Maciel Calvo

Maciel Calvo

La exsecretaria de Educación estatal, Beatriz Ramírez Velázquez, obtuvo de un juez federal una suspensión provisional para continuar recibiendo su pensión por jubilación, luego de que la actual legislatura abrogó el decreto pensionario por presuntas irregularidades en su emisión.

En el juicio de amparo 505/2019, promovido el pasado 16 de abril, la demanda fue admitida por el Juzgado Tercero de Distrito, quien determinó conceder la medida cautelar hasta en tanto se resuelve si otorga o no la suspensión de manera definitiva.

En su demanda, la exsecretaria de despacho consideró “injustificadas, indebidas, infundadas, inmotivadas, ilegales, inconstitucionales e inconvencionales”, la dictaminación, discusión,  aprobación y promulgación del decreto expedido por la LIV Legislatura y publicado por el Poder Ejecutivo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el cual fue revocado su decreto de retiro.

También reclamó que se le ha dado un trato discriminatorio y de linchamiento público “al ser tildada como ‘beneficiaria’ de una denominada ‘pensión dorada’, por parte de las responsables; así como haber sido tratada, inconstitucional e indebidamente, como una presunta responsable de un hecho ilícito, violentando sus derechos fundamentales y sus garantías constitucionales respectivas, como son la de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, tutela judicial efectiva y no discriminación”.

Con base en estos alegatos, el juzgado de distrito resolvió conceder “la suspensión provisional del acto reclamado para efecto de que las autoridades responsables procedan a cumplir con lo establecido en el decreto tres mil cuatrocientos dieciséis, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número cinco mil seiscientos treinta y siete; hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, ello tomando en consideración que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por los artículos 128, 131 y 147, segundo y tercer párrafos, todos de la Ley de Amparo”.

En julio de 2018, la anterior legislatura aprobó el decreto de pensión  por jubilación de Beatriz Ramírez Velázquez, a razón del equivalente al 90%, sobre el equivalente a 600 salarios mínimos generales vigentes.

Pero la actual legislatura revisó y encontró elementos legales para abrogar los primeros 24 expedientes de decretos pensionarios, de poco más de 70 con irregularidades e inconsistencias en su emisión.

En el caso de la exsecretaria, según el decreto de abrogación publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 12 de abril, en el sistema de cómputo y libros de registros, así como de control de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Poder Legislativo del Estado de Morelos, no se encontró ningún registro de ingreso de la solicitud de pensión de fecha 27 de junio de 2018 a nombre de Ramírez Velázquez.

Tampoco cumplió con lo previsto en la fracción I del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, que señala que corresponde a la Comisión Legislativa conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del estado, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la consideración del Pleno.

De igual forma, dice el decreto de abrogación, se observó que no se llevó a cabo debidamente la investigación en todas esas dependencias para las cuales la solicitante de la pensión afirmó que prestó sus servicios, ni en el expediente interno se integró documentación probatoria, como recibos de nómina, oficios de nombramientos, listas de asistencia, entre otros, para comprobar los servicios prestados y su antigüedad.

Con base en ello es que el Pleno del Congreso determinó que existieron “serias irregularidades en el desarrollo del proceso legislativo llevado a cabo por la LIII Legislatura, así como en el expediente abierto con motivo de la solicitud de pensión de la C. Beatriz Ramírez Velázquez, y al existir elementos suficientes y convincentes para considerar que el Decreto pensionatorio Número Tres Mil Cuatrocientos Dieciséis, aprobado a favor de la C. Beatriz Ramírez Velázquez, carece de los más esenciales requisitos de validez para su otorgamiento ya que estuvo viciado de nulidad desde su origen”.

 

Martes, 23 Abril 2019 05:19

Fiscalía no investiga los homicidios

El fiscal general admite que solo se hace de manera selectiva, en casos relevantes.

Uriel Carmona no reclamará por anulación de pensiones vitalicias para los fiscales.

