Maciel Calvo

Maciel Calvo

Once personas lesionadas están hospitalizadas

El órgano promovió una nueva controversia constitucional ante la Corte

La reforma constitucional se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde este sábado entró en vigor la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incrementa el número de delitos que desde ahora ameritarán prisión oficiosa.

De acuerdo con la modificación constitucional realizada por los legisladores federales, el Ministerio Público podrá solicitar y el juez ordenar la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

También procederá la prisión preventiva en los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, a partir de la vigencia de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión tiene un lapso de 90 días para realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes, el aumento de los delitos con prisión preventiva oficiosa.

Los delitos en materia de corrupción, tratándose de aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

El legislador dispuso también que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente decreto.

En el lapso señalado, dice el decreto, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública la eficacia de esta medida cautelar y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes y organismos de protección de los derechos humanos, que deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

La evaluación deberá de tomar los siguientes puntos: 1) Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; 2)  Eficacia de las medidas cautelares aplicadas; 3) Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas; 4) Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización; 5) Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; y 6) Los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, policía de investigación, policía preventiva, peritos, entre otros.

La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del presente decreto, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.

 

 

El consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que será la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la que califique si los tres Poderes del Estado acatan o no correctamente el acuerdo emitido el pasado 4 de marzo para cumplir con las sentencias de 116 controversias constitucionales respecto a etiquetar y suministrar los recursos necesarios para el pago gradual de las pensiones de los trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Precisó que hoy vence el plazo fijado por la SCJN al Poder Ejecutivo para cumplir con el suministro de recursos al TSJ para el pago del primero de 11 bloques de controversias constitucionales, en las que se ordenó disponer de presupuesto para pagar las pensiones.

Indicó que se comunicará a la Corte el cumplimiento requerido conforme se suministren los recursos del fondo de 80 millones de pesos etiquetado por el Congreso para pagar a los jubilados del Poder Judicial, con base en el orden establecido por el Alto Tribunal.

Cuestionado si podría la SCJN hacer nuevos requerimientos en vista de que los 80 millones de pesos fueron tomados del mismo presupuesto del Poder Judicial y no se etiquetó un presupuesto específico para el pago de pensiones de los trabajadores judiciales en retiro, señaló que tocará al máximo tribunal calificar el cumplimiento de las sentencias en controversia constitucional y del acuerdo del 4 de marzo.

“Somos tres los involucrados, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Al Ejecutivo únicamente le corresponde vigilar y determinar que se transfieran los recursos. La obligación que se le impuso al Legislativo es que etiquetara los recursos. Si la Corte determina que no están bien etiquetados esos recursos, tendrá que venir un pronunciamiento, y si considera que el Ejecutivo no está transfiriendo los recursos suficientes, pues también puede haber un requerimiento, vamos a esperar como se pronuncia la Corte”, manifestó. 

El comandante de la 24ª. Zona Militar alaba los nombramientos en el nuevo cuerpo de seguridad.

El titular de la 24 Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, celebró los nombramientos de los mandos de la recién creada Guardia Nacional, y aseguró que en los primeros cuatro meses del arranque en Morelos de este nuevo cuerpo de seguridad, se lograron reducir considerablemente los delitos.

“En mi opinión, es que el comandante de la Guardia Nacional (Luis Rodríguez Bucio) es un excelente general, un general muy profesional, tengo la oportunidad de conocerlo muy bien. El que es coordinador (Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez) es otro excelente general y aquí Morelos debería estar orgulloso de ello porque él vive aquí en Morelos”, dijo.

Señaló que en Morelos, la Guardia Nacional opera desde diciembre de 2018, y ha dado sus primeros frutos con la reducción significativa de los delitos de alto impacto como el secuestro, aunque reconoció que hay algunos delitos comunes que no se han logrado abatir, como es el caso de robos a comercios y tiendas de conveniencia, donde frecuentemente hay sustracción de mercancías.  

Expresó que no se espera el arribo de más personal castrense a la entidad y la Guardia Nacional seguirá en operación con el personal actualmente destacamentado en Morelos, con el apoyo del resto de las fuerzas de seguridad. 

 

 

La magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, defiende la operación de ese órgano.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, adelantó que impugnará el amparo concedido a una juez, en el que se decretó la incompetencia de la Comisión Transitoria para conocer de los procesos administrativos y sanciones a funcionarios judiciales porque es competencia de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual no ha sido instalada desde hace un año.

