” fue fueron postergadas las entrevistas que la Secretaría de Gobierno aplicaría a los tres aspirantes a dirigir la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos.

Con base en la  convocatoria de consulta pública para la designación de la persona que dirigirá la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos y la integración del Consejo Estatal Ciudadano, fueron agendadas para este 28 de agosto las entrevistas a Wendy Guadalupe Ruíz Ramírez, Alicia Vázquez Luna y Juan Manuel Vida Medina, las cuales serían transmitidas en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Secretaría de Gobierno, institución responsable del proceso de designación.

A través de un boletín de prensa, la dependencia informó que las entrevistas tuvieron que reagendarse para el próximo 2 de septiembre, debido a que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, acudió a una reunión extraordinaria con autoridades federales.

Las entrevistas a los tres aspirantes quedaron reagendadas en el mismo horario y orden: Wendy Guadalupe Ruíz Ramírez a las 11:00 horas, Alicia Vázquez Luna a las 12:00 horas y Juan Manuel Vida Medina a las 13:00 horas.

De acuerdo con el formato establecido, en la entrevista solo estarán el secretario de Gobierno y el aspirante, y se transmitirá en tiempo real por redes sociales con la finalidad de que los ciudadanos, colectivos y organizaciones civiles puedan observar su desarrollo.

Una vez agotada esta etapa, según la convocatoria, Ojeda Cárdenas deberá presentar la terna al gobernador dentro de los cinco días hábiles posteriores  a la realización de las entrevistas, para la designación de quien presidirá la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, cuyo nombramiento deberá ser acompañado de una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil elegido.

Paralelamente a la designación de quién será el titular de la comisión, se desarrolla también el proceso para integrar el Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas del Estado Libre y Soberano de Morelos.

 

  

El Congreso del estado debe reponer el proceso para dar pensión al exfuncionario.

Jueves, 29 Agosto 2019 05:07

Se mantiene fractura entre magistrados

Ayer no pudieron sesionar por el boicot de nueve integrantes del Pleno; se niegan a aprobar polémica acta.

Por diferencias entre magistrados y la falta de quórum, fueron canceladas las dos sesiones de Pleno convocadas por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, en la que se pretendía aprobar el acta de la sesión de la polémica integración de la Junta de Administración, Vigilancia y disciplina, aprobar el proyecto de redistritación en materia penal y la creación de un juzgado especializado en materia mercantil, entre otros temas.

A las 14:00 y 14:30 horas fueron convocadas las sesiones ordinaria y extraordinaria, para desahogar diversos temas, pero un grupo de nueve magistrados no asistió debido a que presentaron un escrito para modificar el orden del día y solicitar que se les dotara de toda la información y los antecedentes de los asuntos a tratar en ambas sesiones.

Los magistrados Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Ángel Garduño González, Bertha Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde, Norberto Calderón Ocampo, Andrés Hipólito Prieto y Rocío Bahena Ortiz argumentaron en el escrito presentado para la modificación del orden del día, que era improcedente la inclusión del punto relativo a la aprobación del acta de la sesión del 3 de junio, en la que se integró la Junta de Administración, en medio de la polémica de si hubo o no quórum para llevar a cabo la instauración del órgano sustituto del extinto Consejo de la Judicatura.

Y es que para el bloque de magistrados disidentes, la sesión fue válida mientras hubo la asistencia de dos terceras partes de los integrantes del Pleno, pero durante la elección de los integrantes de la Junta ya no existía el quórum que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial, razón por la cual rechazaron validar dicha acta.

Los magistrados también se quejaron de que no les fue suministrada información previa para poder emitir su voto en los asuntos enlistados, como los nombramientos interinos o provisionales de personal adscrito a cada una de las salas del TSJ, con el fin de constatar que dicho nombramientos son jurídicamente procedentes e impedir que hubiese designaciones, remociones, bajas o modificaciones a las condiciones laborales injustificadas.

También solicitaron la entrega de información de varios asuntos en los que el Tribunal de Justicia Administrativa rechazó competencia y envío para su resolución al TSJ, y en otros temas de índole jurisdiccional y que impactan en la administración de justicia.

El magistrado Manuel Díaz Carbajal lamentó la inasistencia de sus homólogos a las sesiones convocadas, pues consideró que es justo en el Pleno donde se proponen y someten a votación las observaciones y las modificaciones a la orden del día.

“A consideración de los magistrados que comparecemos hay una inasistencia injustificada a la sesión, porque insisto, cualquier observación al orden del día tiene que ser formulada en la sesión de Pleno y ahí se acuerda por parte del Pleno si se modifica, si se suprime, si se incluye algún punto del orden del día y, pues estamos frente a una inasistencia injustificada.