Los diputados corrigieron “algunos desaciertos” de los anteriores legisladores, dice.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que no impugnará la abrogación de las pensiones vitalicias para los fiscales -aprobada hace unos días por el Congreso de Morelos- al considerar que los diputados corrigieron “algunos desaciertos” de sus antecesores.

Por otro lado, el funcionario admitió que en Morelos no se investigan los homicidios, sino sólo de manera selectiva.

En julio de 2018, la LIII Legislatura realizó modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Estado para otorgar al titular de la institución la facultad discrecional de otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales y designar al fiscal anticorrupción.

Incluso, más de 30 organizaciones civiles expresaron su inconformidad con aquella reforma, por considerarla un exceso y un agravio a la sociedad, y respaldaron la acción de inconstitucionalidad 65/2018 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el acto legislativo.

Pero hace unos días, la actual legislatura determinó echar abajo la reforma respecto al tema de las pensiones, lo cual fue celebrado por el fiscal estatal y aseguró que no impugnará la abrogación.

“Somos respetuosos de nuestro Congreso y lo que estamos haciendo es trabajar (…) Ese tema obedece a un ejercicio legislativo que nosotros respetamos, incluso yo lo veía venir, porque pues el Congreso actual está poniendo orden en algunos desaciertos de la legislatura anterior, con lo que yo estoy de acuerdo con esos actos legislativos, me parece que es plausible, a mí no afecta, no voy a recurrir ni impugnar nada en ese sentido”, afirmó.

 

Investigación selectiva de homicidios

Por otra parte, el fiscal estatal reconoció que la institución se encuentra numéricamente mermada y rebasada por la carga de trabajo, debido a que sólo cuenta con 300 elementos de Policía de Investigación Criminal (PIC) y no son suficientes para esclarecer todos los ilícitos, en particular los homicidios dolosos.

Detalló que en el primer trimestre del 2019, se perpetraron 238 homicidios dolosos de varones,  25 homicidios de mujeres y nueve feminicidios, sin embargo, dijo desconocer el número de homicidios esclarecidos hasta el momento pero reconoció que, debido al gran número de asesinatos, se ha tenido que priorizar e investigar los de mayor relevancia.

“No te puedo decir qué porcentaje (de homicidios resueltos hay) tenemos 300 policías para todo el estado, pues naturalmente estamos bastante rebasados por la carga de trabajo y lo que hacemos es priorizar y estamos trabajando todos los días. Trabajamos más bien de manera casuística, como el tema de Cuautla, donde tenemos detenidos, el tema de Samir que es muy, muy importante, de mucha urgencia que se está trabajando”, expresó. 

 

 

El Ejecutivo estatal revisará la legislación local en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres

El Consejero Jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que el Poder Ejecutivo revisará la legislación estatal en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para proponer una iniciativa al Congreso local en la que no descartó retomar el debate sobre la despenalización del aborto.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 10 de abril, el Poder Ejecutivo cumplió con la resolución de la SCJN en la controversia constitucional 14/2016, en la que el Alto Tribunal ordenó publicar, para su vigencia, las reformas legales realizadas hace más de tres años por el Congreso local, en las que se excluyó la despenalización de la interrupción del embarazo.

Sotelo Salgado señaló que en los último años la legislación federal de protección a la mujer evolucionó y sufrió diversas modificaciones, lo que obliga a realizar una revisión y actualizar el marco normativo estatal.

“Ahora tendremos que entrar en la revisión de todas las disposiciones legales porque han cambiado, de la fecha en que se presentó la controversia a la actualidad, entonces vamos a entrar en una revisión de las disposiciones legales que necesitan adecuarse”, dijo.

Cuestionado sobre si el Poder Ejecutivo presentará una iniciativa de reforma a la ley estatal, señaló que la indicación es que se analice el tema y propongan las adecuaciones a la legislación.

A pregunta expresa de si debe retomarse el debate sobre la despenalización del aborto – cuyo tema llevó al litigio a los Poderes Legislativo y Ejecutivo hace tres años ante la SCJN- consideró que, aun cuando es asunto polémico, es factible retomar el debate.

