Maciel Calvo

Maciel Calvo

La SCJN admitió al menos tres controversias en las que se reclama la falta de presupuesto para el pago de las pensiones de los trabajadores en retiro    

Se autorizó la apertura de cinco centros de verificación vehicular en Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Emiliano Zapata    

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) otorgó cinco nuevas autorizaciones para establecer y operar centros de verificación en Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Emiliano Zapata.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el titular de la SDS, Constantino Maldonado Krinis, dio a conocer la resolución definitiva del Proceso de Convocatoria número 01/2019 para la apertura y operación de cinco centros de verificación vehicular en la entidad.

Los nuevos empresarios a las que se les otorgaron las autorizaciones son: Dayna Cárdenas Juan, en Jiutepec; Enrique Zúñiga Pérez, en Cuernavaca Norte; Gerardo Javier González Cisneros, en Emiliano Zapata; José Alberto Madrid Baños, en Cuernavaca Norte; y Norma Rosaura Camacho Gutiérrez, en Cuautla.

Con la publicación de la resolución, los ganadores de la convocatoria deberán presentarse a la SDS a obtener su oficio de procedencia, la autorización para el inicio de operaciones y las circulares que emita la secretaría para precisar los términos de prestación del servicio dentro del marco legal aplicable.

Llama FGR a prevenir delitos cibernéticos.

La Fiscalía General de la República (FGR) recomienda tomar medidas preventivas tras detectar, derivado de un monitoreo en el ciberespacio mexicano, un código malicioso que se propaga en el servicio de correo electrónico por medio de un mensaje, el cual suplanta la identidad de una institución financiera.

El contenido del texto difundido solicita la identificación de un depósito por un monto económico, el cual incluye un enlace a una página de internet externa; al momento de ingresar al mismo, descarga un archivo terminación .zip, que contiene un ejecutable malicioso que toma el control de la computadora, al poder copiar, escribir y abrir la aplicación de cámara y micrófono del dispositivo móvil o computadora.

Por todo lo anterior, la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas recomienda verificar todos los correos electrónicos recibidos y, si se desconoce la procedencia del mismo, bajo ninguna circunstancia ejecutar archivos desconocidos y contar con una solución antivirus instalada en la computadora.

También instó a los padres de familia y menores a cuidar la información que divulgan a través de las redes sociales, como fotografías y datos personales que los puedan exponer a la comisión de un delito. 

 

 

Domingo, 24 Marzo 2019 05:11

Tres bares más clausurados en Cuernavaca

Fuerzas de seguridad y autoridades municipales supervisaron establecimientos nocturnos en la capital del estado, Jiutepec y Jojutla.

La directiva del Poder Judicial analizará el presupuesto aprobado y publicado para analizar si se ajusta a las expectativas.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, afirmó que el Poder Judicial fijará una postura hasta analizar con detalle el presupuesto que le fue asignado por el Congreso para el actual ejercicio fiscal.

Luego de que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5687, fue publicado el Decreto 76, por el que el Congreso aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, y asignó al Poder Judicial sólo 523 millones de pesos, señaló que primero se hará un análisis legal y en breve se determinará qué seguirá.

Recordó que hay una controversia en curso promovida por el Poder Judicial antes de que se aprobara el presupuesto, en la que se planteó que le correspondía a la administración de justicia –con base en la autonomía financiera- el 4.7% del presupuesto estatal programable.

“Nosotros ya tenemos una controversia establecida y, bueno, nada más terminaremos de analizar el presupuesto para que en breve les estaremos informando lo que vamos a hacer jurídicamente”, dijo.

Señaló que hay varios proyectos pendientes de modernización y mejoramiento para el Tribunal Superior de Justicia, pero su realización dependerá de los recursos con los que se cuente. 

 

 

El fiscal anticorrupción y exfuncionario de Graco Ramírez asegura que esta empresa y la comunicadora deberán hacer sus alegatos ante el juez.