Dijo que la ausencia de sus homólogos y la cancelación de ambas sesiones impactan en la administración de justicia, pues no se pudo avanzar en temas relevantes, como la redistritación en materia penal y la creación de un juzgado especializado en materia mercantil.

 

Un juzgado federal ordena que se le pague; recibirá 37 mil pesos al mes de por vida.

Más de 20 millones de pesos que originalmente estaban destinados para las cuotas de los trabajadores del Congreso al Instituto de Crédito, al parecer terminaron en cuentas de empresas fantasma.

La ex diputada perredista Beatriz Vicera Alatriste fue formalmente imputada por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 23 millones de pesos, que originalmente estaban destinados para las cuotas de los trabajadores del Congreso al Instituto de Crédito pero que al parecer acabaron en cuentas de empresas fantasmas.

A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que se realizó la audiencia de imputación y la juez de control a cargo de causa penal JC/323/2019 resolvió lanzar como medida cautelar una alerta migratoria para impedir que la imputada salga del país y le ordenó que cada 15 días acuda a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), luego de que en una ocasión fue declarada sustraída de la justicia por no acudir a la audiencia.

Además, le prohibió acercarse a los diputados denunciantes y a los testigos, así como acudir a las instalaciones del Congreso de Morelos y el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado.

A Beatriz Vicera Alatriste se le acusó de la presunta desviación de 23 millones 760 mil pesos, producto de las aportaciones de los trabajadores del Legislativo al Instituto de Crédito, de los cuales 14.5 millones de pesos habrían sido depositados como “pagos” a cuentas de dos empresas fantasma durante su periodo como presidenta del Congreso local.

La FECC precisó que presentó ante la juez más de 70 pruebas que implican a la ex servidora pública en el presunto delito.

En tanto, la defensa de la ex diputada solicitó a la juez, 144 horas para la audiencia de vinculación, las cuales le fueron concedidas.

El pasado 9 de julio también fue vinculada a proceso de la ex diputada perredista, Hortencia Figueroa Peralta, por la misma causa penal y quien presuntamente distrajo más de nueve millones de pesos en beneficio propio, así como de terceras personas, entre ellos, compañeros ex congresistas, durante los últimos días de la LIII Legislatura.

 

 

Pleno declaró constitucional el proceso legislativo de reforma a los artículos 19 Bis y 23 de la Constitución de Morelos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma realizada por la LIII Legislatura, por la cual se eliminó de la Constitución local la figura de revocación de mandato.

En sesión, el Pleno de la SCJN declaró constitucional el proceso legislativo de reforma a los artículos 19 Bis y 23 de la Constitución de Morelos, debido a que se cumplieron con todas las reglas de discusión y aprobación de la reforma en el Congreso local y se obtuvo la aprobación de los ayuntamientos.

Los ministros no analizaron la supresión de la figura de revocación de mandato ni la facultad del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPEC) para administrar los mecanismos de democracia directa, porque la Constitución de Morelos fue reformada durante la tramitación de la acción de inconstitucionalidad y ahora existe la Ley Estatal de Participación Ciudadana, por lo que hubo un nuevo acto legislativo que sustituyó al impugnado.

El Pleno sólo se pronunció respecto a la validez de la facultad del Congreso local para solicitar que se dé trámite a los mecanismos de participación ciudadana, ya que la Constitución federal no obliga a las entidades federativas a regular esos mecanismos, con excepción de la iniciativa ciudadana, por lo que los órganos legislativos tienen libertad para decidir quién los puede iniciar, organizar y administrar.

Sostuvo que los mecanismos de democracia directa permiten a los ciudadanos opinar o votar sobre un tema en concreto de manera directa, pero admiten que el gobierno le consulte algún tema a la ciudadanía por lo que es válido que el Congreso tenga la facultad de iniciar los mecanismos de participación ciudadana.

En mayo de 2016, la LIII Legislatura aprobó una reforma para realizar modificaciones al artículo 19 bis y 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su primer párrafo,  para suprimir la revocación de mandato y la conformación del Consejo de Participación Ciudadana.

En el documento de la acción de inconstitucionalidad entregado a la SCJN,  a petición de organizaciones civiles y de abogados, por el entonces ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, se recalcó la gravedad de la desaparición de ambas figuras, al violentarse el principio de progresividad y el derecho humano de los ciudadanos a participar en las decisiones del Estado.

El 21 de diciembre de 2017 entró vigor la nueva Ley de Participación Ciudadana, que contempló doce figuras de consulta, con excepción de la revocación de mandato.

Sin embargo, la actual legislatura hace unos meses realizó unos “foros de consulta” con miras a emitir otra vez una nueva ley en la materia, pero con la condición de que el proyecto estará supeditado a lo que apruebe el Congreso de la Unión.

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