“Hay que analizar con detenimiento el tema de la despenalización del aborto, es un tema muy complejo que requiere de muchos consensos, porque usted sabe que es un tema muy controversial. Hay que entrar a la revisión y no solamente es la posición del Ejecutivo, sino tendrán que solicitarse opiniones de algunos otros actores para poder coincidir en este tema”, expresó.  

Domingo, 21 Abril 2019 05:36

Hueyapan reclama recursos

Dicho municipio indígena promovió una controversia constitucional para inconformarse por la retención de su presupuesto y exigir que se garanticen las ministraciones mensuales.

El municipio indígena de Hueyapan promovió una controversia constitucional para inconformarse por la retención de su presupuesto y exigir que se garanticen las ministraciones mensuales.

Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la representación legal del municipio indígena promovió el recurso de control constitucional 164/2019, en el que demandó la retención de las participaciones y aportaciones, tanto federales como locales, que le corresponden al municipio indígena, así como sus efectos y consecuencias.

También solicitó al alto tribunal que se garanticen las ministraciones mensuales de participaciones y aportaciones que le corresponden a Hueyapan y los depósitos a las cuentas bancarias del municipio indígena de las siguientes participaciones y aportaciones, por todo el ejercicio fiscal del año 2019.

Esto incluye el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; el Fondo General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal;  el Fondo de participaciones Especifica (sic) en IEPS; impuesto sobre automóviles nuevos; Fondo de Fiscalización y Recaudación y cuotas a la venta final de combustibles para el ejercicio fiscal 2019; y las aportaciones retenidas del fondo de aportaciones estatales para el desarrollo económico de los municipios del ejercicio fiscal 2019.

 

 

 

En mayo, los servidores públicos del Poder Judicial deberán de presentar su declaración patrimonial, conforme lo prevé la ley.

El director de la Contraloría Interna del Poder Judicial, Isidro Zambrano Vargas, pidió a los servidores públicos de la institución presentar por escrito en tiempo y forma su declaración patrimonial actualizada.

Detalló que entre los sujetos obligados a cumplir con este requisito de ley, están los secretarios de acuerdo, directores de área y departamento, jueces y magistrados.

Explicó que la declaración patrimonial anual  tiene  el propósito de transparentar sus ingresos y, en esta ocasión,  los funcionarios judiciales deberán presentarla de forma escrita.
Informó que en todo el mes de mayo, personal de la Contraloría interna instalará módulos en las sedes de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y  Jojutla, para recibir las declaraciones patrimoniales y resolver dudas de los trabajadores del TSJ.


“Tanto la Ley de Responsabilidades Administrativas, como la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, refieren que todos los servidores públicos debemos ser transparentes con los ingresos que percibimos y el tribunal cada año cumple con esta obligación”, dijo.
El director de la Contraloría Interna del Poder Judicial, invitó a los trabajadores para que acudan a los módulos o consultar la ligahttp://tsjmorelos2.gob.mx/ 2016/declaracion_patrimonial/.

 

El Congreso ordena iniciar procesos contra funcionarios estatales o municipales que otorgaron las constancias que sirvieron para aprobar indebidamente esos pagos hoy anulados.

Estaban hospitalizados por los hechos; la cifra de víctimas mortales se elevó a seis; la FGE niega criminalización contra el gremio médico.

Con el fallecimiento de otra mujer, subió a seis el número de víctimas mortales del atentado perpetrado en el restaurante Los Estanques, de Cuautla,  presuntamente contra el líder criminal en la zona oriente de Morelos, Raymundo Castro Salgado, alias “El Ray”, y la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ejecutó órdenes de aprehensión contra dos presuntos implicados en el ataque, quienes se encontraban entre los lesionados hospitalizados.  

“El día de ayer por la noche se ejecutaron las dos primeras órdenes de aprehensión de dos personas que probablemente participaron en estos hechos de violencia en el restaurante Los Estanque, y ya están puestos a disposición de juez de la causa en Cuautla, Morelos. Entonces, ya tenemos ahí dos personas detenidas”, afirmó el fiscal general, Uriel Carmona Gándara.

