Maciel Calvo

Maciel Calvo

Objetan la forma en que se integró la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

Al menos ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovieron amparos contra la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y para reclamar la invalidez del artículo 92-A de la Constitución local, que otorga al magistrado presidente en turno la facultad de elegir unilateralmente a los candidatos a representar a magistrados y jueces ante el órgano colegiado.

Los juzgados de distrito Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo admitieron las demandas de amparo de los magistrados Ángel Garduño, Bertha Rendón Montealegre, Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Rocía Bahena Ortiz, Juan Emilio Elizalde y Andrés Hipólito Prieto.  

Loa juzgadores esencialmente impugnaron la inconstitucionalidad del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, que faculta al titular del TSJ conformar unilateralmente las ternas de los aspirantes a representar a los jueces y magistrados en la Junta de Administración, órgano que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura, pues a su consideración la facultad debe recaer en el Pleno como órgano máximo del Poder Judicial.  

Con excepción de Rocío Bahena y Carlos Iván Arenas, los magistrados reclamaron por la vía del amparo no haber sido considerados en la terna de magistrados. Otros de los argumentos es que no hubo quórum legal para llevar a cabo las designaciones e integración de la junta, y que la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas, no rindió protesta como presidenta del nuevo órgano colegiado el pasado 3 de junio.

Cabe destacar que previo a estos amparos, la juez Mireya Díaz Cerón impugnó la designación de Alejandro Becerra Arroyo como representante de los juzgadores ante la junta, por no haber sido incluida en la terna, pese a que solicitó por escrito ser considerada,  y porque la designación recayó sobre una persona que presuntamente no cumplía el perfil, ya que no ejercía el cargo de juez porque estaba de licencia y desempeñando el cargo de coordinador de asesores y apoderado legal del TSJ.

A la juez se le concedió la suspensión para efecto de que Becerra Arroyo no ejerciera el cargo, sin embargo, funcionarios del Poder Judicial aseguran que no hay impedimento legal para que se desempeñe como represente de los jueces ante la junta.

Pese a que se pidió entrevista con la magistrada presidenta Carmen Cuevas López y Alejandro Becerra Arroyo, para abordar el efecto jurídico de la suspensión y obtener su versión, la solicitud ha sido denegada.

 

 

Con la presea, el Congreso del estado reconoce a los abogados más destacados 

El Congreso de Morelos lanzó edición 2019 de la convocatoria para la entrega del Premio Estatal de Abogados “Antonio Soto y Gama”, para reconocer a los profesionales del derecho más destacados.

Los premios serán entregados en siete categorías, que van desde reconocer los abogados que laboran al servicio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta los abogados postulantes y académicos.

En esta edición se entregarán un “premio con paridad de género”, es decir, en cada una de las siete categorías se premiará a un hombre y a una mujer, a quienes se les entregará una medalla conmemorativa y un estímulo económico por 10 mil pesos.

La convocatoria está disponible en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 20 junio y en la página electrónica del Congreso de Morelos. Los ganadores serán dados a conocer a más tardar el 12 de julio, día del Abogado.

El Pleno del Alto Tribunal declaró inconstitucional el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que dichas instituciones estarán obligadas a dar información financiera sin que exista una orden judicial, en la investigación de delitos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es necesaria la orden de un juez para que las autoridades investigadoras obtengan información financiera de una persona.

El Pleno del Alto Tribunal estableció que es indispensable la orden judicial para la obtención de información financiera de un particular y, por ello, declaró inconstitucional el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que dichas instituciones estarán obligadas a dar información financiera sin que exista una orden judicial, cuando sea solicitada por el Procurador General de la República (hoy Fiscalía General de la República) o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado.

Lo anterior, por considerar que lo dispuesto en esta ley no forma parte de las atribuciones que la Constitución Federal otorga a la autoridad investigadora para la irrupción en la vida privada, ni para la investigación de los delitos.

En sesión posterior, el Pleno de la SCJN determinará los efectos que tendrá la declaración de inconstitucionalidad del artículo y fracción mencionados, tras la resolución del amparo directo en revisión 1762/2018 contra la sentencia dictada el 17 de agosto de 2017 por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el toca de apelación 25/2017.

