Maciel Calvo

Maciel Calvo

El juzgado tercero de distrito consideró ilegal la integración del órgano de control del Poder Judicial morelense y ordena reponer el proceso

El caso está relacionado con el desechamiento en el Legislativo de la solicitud de juicio político contra la magistrada.

La institución realiza cambios en su estructura; el fiscal general tendrá mayores atribuciones en operación del Registro Nacional de Detenciones.

La Fiscalía General del Estado de Morelos realizó cambios a su estructura, con el propósito de crear la Unidad de Identificación Humana, operar el Registro Nacional de Detenciones, instituir nuevas áreas y otorgar a los titulares de las fiscalías regionales y especializadas la facultad de seleccionar a su personal.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, a partir de este 1 de enero entró en vigor el “Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos”.

La reestructura previó la creación de la Unidad de Identificación Humana, que estará adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales, y cuyo objetivo primordial será asegurar el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos en aquellos casos que se desconozca la identidad de los cadáveres, de acuerdo con lo establecido por el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Además, permitirá a la FGE contar con las herramientas tecnológicas diseñadas para la identificación humana y destino final de los cadáveres, ya que las nuevas directrices legales obligan a emplear sistemas tecnológicos para contar con un banco de datos a nivel nacional, que concentre datos de todos los estados y alimente otras bases de datos con información forense relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como de personas fallecidas no identificadas o no reclamadas.

Otro cambio relevante fue que la Dirección de Plataforma México ya no estará cargo de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal, sino al mando directo del fiscal general, y dota a esta dirección de las atribuciones para dar cumplimiento al Registro Nacional de Detenciones y su sistema de consulta, ajustándose a lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley Nacional del Registro de Detenciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, que ordena a las entidades federativas tomar las previsiones para el eficaz funcionamiento, operación y conservación del registro.

A la Tesorería de la Fiscalía General se le concedió el rango jerárquico de una Dirección General; la Dirección de Adquisiciones adscrita la Coordinación General de Administración obtuvo el rango y la nueva denominación de Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio; y dentro de la Coordinación General de Administración se creó la Dirección General de Obra Pública, que será la unidad administrativa encargada de detectar y cubrir las necesidades en materia de obra de la Fiscalía.

Dentro de la Coordinación General Jurídica fueron creadas tres direcciones generales: la Dirección General de Litigio y Constitucionalidad, que tendrá a su cargo la atención y despacho de los diversos asuntos jurisdiccionales en los que intervenga la fiscalía general, las fiscalías regionales y especializadas; la Dirección General de Normativa y Consultoría, responsable de la revisión de los proyectos de convenios y contratos que elaboren o se pretendan celebrar por las unidades administrativas de la FGE; y la Dirección General de Asuntos Laborales y Administrativos, que tendrá a su cargo la atención de los juicios que se originen con motivo de la terminación de la prestación de los servicios entre la FGE y su personal.

Además, se prevé que dependa directamente de la Coordinación General Jurídica la Dirección de Acreditación y Defensa Patrimonial (que tendrá a su cargo con la participación de la también creada Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio de la Coordinación General de Administración), la recuperación de los bienes propiedad de la Fiscalía General, los trámites ante las aseguradoras, los trámites de extinción de dominio y demás autoridades competentes relacionadas.

De igual manera, dependerá de la Coordinación General Jurídica la Dirección de Derechos Humanos, la cual dará seguimiento a los asuntos en la materia. Paralelamente, se crea la Dirección General de Concursos, Licitaciones y Contratos, para ejercer el control de las contrataciones que en materia de adquisiciones y obra se requieran, previa validación de los requisitos técnicos que realicen las Direcciones Generales de Adquisiciones y Patrimonio, y de Obra.

Otro cambio relevante fue que el titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, quien tiene la atribución de nombrar, adscribir y remover libremente al personal de la institución, otorgó facultades a las personas titulares de las coordinaciones generales, de las fiscalías especializadas y regionales, para nombrar directamente a los responsables de sus unidades administrativas, así como al personal operativo y técnico que sea necesario para el desempeño de sus funciones.

Lo anterior solo están condicionado a que el personal apruebe la evaluación de control de confianza y que cuente con el perfil y habilidades para el desempeño de sus funciones, aunque “sin perjuicio de que, en todo momento, de ser el caso, el Fiscal General podrá ejercer esa facultad originaria que le corresponde”.

 

 

Jueves, 02 Enero 2020 05:18

Admite SCJN controversia contra Congreso

El TUJA reclama que se aprobó una jubilación pero no se le asignó presupuesto.

Reforma a legislación penal local fue invalidada por la SCJN por invadir competencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reponer los procesos iniciados en Morelos por desaparición forzada de personas bajo la reforma a la legislación penal local, que fue invalidada por el tribunal constitucional por invadir competencias.

Al notificarse y publicarse el engrose de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 105/2017 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los procesos penales que se hayan iniciado desde la vigencia de la norma y hasta su invalidez, deberán ser repuestos atendiendo la legislación federal en la materia.

Y es que el pasado 14 de octubre, el Pleno de la SCJN declaró la invalidez de varios artículos reformados y adicionados por la LIII Legislatura en julio de 2017 al Código Penal del Estado de Morelos, para tipificar y sancionar el delito de desaparición forzada de personas.

Pero el tribunal constitucional declaró la invalidez de los artículos 272, Fracción XV, 272 Bis, 272Tter, 272 Quáter, 272 Quintus, y 297, fracción XIII, así como la la invalidez por extensión de los artículos 272, párrafo último en su porción normativa “XV”, y 297, penúltimo párrafo en su porción normativa “XII”, todos del Código penal para el estado de Morelos.