Señaló que los dos presuntos responsables fueron reconocidos mediante testimonios de personas que estuvieron en el lugar de los hechos, y fueron puestos a disposición de un juez de control y juicio oral del Tercer Distrito Judicial, con sede en Cuautla.  

De acuerdo con la FGE, los sospechosos fueron identificados como Isae “N” y Modesto “N”, quienes dieron positivo en las pruebas practicadas con radizonato de sodio, además de que mediante acciones periciales fueron identificados por algunas personas como parte del grupo armado agresor.

Ambos se encontraban lesionados y hospitalizados. Uno en el Hospital General de Cuautla, quien se hizo pasar como víctima, y otro se encontraba internado en el Hospital de Axochiapan, y posteriormente trasladado al de Cuautla.

Gándara Carmona señaló que continúan las investigaciones para ubicar a otros implicados que -tras el ataque que cobró la vida de seis personas (tres de ellos infantes)- huyeron del lugar –entre ellos el líder criminal- y esa fue la razón por la que se requirió a las clínicas y hospitales privados y públicos de la región informes y expedientes de pacientes que el fin de semana pudieron llegar a los nosocomios con heridas de bala.

“Estamos buscando dónde pudieron haberse atendido personas que pudieron haber huido del lugar, pero hasta ahí, no estamos preguntando por quién llegó con un coma diabético, sino estamos preguntando por lesionados con impacto de arma de fuego o similares. Entonces, eso no implica para nada una criminalización contra de los médicos ni de nadie”, aclaró Carmona Gándara, luego de que grupos de galenos expresaron su inconformidad con la medida aplicada por la fiscalía para intentar ubicar a implicados en la masacre.  

Recalcó que el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar y requerir información relacionada con un delito, lo cual no implica estigmatizar ni criminalizar a este gremio.

Confirmó que los médicos Guillermo Domínguez Muñoz y Alejandro Elizalde, quienes también resultaron lesionados, ya rindieron su declaración. Pero a pregunta expresa de si la FGE investiga si uno de los médicos sostenía una relación de amistad o compadrazgo con “El Ray”, y si en el momento del ataque se encontraban conviviendo con él en la parte trasera del restaurante, afirmó que es una de las hipótesis que indaga el Ministerio Público, pues hasta ahora los testimonios no han sido suficientes para establecer esa relación.  

También señaló que todavía no se esclarece si se trató únicamente de un ataque o si ocurrió un enfrentamiento entre los bandos rivales.

Por lo pronto, dijo,  ambos médicos se encuentran bajo protección policíaca para salvaguardar su integridad física mientras se desarrolla la investigación, y su estatus es de víctimas del delito, pues aun en el supuesto de que alguno de ellos tuviese una relación de compadrazgo con el presunto líder criminal, esto no los convierte en delincuentes.

Agregó que este jueves se reunirá con representantes del gremio médico para escucharlos, atender sus inquietudes y externar el respeto que la FGE tiene hacia los galenos y su trabajo.

 

Fallece otra víctima

De acuerdo con información oficial, en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Cuernavaca, a las 11:21 horas de este miércoles, el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de cadáver de María del Rosario “N”, de 54 años de edad, quien perdió la vida por impacto de proyectil de arma de fuego durante el ataque perpetrado la tarde del sábado en el restaurante Los Estanques. 

 

 

Aparentemente convivía con las familias de dos médicos; logró huir.

En medio de discrepancias entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Seguridad (CES), se reveló que el objetivo del ataque en el restaurante Los Estanques era Raymundo Castro Salgado, alias “El Ray”, conocido como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona oriente de Morelos, y quien aparentemente convivía con las familias de dos médicos.

El titular de CES, José Antonio Ortiz Guarneros, afirmó que los indicios apuntan a que el capo se encontraba en el restaurante, conviviendo con las víctimas, y que logró huir del lugar tras el atentado.