 

   

Denya Flores Rendón es señalada por los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió su competencia para conocer de un asunto que permitiría analizar y resolver si diversos preceptos de la Ley de Imprenta y del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas son contrarios a la libertad de expresión e imprenta con relación al derecho a la información, al acceso a la cultura y libre desarrollo de la personalidad.

Igualmente, podría analizar si la resolución emitida por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación (CCPRI) constituye un acto de censura previa, al hacer depender la licitud del título de la publicación y su contenido de la moral pública y de las buenas costumbres, así como la posible restricción de la información y su difusión en la clandestinidad.

El estudio del asunto también podría llevar a un pronunciamiento respecto a la libertad de expresión como un derecho fundamental, el umbral de protección al interés público que establece la legislación como limitante explícita a la libertad de expresión, la proporcionalidad de dichas medidas y su racionalidad.

La controversia derivó de la declaración de ilicitud por parte del Pleno de dicha Comisión del título y contenido de la Revista Cáñamo (publicación que promueve la cultura del cannabis), al considerarlo contrario a la moral pública y a las buenas costumbres, bajo el argumento de que la publicación expone el uso de la marihuana con fines recreativos, sin manifestar las consecuencias adversas a la salud, a la integración, al desarrollo y la estabilidad social de la persona; ni tampoco alerta a sus lectores que el uso de la cannabis se encuentra permitido legalmente, sólo si se cuenta con la autorización de la Secretaría de Salud.

El tema será abordado por la SCJN, quien ha fijado criterios recientes sobre el libre desarrollo de la personalidad y la jurisprudencia obligatoria desde el pasado 25 de febrero, en la que se declaró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo de marihuana, prevista en la Ley General del Salud.

 

El Poder Judicial capacitará a policías en la redacción del Informe Policial Homologado.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, informó que pidió al presidente municipal de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma, coadyuvar con la denuncia de ilícitos, luego de que el edil se quejó del incremento del delito de extorsión.

“Acabo de tener una reunión con el presidente municipal de Emiliano Zapata para que nos comparta la información que él tenga, él dice que está teniendo extorsiones ahí, pero le digo: ‘oye, ya denunciaste, o pásame números o dime quien y yo los entrevisto’. Entonces, quedó en que me iba a pasar información para entrevistarme con esas personas que dicen estar siendo extorsionadas y compartir la información con la unidad de secuestro y extorsión”, dijo.

Luego de firmar un convenio entre la CES y el Tribunal Superior de Justicia, señaló que la finalidad es que el Poder Judicial colabore en la capacitación de los policías estatales, sobre todo en la revisión del Informe Policial Homologado (IPH), que a veces es mal elaborado por los elementos y es una de las causas por las que se liberan sospechosos de la comisión de un delito.  

Indicó que poco a poco se avanza en la capacitación de la Policía estatal, con la finalidad de subsanar las deficiencias y mejorar la actuación de los elementos.

 

 

 

Sala Regional del TEPJF le niega reincorporación.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negó la reincorporación de Noé Barreto Molina como regidor de Zacualpan de Amilpas y validó el convenio de alternancia firmado entre las comunidades indígenas del municipio.

La Sala revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), en la que ordenó al ayuntamiento de Zacualpan reincorporar a sus funciones a Barrero Molina, quien el 21 de enero había solicitado licencia definitiva para ocupar el cargo de cronista municipal y ceder su escaño a María Isabel Vidal Ortiz, en cumplimiento del convenio de alternancia firmado entre las comunidades de Tlacotepec y Zacualpan

El 6 de marzo el regidor electo solicitó su reincorporación al cargo por considerar que su cargo es irrenunciable, pero el Cabildo lo rechazó. En una primera sentencia, el TEEM ordenó al ayuntamiento reincorporar al cargo a Molina Barreto, pagar sus emolumentos desde la fecha en la que solicitó la integración a sus funciones y asignar personal a su cargo.