Hace unos días, un juez segundo de distrito en el Estado de Morelos concedió el amparo a la juez mixta de primera instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, Xochiquetzalli Puebla Peralta, y revocó la sanción administrativa de 754 pesos que le impuso el extinto Consejo de la Judicatura, y ordenó emitir una nueva resolución.

La razón para la concesión del amparo, de acuerdo con el juez federal, es que no es Comisión Transitoria (integrada por Cuevas López y los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz) la instancia competente, sino la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, creada a partir de la reforma constitucional en vigor desde el 5 de abril de 2018 y la cual no ha sido integrada.

Según Carmen Cuevas, la resolución del juez “tiene muchas inconsistencias”, porque la Comisión Transitoria –insistió- está debidamente instaurada y es competente para conocer este tipo de asuntos.

“La resolución habla de una competencia, esa resolución no es definitiva. Nosotros nos vamos a ir al recurso de revisión porque creemos y consideramos poderlo ganar, porque tiene muchas inconsistencias. El Poder Judicial no se puede quedar paralizado, la comisión fue transitoria pero está legalmente establecida y todos sus actos son legalmente establecidos”, dijo, al señalar que la sentencia será recurrida ante un tribunal colegiado.

Indicó que la Comisión Transitoria seguirá funcionando, aunque ya hay un acuerdo del Pleno del TSJ para instaurar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

 

 

Se atenderá fallo judicial para garantizar seguridad de la población por la actividad del coloso, señala el delegado del gobierno federal.

El representante del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes, descartó que haya riesgos en la operatividad del Gasoducto Morelos ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, pero habrá un monitoreo continuo y se atenderá lo ordenado por un juez federal al Consejo Nacional de Prevención de Desastres (Conapred), respecto a la implementación de medidas preventivas por la actividad volcánica.

Indicó que sigue la realización de estudios en relación a la actividad de “Don Goyo” y su impacto geológico, pero hasta ahora no hay evidencia que advierta un riesgo entre los movimientos volcánicos y su interacción con la operación del gasoducto.

“Yo no veo riesgos, a menos de que los estudios que nos han presentado, que nos han demostrado, estén equivocados. Pero yo fui testigo de cómo el gasoducto deja de funcionar a cualquier aumento de temperatura. Cualquier movimiento, inclusive, menor, de manera automática se para; hay todas las medidas de protección civil y están ya todos los permisos que siempre ha tenido el gasoducto”, dijo.

Dijo que por lo pronto, las autoridades revisan las rutas de evacuación y están pendientes de cualquier indicación oficial en torno al volcán.

También señaló que se mantienen las vías del diálogo con los grupos opositores a la termoeléctrica, instalada en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, y que forma parte del Proyecto Integral Morelos.

 

Un juez federal ordenó al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) implementar inmediatamente medidas preventivas para evitar riegos a la población por la operación del gasoducto Morelos y el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, que desde el 28 de marzo se elevó de Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 3.

Luego de que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), promovió el juicio de amparo 647/2019, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo del Estado de Puebla, le otorgó una suspensión de plano para efecto de que en un plazo de 24 horas, el Cenapred  determine las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a la población cercana al coloso, e informe si tiene algún plan de contingencia para mitigar los efectos que podría provocar el incremento de la actividad del volcán en la operatividad del Gasoducto Morelos.

El juez federal de Puebla destacó que el Cenapred, si bien realizó una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a la población, omitió establecer las acciones que se deben seguir ante el incremento del semáforo de alerta volcánica y la operatividad del Gasoducto Morelos.

La justicia federal enfatizó que la suspensión decretada no tiene por efecto suspender o interrumpir las operaciones del Gasoducto Morelos, sino sólo adoptar las medidas preventivas que las autoridades competentes consideren necesarias para evitar poner en riesgo la vida de los pobladores de las comunidades cercanas a “Don Goyo”.

El juez apercibió que a partir de su legal notificación, los funcionarios responsables deberán cumplir con la orden judicial o podrán ser acreedores a las penas que establece el artículo 262 de la Ley de Amparo, que señala penas de prisión de tres a nueve años, destitución o inhabilitación del cargo. 

A través de un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, detalló que el Cenapred -desde agosto de 2011- emitió una nota técnica dirigida a la Comisión Reguladora de Energía, donde señalaba que la instalación del Gasoducto Morelos pone en mayor peligro a las comunidades nahuas del volcán, y señaló que el trazo es inviable en 23 kilómetros al sur del cráter del volcán, así como en diversos puntos que se encuentran en zona de lahares (deslizamiento de lodo y piedras que alcanzan gran velocidad y arrasan todo a su paso).