“Con respecto a que si había una persona ahí conocida, lo que sabemos es que sí, ahí estaba, y que a la hora de los disparos salió huyendo. No sabemos a dónde fue, hay algunos indicios, pero sí sabemos que ahí estaba, específicamente El Ray”.

Incluso, destacó que la CES, a partir de este ataque, previó posteriores consecuencias. “Sabemos que iba a venir un rebote de lo que pasó el sábado y prueba de ello es lo que apareció, unos mensajes (de amenazas entre grupos criminales) en donde ya están, de una manera indirecta, porque es un cobardía poner un mensaje que no se avale a la fiscalía como una denuncia”, dijo, y señaló que, posterior a los hechos, se perpetraron 13 homicidios, posiblemente algunos de ellos como secuelas del intento de ejecución del líder criminal.

Pero el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara Carmona, rechazó confirmar la presencia del capo en el restaurante, con el argumento de que “no nos es ajeno el conocimiento de esta información técnica no formal, no al interior de la carpeta, sino como un trabajo de inteligencia que se tiene entre las dos policías”.

“Entonces no es dable para el Ministerio Público, hasta este momento, aseverar en la parte jurídica, si este sujeto se encontraba ahí o no, eso es lo que se está investigando y sobre eso se está trabajando”.

Por lo pronto, para el fiscal Carmona Gándara, quien después de cuatro días de la masacre salió ante los medios de comunicación, dio la versión oficial de los hechos de aquella fatídica tarde en el restaurante Los Estanques, en el municipio de Cuautla.

Según el fiscal, aproximadamente a las 17:30 de la tarde, un grupo de personas (integrado por los médicos Guillermo Domínguez Muñoz y Alejandro Elizalde, sus familias y un residente) llegó a un restaurante con razón social Los Estanques, ubicado en la colonia Ex Hacienda El Hospital, del municipio de Cuautla, y pidió un área privada, por lo que fue ubicado en la parte posterior del restaurante, que se encontraba apenas con la mitad de las mesas ocupadas por comensales.

“Minutos después llegaron al restaurante varias personas a bordo de una camioneta tipo Suburban y un vehículo tipo Sentra, de los cuales descendieron aproximadamente cuatro personas de cada uno de esos vehículos, rodeando el restaurante por los flancos para llegar al fondo de dicho inmueble, donde se encontraban los integrantes de esta familia afectada, contándose con datos que además de estas familias, había otras personas en el mismo lugar”.

Aunque el fiscal rechazó confirmar la presencia del capo en el restaurante y establecer la relación con las víctimas del ataque, insistió: “Contamos con datos, con indicios suficientes para determinar que en ese lugar se encontraban otras personas que habían huido del lugar, en contra de las cuales pudo haberse ejecutado el ataque. Había otras personas, tenemos la información suficiente indiciaria en la carpeta de investigación que indica que el ataque pudo haber sido en contra de otras personas que se encontraban en el mismo lugar”.

Por lo pronto, la fiscalía tiene ubicados a dos sospechosos de haber participado en el ataque, y espera a que un juez libre las órdenes de aprehensión. La principal línea de investigación de los hechos está vinculada con la delincuencia organizada.  

 

 

Con el deceso de un niño, se elevó a cinco el número de fallecidos por los hechos.

El comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que los hechos ocurridos en el restaurante Los Estanques, de Cuautla, se trataron no de un ataque a comensales, sino un atentado directo contra los médicos Guillermo Domínguez Muñoz y Alejandro Elizalde y sus familias.

Descartó que los dos hombres detenidos, identificados como Ranulfo “N” y Elías “N”, estuvieran implicados en el ataque, como se sospechó inicialmente, pero aclaró que la Fiscalía General del Estado ya tiene un sospechoso.

Señaló que los testigos ya se presentaron a declarar ante el agente del Ministerio Público, incluido el propietario del establecimiento, sin embargo, recalcó que será la fiscalía estatal la responsable de dar más detalles de los hechos, las líneas de investigación y el posible móvil del crimen.