La nota que informa de la decisión del juez Edie Sandoval Lomé de no vincular a proceso a Alejandro Vera, la causa.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, informó que promovió una demanda contra La Unión de Morelos y la reportera Maciel Calvo para solicitar su derecho de réplica (que le fue concedida desde el pasado martes), respecto a la nota publicada el 8 de marzo de 2019 sobre la revocación de la vinculación a proceso dictada por un juez de control a favor del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo.

En la nota que causó molestia al fiscal, el abogado Cristian Fragoso Velázquez informó que, al revocar el juez local el auto vinculación a proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, el ex rector y actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, así como de su esposa y catedrática universitaria María Elena Ávila Guerrero, quedaron zanjados dos de los tres procesos penales  que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción le inició durante el gobierno anterior.

En la nota, el representante legal del ex rector afirmó que la justicia federal consideró que toda la información financiera de la pareja fue obtenida de manera ilícita por la Fiscalía Anticorrupción, ya que no fue requerida mediante procedimiento judicial y se violentaron tanto los procedimientos como los derechos de los acusados.

Sin embargo, desde el 11 de febrero la reportera Maciel Calvo acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a solicitar una entrevista con su titular, Juan Salazar Núñez, específicamente para abordar el tema de Alejandro Vera, en virtud de que ese mismo día, otro de los representantes legales del ex rector, Sergio Parra González, había informado a este medio de comunicación sobre el amparo concedido por la justicia federal.

La mujer, quien dijo ser la secretaria de Juan Salazar Núñez, anotó la petición de entrevista de la periodista y dijo que, en cuanto tuviera respuesta, se comunicaría vía telefónica. La llamada nunca llegó.

En cambio, tras la nota publicada el 8 de marzo sobre el mismo tema, el fiscal Salazar Núñez envío un sendo oficio a La Unión de Morelos, en el que prácticamente hizo una amenaza velada de actuar legalmente contra la reportera y esta casa editorial, exigiendo el derecho de réplica.

En ese documento Salazar Núñez anexó una carta aclaratoria que fue publicada el pasado martes 19.

Ayer, en un acto convocado y encabezado por Juan Salazar Núñez en sus oficinas, la reportera solicitó personalmente al fiscal la entrevista, y éste contestó que no había constancia de que se hubiese solicitado la entrevista con él, por ello demandó derecho de réplica y le informó que inició acciones legales en contra de ella y La Unión de Morelos, así como advirtió que actuará de la misma forma en contra de quienes hagan aseveraciones falsas sobre el trabajo de la fiscalía.

“Está en curso la demanda que interpuse en contra de tu medio de comunicación por el derecho de réplica. Vamos a hacerlo así en todos los casos en los que se hagan aseveraciones que sean falsas”, dijo.

-Pero en la nota nunca se le acusa a usted, es una declaración de un abogado-, recalca la reportera en respuesta al fiscal.

-Bueno, este, será una cuestión de que usted lo diga, su medio lo diga, ante el juez de distrito que está conociendo del asunto y, en su caso entonces, al abogado será a quien nosotros le demandemos lo pertinente porque esta fiscalía no siembra pruebas, que es lo que nosotros estamos pidiendo se aclare-, respondió Salazar Núñez.

En la nota que causó escozor, en ningún momento se mencionó el nombre de Juan Salazar Núñez, ni tampoco se hizo ninguna referencia ofensiva, ni que la fiscalía “sembró pruebas”, sólo, con base en la información expresada por el abogado Cristian Fragoso, se hizo una narrativa de procedimientos jurídicos en torno al caso del ex rector Alejandro Vera. 

 

 

 

El Pleno de la Sala Superior del TEPJF ratificó que no alcanzó el porcentaje mínimo previsto en la ley para mantenerse como instituto político.

El Partido Encuentro Social (PES) perdió oficialmente su registro, luego de que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que no alcanzó el porcentaje mínimo, previsto en la ley, para mantenerse como instituto político.