Detalló que pese a las advertencias, se impuso el gasoducto, y, por ello, el Frente de Pueblos decidió promover un nuevo amparo ante el incremento de la actividad del coloso, pues cientos de miles de personas experimentan -desde marzo de 2019- la fuerza del volcán y su actividad, al retumbar la tierra desde las faldas de “Don Goyo” hasta llegar prácticamente a Veracruz, por lo que comunidades integradas del FPDTA optaron por continuar la lucha jurídica contra la operación de gasoducto.

Los activistas y comunidades adheridas al Frente, si bien celebraron la medida ordenada por el juez de distrito, expresaron no estar satisfechos, porque no es suficiente para salvaguardar a la población.

“Si bien es cierto, esta suspensión urgente demuestra que no existen medidas de protección reales para las comunidades en caso del funcionamiento del Proyecto Integral Morelos, la medida otorgada por el juez federal no es suficiente, pues ante el vacío técnico y legal de las medidas de seguridad necesarias, debió ordenar la suspensión de cualquier actividad que implique el transporte de gas natural en la zona de riesgo, pero en su lugar, cuestiona a la autoridad qué medidas de seguridad tiene previstas con el funcionamiento del Gasoducto Morelos y la actividad del volcán Popocatépetl.

“Es por eso que hacemos un llamado al gobierno de López Obrador para que, ante la incongruencia de instalar un gasoducto en zona de peligro volcánico y la falta de medidas de protección, planes y programas reales y vigentes que garanticen la seguridad de las comunidades, anuncie el día de mañana, en el centenario luctuoso del asesinato de nuestro general Emiliano Zapata, la suspensión y cancelación del Gasoducto Morelos en tierra volcánica y zapatista”, señaló el frente en su comunicado. 

 

Juzgado federal declara incompetente a la Comisión para sancionar a jueces y funcionarios judiciales, en virtud de que el órgano competente es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que no ha sido instalada desde abril de 2018.

Un juzgado federal declaró incompetente a la Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para sancionar a jueces y funcionarios judiciales, porque carece de legitimidad jurídica, en virtud de que el órgano competente es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, y que no ha sido instalada desde abril de 2018.

El pasado 3 de abril, Jorge Isaac Lagunes Leano, juez segundo de distrito en el estado de Morelos, concedió el amparo a la juez mixta de primera instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, Xochiquetzalli Puebla Peralta, a quien la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, y el extinto Consejo de la Judicatura, ordenó iniciar un procedimiento administrativo en noviembre de 2017, luego de se realizó una “visita extraordinaria” a su juzgado y se detectaron supuestas irregularidades.

El 21 de septiembre de 2018, la Comisión de Magistrados o Comisión Transitoria nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (que sustituyó al Consejo de la Judicatura), dictó la resolución definitiva en el procedimiento administrativo 412/2017, determinó la existencia de responsabilidad administrativa de la juez e impuso una sanción económica de 754 pesos y la anotación en su expediente ante la Secretaría de la Contraloría.

La juzgadora impugnó la sanción por la vía del amparo y expuso ante el juez de distrito la violación de sus derechos humanos y garantías procesales, porque la Comisión de Magistrados o Comisión Transitoria, no sólo es incompetente para conocer de los procesos administrativos sino que opera de manera ilegal, porque debió extinguirse desde el año pasado e instaurar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como órgano competente y dotado de facultades, tras la reformas constitucionales en vigor desde el 4 de abril de 2018.

En su sentencia, el juez federal explicó que, si bien el 16 de febrero de 2018 entró en vigor la reforma constitucional que estableció que el Pleno del TSJ nombraría una comisión que estaría integrada por el presidente del Tribunal y dos magistrados para sustituir al extinto Consejo de la Judicatura, hasta en tanto el Congreso realizara las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto de las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia del Poder Judicial, dos meses después, el 5 de abril, entró en vigor una nueva reforma que derogó las disposiciones anteriores y dio origen a la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Incluso, el juez federal precisó que si bien en la reforma constitucional se fijó un plazo de 90 días para que el Congreso local reformara la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto no debe ser excusa para no instalar la junta de administración.

“En efecto, la disposición segunda transitoria  del decreto 2611, por el que se reformaron diversas disposiciones  de la Constitución Política  del Estado de Morelos, publicado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, se señala expresamente que dicho decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad,  y si bien el Congreso del Estado de Morelos, no ha  reformado la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado de Morelos, ello no significa que la entrada en vigor de las reformas constitucionales quede supeditada a la expedición dicha legislación secundaria, porque no se estableció de esa manera.