Insistió en que el ataque no fue fortuito, sino contra los médicos y sus familias, y narró brevemente el hecho, pues reiteró que es la fiscalía la que está a cargo de la investigación.

“Quiero ser claro en este aspecto, de que no fue un ataque contra comensales de un restaurante, sino que estas dos familias llegaron, pidieron estar en un lugar privado. El restaurante no contaba con él, les improvisaron un par de mesas en la parte de atrás, que es un lugar donde limpian las mojarras que venden ahí y acumulan la basura, y aun así ellos quisieron estar ahí.

“Y posteriormente llegaron en una camioneta tipo Suburban unas gentes para acribillarlos a balazos ahí. Desgraciadamente murieron cuatro personas, dos de ellos menores, y el día de hoy (lunes) falleció otro niño”, con lo cual se elevó a cinco el número de muertos.

Expresó que este mismo lunes, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo; el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara; el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, y él, como titular de la CES, sostuvieron una reunión para abundar sobre el caso.

 

CES apela al apoyo de ediles

Ortiz Guarneros señaló que fue enfático con el alcalde de Cuautla sobre la necesidad de que los ediles y los ciudadanos sean más colaborativos con las autoridades, pues si no hay denuncias, no habrá manera de combatir, detener y poner a disposición de la justicia a los criminales.

“Sabemos la corrupción que hay en la policía, en fiscalía, pero -sin embargo- no hay denuncias. Entonces, hoy, en esta reunión que tuve con el presidente municipal de Cuautla le dije que si yo sé que hay policías involucrados (en delitos), yo procedo contra ellos, que los presidentes municipales son los ojos que yo necesito en los municipios, que el mando que se implementó con el señor gobernador Cuauhtémoc es un Mando Coordinado, no es un Mando Único. Es coordinado precisamente para que estemos en coordinación y que los principales, quienes deben dar información y que deben denunciar, son los presidentes municipales”, subrayó.

Cuestionado sobre unas lonas con un mensaje que acusaba a un grupo conocido como “Los Linos”, como presuntos responsables del atentado contra las dos familias, señaló que no puede ese mensaje asumirse como prueba, porque es usual que los delincuentes usen esta táctica como distractor o para confundir a la autoridad, pero reafirmó que será la fiscalía la que desarrolle la investigación y esclarezca el multihomicidio.  

 

Familiares de víctimas de desaparecidos acordaron con el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, instalar en un plazo de 45 días la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos.

Tras una reunión con el responsable de la política interna del estado, Angélica Rodríguez Monroy, integrante de la asociación civil “Regresando a casa”, en Morelos, señaló que se planteó la urgencia de instalar la comisión y emitir la legislación local en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

Para ello, dijo, los familiares de víctimas presentaron un anteproyecto de ley basado en sus necesidades y experiencias a lo largo del camino sinuoso en la búsqueda de sus hijos.  

“Nace de la experiencia de las familias, de lo que hemos caminado todas las familias, de lo que sabemos que necesitamos, y de lo que sabemos que no está funcionando y que queremos que funcione. No queremos que le metan mano los legisladores, ni de otro lado, porque esta iniciativa nace de nuestras manos y de la gran necesidad que tenemos de encontrar a nuestros hijos”, señaló.

Indicó que se planteó el apremio de instalar a la brevedad posible la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, para realizar todas las acciones legales posibles para ubicar a todas las víctimas de desaparición, y se acordó que para el 1 de junio próximo, dicha comisión deberá ser instalada.

“Ya estamos muy atrasados. Morelos es de los 23 estados que están atrasados, que no tienen comisión local, y a nosotras es a las que más nos urge, porque no estamos teniendo investigación en la fiscalía, los asuntos están parados y a nosotros nos urge que esta comisión ya funcione”, dijo.

Expresó que el secretario de Gobierno informó que el Poder Ejecutivo también está en elaboración de un proyecto legislativo, pero se le insistió en que las familias no desean que la instalación de la comisión y la búsqueda de desaparecidos se siga postergando.   

 

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