Por unanimidad, el Pleno confirmó el retiro del registro al PES, partido de centroderecha que fue encabezado por Hugo Erik Flores Cervantes, actual representante del gobierno federal en Morelos, al no haber tenido al menos tres por ciento de los votos emitidos en la última elección federal.

En sesión pública fue  aprobado el proyecto del recurso SUP-RAP-383/2018, en el que se consideró que el partido no cumplió con lo que marca el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución federal, que señala que el partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

El PES presentó más de 200 medios de impugnación, la mayoría de forma extemporánea, argumentando que sí debía conservar el registro con una interpretación más amplia del artículo 41 constitucional, y que se debía considerar su representatividad política con base en el porcentaje de los representantes populares de su partido en la Cámara de Diputados y el Senado. 

La Sala Superior consideró que esa interpretación no es aplicable, al ordenar la Constitución umbrales mínimos de manera explícita.

El magistrado presidente del TEPJ, Felipe Fuentes Barrera, subrayó que el tribunal actuó con autonomía, sin presiones políticas y al margen de las especulaciones en los medios de comunicación.

“Analistas y comunicadores ya hablaban sobre una supuesta sumisión de este Tribunal a diversos sectores del poder público, la cual queda en una mera suposición ante la decisión que hoy habremos de tomar”, señaló el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera.

“En este asunto la verdad numérica es también la verdad legal. Si un partido, como el PES, no obtiene al menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones federales, pierde el registro”, secundó el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

Los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora presentaron un voto concurrente y un voto razonado, respectivamente, pero apoyaron el proyecto que oficializó la extinción del PES, quien en Morelos se alió con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para lanzar la candidatura del ex futbolista y hoy gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

 

 

Así lo determinó la Suprema Corte; el bloqueo es un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información.

Los servidores públicos no deberán bloquear en sus cuentas de redes sociales a ciudadanos o periodistas que realicen críticas a sus labor, fue el criterio adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo en revisión 1005/2018.

En una sentencia inédita, la Segunda Sala ordenó al fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, desbloquear de su cuenta en la red social Twitter @AbogadoWinckler al periodista Miguel León Carmona, quien en octubre de 2017 fue bloqueado por el servidor público e inició un litigio por la vía del juicio de amparo, en el que alegó que la acción del funcionario le impidió conocer datos de interés general vinculados al ejercicio del cargo público.

En la resolución, se sostuvo que el bloqueo correspondió a un acto de autoridad que implicó una restricción indebida al derecho de acceso a la información del periodista.

La Segunda Sala observó que los contenidos compartidos en la cuenta de Twitter del fiscal tienen relevancia pública y es información de interés general. Además de que fue el propio funcionario quien, voluntariamente, utilizó su cuenta como medio de difusión para compartir, entre otros, información relacionada con su gestión como fiscal.

Al hacerlo, subrayó la Segunda Sala, colocó a su cuenta de Twitter en una posición de mayor escrutinio público.

La resolución no determinó que el derecho a la privacidad de los servidores públicos deba ser limitado en todos los casos, ya que existe un contenido mínimo de este derecho que debe ser respetado.

En el caso particular, el fiscal no expresó razones suficientes para considerar que su cuenta de Twitter pueda ser calificada como privada, ni mucho menos que la información ahí contenida sea de carácter reservado, cuya difusión vulnere su derecho a la privacidad, ni que haya encontrado algún comportamiento abusivo por parte del periodista.

Por lo tanto, dice la resolución, la orden de desbloquear al periodista no es una medida desproporcional que afecte injustificadamente el derecho a la privacidad del servidor público, toda vez que éste posee un umbral de protección menos extenso que el de las personas privadas.

Adicionalmente, el fiscal no acreditó la necesidad de resguardar la información difundida en su cuenta de Twitter de la injerencia de la sociedad.