“Máxime, si tomamos en consideración que, al incorporarse al texto constitucional local la institución de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, se determinó la competencia de dicho órgano del Poder Judicial del Estado de Morelos, entre otros, para tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, lo cual no puede limitarse válidamente por la falta de actuación de la Legislatura del estado que, por mandato constitucional, debió expedir las normas secundarias correspondientes!.

“Ya que suponer lo contrario implicaría aceptar la posibilidad de que la competencia e instrumentación de un órgano del Poder Judicial del Estado, establecido en rango constitucional local, quede al arbitrio del legislador ordinario, el cual tendría la posibilidad de hacer nugatorias las reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos, no obstante encontrarse subordinado a dicha norma suprema estatal”.

Consecuentemente, dice la resolución, dicta en favor de la juez Puebla Peralta, “resulta claro que la resolución reclamada de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, fue emitida por una autoridad, legalmente incompetente, pues la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, carecía de facultades legales para hacerlo, en la temporalidad indicada,  razón por la que resulta nula de pleno derecho y violatoria de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal”.

De esta forma, el juez recalcó que aun cuando el Congreso no cumpla con el mandato constitucional de realizar las modificaciones legales, el TSJ está en posibilidad de aplicar las disposiciones constitucionales e instaurar la junta.

En consecuencia, el juez de distrito concedió el amparo a la juez quejosa para efecto de que la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,  deje sin efectos la resolución del 21 de septiembre de 2018, emitida en el expediente 412/2017, y, “dado que del informe justificado de la  referida Comisión, se advierte que no se ha creado la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, dicte una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos aquí formulados,  se declare incompetente para resolver el procedimiento administrativo de referencia”. La resolución todavía puede ser impugnada por el TSJ ante un tribunal colegiado.

 

Pleno sostiene existencia de comisión

El pasado viernes se llevó a cabo la sesión de Pleno solicitada meses atrás por un grupo de magistrados para que la titular del TSJ, Carmen Cuevas, explicara, entre otros temas, la insistencia de mantener la Comisión Transitoria.

Magistrados como Rubén Jasso, Miguel Ángel Falcón Vega y la magistrada presidenta Carmen Cuevas, persistieron en sostener en funciones a la comisión, pero no se descartó la posibilidad instaurar la junta, ante esta resolución del Poder Judicial de la Federación y en vísperas del informe de actividades de la presidente del TSJ. 

 

 

Martes, 09 Abril 2019 05:10

Niegan suspensión a Marcos Zapotitla

Reclamaba mantener ingresos por presidir comisiones legislativas, a pesar de haber sido removido.

Un juzgado federal negó al diputado de Morena, Marcos Zapotitla Becerro, la suspensión definitiva para mantener los privilegios económicos por presidir comisiones y contra los actos consumados por el Congreso, luego de que fue relevado, junto su homólogo José Casas González, de la presidencia e integración de varias comisiones.

De acuerdo con la resolución del Juzgado Segundo de Distrito, en el juicio de amparo 346/2019, promovido por el legislador, también negó la suspensión al diputado, quien se quejó de que le fueron canceladas las plazas de un secretario técnico y un asesor, por haber concluido el cargo de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación.

Aunque en un primer momento el juez federal le concedió la medida cautelar de manera provisional para mantener las percepciones extras que recibía por encabezar varias comisiones, finalmente determinó negar la suspensión definitiva, porque los hechos de los que se dolía el legislador (su remoción como presidente e integrante de algunas comisiones) son un acto consumado, contra lo que no precede otorgar la medida.

“Ahora bien, respecto de los actos consistentes en el acuerdo por el que se modifican en su integración las comisiones legislativas ordinarias de: Gobernación y Gran Jurado; Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación; Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas y Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, aprobado por el Pleno de la Legislatura del Estado en sesión celebrada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el que produjo como consecuencia que el quejoso dejara de contar con las plazas de un Secretario Técnico y de un Asesor por haber concluido el cargo de Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, dichos actos fueron emitidos con anterioridad a la concesión de la suspensión provisional, pues ésta se otorgó por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, por tanto, revisten el carácter de actos consumados, respecto de los cuales no procede la suspensión, en razón de que sería tanto como darle efectos restitutorios a la parte quejosa, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal del que emana el presente cuaderno incidental”, se explicó en el resolutivo. 

 

 

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