La sentencia del TEEM fue recurrida ante la Sala Ciudad de México del TEPJF, quien resolvió revocar la resolución del tribunal local, pues el análisis del caso fue bajo el derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación.

El mismo Barreto Molina, quien se autodenominó indígena, alegó también haber sido víctima de coacción por parte del presidente municipal, lo cual no fue demostrado y, por el contrario, el Cabildo presentó el acta de sesión en la que se aprobó la separación definitiva del cargo y se le asignó el de cronista, con emolumentos equivalentes al de un regidor, con la finalidad de dar cumplimiento al convenio de alternancia, que permite a las comunidades estar representadas en el Cabildo.  

“Lo anterior, permite sostener que la separación definitiva solicitada por el regidor electo se apoyó en causas graves y justificadas, como lo son respetar los usos y costumbres del municipio y mantener la paz social de éste”.

“En tal sentido, cobra relevancia el convenio de alternancia, pues en éste se da cuenta que el municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos, ha tenido de manera histórica una problemática social, que los llevó a celebrar dicho pacto, a fin de resolver el conflicto intracomunitario, mediante el establecimiento de una regla de alternancia”, destacó la resolución.

En consecuencia, la Sala Regional determinó confirmar la negativa del presidente municipal y el Cabildo de reincorporar a Barreto Molina al cargo de regidor del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, y de otorgarle las prestaciones reclamadas.

También vinculó al Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), para que al momento de llevar a cabo el registro de las candidaturas que pretendan contender para la integración del Ayuntamiento del municipio de Zacualpan de Amilpas, sea respetado el convenio de alternancia, al haberse efectuado en el contexto del ejercicio de la libre autodeterminación de las comunidades de Tlacotepec y Zacualpan, que conforman ese municipio; siempre y cuando ello no implique desconocer algún derecho electoral ya reconocido.

 

 

Los hechos sucedieron en la comunidad de Tetelcingo, en Cuautla; la Policía Federal resguardó a la legisladora.

Instan a diputados a considerar en la designación de ombudsman la reciente reforma a la Constitución federal en materia de paridad de género.

Las aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) llamaron al Congreso local a considerar la aplicación de la reciente reforma a la Constitución federal en materia de paridad de género, para que el nombramiento de ombusdman estatal recaiga en una mujer.

María Ampudia González, Rosario Cazares Campos, Yolanda Gutiérrez Neri, Kenia Lugo Delgado y Clara Soto Castor realizaron un pronunciamiento conjunto basado en la sororidad y apoyo mutuo, en el sentido de que cualquiera de ellas cubre el perfil para presidir la CDHEM.

Recordaron que en Morelos, sólo el 30% de los organismos autónomos son dirigidos por mujeres, pero de acuerdo con la reciente reforma al artículo 41 de la Constitución federal en materia de paridad de género, es necesario que este principio se aplique de inmediato en la designación de ombudsman.

“En el caso de Morelos, la paridad horizontal adeuda espacios a las mujeres, ya que menos del 30% de los organismos autónomos son presididos por mujeres, y por paridad histórica, de las seis personas que han ocupado ese cargo, sólo una ha sido mujer”, dijeron.

Clara Soto Castor, una de las aspirantes a la CDHEM, afirmó que la reciente reforma federal no se trata de caprichos o de gustos, se trata de dar cumplimiento a la Constitución.  

“Esta reforma se hace con el objetivo de empoderar a las mujeres y crear nuevas condiciones de desarrollo. Está demostrado a nivel mundial de que en la medida en que no se sumen las capacidades, atributos y aptitudes de las mujeres al trabajo político y ejecutivo, es que no habrá un verdadero desarrollo, que además sea justo y con visos humanitarios”, dijo.

Kenia Lugo Delgado, otra de las aspirantes, apeló a la solidaridad y sostuvo que cada una de las mujeres aspirantes a presidenta de la CDHEM tiene el perfil intelectual, académico, político y el conocimiento en la defensa de los derechos humanos, por lo que insistió en que en esta ocasión la designación debe recaer sobre una mujer. 