Los efectos de la sentencia están dirigidos a ordenar al servidor público que permita el acceso del periodista a su cuenta de Twitter, y sentó el precedente para que los ciudadanos y periodistas puedan recurrir a los tribunales cuando servidores públicos los bloqueen en redes sociales sin aparente justificación.

En la sentencia, también se estableció que pueden existir casos donde el bloqueo sea válido, siempre y cuando represente una amenaza a la integridad física del funcionario; pero también acotó que los comentarios o críticas severas no deberán ser considerados como comportamientos abusivos.

 

 

El ayuntamiento ixtleco sigue prestando servicios a la comuna indígena, el argumento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la suspensión al Ayuntamiento de Puente de Ixtla que pedía congelar la ministración de recursos a Xoxocotla, con el argumento de que el ayuntamiento ixtleco sigue prestando servicios a la comuna indígena.

Luego de que el máximo tribunal del país admitió la controversia constitucional sólo por cuanto a la impugnación contra disposiciones de la Ley de Coordinación Hacendaria y el acuerdo por el que se dio a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables, así como los montos de los fondos de aportaciones estatales, que corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2019, el ministro instructor, Jorge Mario Pardo Rebolledo, determinó negar la medida cautelar.

“Atento a lo solicitado, a las características particulares del caso y a la naturaleza de lo impugnado, sin prejuzgar el fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte, se niega la medida cautelar por lo que hace la suspensión de la norma y el  acuerdo impugnados”.

“Lo anterior, debido a que, como se señaló, la suspensión de la norma podrá otorgarse  y se señaló, la suspensión no podrá otorgarse respecto de normas generales, como en el caso lo constituye la Ley de Coordinación Hacendaria de Morelos y el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables, así como los montos de los fondos de aportaciones estatales, que corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2019 pues atento a las características esenciales de la norma controvertida y del acto administrativo impugnado, a saber, abstracción y generalidad, se hace imposible paralizar sus efectos, pues ello implicaría que perdieran su validez, eficacia, fuerza obligatoria o existencia específica”, determinó el ministro instructor.

De acuerdo con el ayuntamiento demandante, el municipio indígena de Xoxocotla –que se escindió de Puente de Ixtla- no cumplió con los requisitos legales previstos en el decreto de creación, “ni siquiera tiene un territorio determinado, pues no se ha cumplido con lo establecido por el decreto de creación y tampoco brinda certeza y seguridad jurídica el censo que ahí se señala, pues data desde el año 2010, de tal suerte que: sin lugar a dudas existe un peligro inminente de afectación para la población del municipio indígena de Xoxocotla, incluso por que ambos municipios se verían materialmente impedidos para solventar el gasto operativo, entendido este como los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como en los servicios generales tales como luz, agua y teléfono, y en mayor medida el municipio de Puente de Ixtla, pues es quien actualmente brinda los servicios para ambas comunidades”. 

 

 

Salda gobierno estatal 30 por ciento de partida presupuestal pendiente con la institución desde el sexenio pasado.

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, aseguró que poco a poco se notan las mejoras en la institución, con la entrega gradual de 250 millones de pesos que quedaron pendientes de entregar el año pasado.

Luego de la firma del convenio entre la FGE y el Poder Ejecutivo estatal para garantizar que el personal de la fiscalía quede inscrito bajo la modalidad 10 ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el fiscal señaló que de los 250 millones de pesos que le adeudaba el gobierno anterior a la institución, la actual administración saldó casi el 30%.

“Ya se está avanzando y hemos empezado a sentir los cambios en la fiscalía. Ya estamos mejorando, ya hemos adquirido material para Semefos (sic) y ahí van las cosas mejorando”, dijo.

De acuerdo con las previsiones de la FGE, con estos recursos y el presupuesto incluido en la Ley de Egreso estatal para el 2019, podrán realizarse mejoras en la infraestructura de procuración de justicia, remuneraciones del personal y la apertura de plazas en áreas esenciales. 

 

 

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