Lo anterior, por considerar que el legislador morelense excedió su competencia e invadió la esfera de las atribuciones del Congreso de la Unión, que posee la facultad exclusiva de normar todo lo relativo a los delitos de tortura y de desaparición forzada de personas.

De acuerdo con la sentencia, publicada hace unos días en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el efecto de la declaratoria de invalidez tiene efectos retroactivos, lo que significa que los procesos penales que se hayan iniciado con las normas invalidadas se encuentran viciados de origen y, por lo tanto, deberán reponerse conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,  Desaparición Cometida por Particulares o la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Lo anterior, sin que se violente el principio non bis in ídem, es decir, que un sujeto no sea sancionado dos veces por el mismo hecho.

 

Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral determinan que es ilegal el acuerdo del PRI nacional de retirar los derechos como militante y la presidencia del PRI Morelos al exdiputado, y ordenan restituir sus derechos como militante de manera definitiva

El Congreso del estado entregará la “Presea Generalísimo José María Morelos y Pavón” en las categorías estatal, nacional y continental.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor el decreto que instaura oficialmente la “Presea Generalísimo José María Morelos y Pavón”, con la cual el Congreso local pretende reconocer a las personas que a nivel estatal, nacional y continental destacaron por su labor a favor de las personas más vulnerables.

Las y los candidatos a obtener la distinción deberán ser morelenses, mexicanos o de algún país de América Latina “que se haya destacado en la lucha contra los regímenes tiránicos o en la moderación, a través de políticas públicas, de la opulencia y la indigencia”.

El reconocimiento consistirá en la entrega de una medalla de plata pura 0.925, con 35 gramos de peso, en relieve con una imagen del busto del Generalísimo José María Morelos y Pavón, y se entregará en tres categorías: Mérito Estatal, Mérito Nacional y Mérito Latinoamericano.

La entrega del premio en cada una de las categorías, se llevará a cabo en una Sesión Solemne del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, el segundo martes del mes de diciembre de cada año, en el marco del aniversario luctuoso del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, con la presencia de los titulares de los tres Poderes del estado, los Presidentes Municipales, los galardonados, así como de los titulares de los órganos constitucionales y órganos autónomos del estado de Morelos.  

 

 

 

La Fiscalía Anticorrupción acusó a la exfuncionaria de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

Un juez federal ordenó la suspensión del procedimiento penal iniciado en contra  de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, a quien la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) acusó de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

De acuerdo con el juicio de amparo 1971/2019, promovido por la defensa legal de la ex funcionaria, el Juez Octavo de Distrito del Decimoctavo Distrito admitió la demanda y concedió la medida cautelar que “ordena al juez la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal”.

Y es que hace un par de semanas, la FECC logró que una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmara el auto de vinculación a proceso Patricia Izquierdo, Topilzin Contreras Macbeth, ex secretario de Desarrollo Sustentable,  y varios de sus ex colaboradores, por el supuesto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

A los ex servidores público se les acusó de haber pagado 34 millones de pesos a una empresa por la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, la cual no fue terminada.

También los ex funcionarios enfrentan dos procesos más. Uno en el que la FECC los acusó de haber pagado más de 13.8 millones de pesos por otra planta recicladora en el municipio de Yautepec, cuya construcción quedó trunca; y otro relacionado con el pago de la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores (del Jicarero) en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa “fantasma” Ago Operaciones S.A. de C.V.  y cuya obra se otorgó directamente, sin licitación de por medio.

Sobre ésta última acusación, la fiscalía apeló ante la justicia federal el resolutivo de una sala del TSJ que determinó revocar el auto de vinculación a proceso dictado contra Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones.  

 

La Suprema Corte emite jurisprudencia que obliga a alcaldías y a organismos locales a afiliar a sus trabajadores al IMSS o al ISSSTE.

Resolución del TEE permite al exdiputado local conservar su militancia y la dirigencia estatal del tricolor.

El fallo también fue impugnado por Josué Cirino Valdés Huezo, líder estatal del partido.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Josué Cirino Valdés Huezo impugnaron el acuerdo emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) que permite provisionalmente que Alberto Martínez González conserve su militancia y la dirigencia estatal del tricolor.

Israel Chaparro Medina, encargado de despacho de la Secretaría Jurídica y de Transparencia del CEN del PRI, y Valdés Huezo –quien había sido designado por  la dirigencia nacional de ese partido como líder estatal-  promovieron el juicio electoral SCM-JE-98/2019 y el juicio para la protección de los derechos político electorales SCM-JDC-1239/2019 ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ambos recursos, los actores recurrieron el acuerdo emitido por la magistrada titular de la Ponencia Tres del TEEM, Ixel Mendoza Aragón, en el juicio TEEM/JDC/119/2019-3, que decretó la suspensión de la medida cautelar impuesta a Alberto Martínez González como militante del Partido Revolucionario Institucional, derivado de un procedimiento sancionador iniciado en su contra.

De acuerdo con Alberto Martínez, la medida cautelar no solo le permite mantener la militancia partidista -que le habría sido privada tras ser acusado como presunto autor intelectual de la agresión física y verbal que sufrió Valdés Huezo por parte de un grupo de personas que ingresaron a la sede del PRI en Morelos el pasado 2 de diciembre- sino eventualmente mantenerse como presidente estatal del partido.

Ambos recursos fueron turnado al magistrado electoral José Luis Ceballos Daza, quien será responsable de elaborar el proyecto de resolución.

 

 

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