 

 

Martes, 18 Junio 2019 05:24

Exigen a FGE reanudar apertura de fosas

La Fiscalía del Estado ya no tiene pretextos para postergar diligencias e investigaciones: Hernández Hernández.

El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardaín, y la activista Amalia Hernández Hernández exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) reactivar de inmediato las diligencias en la fosa de Jojutla y dar a conocer cuántas fosas comunes más fueron utilizadas para la inhumación de cuerpos.

Frente a las instalaciones de la FGE, ambos señalaron que el pretexto de la fiscalía para truncar las diligencias e investigaciones fue la carencia de presupuesto, pero finalmente este año le fueron asignados los recursos suficientes para atender lo que es un tema prioritario para el gobierno federal y los colectivos de víctimas que buscan a decenas de desaparecidos.

Señaló que si no hay respuesta inmediata a esta exigencia, se hará una convocatoria nacional para que todas las organizaciones ejerzan presión.

“Hay un compromiso y no lo pueden traicionar, sobre todo por los niveles de violencia y de desapariciones que estamos teniendo todavía, y las deudas que hay todavía con el pasado. Hay que entender que los muertos y los desaparecidos no son una deuda de gobierno, son una deuda de Estado”, dijo, y señaló que no se puede dar carpetazo al caso.

Además, recalcó, no sólo está pendiente concluir con las diligencias de la fosa de Jojutla, sino cumplir con uno de los puntos torales de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 48/2016: identificar y entregar el mapa de todas las fosas comunes de la fiscalía -u otrora procuraduría de Morelos- donde se inhumaron cuerpos, lo que hasta ahora es la gran incógnita.

Amalia Hernández Hernández, activista y tía del joven asesinado Oliver Wenceslao Navarrete, cuyo cuerpo fue inhumado de manera irregular en la fosa de Tetelcingo en el municipio de Cuautla, señaló que ya no hay pretexto para postergar el tema.

“Lo que argumentaba el fiscal general era la cuestión económica, entonces, el recurso ya lo tiene, ya no hay ningún pretexto para no continuar con el tema de las inhumaciones”, dijo, y señaló que seguirá en la lucha para evitar que la autoridad pretenda dar carpetazo.

Ambos activistas coincidieron en que existen las condiciones y la cooperación interinstitucional para reactivar las diligencias en la fosa de Jojutla, siguiendo el modelo aplicado en la fosa de Tetelcingo, pero sólo falta voluntad de la fiscalía de Morelos.

 

Fiscalía opera a favor de imputados

Por otra parte, Amalia Hernández expresó su preocupación por las irregularidades en el proceso penal iniciado contra Ana Lilia Guerrero y Gerson Cervantes Gurrea, otrora responsables general y regional de servicios periciales, por la ilegal inhumación de los restos de Oliver y 118 cuerpos más en la fosa de Tetelcingo.

Señaló que los agentes del Ministerio Público, José Roberto Cuevas Conde y Eduard Balderas Guerrero, no sólo han violentado la secrecía de las investigaciones, sino que están más preocupados por la situación de los ex funcionarios públicos imputados, que por la defensa de las víctimas.

“El 29 de mayo acudí a la fiscalía a donde está adscrita la carpeta de investigación a recoger un oficio, y antes de entrar a la oficina escuché una conversación del Ministerio Público (José Roberto Cuevas Conde), en la que estaba más preocupado por la condición de uno de los imputados, que por la condición de las propias víctimas. Esto se lo hice del conocimiento inmediato de la fiscal de desaparición forzada, Zaira Janet Lulo, pero en todo momento trató de minimizar el tema”, explicó.

Expresó que hoy es la audiencia intermedia del proceso penal iniciado contra los exfuncionarios, pero hay temor fundado de que desde los altos niveles se obstruya la justicia y se pretenda favorecer a los imputados.

Pidió la creación de una fiscalía especializada para el tema de las fosas, pero que esté a cargo una persona confiable y capaz de defender a las víctimas y realizar las investigaciones posibles sin interferencia de la fiscalía o de interesados en obstruir el proceso. 

 

    

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